Atentos a la jugada: se acabó el monitorio

Llegamos tarde al monitorio y hemos salido del proceso con la celeridad propia del converso que una mañana se levantó y dedicándose a la defensa del consumidor, entendió que la seguridad jurídica no tiene límites, lo que contradice la definición de seguridad, pero mientras sea jurídica parece servir la interpretación que se tercie. 

Y como esto es España el péndulo se ha ido contra la pared de enfrente y la ahora famosa cuestión prejudicial, cuya existencia pasaba desapercibida es ahora una especie de llamada de auxilio o, mejor dicho, de primer recurso en cualquier proceso que se precie. Las interpretaciones libres (o sería mejor decir, liberadas) y las cuestiones prejudiciales que se han superado por la derecha, la izquierda y el centro hasta que han logrado transformar el monitorio en una cosa extraña que recibe el golpe de gracia en una modificación legislativa aprobada en el Congreso y, pendiente de publicación en el BOE. 

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 815, que queda redactado del siguiente modo:

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4. Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el secretario judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible. 

El Juez examinará de oficio si alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva. 

Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser calificada como tal, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas. 

Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y el secretario judicial procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1. 

El auto que se dicte será directamente apelable en todo caso.

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Dejo una primera duda y tres estupendos escenarios: 

Interpretación literal de la reforma procesal. (i) Diligencia de ordenación apreciando defectos, (ii) diligencia de dación de cuenta (sic) advirtiendo de la abusividad, (iii) providencia de audiencia y (iv) auto declarando abusividad. 

Interpretación apocalíptica. Todo lo anterior y además el Juez, una mañana decide tirar de armario y revisar de oficio el monitorio que ya dacionó de cuenta el LAJ (antes Secretario Judicial) y junto al último Decreto (v) aparecería otro auto (vi) 

Interpretación lógica. El LAJ (antes Secretario Judicial) habla con el Magistrado y meten una providencia con todo lo requerible y lo abusable y después el auto. Dos resoluciones y dos notificaciones. 

Pero lo mejor está en la Transitoria Segunda

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Procesos monitorios y ejecución de laudos arbitrales. 

1. Las modificaciones del artículo 815 y del apartado 1 del 552, último párrafo, serán de aplicación a los procesos monitorios y de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de esta Ley. 

2. Los procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley serán suspendidos por el secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario. En este caso, dará inmediatamente cuenta al juez quien, si apreciase que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes y resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Si el juez no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así, procediendo el secretario judicial a alzar la suspensión acordada y a ordenar la continuación del procedimiento. 

3. Si se tratare de ejecuciones de laudos arbitrales que se fundamenten en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, que no estuvieran archivadas definitivamente, se seguirá el procedimiento descrito en el apartado anterior a fin de apreciar si alguna de sus cláusulas pudiera ser calificada de abusiva.

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Y ahora dejo en el aire una segunda duda ¿cómo aprecia esa abusividad en las miles de cesiones de créditos con las que se inician los monitorios, que según postura mayoritaria se acredita con un folio notarial que contiene un número y la referencia a un CD/DVD?

Doctrina del Pleno del TS sobre los efectos del impago de la primera prima o la prima única del seguro de vehículo a motor.

En Sentencia de 10 de septiembre de 2015, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Roj: STS 3745/2015) afirma que para resolver la póliza del seguro obligatorio no basta con acreditar la culpa del tomador en caso de impago de la prima, para lo que es suficiente la prueba de falta de fondos en la cuenta designada para atender el recibo. Esta Sala, en SSTS núm. 783/2008 de 4 de septiembre y 17 de octubre de 2008, ha considerado suficiente para acreditar la culpa del tomador, el impago del recibo presentado por la compañía con cargo a la cuenta designada por el tomador, devuelto por falta de fondos. 

Pero la falta de pago de la primera prima antes de la ocurrencia del siniestro no produce el efecto "ope legis" de liberar al asegurador de su obligación de indemnizar, como señala el recurrente en su escrito. No basta para resolver el contrato del seguro obligatorio por impago de la primera prima demostrar la culpa del tomador, sino que, es necesario acreditar, además, la comunicación recepticia dirigida al tomador del seguro declarando resuelto y sin efecto alguno el contrato, lo que se adecua a las exigencias normativas para que pueda producir el efecto de quedar liberada la aseguradora de su obligación de indemnizar. Hasta tanto no se acredite haber efectuado tal comunicación, frente a terceros, el impago de la primera prima o prima única es inoponible frente a quien ejercita la acción directa del art. 76 LCS, por subrogación, como es el supuesto contemplado en el presente caso. 

