10 julio 2015

El reconocimiento del beneficio de justicia y la ejecución de la tasación de costas.


Dispone el art. 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita que cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del art. 1.967 CC. Importa precisar que esto es distinto a la práctica de la tasación de costas, razón por la que la STS Sala 1ª de 30 octubre de 2001, entre otras muchas, indica: «afirmar que por el dato de gozar, la parte afectada, del beneficio de justicia gratuita, exime al Secretario de practicar una tasación de costas que le afecte negativamente, es una hipótesis carente de todo fundamento; puesto que la misma puede llegar a ser efectiva en el supuesto que el beneficiado, llega a mejor fortuna o posición, y es entonces cuando dicha tasación puede ser realizada. Por lo que ineludiblemente y en todo caso, existiendo condena en costas, debe hacerse la tasación de las mismas». 

Precisamente en el reciente ATS, Sala de lo Civil, 4 de noviembre de 2014 (Roj: ATS 8637/2014) se insiste en que el beneficio de justicia gratuita no es óbice para que se tasen las costas pues según declara la Sala, el deber de pagar las costas existe y es carga procesal de la impugnante (STS de 18 de septiembre de 2009, 11 de noviembre de 2008 , 23 de febrero de 2004 y 18 de junio de 2003 entre otras muchas) y por tanto resulta procedente la práctica de su tasación y de las actuaciones que la complementan en idénticos términos, que en los casos en que el obligado al pago de las costas no tiene reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita (AATS, de 30 de junio de 2010; 23 de noviembre de 2010). 

En consecuencia, el decreto en el que se aprueba la tasación de costas no tiene que pronunciarse sobre la suspensión de la vía de apremio ya que esta no se habrá iniciado y tampoco tendrá que hacerlo en términos abstractos sobre la posible exención del pago de las costas por la recurrente antes de que se inste la ejecución forzosa de la condena en costas, puesto que la aplicación del citado art. 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, exige que se acrediten las circunstancias previstas en dicho precepto, bien para suspender el pago de las costas, bien para proceder a su exacción ( ATS de 27 de abril de 2010). 

De lo dicho resulta que, en principio, no podrá despacharse ejecución en el plazo que fija el repetido art. 36, pero también que la presunción que se contiene en el mandato no es automática y el problema surge cuando el beneficiado por la condena en costas pretende solicitar su ejecución, pues la resolución que reconoce el beneficio no se dicta por el órgano judicial. 

Pues bien la competencia para resolver si el beneficiario del derecho a justicia gratuita ha venido a mejor fortuna, con los consiguientes efectos en cuanto al abono de la correspondiente condena en costas, ha sido resuelta de manera reiterada por el Tribunal de Conflictos en varias sentencias, en el sentido de que tal decisión pertenece al órgano judicial (sentencia de 20 de octubre de 1999, conflicto 5/99, reproducida posteriormente en la de 18 de diciembre de 2000, conflicto 9/00 y seguida por la de 17 de diciembre de 2009, conflicto 2/09). 

Y así en la sentencia de 1999 se indica que la competencia administrativa queda circunscrita a las resoluciones de reconocimiento, denegación, o en su caso revocación por revisión de oficio, pero no contemplan el de la revocación por situación sobrevenida de mejor fortuna. Este supuesto se corresponde con el anteriormente regulado en el art. 48 LEC 1881 en la redacción dada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que establecía la obligación de los condenados en costas que hubieran obtenido el reconocimiento del derecho a justicia gratuita a pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria, con una presunción de mejor fortuna similar a la que la Ley 1/1996 establece. 

La Ley 1/1996 se mueve en una lógica distinta, en la medida que el profesional de oficio no actúa gratuitamente, pero ha mantenido la figura de la mejor fortuna sobrevenida, y sigue imponiendo en tal caso la obligación de pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria en el caso de haber sido condenado a costas y ante el supuesto sobrevenido de una mejor fortuna, se trata de dar efectividad a la condena en costas impuesta en la sentencia, lo que entra dentro de la competencia propia del órgano judicial de hacer ejecutar lo juzgado, sin que ningún precepto legal haya privado al órgano judicial de esa competencia originaria propia. 

Por consiguiente, advierte la Sentencia Tribunal Conflictos de Jurisdicción de 18 de febrero de 2014 la posible exacción de costas a consecuencia de haber venido a mejor fortuna ha de plantearse y resolverse por el órgano judicial competente para la ejecución de la sentencia. Ello se corresponde además con la relevancia constitucional tanto del derecho al beneficio de justicia gratuita, como derivación del derecho a la defensa y a la asistencia del letrado, pero que no puede justificar privilegios infundados en perjuicio de la otra parte en el proceso, como de la eficacia de la cosa juzgada, siendo competencia exclusiva de los jueces y tribunales, como ejercicio de potestad jurisdiccional hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.4 CE), también en relación con la condena en costas. 

Lo dicho implica, por una parte, que el beneficiario por la condena en costas puede solicitar del órgano judicial una investigación patrimonial del condenado una vez transcurra el plazo de los tres años que fija el art. 36 Ley 1/1996 y, por otro, que tratándose de la ejecución de una resolución procesal (el decreto que aprueba la tasación de costas) no podrá llevarse a cabo una segunda investigación ajena a la que ya se haya practicado, pues no debemos olvidar que salvo en el caso de sentencias desestimatorias, en todos los demás supuestos se habrá despachado una previa ejecución y será en dicho proceso (ex. art. 555 LEC) en el que se ventilará la cuestión que nos ocupa.

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