30 noviembre 2015

La tercería de mejor derecho por gastos de propiedad horizontal.


La reclamación fundada en el art. 9.1 e) LPH puede articularse mediante la tercería de mejor derecho cuando la comunidad de propietarios tenga conocimiento de que el piso a que corresponden dichos gastos ha sido objeto de ejecución. El precepto otorga al crédito de la comunidad el carácter superprivilegiado y por ello se instaura un gravamen legal prevalente sobre cualquier otro derecho, real o personal por el mero hecho de la inscripción del título de la Propiedad horizontal y de ahí que la preferencia de los créditos comunitarios no venga determinada por su inscripción en el Registro de la Propiedad (SAP MADRID, Sección 12ª, 18 de octubre de 2013, Roj: SAP M 14191/2013). 

Tampoco será necesario que el crédito esté reconocido en una sentencia o título ejecutivo, por lo que la copia del acuerdo de la Comunidad aprobatorio de la liquidación de la deuda por las cuotas reclamadas servirá como principio de prueba de la existencia del crédito. 

Siendo inexistente el conflicto en el caso de cuotas ordinarias, el impago de las cuotas extraordinarias obligaran a su acreditación, para lo que será suficiente la certificación del administrador de la Comunidad de Propietarios y en su caso, las actas de las Juntas relativas a las obras, sin que tengan que aportarse los contratos de ejecución de las mismas y los abonos realizados (SAP MADRID, Sección 21ª, 10 de julio de 2012, Roj: SAP M 12177/2012). 

Otro tanto sucede respecto a la duda de si el privilegio puede ser acumulado en función de que se hayan ido reclamando judicialmente las deudas con la comunidad de propietarios, debiendo concluirse que la preferencia del repetido art. 9.1 e) LPH no se extiende más allá de esas cuotas, sin perjuicio que el resto de las deudas tengan la preferencia general que se deriva de los arts. 1921 y siguientes CC. Esta interpretación es acorde con dicho mandato, pues la preferencia se establece a favor de los créditos que se hayan devengado durante dicho periodo de tiempo ya que en otro caso la ejecución de un derecho anterior o preferente, como sería el derecho hipotecario, purgaría el resto de los derechos de crédito produciendo su extinción, mientras que la afección real pretende garantizar que con la finca se trasmitirán las deudas que por ese periodo de tiempo pueda tener el anterior propietario (SAP MADRID, Sección 9ª, 20 de marzo de 2014, Roj: SAP M 4308/2014). 

Por último, la Ley de Propiedad Horizontal no establece norma alguna sobre si el privilegio o preferencia se agota con la interposición de una demanda anterior en la que se haya reconocido este privilegio de la Comunidad de propietarios lo que ha dado lugar a resoluciones discrepantes: 

(i) la que no fija limitación alguna ya que tratándose de gastos comunes referidos a distintos períodos, no existe impedimento legal alguno para que la Comunidad pueda formular nueva demanda referida a gastos que no se habían devengado y que resultaron impagados con posterioridad al inicio del anterior proceso y 

(ii) la restrictiva, en tanto la preferencia legal está claramente referida a un único momento, que sería el de las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y a los tres años naturales inmediatamente anteriores; sin que permita el art. 9.1 e) LPH que si se presentan varias demandas se tengan en cuenta varias anualidades en curso y varios años naturales inmediatamente anteriores, puesto que la preferencia es la que específica y especialmente se reconoce por la ley.

20 noviembre 2015

A vueltas con la puesta en conocimiento de las ejecuciones civiles en el Registro Concursal.


La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, introdujo el siguiente párrafo en el art. 551.3.3º LEC:


El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica contra el que se despache la ejecución. El Registro Público Concursal notificará al juzgado que esté conociendo de la ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la finalización del procedimiento de ejecución cuando la misma se produzca.