Es cierto que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre la exigencia o no de que la compañía aseguradora para que pueda quedar liberada de su obligación de indemnizar, notifique al tomador culpable la resolución del contrato por haber impagado la primera prima o prima única del seguro obligatorio.

Por dichas razones:

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Fijar como doctrina de esta Sala, a los efectos previstos en el art. 15.1 de la Ley de contrato de seguro , en caso de impago de la primera prima o prima única, en una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, la siguiente: "Para que la compañía aseguradora quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor por impago de la primera prima o prima única por culpa del tomador, es necesario que acredite haber dirigido al tomador del seguro un correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción, por el que se notifique la resolución del contrato".

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Y la vida puede ser maravillosa

Los últimos en todo: un solo Blog de LAJ (antes Secretarios Judiciales)

Cuando abrí este Blog en marzo del año 2010 esperaba que algún compañero se sumara a la iniciativa y que después llegaran otros para así, poco a poco, montar una especie de red de opinión ajena a las politizadas asociaciones, que facilitara a la sociedad, desde nuestro punto de vista, información sobre lo que se hace en justicia y como se hace. 

En esos cinco años los Notarios, los Registradores, los Fiscales y Abogados del Estado han entrado en el juego de las redes sociales y junto a la potentísima NOTARIOS Y REGISTRADORES, encontramos HAY DERECHO de Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, Abogado del Estado y Fernando Gomá Lanzón, Notario, el BLOG JUSTICIA IMPARCIAL mantenido por varios fiscales, el ya imprescindible EN OCASIONES VEO REOS del Fiscal Juan Antonio Frago Amada y el novedoso CON MI TOGA Y MIS TACONES de la Fiscal Susana Gisbert Grifo, que se ha sumado a la red con notable y envidiable impulso. 

Entre los Jueces destaca el portal de información INTER JUEZ, del Magistrado Jorge Cañadas que aunque tenga la dirección de un Blog es en realidad una impresionante base de datos y CONTENCIOSO.ES del Magistrado José Ramón Chaves García, que no voy a descubrir a estas alturas del partido. 

Y entre los LAJ (antiguos Secretarios Judiciales) destaca el mío y lo hace porque es el único, con lo que ni el ego, ni la vanidad cuenta en este caso, aunque con ejércitos de un solo hombre se rinden honores, nada más. Es evidente que estamos perdiendo una carrera que ni tan siquiera estamos dispuestos a correr y lo sorprendente de esto es que quien redacta vaya camino de los cincuenta tacos y, que las últimas promociones que se han amamantado con toda clase de cacharrería tecnológica, no acierten a entender que el presente está ahora en pantallas y teclados. 

O quizá sí. Puede ser que quien no se entera de nada sea quien redacta estas líneas y que no haya que moverse para salir en la fotografía. Claro que quien redacta nunca sale bien en ninguna foto.

Dos nuevas incompetencias de los LAJ: la mediación y los monitorios.

Continuando con el análisis de la antepenúltima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7/2015, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, nos encontramos con una parcial alteración (la modificación es cosa muy distinta) en el art. 456 d) y e) que atribuye a los LAJ (recuerden, Letrados de la Administración de Justicia) dos palmarias incompetencias. 

La primera, que consiste en la tramitación y resolución de los monitorios (art. 456.6. d) LOPJ) quedará de hecho sin efecto cuando entre en vigor el «Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (621/000142)» que en el caso del procedimiento monitorio incluye el cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C—618/10; razón por la que se introduce en el art. 815 LEC un nuevo apartado 4 que permitirá al juez, previamente a que el secretario judicial acuerde realizar el requerimiento, controlar la eventual existencia de cláusulas abusivas en los contratos en los que se basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o usuarios y, en su caso, tras dar audiencia a ambas partes, resolver lo procedente. 

