27 julio 2015

¿Por qué no puedo pagar mis impuestos en Alemania? (Fuera de hilo)


Sabrán que la Comunidad Valenciana ha sufrido eso que los opinólogos llaman un vuelvo electoral y todos los que han perdido las elecciones se han unido para echar al que había ganado. Hasta ahí todo normal, no es la primera vez que ocurre, ni tampoco la última. El problema viene cuando los que se ocultaban tras la pancarta, asoman la patita en el Gobierno y siendo la minoría, de todas las minorías, resulta que por mor de la suma ocupan mando en plaza y deciden, verbigracia, que los papás y mamás somos memos y memas que no podemos elegir Colegio; que el idioma vehicular (sic) es una materia ajena al destino familiar y que, por supuesto, la luz que ilumina nuestros pasos (y nuestros futuros rebuznos) será la educación pública, de calidad y, por supuesto, politizada al extremo, porque lo de que inventen ellos no ha perdido vigencia. 

Unos hacen aviones y otros nos inventamos culturas, historias y editoriales y como cambiamos de libros todos los años, que pagamos todos y todas, observen el negocio redondo que nos hemos sacado a cuenta de la educación y a costa de la ignorancia de nuestros hijos. Lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta, a modo también de verbigracia, que Don JOAN HERRERA, cuando era diputado de Iniciativa Verde por Cataluña, pidió la aplicación de la Ley de Memoria Histórica al Rey Alfonso XIII. 

Cultura de la que decía ORTEGA Y GASSET (en “LA REBELIÓN DE LAS MASAS”, páginas 136 y 137):


Quien quiera tener ideas necesita antes disponerse a querer la verdad y aceptar las reglas de juego que ella imponga. No vale hablar de ideas u opiniones donde no se admite una instancia que las regula, una serie de normas a que en la discusión cabe apelar. Estas normas son los principios de la cultura. No me importa cuáles. Lo que digo es que no hay cultura donde no hay normas a que nuestros prójimos puedan recurrir. No hay cultura donde no hay principios de legalidad civil a que apelar. No hay cultura donde no hay acatamiento de ciertas últimas posiciones intelectuales a que referirse en la disputa. No hay cultura cuando no preside a las relaciones económicas un régimen de tráfico bajo el cual ampararse. No hay cultura donde las polémicas estéticas no reconocen la necesidad de justificar la obra de arte. Cuando faltan todas esas cosas, no hay cultura; hay, en el sentido más estricto de la palabra, barbarie.

Lo de respetar los símbolos del Estado queda a salvo de confrontaciones (no se pone la bandera de España y en paz) y mientras andamos tocando el callejero y poniéndole calles al parchís (qué no habrá hecho el parchís por generaciones de españoles en esas noches invierno de tabaco Fortuna y cerveza Mahou) llevo días haciéndome la misma pregunta: ¿por qué no puedo pagar mis impuestos en Alemania?

21 julio 2015

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Secretarios Judiciales de Valencia sobre los expedientes de CONSIGNACIÓN y de CONCILIACIÓN (LJV 15/2015).


I. EXPEDIENTES DE CONSIGNACIÓN 

1. Se facilitará a los solicitantes la posibilidad de subsanar la solicitud que no reúna los requisitos necesarios (art. 16.4 LJV) antes de dictar el decreto del art.99.1 LJV. 

2. En el supuesto de nombramiento de depositario (art. 99.1 tercer párrafo y 99.2 segundo párrafo LJV) podrá acudirse supletoriamente a las normas que regulan en el depósito de los arts. 626 y ss LEC. 

3. Cuando no pueda notificarse a los interesados la existencia de la consignación (art.99.2 segundo párrafo LJV), podrá llevarse a cabo una investigación domiciliaria

4. En el caso del art.99.4 segundo párrafo LJV podrá acudirse al edicto entendiendo que el silencio del acreedor equivale a la autorización de la retirada de la cosa debida. 

5. La interpretación literal del art. 15.1 segundo párrafo LJV impide acumular ningún expediente de consignación, en tanto la solicitud del promotor de su mantenimiento, obliga a la intervención del Juez (arts. 99.4 último párrafo y 99.5 LJV). 

6. La determinación de los «efectos legales procedentes» a que se refiere el art. 99.3 LJV serán los propios de cada expediente ya que su resolución no impide la incoación de un proceso posterior con el mismo objeto (art.19.4 LJV). 