Supongo que con la “puesta en conocimiento”, el legislador habrá querido decir “inscripción en el Registro Público Concursal” o quizá “anotación” y hasta es posible que se haya querido decir “nota simple”, porque dejaremos al margen el asunto del “post-it” o la “pegatina” de quita y pon en un Registro telemático, pero dado que el párrafo en cuestión habla de “asientos asociados” concluiré que algo se anotara. 

Y bien ¿qué es lo que se anota? Observe el lector que de una interpretación literal primero se “pondrá en conocimiento la existencia del auto por el que se despacha ejecución” y años, meses o días después “la finalización del procedimiento de ejecución” y es aquí dónde nos aparece un pequeño problema necesitado de pronta solución: si la anotación (o el pos-it) desaparece del Registro cuando finaliza la ejecución es evidente que aquella estará siempre condicionada por el cumplimiento del título ejecutivo y bajo esta perspectiva ni todas las ejecuciones podrán “comunicarse”, ni podrá ordenarse la citada “comunicación” sin atender a las circunstancias de cada proceso. 

Veamos, no podrán comunicarse las ejecuciones provisionales, ni las que se funden en títulos no judiciales o extraprocesales (sic); las primeras porque el despacho es una facultad del ejecutante y no una obligación para el ejecutado, quien solo estará obligado al cumplimiento cuando se produzca la firmeza; en las segundas, porque no habrá verdadera ejecución hasta que no se practique el requerimiento de pago y si me apuran, hasta que transcurra el plazo para oponerse. No les descubriré las consecuencias de una revocación (aunque sea parcial) en las ejecuciones provisionales o, las de la estimación de una oposición a la ejecución. 

Demos un segundo paso. Teniendo en cuenta que las “anotaciones se practicaran a los efectos de la Ley Concursal” parece lógico – arte hace siglos olvidado, el de la lógica, me refiero- que la “comunicación” deberá tener alguna relación con dicho ordenamiento porque no termino de verla, por ejemplo, en la ejecución de un desahucio (ya despachada con el decreto de admisión a trámite, que luego confirma el auto despachando ejecución) o en la de una obligación de hacer (sujeta habitualmente a la valoración del coste y con el importe consignado en la cuenta del Juzgado). 

Y dejamos el final para la solvencia. Supongo que BANKIA tendrá ya algunas anotaciones y desanotaciones y, otro tanto sucederá con todas las aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros en las ejecuciones de los autos de cuantía máxima, que supongo andarán encantados cuando aparezcan en el Registro Concursal “noticias ejecutivas” en todas las provincias del Reino “aunque sea los efectos de la legislación concursal”. 

Ignoro la finalidad de la reforma (lo que realmente pienso no puedo escribirlo) pero si tengo claro que la “comunicación automática” bordea la legalidad y, en consecuencia, la repetida comunicación solo podrá practicarse en los casos en que el objeto de la ejecución tenga algo que ver con la legislación concursal y el ejecutado no pueda satisfacer el título ejecutivo; en los demás casos y en las ejecuciones provisionales no hay fundamento legal para la tantas veces repetida “comunicación automática”.

13 noviembre 2015

La liquidación de la sociedad de gananciales por deudas privativas.


El art. 541.3 LEC dispone si la ejecución se siguiere a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo de aquéllos habrá de notificarse al cónyuge no deudor. En tal caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes. 

En este supuesto la disolución y posterior liquidación de la sociedad de gananciales se produce cuando se persiguen bienes gananciales por la insuficiencia de los privativos, siendo así que el cónyuge no deudor podrá consentir el embargo, o solicitar al tribunal que sustituya el embargo sobre los bienes gananciales por una traba sobre la cuota indivisa del deudor en la sociedad. 

