08 septiembre 2015

El objeto de la conciliación y la admisión de plano de la petición.


La Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria relacionando la conciliación con la finalidad de evitar el pleito, introduce una novedosa inadmisión de plano (art. 139.1.II LJV). Aseveración que nos lleva a la STC, 155/2011, 17 de octubre de 2011 (Roj: STC 155/2011), que anuló sendas resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial sobre la inadmisión a trámite de una solicitud de conciliación. 

En el asunto en cuestión se solicitó al Juzgado tuviera por promovido acto de conciliación interesando la citación judicial de los demandados a fin de que: «(1) Manifestaran el título en virtud del cual ostentaban la posesión del inmueble; (2) sí existía póliza de seguro contratada, y en su caso señalaran la Compañía Aseguradora, número de póliza y condiciones generales y particulares de la misma y (3) se avinieran a indemnizar al mandante por los daños y lesiones descritos, cuya cuantía se determinaría en el momento procesal oportuno».

La estimación del amparo se fundó en que las dos primeras peticiones contempladas autónomamente tendrían acaso el significado de una diligencia preliminar (art. 256 LEC); pero, si se conectaban a la última solicitud, aparecían también como datos o informaciones útiles al éxito del acto de conciliación por celebrar. Aunque era cierto que la ley no contemplaba un requerimiento de esta especie dentro de sus trámites, sí previa por ejemplo el derecho del demandado a la exhibición de documentos en el acto de conciliación, a fin de fundar sus excepciones (art. 471 LEC). Desde esta perspectiva, podría entenderse que el Juzgado no considerara procedente requerir a los demandados en el propio emplazamiento para que acudieran a contestar sobre las dos primeras cuestiones, pero de ello no debió extraer más consecuencia negativa que el rechazo de éstas; no proveer con una inadmisión in totum de la demanda, como se acordó. 

Esto es, la inadmisión resultó claramente desproporcionada y el Juzgado pudo haber optado por otras soluciones menos drásticas, pero de igual efectividad para preservar el buen orden del procedimiento: una admisión a trámite dejando fuera las solicitudes extrañas al ámbito de la conciliación o, conceder un trámite perentorio de subsanación a la actora para que consignara otro escrito ceñido a la solicitud de conciliación. 

Partiendo de lo dicho ¿cuándo será posible la inadmisión de plano? El Tribunal Constitucional advierte que los derechos procesales del art. 24 CE se reconocen para este expediente tanto si se atiende al carácter tutelador de la actividad judicial que se presta en la conciliación preprocesal, como a su naturaleza propia de actividad de jurisdicción voluntaria y ello aunque en la conciliación preprocesal civil sólo se propicien las condiciones para una comunicación directa entre las partes, encaminada a facilitar un acuerdo entre ellas. Evidentemente al legislador no le es indiferente que esa tarea se confíe a un órgano judicial, tanto en cuanto al control de las materias que permiten acudir a su cauce (art. 460 LEC 1881); como al correcto emplazamiento de las partes; la actuación durante la vista oral; el acta escrita que ha de recoger con precisión el contenido y alcance de lo conciliado en su caso y la homologación (art. 471 LEC 1881); la cual, en fin, lleva aparejada ejecución ex art. 517.2.9 LEC. 

Esta doctrina es trasladable sin dificultad a los procesos que se inicien al amparo de la nueva ley y así la inadmisión de plano de una solicitud de conciliación, requerirá que la interpretación efectuada por el órgano judicial de la normativa no sea arbitraria, manifiestamente irrazonable, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican (STC 129/2014, de 21 de julio de 2014, ROJ: STC 129/2014). 

No obstante, aclarado este extremo podremos encontrarnos con tres situaciones: 

a) Una inadmisión de plano sin subsanación previa, cuando de la solicitud resulte con claridad que la finalidad que se persigue es distinta a la prevista en la ley (art. 17.1 LJV). 

Buen ejemplo de este primer supuesto lo tenemos en los actos de conciliación presentados por las empresas de telefonía para conseguir la reducción de la base imponible de IVA, por la existencia de operaciones total o parcialmente incobrables, uno de cuyos requisitos es que se haya instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor (art. 80 Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido). 

b) Una inadmisión con una previa subsanación (art. 16.4 LJV) cuando surjan dudas sobre la finalidad del acto. 

Estos serían los supuestos en los que el solicitante emplea la conciliación como una diligencia preliminar o para interrumpir la prescripción y, no se sorprenda el lector por lo que se afirma ya que el art. 141 LJV a diferencia de lo que decía el art. 465 LEC 1881 obliga a determinar con claridad y precisión cual es el objeto de la avenencia. No basta ahora con pedir, hay que pedir con claridad para llegar a un acuerdo. 

La falta de subsanación implicará el dictado de un Decreto de archivo (art. 16.4 LJV) que podrá recurrirse el revisión (art. 20.2 LJV), pero contra el que no cabrá recurso de apelación. 

c) Una inadmisión con una previa subsanación por la existencia de defectos formales (arts. 141 y 16.4 LEC).

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