II. ACTOS DE CONCILIACIÓN 

1. Se facilitará la posibilidad de subsanar la solicitud que no reúna los requisitos necesarios antes de inadmitir de plano (art. 139.2 LJV). 

2. Dada la identidad del acto de conciliación con el monitorio cuando se realicen las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia y se dicte decreto dando por terminado el expediente (art. 140.1 tercer párrafo LJV), será aplicable la doctrina jurisprudencial que interpreta el art. 813 LEC. 

3. La comparecencia al acto de las personas jurídicas se realizará por quien tenga un poder inscrito en el Registro Mercantil, que le otorgue facultades para representar en el acto de conciliación (art. 7.4 LEC) o, mediante sus órganos de administración. No cabe, en ningún caso, la asistencia de un apoderado (art. 144.1 LJV) 

4. En la determinación de los límites de la indemnización por daños y perjuicios del art. 144.2 LJV y a falta de otro criterio, podrán aplicarse los que rigen la indemnización testifical en el art. 375 LEC. 

5. En la regulación de la grabación del acto de conciliación del art. 145.4 LJV, el parecer unánime de todos los asistentes es que la defectuosa redacción de los arts. 145, 146 y 147.1 LJV provoca una indeseable confusión y favorece diferentes criterios. 

Con dichos antecedentes se concluye:

a) No se grabará el acto cuando solo asista una de las partes. 
b) Se grabará cuando asistan las dos partes.
c) El acto se grabará cuando asistan las dos partes y así se decida en atención a las circunstancias del expediente.

Se adjunta el documento completo 



15 julio 2015

Más de cuatrocientos años nos contemplan (1532-2015).




En las Cortes castellano-leonesas celebradas en Segovia en 1532, petición V:
Cita:

Otrosy, porque ay muchos pleitos antiguos que nunca se fenecen ni acaban porque con cautelas de los reos, con artículos immergentes e incidentes se abren muchas veces las conclusiones, y ay pleitos de veinte y treinta años, con color que ay otros mas antiguos y la conclusión aunque los tales pleitos no se siguen de que los oidores algunas veces toman o pueden tomar ocasión para ver los pleitos que ellos quieren y no otros.

Y en la XXV:
Cita:

Porque aunque vuestra Majestad tiene proueydo en estos sus reinos de mucho número de jueces, han creído y creen tanto siempre los pleitos que no se pueden determinar con aquella brevedad que convenía; de lo cual resulta tan grandes gastos, costas y trabajos a los litigantes que acaece muchas veces que cada una de las partes ha gastado mucho mas se debe sentir es que todo el tiempo que duran los pleitos dura el rencor y pasión en que comúnmente se suelen seguir entre las personas que tratan los dichos pleitos.

Diego BRETON DE SIMANCAS, Oidor de la Chancillería de Valladolid entre 1548 e 1585 recuerda un invierno especialmente trabajoso:
Cita:

Acordamos los cuatro presidentes de Salas de despedir los de pleitos grandes hasta después de Pascua y despachar con diligencia los otros; y fue así, que en 27 días pronunciamos 432 sentencias definitivas, las cuales yo conté, porque presidía en la sala de Audiencia, y los autos no pude contar, por ser innumerables, que suelen siempre ser tres tantos y cuatro tantos que las sentencia

La estadística respecto de una clase determinada de pleitos, los de villa (reservados para casos valorados entre 1.000 a 4.000 ducados) indican un total de 2584 pleitos en 1560 y, en 1580 se registraron 3238, y en 1594 3.880. La chancillería real de Valladolid que tenía bajo su jurisdicción a unos cuatro millones de personas recibía hacia fines del XVI cerca de 7.000 pleitos al año, mientras que en la misma época en Inglaterra el Tribunal de la Chancillería sólo recibía unos 500. La litigiosidad se extendía desde el rey pasando por los nobles, clérigos, campesinos, ciudades, etc., llegándose a decir que hasta los pobres litigaban para lo que vendían sus capas a fin de poder pagar los honorarios que, ilegalmente, les cobrara el abogado de pobres

Se buscaron distintas soluciones para disminuir las causas y reducir los asuntos pendientes, destacando: el incremento del depósito que se exigía a los apelantes, y, la sustitución del proceso por el arbitraje, como recogen los estatutos del consulado de Burgos ("porque sabíamos que los pleitos que se movían entre los mercaderes, nunca se concluyan ni fenecían, porque se presentaban escritos o libelos de letrados por manera que por mal pleito que fuese y lo sostenían los letrados: de manera que los hacían inmortales; y que de esto se causara que los unos mercaderes tenían poca confianza de los otros; y los otros de los otros"). Las Cortes solicitaron el establecimiento en cada ciudad de conciliadores cuyo trabajo sería convenir y concertar a "cualesquier personas de cualquier calidad que sean que en tal pueblo" "tuvieron pleitos y diferencia", y ello, porque los pleitos son tantos "que non se podrían decir; solamente vaste que destruyen las ánimas, y trabajan y envejecen los cuerpos, y pierden las haciendas". 

