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Efectos de la prueba ilícita.


Indica la SAP MADRID, Sección 11ª de 30 de diciembre de 2005 (ROJ: SAP M 15859/2005) que el artículo 287 LEC no aborda ni el concepto, ni el contenido, ni las consecuencias derivadas de la admisión de una prueba ilícita, por lo que para estos efectos habrá de acudirse a la norma general del artículo 11.1 LOPJ. Dicho esto, las pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales tienen una sanción absoluta en el artículo 11.1 LOPJ y que consiste en su inutilidad, en la imposibilidad de ser tenidas en cuenta para el fallo. 

Por lo mismo, la literalidad del artículo 11.1 LOPJ, así como el debido respeto a los derechos fundamentales que dicha norma pretende proteger, conducen a mantener que la infracción del precepto, comporta la nulidad absoluta de la resolución judicial que admita una prueba ilícita (PICÓ I JUNOY) 

Nulidad absoluta de la prueba ilícita que conlleva, necesariamente, su insubsanabilidad. En consecuencia, el principio de conservación de los actos jurídicos imperfectos, no despliega ningún tipo de virtualidad. Ello significa que la ilicitud de la prueba no puede convalidarse ofreciendo al litigante perjudicado la posibilidad de defenderse y contradecir su contenido. Además, y dado que las normas reguladoras de la inadmisibilidad de la prueba, son normas de orden público, de ius cogens, la disponibilidad de las mismas por parte de los litigantes no despliega ninguna virtualidad, siendo su vulneración apreciable ex officio por el órgano jurisdiccional. 

Formula dos últimas observaciones PICO I JUNOY. En primer lugar, que la prueba ilícita sea insubsanable no significa que impida aportar al proceso aquel elemento probatorio, válidamente obtenido, que tenga por objeto acreditar los mismos hechos que pretendían justificarse a través de dicha prueba ilícita. 

Y en segundo lugar, la imposible subsanación o convalidación de la prueba ilícita no supone que el elemento probatorio logrado con infracción de un derecho fundamental no pueda volver a obtenerse, con posterioridad, mediante el procedimiento legal previsto. Al respecto, es necesario distinguir aquellos supuestos en que existen las condiciones legales para efectuar válidamente el acto ilícito, de aquellos otros en que no existen tales condiciones, pues en el primer caso podrá volverse a procurar por los cauces legales, el elemento probatorio inicialmente logrado de forma ilícita, mientras que en la segunda hipótesis no será posible. Por ejemplo: un documento obtenido de un Registro Público, por un tercero, infringiéndose el derecho a la intimidad de la persona cuyos datos constan registrados. En este caso la ilicitud producida en la obtención del documento no impide que el juez, a instancia de parte, si lo estima pertinente pueda requerir al Registro Público la aportación de una copia o certificación de los datos que consten en él. Por el contrario, unas fotografías, una cassette magnetofónica o una cinta de vídeo efectuadas infringiéndose el derecho a la intimidad, serán de imposible repetición, al no existir para ello un cauce legal válido. 

De la exigencia legal relativa a que la prueba ilícita “no surta efecto alguno”, se deriva, según la mayor parte de la doctrina, la necesidad de retirar del proceso todo vestigio de la misma, devolviendo el medio probatorio ilícito al litigante que lo aportó al proceso con la finalidad de evitar que el Juez pueda valorar la prueba ilícita en el momento final de su enjuiciamiento. 

Aunque no haga falta decirlo, la inadmisión nada tiene que ver con la posible valoración de la prueba, esto es, que la parte sostenga la ilicitud no implica que la prueba no deba ser valorada por el Juez o, deba declararse nula. “Con independencia de su licitud, se trata de documentos orientados a acreditar cuál o cuáles han sido, a criterio del demandado, los motivos que subyacen a la presentación de la demanda origen de este pleito, bien pueden reputarse intrascendentes, pues, con absoluta independencia de los mismos, el objeto nuclear del proceso estriba en la existencia o no de responsabilidad derivada de la conducta del demandado. Y en poco o nada contribuyen a esclarecer este particular concreto. En todo caso no consta que se hayan tomado en consideración por el Juzgador de primer grado medios de prueba cuya eventual obtención irregular o ilícita a la hora de dictar la sentencia ni, desde luego, los toma en consideración esta Sala para la resolución del recurso interpuesto” (SAP MADRID, Sección 10ª, de 13 de mayo de 2008). 

Otros autores consideran que esta solución, si bien es formalmente correcta, encierra grandes inconvenientes, porque si se impugna la decisión del juez que declara la ilicitud de la prueba, el órgano jurisdiccional superior no tendrá acceso a la misma, lo que dificultará su decisión y además, al devolver el medio probatorio que se ha considerado ilícito a la parte será muy difícil enjuiciar posteriormente la posible responsabilidad derivada de la infracción del derecho fundamental, pues fácilmente se puede provocar la desaparición del objeto material que origina la responsabilidad.

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