Nótese, pese a la desafortunada redacción del precepto, que el Juez no podrá denegar la disolución de tal modo que el objeto de la audiencia de los cónyuges es únicamente la división y en absoluto contempla la liquidación convencional de bienes gananciales. Es cierto, que la liquidación convencional es preferente a la liquidación judicial, pero esa premisa no puede trasponerse al ámbito del art. 541 .3 LEC, que única y exclusivamente está referida a la liquidación judicial (no convencional) de la masa ganancial, contemplando una facultad en favor del cónyuge no deudor, en las ejecuciones sobre bienes comunes, para pedir la disolución de la sociedad conyugal y suspensión provisional de la ejecución y por lo mismo la expresión «en su caso», no alude a una posibilidad alternativa de practicar la división de modo privado y convencional entre los cónyuges, posibilidad incompatible con la esencia y fundamento del precepto, sino que se refiere a la discrecionalidad del juzgador de decretar o no que se practique la división judicial del patrimonio (AAP MADRID, 120/2011, Sección 14ª, 31 de mayo de 2011, ROJ: AAP M 9049/2011). 

El mandato suscita múltiples interrogantes y entre ellos dos de especial importancia: a) el plazo en el que el cónyuge no deudor debe ejercitar su derecho a optar por la disolución y b) el procedimiento para ejercitar la opción. 

Sobre la primera cuestión el art. 541.3 LEC no establece ningún plazo y ese silencio ha llevado a la doctrina y a una escasa jurisprudencia a entender que debe concederse un plazo prudencial al cónyuge afectado por la traba. Esta solución no solo obliga a definir el «plazo prudencial», sino que choca con algunas compilaciones forales que sí lo fijan y puede contradecir, además, dos términos que sí aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil: el de la oposición a la ejecución y el de la tercería de dominio. No obstante, razones de pura lógica obligan a resolver la cuestión en cada ejecución y a no fijar reglas generales, pues las circunstancias serán diferentes en cada proceso y no existe, en principio, ningún límite legal. 

Por lo demás ningún perjuicio reporta al ejecutante el hecho que el cónyuge no deudor consienta el embargo salvo, claro está, que la petición de disolución encubriera un fraude procesal como el que se produciría, por ejemplo, si días antes de la subasta del bien ganancial se ejercitara la opción, lo que debería rechazarse de plano (AAP SEVILLA, Sección 5ª, 8 de septiembre de 2004, ROJ: AAP SE 1954/2004). 

Ahora bien ¿qué ocurre cuando el cónyuge se limita a ejercitar la opción? Partiendo del principio de impulso de oficio que ya rige en la ejecución civil, el cónyuge no deudor podrá mantener una posición pasiva, pero en modo alguno el Juzgado, que deberá proceder de oficio a practicar la liquidación lo que incluiría, a falta de colaboración de los cónyuges, la investigación patrimonial correspondiente. Debe recordarse que puede recabarse información patrimonial de la sociedad en la vía de apremio (art. 590 LEC) de la que podría derivarse la localización de bienes gananciales sobre los que trabar embargo con apoyo en el art. 541 .3 LEC y en caso positivo proceder a la traba 

De cualquier forma, ante el silencio legislativo y teniendo en cuenta que la opción que la ley permite a la recurrente no puede perpetuarse, máxime si se tiene presente que el procedimiento de disolución de la sociedad conyugal suspende la ejecución, con el teórico y posible perjuicio para la parte ejecutante, deberá otorgarse un plazo concreto para que aquélla pueda llevar a cabo tal petición, entendiéndose que en otro caso se optaría por la aplicación del art. 1373 CC. 

Con respecto a la segunda cuestión ya se ha dicho que el derecho de opción determina el ejercicio de la disolución de la sociedad de gananciales, sin necesidad de petición alguna al juez que conoce de la ejecución, si bien habrá de procederse a la posterior liquidación del patrimonio de la sociedad para determinar los bienes, o parte de ellos que se atribuyen a cada uno de los cónyuges, y consecuentemente, los bienes del cónyuge deudor que han de sustituir en la traba al bien ganancial inicialmente embargado, conforme a doctrina jurisprudencial STS de 8 de febrero de 2001, 31 de mayo de 2002 y 17 de junio de 2003. Con la excepción de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1997, que establecía la tercería de dominio para el ejercicio de esta opción del art. 1373 CC, la corriente mayoritaria es poderla ejercitar como un incidente en el proceso de ejecución, oyéndose a los cónyuges, para determinar el porcentaje que tiene el cónyuge deudor sobre el bien ganancial, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes (AAP CADIZ, 83/2010, Sección 2ª, 18 de mayo de 2010, ROJ: AAP CA 464/2010).