Hemos avanzado mucho en 400 años pero con educación y más medios, seguro, pero seguro que esto se soluciona, porque como todos sabemos el problema de la Justicia en España es siempre la educación, la falta de medios y, por supuesto, la justicia gratuita.

10 julio 2015

El reconocimiento del beneficio de justicia y la ejecución de la tasación de costas.


Dispone el art. 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita que cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del art. 1.967 CC. Importa precisar que esto es distinto a la práctica de la tasación de costas, razón por la que la STS Sala 1ª de 30 octubre de 2001, entre otras muchas, indica: «afirmar que por el dato de gozar, la parte afectada, del beneficio de justicia gratuita, exime al Secretario de practicar una tasación de costas que le afecte negativamente, es una hipótesis carente de todo fundamento; puesto que la misma puede llegar a ser efectiva en el supuesto que el beneficiado, llega a mejor fortuna o posición, y es entonces cuando dicha tasación puede ser realizada. Por lo que ineludiblemente y en todo caso, existiendo condena en costas, debe hacerse la tasación de las mismas». 

Precisamente en el reciente ATS, Sala de lo Civil, 4 de noviembre de 2014 (Roj: ATS 8637/2014) se insiste en que el beneficio de justicia gratuita no es óbice para que se tasen las costas pues según declara la Sala, el deber de pagar las costas existe y es carga procesal de la impugnante (STS de 18 de septiembre de 2009, 11 de noviembre de 2008 , 23 de febrero de 2004 y 18 de junio de 2003 entre otras muchas) y por tanto resulta procedente la práctica de su tasación y de las actuaciones que la complementan en idénticos términos, que en los casos en que el obligado al pago de las costas no tiene reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita (AATS, de 30 de junio de 2010; 23 de noviembre de 2010). 

En consecuencia, el decreto en el que se aprueba la tasación de costas no tiene que pronunciarse sobre la suspensión de la vía de apremio ya que esta no se habrá iniciado y tampoco tendrá que hacerlo en términos abstractos sobre la posible exención del pago de las costas por la recurrente antes de que se inste la ejecución forzosa de la condena en costas, puesto que la aplicación del citado art. 36.2 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, exige que se acrediten las circunstancias previstas en dicho precepto, bien para suspender el pago de las costas, bien para proceder a su exacción ( ATS de 27 de abril de 2010). 

De lo dicho resulta que, en principio, no podrá despacharse ejecución en el plazo que fija el repetido art. 36, pero también que la presunción que se contiene en el mandato no es automática y el problema surge cuando el beneficiado por la condena en costas pretende solicitar su ejecución, pues la resolución que reconoce el beneficio no se dicta por el órgano judicial. 

Pues bien la competencia para resolver si el beneficiario del derecho a justicia gratuita ha venido a mejor fortuna, con los consiguientes efectos en cuanto al abono de la correspondiente condena en costas, ha sido resuelta de manera reiterada por el Tribunal de Conflictos en varias sentencias, en el sentido de que tal decisión pertenece al órgano judicial (sentencia de 20 de octubre de 1999, conflicto 5/99, reproducida posteriormente en la de 18 de diciembre de 2000, conflicto 9/00 y seguida por la de 17 de diciembre de 2009, conflicto 2/09). 

Y así en la sentencia de 1999 se indica que la competencia administrativa queda circunscrita a las resoluciones de reconocimiento, denegación, o en su caso revocación por revisión de oficio, pero no contemplan el de la revocación por situación sobrevenida de mejor fortuna. Este supuesto se corresponde con el anteriormente regulado en el art. 48 LEC 1881 en la redacción dada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que establecía la obligación de los condenados en costas que hubieran obtenido el reconocimiento del derecho a justicia gratuita a pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria, con una presunción de mejor fortuna similar a la que la Ley 1/1996 establece. 