Ni que decir tiene que razones de pura lógica obligan a considerar la existencia de una única resolución (una providencia) en la que se incluya el control judicial sobre la abusividad de las cláusulas y cualesquiera otros defectos procesales que se adviertan en la petición inicial del proceso monitorio ya que lo contrario, en la oficina judicial decimonónica vigente, obligará a dictar varias resoluciones por el LAJ y el Juez, lo que no solo contradice la celeridad del monitorio, sino que incrementa las posibilidades de una desaconsejable disparidad de criterios. 

La mediación, que aparece en el art. 456.6.e) LOPJ no tiene acomodo en la actualidad en la ley procesal si bien el proyecto de ley citado antes, prevé que las partes de común acuerdo puedan también solicitar la suspensión del proceso de conformidad para someterse a mediación. Y en el caso de haberse alcanzado en la mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial. 

No hace un estudio profundo del asunto para colegir que la existencia del mediador y la necesaria homologación por el Tribunal excluyen al LAJ, que no tendrá otra función que la de informar a las partes sobre la posibilidad de la repetida mediación, lo que a buen seguro se sustituirá por una formula impresa en las resoluciones que se dicten en el pleito.

Una nueva aplicación en justicia para Iphone y Android: la Tablonpel

La antepenúltima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7/2015, que entra en vigor el próximo 1 de octubre modifica, entre otros preceptos, el apartado segundo del artículo 232.2 LOPJ y nos mete o introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 138 LEC. 

El apartado 2 del artículo 232 queda ahora redactado como sigue:

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«2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.

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Y esto puede analizarse de dos formas distintas y quien redacta ha elegido la jurídico-procesa-orgánica, que es la adecuada al supuesto. Pues bien, en una tercera lectura del mandato (no comprendí bien en las dos primeras en qué consiste la tarea encomendada) llegue a la conclusión que de lo que se trata es de colocar un papel en un lugar visible el primer día hábil de la semana; papel en el que aparecerá la relación de señalamientos, fecha, hora, tipo y número de procedimiento. 

En el Preámbulo de la ley se justifica la reforma en el marco de la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública de tal forma que con antelación pueda conocerse la fecha y hora de celebración de un procedimiento y, dejando al margen la relevancia que tiene la «transparencia» en este asunto, conocimiento, lo que se dice conocimiento, pues no sé sí tendrá mucha la ciudadanía y, tampoco sé si le importara un pimiento llegar a un juzgado y descubrir, si es que lo hace, dónde está el papelito en cuestión. Deberá recordarse que este nuevo e importantísimo papelito compartirá sitio con los cientos de papelitos que la ley nos obliga a colocar en lugares visibles en los juzgados para que los ciudadanos conozcan otras cosas que ya suelen buscar por internet. 

¿He escrito «internet»? Un error lo tiene cualquiera, quería decir «tablonpel», que es la nueva aplicación de justicia para Iphone, Android y tabletas y que tiene la particularidad de no descargarse en la red (lo que evita los viruses), sino que funciona a través de las cámaras de los susodichos dispositivos: se hace una foto del papelito (si se encuentra) y luego se archiva. ¿Hay algo más sencillo? 

El problema de la aplicación es que no puede modificar la información y aquí tenemos varias dificultades jurídico-procesales-orgánicas que la indudable capacidad de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ en adelante) sabrán resolver: ¿rotulador, bolígrafo o impresión de la agenda informática?, ¿chinchetas, grapas, celo o cinta de carrocero? y sobre todo ¿en la puerta de la Sala de vistas, en el tablón del Juzgado, en una pared que tenga humedades o desconchados de pintura o hacemos una junta y que se encargue el Decanato?

El objeto de la conciliación y la admisión de plano de la petición.

La Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria relacionando la conciliación con la finalidad de evitar el pleito, introduce una novedosa inadmisión de plano (art. 139.1.II LJV). Aseveración que nos lleva a la STC, 155/2011, 17 de octubre de 2011 (Roj: STC 155/2011), que anuló sendas resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial sobre la inadmisión a trámite de una solicitud de conciliación. 

En el asunto en cuestión se solicitó al Juzgado tuviera por promovido acto de conciliación interesando la citación judicial de los demandados a fin de que: «(1) Manifestaran el título en virtud del cual ostentaban la posesión del inmueble; (2) sí existía póliza de seguro contratada, y en su caso señalaran la Compañía Aseguradora, número de póliza y condiciones generales y particulares de la misma y (3) se avinieran a indemnizar al mandante por los daños y lesiones descritos, cuya cuantía se determinaría en el momento procesal oportuno».

