A vueltas con las grabaciones de los actos en el proceso penal: la STC 16 de marzo de 2015.


En el apasionante debate que sostienen algunas Fiscalías sobre la necesidad de la trascripción de declaraciones y juicios entró el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 16 de marzo de 2015 (BOE núm. 98, de 24 de abril de 2015) y de la única forma posible, mediante el análisis de la actividad de la documentación, propia de los Secretarios Judiciales y que rebate esa vuelta al papel que parece encontrarse en algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que le ocasionaría a los ingenieros de Apple un infarto. 

El asunto que analiza el Tribunal Constitucional es de los que somete a la famosa Ley de Murphy y la maldita tostada boca abajo, si bien el quehacer del Juzgado de la instancia, de su titular, de la Audiencia y sobre todo de la Secretario Judicial, fue impecable. Estas líneas, que no dejan de ser un resumen, obligan a leerse la sentencia y es algo que aconsejo, porque también el razonamiento del Tribunal Constitucional fue impecable y ello pese a que el Ministerio Fiscal, siguiendo la queja del recurrente en amparo postuló la estimación del recurso de amparo. 

Durante el desarrollo de un juicio oral, celebrado en cinco sesiones consecutivas, entre los días 4 a 8 de abril de 2011, sucede que en la sesión del día 6 de abril, figura en las actuaciones el acta sucinta de la Secretaria del Juzgado y durante el interrogatorio a la quinta testigo, el acta refleja lo siguiente: "Se ha producido un problema técnico con la grabación, interrumpiendo la sesión 2 minutos para solucionar el problema". Luego se lee la frase: "Se ha solucionado el problema de grabación". Al finalizar la declaración, el acta indica, en letras mayúsculas: "CONTINÚA EL ACTA SUCINTA", volviendo al formato anterior con la siguiente testigo y, tras ella, con el interrogatorio de quienes fueron citados como expertos (prueba pericial), cerrándose luego la sesión. Por mor de la famosa Ley de Murphy citada antes, en el DVD del juicio oral del día 6 de abril de 2011 no aparecieron dos periciales, la del Médico y las testificales de tres Policías Locales

El día 14 de noviembre de 2011, el Juzgado dictó un Auto en el que acordó la reconstrucción del acta del Juicio Oral a partir de las manifestaciones y alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y por la defensa del acusado así como del contenido de los DVD facilitados por los medios de comunicación audiovisuales. El Magistrado aclaró que ninguna de las cuatro pruebas cuya reconstrucción se interesó fueron acogidas para fundamentar la condena.

Interpuesto el recurso de amparo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de alegaciones interesando la estimación parcial de la demanda. Consideró el Ministerio público que se producía indefensión por la imposibilidad de que por el tribunal de apelación se pudiera revisar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia por la ausencia de grabación audiovisual en una sesión del juicio oral. 

¿Y qué tiene todo esto que ver con las transcripciones de CD y DVD?. Copio literal el segundo ordinal, letras a) y b) de los fundamentos de derecho:


