29 abril 2015

Efectos de la prueba ilícita.


Indica la SAP MADRID, Sección 11ª de 30 de diciembre de 2005 (ROJ: SAP M 15859/2005) que el artículo 287 LEC no aborda ni el concepto, ni el contenido, ni las consecuencias derivadas de la admisión de una prueba ilícita, por lo que para estos efectos habrá de acudirse a la norma general del artículo 11.1 LOPJ. Dicho esto, las pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales tienen una sanción absoluta en el artículo 11.1 LOPJ y que consiste en su inutilidad, en la imposibilidad de ser tenidas en cuenta para el fallo. 

Por lo mismo, la literalidad del artículo 11.1 LOPJ, así como el debido respeto a los derechos fundamentales que dicha norma pretende proteger, conducen a mantener que la infracción del precepto, comporta la nulidad absoluta de la resolución judicial que admita una prueba ilícita (PICÓ I JUNOY) 

Nulidad absoluta de la prueba ilícita que conlleva, necesariamente, su insubsanabilidad. En consecuencia, el principio de conservación de los actos jurídicos imperfectos, no despliega ningún tipo de virtualidad. Ello significa que la ilicitud de la prueba no puede convalidarse ofreciendo al litigante perjudicado la posibilidad de defenderse y contradecir su contenido. Además, y dado que las normas reguladoras de la inadmisibilidad de la prueba, son normas de orden público, de ius cogens, la disponibilidad de las mismas por parte de los litigantes no despliega ninguna virtualidad, siendo su vulneración apreciable ex officio por el órgano jurisdiccional. 

Formula dos últimas observaciones PICO I JUNOY. En primer lugar, que la prueba ilícita sea insubsanable no significa que impida aportar al proceso aquel elemento probatorio, válidamente obtenido, que tenga por objeto acreditar los mismos hechos que pretendían justificarse a través de dicha prueba ilícita. 

Y en segundo lugar, la imposible subsanación o convalidación de la prueba ilícita no supone que el elemento probatorio logrado con infracción de un derecho fundamental no pueda volver a obtenerse, con posterioridad, mediante el procedimiento legal previsto. Al respecto, es necesario distinguir aquellos supuestos en que existen las condiciones legales para efectuar válidamente el acto ilícito, de aquellos otros en que no existen tales condiciones, pues en el primer caso podrá volverse a procurar por los cauces legales, el elemento probatorio inicialmente logrado de forma ilícita, mientras que en la segunda hipótesis no será posible. Por ejemplo: un documento obtenido de un Registro Público, por un tercero, infringiéndose el derecho a la intimidad de la persona cuyos datos constan registrados. En este caso la ilicitud producida en la obtención del documento no impide que el juez, a instancia de parte, si lo estima pertinente pueda requerir al Registro Público la aportación de una copia o certificación de los datos que consten en él. Por el contrario, unas fotografías, una cassette magnetofónica o una cinta de vídeo efectuadas infringiéndose el derecho a la intimidad, serán de imposible repetición, al no existir para ello un cauce legal válido. 

De la exigencia legal relativa a que la prueba ilícita “no surta efecto alguno”, se deriva, según la mayor parte de la doctrina, la necesidad de retirar del proceso todo vestigio de la misma, devolviendo el medio probatorio ilícito al litigante que lo aportó al proceso con la finalidad de evitar que el Juez pueda valorar la prueba ilícita en el momento final de su enjuiciamiento. 