La estimación del amparo se fundó en que las dos primeras peticiones contempladas autónomamente tendrían acaso el significado de una diligencia preliminar (art. 256 LEC); pero, si se conectaban a la última solicitud, aparecían también como datos o informaciones útiles al éxito del acto de conciliación por celebrar. Aunque era cierto que la ley no contemplaba un requerimiento de esta especie dentro de sus trámites, sí previa por ejemplo el derecho del demandado a la exhibición de documentos en el acto de conciliación, a fin de fundar sus excepciones (art. 471 LEC). Desde esta perspectiva, podría entenderse que el Juzgado no considerara procedente requerir a los demandados en el propio emplazamiento para que acudieran a contestar sobre las dos primeras cuestiones, pero de ello no debió extraer más consecuencia negativa que el rechazo de éstas; no proveer con una inadmisión in totum de la demanda, como se acordó. 

Esto es, la inadmisión resultó claramente desproporcionada y el Juzgado pudo haber optado por otras soluciones menos drásticas, pero de igual efectividad para preservar el buen orden del procedimiento: una admisión a trámite dejando fuera las solicitudes extrañas al ámbito de la conciliación o, conceder un trámite perentorio de subsanación a la actora para que consignara otro escrito ceñido a la solicitud de conciliación. 

Partiendo de lo dicho ¿cuándo será posible la inadmisión de plano? El Tribunal Constitucional advierte que los derechos procesales del art. 24 CE se reconocen para este expediente tanto si se atiende al carácter tutelador de la actividad judicial que se presta en la conciliación preprocesal, como a su naturaleza propia de actividad de jurisdicción voluntaria y ello aunque en la conciliación preprocesal civil sólo se propicien las condiciones para una comunicación directa entre las partes, encaminada a facilitar un acuerdo entre ellas. Evidentemente al legislador no le es indiferente que esa tarea se confíe a un órgano judicial, tanto en cuanto al control de las materias que permiten acudir a su cauce (art. 460 LEC 1881); como al correcto emplazamiento de las partes; la actuación durante la vista oral; el acta escrita que ha de recoger con precisión el contenido y alcance de lo conciliado en su caso y la homologación (art. 471 LEC 1881); la cual, en fin, lleva aparejada ejecución ex art. 517.2.9 LEC. 

Esta doctrina es trasladable sin dificultad a los procesos que se inicien al amparo de la nueva ley y así la inadmisión de plano de una solicitud de conciliación, requerirá que la interpretación efectuada por el órgano judicial de la normativa no sea arbitraria, manifiestamente irrazonable, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican (STC 129/2014, de 21 de julio de 2014, ROJ: STC 129/2014). 

No obstante, aclarado este extremo podremos encontrarnos con tres situaciones: 

a) Una inadmisión de plano sin subsanación previa, cuando de la solicitud resulte con claridad que la finalidad que se persigue es distinta a la prevista en la ley (art. 17.1 LJV). 

Buen ejemplo de este primer supuesto lo tenemos en los actos de conciliación presentados por las empresas de telefonía para conseguir la reducción de la base imponible de IVA, por la existencia de operaciones total o parcialmente incobrables, uno de cuyos requisitos es que se haya instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor (art. 80 Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido). 

b) Una inadmisión con una previa subsanación (art. 16.4 LJV) cuando surjan dudas sobre la finalidad del acto. 

Estos serían los supuestos en los que el solicitante emplea la conciliación como una diligencia preliminar o para interrumpir la prescripción y, no se sorprenda el lector por lo que se afirma ya que el art. 141 LJV a diferencia de lo que decía el art. 465 LEC 1881 obliga a determinar con claridad y precisión cual es el objeto de la avenencia. No basta ahora con pedir, hay que pedir con claridad para llegar a un acuerdo. 

La falta de subsanación implicará el dictado de un Decreto de archivo (art. 16.4 LJV) que podrá recurrirse el revisión (art. 20.2 LJV), pero contra el que no cabrá recurso de apelación. 

c) Una inadmisión con una previa subsanación por la existencia de defectos formales (arts. 141 y 16.4 LEC).