a)La actividad de documentación de las actuaciones de un proceso, como se sabe, queda encomendada en nuestro ordenamiento jurídico al Secretario judicial (arts. 454.1 LOPJ); 148 LEC; y 6 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre quien recibe la ayuda del personal perteneciente al cuerpo de Auxilio Judicial en la custodia de las actuaciones escritas y en la comprobación del correcto funcionamiento de los medios técnicos que han de registrar actos orales [ art. 478, letras d ) y f) LOPJ ], sin perjuicio de la supervisión última que, como cualquier otra actividad desarrollada dentro del órgano judicial, le corresponde a su titular (art. 165 LOPJ ). El producto de esa actividad de documentación se configura como fuente auténtica de la realidad de lo actuado, gracias a la fe pública emanada del Secretario Judicial, quien a tal efecto deja "constancia fehaciente" de lo que presencia (arts. 453.1 LOPJ ; 145.2 LEC y 5 del Reglamento orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales). 
De este modo, respecto de las actuaciones testimoniadas por este último hemos dicho que "resulta correcto el adagio quod non est in actis, non est in mundo, es decir, lo que no está en las actuaciones, no existe" (STC 32/1999, de 8 de marzo, FJ 5). Tal afirmación no obsta, sin embargo, cuando resulta preciso, a la eventual integración de los datos faltantes en ese soporte, con otros medios de prueba (ATC 167/2000, de 7 de julio, FJ 1); o al propio control de lo que haya sido certificado (ATC 152/2004, de 27 de abril, FJ 1). 
b) Respecto a la relevancia que la documentación de las actuaciones reviste en el proceso penal, debe señalarse que el art. 230 LOPJ , en su redacción original de 1 de julio de 1985, ya contemplaba el posible uso de "cualesquiera medios de documentación y reproducción" de las actuaciones judiciales, siempre que ofrezcan garantías de autenticidad; precisando la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, cuyo art. 8.2 modificó dicho precepto, que los Juzgados y Tribunales pueden valerse para aquel fin, de "medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos". En desarrollo de esta previsión general, la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000 fue la primera en implantar para los procesos civiles el registro de las vistas y comparecencias, "en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen", bajo custodia del Secretario judicial (art. 147). La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, "de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial", ha extendido la obligatoriedad del registro audiovisual de los actos orales a los demás órdenes de jurisdicción, modificando las respectivas leyes procesales. 
En lo que aquí específicamente importa, que es la grabación de la vista oral en los procesos penales [ art. segundo, apartado 95, de la Ley 13/2009 , que reforma a tales efectos el art. 743 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) -el esquema regulador, en todo caso, se reitera en las normas relativas a los demás órdenes-], se dispone que si el Secretario Judicial cuenta con los medios tecnológicos necesarios, "garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías", lo que hace innecesaria su presencia en la Sala así como de tener que levantar acta, salvo ciertas excepciones (art. 743.2 LECrim). De no disponer de firma electrónica o sistema equivalente, el Secretario debe redactar acta sucinta con los datos identificativos mínimos de la sesión, ex art. 743.3 LECrim ("número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte"). 
El levantamiento de acta detallada de la vista se convierte por tanto en un supuesto de excepción, que se emplea únicamente cuando la grabación no resulta posible y tal eventualidad es conocida antes o en el momento de abrirse la sesión, en cuyo caso el acta del Secretario habrá de recoger "con la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas" (art. 743.4 LECrim). Al margen de su extensión, el acta ha de levantarse siempre "por procedimiento informático", salvo que el órgano judicial carezca de tal medio técnico (art. 743.5 LECrim). Con estas previsiones legales, el soporte de grabación audiovisual ha venido a desplazar al acta escrita como medio de documentación de las actuaciones orales en todos los órdenes de la jurisdicción, superando las tradicionales limitaciones de esta última. Interesa añadir, en fin, que la misma Ley 13/2009 modificó también el apartado 6 del art. 788 de la LECrim, a fin de prever que en el proceso abreviado -por cuyo cauce, recordemos, se sustanció la primera instancia del proceso seguido contra el recurrente-, "cuanto se refiere a la grabación de las sesiones del juicio oral y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 743 de la presente Ley ".

No le den vueltas: no van a encontrar una prohibición expresa y literal de la transcripción de un CD. Lo que importa es la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 4 LEC) y la sujeción de las actuaciones de todos los órganos judiciales a la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 230 y eso sí que lo dice el Tribunal Constitucional y en cuanto a la primera, con la cita expresa de la Ley 13/2009. 

Sobre el resultado del recurso, el Tribunal Constitucional desestimó la petición de amparo entendiendo que la ausencia de documentación no podía comportar en este caso la merma del derecho a la defensa (lesión del art. 24.1 CE). El recurrente partió de la premisa consistente en que la declaración de los peritos permitiría probar lo que afirmaba; aserto que, sin embargo, no se correspondía con el relato de hechos probados de la Sentencia del Juzgado, confirmada en apelación, ni con las pruebas que sustentan dicho factum. Por tanto, si las periciales no documentadas no cuestionaron la credibilidad de los testigos, ni lo declarado por los propios acusados, y teniendo en cuenta la absoluta lógica de la inferencia judicial, la conclusión que cabe extraer es que la defensa del recurrente no aportó una argumentación verosímil sobre la indefensión que dijo sufrir por no poder contar en apelación con el registro audiovisual de dichas declaraciones periciales.

Comentarios

  1. Personalmente no conozco si existe conflicto o no en relación a la grabación-transcripción del juicio oral en algunas Fiscalias. Creo que el problema se centra sobre todo en las declaraciones en soporte CD de instrucción. Y el consiguiente riesgo de una gran demora en el caso de contradecir en juicio oral. Porque vd sabe que por mucho que se haga un extracto claro, es imposible fijar las expresiones con minutos. Es decir, en una declaración de una hora, el extracto contendrá como mucho intervalos, del 1 al 10, del 11 al 20 por ejemplo lo cual es engorroso sí o sí. Muchísimo más rápido saber la línea. Porque el fin puede ser acabar con el papel pero los medios no existen o son muy insuficientes.

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    1. Ruego perdone la tardanza en la publicación. Problemas técnicos (propios y ajenos) lo habían impedido. Gracias.

      Y efectivamente, el problema es de medios y también de comodidad. Creo que lo más seguro es una grabación y lo sorprendente es que toda la humanidad lo tenga claro menos la justicia española.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.

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