Aunque no haga falta decirlo, la inadmisión nada tiene que ver con la posible valoración de la prueba, esto es, que la parte sostenga la ilicitud no implica que la prueba no deba ser valorada por el Juez o, deba declararse nula. “Con independencia de su licitud, se trata de documentos orientados a acreditar cuál o cuáles han sido, a criterio del demandado, los motivos que subyacen a la presentación de la demanda origen de este pleito, bien pueden reputarse intrascendentes, pues, con absoluta independencia de los mismos, el objeto nuclear del proceso estriba en la existencia o no de responsabilidad derivada de la conducta del demandado. Y en poco o nada contribuyen a esclarecer este particular concreto. En todo caso no consta que se hayan tomado en consideración por el Juzgador de primer grado medios de prueba cuya eventual obtención irregular o ilícita a la hora de dictar la sentencia ni, desde luego, los toma en consideración esta Sala para la resolución del recurso interpuesto” (SAP MADRID, Sección 10ª, de 13 de mayo de 2008). 

Otros autores consideran que esta solución, si bien es formalmente correcta, encierra grandes inconvenientes, porque si se impugna la decisión del juez que declara la ilicitud de la prueba, el órgano jurisdiccional superior no tendrá acceso a la misma, lo que dificultará su decisión y además, al devolver el medio probatorio que se ha considerado ilícito a la parte será muy difícil enjuiciar posteriormente la posible responsabilidad derivada de la infracción del derecho fundamental, pues fácilmente se puede provocar la desaparición del objeto material que origina la responsabilidad.

20 abril 2015

Un buen ejemplo de como la privatización mediante la desjudicialización no soluciona nada.


En España se confunde muy alegremente el derecho a la justicia gratuita con el derecho a la tutela judicial efectiva, de tal modo que la simple designación de abogado implica sin más la obligación de hacer algo, lo que sea, aunque lo que sea tenga mucho que ver con las dilaciones debidas o indebidas y poco o nada con el proceso. 

En tiempos nuestro sistema era judicial, hasta la entrada en vigor de la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita cuya exposición de motivos refiere un novedoso triple propósito para justificar la reforma. En primer lugar, el de unificar el procedimiento de concesión del derecho a través de una sola norma eliminado la hasta entonces dispersa legislación procesal; en segundo lugar, el de ampliar el contenido material del derecho mediante nuevas prestaciones tales, como el asesoramiento previo al proceso judicial y, por último, en tercer lugar, el de desjudicializar el procedimiento para el reconocimiento del derecho, recayendo sobre los Colegios profesionales y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que aligeraría el volumen de trabajo de los órganos judiciales y ganaría celeridad la resolución de las solicitudes.

A la desjudicialización se dedica el apartado quinto de la exposición de motivos, indicándose con mucha claridad que la evaluación del cumplimiento de los requisitos del derecho “no es en sentido estricto una función jurisdiccional”, por lo que el traslado del reconocimiento a sede administrativa responde a que se trata de “una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional”. 

Quizá hubiera debido añadirse una segunda razón no manifestada por el Legislador - pero que debió influir en su ánimo a la hora de modificar el sistema - y era el desinterés de los órganos judiciales en el asunto. En esa línea BLASCO SOTO hacía extensiva la dejadez a la generalidad de los implicados en la tramitación procesal del beneficio en tanto a todos alcanzaba provecho, así la (i) solicitante obtenía abogado gratis, (ii) el letrado cobraba cualquiera que fuera su intervención y aunque esta no se produjera, (iii) la parte contraria no sufría la paralización del procedimiento y (iv) el Abogado del Estado no se veía obligado a intervenir en multitud de casos. 

Después de más de veinte años de la desjudicialización, no solo todos los supuestos que fundaban esa dejadez perviven con vigorosa salud y han aparecido algunos otros, como las (v) demandas kamikaze con el derecho en el bolsillo, que pueden amargarle la vida a más de uno que tiene que pagarse abogado y perito, mientras al otro se lo pagamos entre todos y tampoco corre con las costas o, (vi) la inasistencia a la vista de la impugnación por la denegación del beneficio de los letrados de las Comunidades Autónomas, que por lo visto tienen cosas más importantes que hacer. 

