Dos nuevas incompetencias de los LAJ: la mediación y los monitorios.


Continuando con el análisis de la antepenúltima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7/2015, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, nos encontramos con una parcial alteración (la modificación es cosa muy distinta) en el art. 456 d) y e) que atribuye a los LAJ (recuerden, Letrados de la Administración de Justicia) dos palmarias incompetencias. 

La primera, que consiste en la tramitación y resolución de los monitorios (art. 456.6. d) LOPJ) quedará de hecho sin efecto cuando entre en vigor el «Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (621/000142)» que en el caso del procedimiento monitorio incluye el cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C—618/10; razón por la que se introduce en el art. 815 LEC un nuevo apartado 4 que permitirá al juez, previamente a que el secretario judicial acuerde realizar el requerimiento, controlar la eventual existencia de cláusulas abusivas en los contratos en los que se basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o usuarios y, en su caso, tras dar audiencia a ambas partes, resolver lo procedente. 

Ni que decir tiene que razones de pura lógica obligan a considerar la existencia de una única resolución (una providencia) en la que se incluya el control judicial sobre la abusividad de las cláusulas y cualesquiera otros defectos procesales que se adviertan en la petición inicial del proceso monitorio ya que lo contrario, en la oficina judicial decimonónica vigente, obligará a dictar varias resoluciones por el LAJ y el Juez, lo que no solo contradice la celeridad del monitorio, sino que incrementa las posibilidades de una desaconsejable disparidad de criterios. 

La mediación, que aparece en el art. 456.6.e) LOPJ no tiene acomodo en la actualidad en la ley procesal si bien el proyecto de ley citado antes, prevé que las partes de común acuerdo puedan también solicitar la suspensión del proceso de conformidad para someterse a mediación. Y en el caso de haberse alcanzado en la mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial. 

No hace un estudio profundo del asunto para colegir que la existencia del mediador y la necesaria homologación por el Tribunal excluyen al LAJ, que no tendrá otra función que la de informar a las partes sobre la posibilidad de la repetida mediación, lo que a buen seguro se sustituirá por una formula impresa en las resoluciones que se dicten en el pleito.

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