04 noviembre 2015

¿Qué Disposición Adicional regula las subidas de tensión, entiéndase como “ponerse de los nervios”?


Permítanme algunas licencias con el lenguaje de Cervantes. Cuando el Boletín Oficial del Estado comenzó a expulsar las tropecientas reformas legales, que pondrán a la Justicia española a no sé qué nivel en el mundo contemporáneo, faltó tiempo para que la vanguardia del nerviosismo apareciera en escena. 

Una de las ventajas de cumplir años en la casa es que basta una primera lectura de cualquier texto para saber si tenemos una chapuza de día y medio con la mitad de la escayola por el suelo o, una reforma de esas de revista de papel caro, con materiales que no se describir y con toda clase de innovaciones tecnológicas. Y cuento esto porque las dos últimas leyes que retocan el proceso civil (Leyes 19/2015 y 42/2015) y que nos han introducido en no sé qué planeta o estrella de la Guerra de las Galaxias, obligan a registrar a todo el mundo en el Registro Mercantil, a celebrar todas las subastas en la nube virtual y tienen más de escayola mal puesta, que de techo vaticano. 

La primera cosa, que aparece en el art. 551 LEC, consiste en morosear a cualquier persona contra la que se despache ejecución y dejando al margen que no se ha recibido comunicación de nadie sobre el cómo, el cuándo y el dónde (burocracia fundamental donde las haya) recordaré que existen supuestos de pago extraprocesal, errores, pagos en otros juzgados, simple mala leche cuando se evita el traslado de copias o, deudas por gastos de propiedad horizontal que provocan la presentación de varios monitorios y posteriores ejecuciones, que nunca se acumulan. Y por cierto, ¿las ejecuciones contra BANKIA por las costas que se han pagado en la cuenta del cliente también se anotan? 

Insisto, el cómo, el cuándo y el dónde es en este caso muy importante, porque mucho me temo que aprovechando que la Alianza Rebelde vuelve a encontrarse con las tropas del Imperio, nos llevaremos una sorpresa (desagradable) con los datos que va a pedir el Registro Mercantil a los purísimos efectos de la legislación concursal, faltaría. 

Y ese cómo, cuándo y dónde, no se lleva bien con la impaciencia, con las prisas y tampoco lo hace con la subasta electrónica. No les pongo el enlace porque se modificó (Ley 42/2015) la primera modificación (Ley 19/2015) antes de entrar en vigor la primera (Ley 19/2015) y todo ello con una versión desacoplada del Banco de Santander de la cuenta de consignaciones, que sigue con un color horrible y, que haría las delicias de cualquier mago que se precie (y no les cuento la razón). 

Será porque no tenemos subastas señaladas hasta fin de año (y más allá) y, porque el espacio virtual garantizará, segurísimo, el éxito de una venta en la que se pretende que cualquiera vaya a comprar lo que no ve, ni se sabe cómo está. Pequeño detalle que vuelve a pasarse por alto: el de lograr entrar en el inmueble, que lo haga el perito y que alguien le eche una fotos que luego puedan subirse a la nube virtual. 

Así que pidiendo disculpas por si algún lector se ha sentido molesto, como no he encontrado ninguna Disposición Adicional en las dos leyes citadas (ni en otras cuatro más de próximas fechas a las citadas, una de ellas la orgánica que me cambia el nombre) sobre cómo ponerse de los nervios o, de cómo perderlos, parece aconsejable cierta calma o prudencia. Y si hace falta esperar, se espera, porque la segunda ventaja de llevar años en la casa es que el Boletín Oficial del Estado y los Juzgados viven en mundos paralelos y separados.