20 abril 2015

Un buen ejemplo de como la privatización mediante la desjudicialización no soluciona nada.


En España se confunde muy alegremente el derecho a la justicia gratuita con el derecho a la tutela judicial efectiva, de tal modo que la simple designación de abogado implica sin más la obligación de hacer algo, lo que sea, aunque lo que sea tenga mucho que ver con las dilaciones debidas o indebidas y poco o nada con el proceso. 

En tiempos nuestro sistema era judicial, hasta la entrada en vigor de la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita cuya exposición de motivos refiere un novedoso triple propósito para justificar la reforma. En primer lugar, el de unificar el procedimiento de concesión del derecho a través de una sola norma eliminado la hasta entonces dispersa legislación procesal; en segundo lugar, el de ampliar el contenido material del derecho mediante nuevas prestaciones tales, como el asesoramiento previo al proceso judicial y, por último, en tercer lugar, el de desjudicializar el procedimiento para el reconocimiento del derecho, recayendo sobre los Colegios profesionales y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que aligeraría el volumen de trabajo de los órganos judiciales y ganaría celeridad la resolución de las solicitudes.

A la desjudicialización se dedica el apartado quinto de la exposición de motivos, indicándose con mucha claridad que la evaluación del cumplimiento de los requisitos del derecho “no es en sentido estricto una función jurisdiccional”, por lo que el traslado del reconocimiento a sede administrativa responde a que se trata de “una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional”. 

Quizá hubiera debido añadirse una segunda razón no manifestada por el Legislador - pero que debió influir en su ánimo a la hora de modificar el sistema - y era el desinterés de los órganos judiciales en el asunto. En esa línea BLASCO SOTO hacía extensiva la dejadez a la generalidad de los implicados en la tramitación procesal del beneficio en tanto a todos alcanzaba provecho, así la (i) solicitante obtenía abogado gratis, (ii) el letrado cobraba cualquiera que fuera su intervención y aunque esta no se produjera, (iii) la parte contraria no sufría la paralización del procedimiento y (iv) el Abogado del Estado no se veía obligado a intervenir en multitud de casos. 

Después de más de veinte años de la desjudicialización, no solo todos los supuestos que fundaban esa dejadez perviven con vigorosa salud y han aparecido algunos otros, como las (v) demandas kamikaze con el derecho en el bolsillo, que pueden amargarle la vida a más de uno que tiene que pagarse abogado y perito, mientras al otro se lo pagamos entre todos y tampoco corre con las costas o, (vi) la inasistencia a la vista de la impugnación por la denegación del beneficio de los letrados de las Comunidades Autónomas, que por lo visto tienen cosas más importantes que hacer. 

Con tal estupendo panorama y visto que todo es sostenible o que el primer párrafo del art. 32 Ley 1/96 se derogó y en el BOE no se han enterado, las bases informáticas de investigación patrimonial de la que disponen los órganos judiciales aconsejarían la devolución a estos de la competencia en la materia, porque si de lo que se trata es de vincular el derecho al bolsillo del litigante y no al proceso, los Juzgados ahora lo hacemos más rápido.

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