La Ley 1/1996 se mueve en una lógica distinta, en la medida que el profesional de oficio no actúa gratuitamente, pero ha mantenido la figura de la mejor fortuna sobrevenida, y sigue imponiendo en tal caso la obligación de pagar las costas causadas en su defensa y la de la parte contraria en el caso de haber sido condenado a costas y ante el supuesto sobrevenido de una mejor fortuna, se trata de dar efectividad a la condena en costas impuesta en la sentencia, lo que entra dentro de la competencia propia del órgano judicial de hacer ejecutar lo juzgado, sin que ningún precepto legal haya privado al órgano judicial de esa competencia originaria propia. 

Por consiguiente, advierte la Sentencia Tribunal Conflictos de Jurisdicción de 18 de febrero de 2014 la posible exacción de costas a consecuencia de haber venido a mejor fortuna ha de plantearse y resolverse por el órgano judicial competente para la ejecución de la sentencia. Ello se corresponde además con la relevancia constitucional tanto del derecho al beneficio de justicia gratuita, como derivación del derecho a la defensa y a la asistencia del letrado, pero que no puede justificar privilegios infundados en perjuicio de la otra parte en el proceso, como de la eficacia de la cosa juzgada, siendo competencia exclusiva de los jueces y tribunales, como ejercicio de potestad jurisdiccional hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.4 CE), también en relación con la condena en costas. 

Lo dicho implica, por una parte, que el beneficiario por la condena en costas puede solicitar del órgano judicial una investigación patrimonial del condenado una vez transcurra el plazo de los tres años que fija el art. 36 Ley 1/1996 y, por otro, que tratándose de la ejecución de una resolución procesal (el decreto que aprueba la tasación de costas) no podrá llevarse a cabo una segunda investigación ajena a la que ya se haya practicado, pues no debemos olvidar que salvo en el caso de sentencias desestimatorias, en todos los demás supuestos se habrá despachado una previa ejecución y será en dicho proceso (ex. art. 555 LEC) en el que se ventilará la cuestión que nos ocupa.

03 julio 2015

Criterios Secretarios Judiciales de Valencia sobre las CESIONES DE CREDITO y BANKIA.


En reunión del pasado 25-6-2015 los Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia alcanzamos determinados acuerdos sobre los siguientes extremos: 

1. Postura común sobre la tramitación de las peticiones de CESIONES DE CRÉDITO que se producen una vez despachada ejecución: (a) requisitos formales y de representación procesal y (b) de fondo, en cuanto a la acreditación de la legitimación pasiva del ejecutado, el importe por el que debe seguirse la vía de apremio y la resolución que debe poner término a la ejecución (si procede); todo ello en relación a los arts. 540 LEC y 1535 CC. 

1.1. Vistos los criterios que se sostienen por los diferentes Juzgados, la postura sobre el particular de la Audiencia Provincial y la reciente entrada de más de 3.000 peticiones de sucesión procesal, por la llamada “cesión de créditos” que se suman a las que ya se han tramitado se acuerda: 

a) La elaboración y posterior divulgación de un documento que refleje el parecer de la Junta sobre la situación procesal que origina está practica y las diferentes soluciones que puede ofrecer la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

b) La difusión de un modelo de Diligencia elaborada por los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera Instancia nº 5 y 7, que se adjuntan como ANEXO I a la presente 

2. Postura común sobre la TRAMITACIÓN POSTERIOR AL DICTADO DE LA SENTENCIA DE LOS PROCESOS CONTRA BANKIA(a) pagos a través de la cuenta de consignaciones y (b) liquidaciones de intereses y rendimientos y resolución posterior después de sentencia o, remisión al proceso de ejecución previa acreditación documental por BANKIA de la liquidación que ha realizado. 

2.1. Habida cuenta el altísimo porcentaje de sentencias condenatorias y la repetición de los fallos que se advierte, se dictará en todos los procesos una diligencia de ordenación en la que se indicará a las partes en qué supuestos podrán solicitar el auxilio judicial y aquellos en los que deberá solicitarse el correspondiente despacho de ejecución (ANEXO II

2.2. Para evitar cualquier tipo de disfunciones en la gestión de esta clase de procesos, se interesa del Secretario Coordinador Provincial que con la asistencia del delegado del orden jurisdiccional, se convoque a una reunión a los representantes procesales de BANKIA, con el objeto de comunicarles el acuerdo alcanzado en la Junta, sus consecuencias y facilitarles copia de la resolución a que se refiere el ANEXO II

En el documento en PDF tienen los ANEXOS que se indican.