Con tal estupendo panorama y visto que todo es sostenible o que el primer párrafo del art. 32 Ley 1/96 se derogó y en el BOE no se han enterado, las bases informáticas de investigación patrimonial de la que disponen los órganos judiciales aconsejarían la devolución a estos de la competencia en la materia, porque si de lo que se trata es de vincular el derecho al bolsillo del litigante y no al proceso, los Juzgados ahora lo hacemos más rápido.

12 abril 2015

Cuestiones de actualidad de las comunidades de vecinos en un manual.


No niego que en el mercado encontraran toda clase de manuales dedicados a la propiedad horizontal y a exponer, con mayor o menor claridad, diferentes opiniones sobre las dificultades que genera la vida en una comunidad de vecinos y además, me reconocerán que salvo que nos busquemos una casa perdida en la montaña y con un único acceso (a ser posible vecinal, para arreglarnos solo con el Ayuntamiento) somos un pueblo muy curioso que se ha ido creyendo que su casa o vivienda comienza con la puerta de cada domicilio y no con la del portal o zaguán 

Con ese punto de partida son tantos los interrogantes, tantas las posibles respuestas y varios, asimismo, los criterios jurisprudenciales que todos ellos serán inabarcables en un manual. Y, además, perdonen la reiteración, nos encanta rechazar la propuesta del vecino del cuarto no nos viene bien, hasta que por una de esas vueltas del destino la instalación del rampa se vuelve urgente para nuestras muletas o para una silla de ruedas. Extiendan el asunto de la rampa al ascensor, la fachada, al garaje y el etcétera que prefieran y verán como es imposible que un libro aborde todo esto. 

Tampoco el libro ve la luz con esa finalidad. En el año 2014 se celebraron en Valencia dos jornadas sobre Propiedad Horizontal y partiendo de las notas que sirvieron de guía a los ponentes se elabora este manual. Cierto es que últimamente las publicaciones jurídicas se califican de prácticas cuando pretenden atraer al profesional del mundo del derecho, pero hemos dado un paso más, porque aún a riesgo de pecar de pretenciosos, la recopilación de notas le facilita al lector la posibilidad de una consulta inmediata de lo que busca, siempre claro está, dentro de los límites de la edición. 

Y por lo mismo son múltiples las referencias jurisprudenciales e inexistentes las bibliográficas. No es un trabajo doctrinal, ni de crítica a la de terceros, sino un análisis de los interrogantes más frecuentes que nos plantea la Ley de Propiedad Horizontal y de las respuestas que facilitan nuestros tribunales con mención expresa, como no podía ser de otra forma, a la que proporciona la Audiencia Provincial de Valencia. 

A partir de este momento, todo lo demás queda ya a la opinión y a la crítica del lector.

Toda la información la encontraran pinchando AQUI o en la imagen del Libro

06 abril 2015

Y sí Jennifer quiere casarse gratis, ¿qué pinta en el bodorrio quien suscribe?


El pasado 5 de febrero de 2012 traté en este Blog el apasionante asunto de las bodas y separaciones notariales así que no se sorprendan si leen mucho del famoso copia pega, porque el asunto tiene nula relevancia jurídica en el atasco de papel de Juzgados y Tribunales. La situación provocó una carrera de comunicados en las organizaciones de Secretarios Judiciales sobre la jurisdicción voluntaria, en el que llamó la atención el del Sindicato y su manía – cuasi persecutoria- sobre la competencia, la función y la gratuidad. Dijo la nota – que no sé por dónde andará- que los Secretarios Judiciales estábamos preparados para casar gratis a Jennifer (un verbigracia, entiéndase) y, que eso mejoraba la igualdad en el acceso de los ciudadanos al servicio público. 

Hubiera sido conveniente ilustrarse sobre las bodas en los Registros Civiles antes de comunicar nada, porque la ceremonia consistía y consiste en la lectura de algunos artículos del Código Civil, la firma en un libro y llenar de arroz la entrada del Juzgado a ver si alguien se parte algo y, para tales menesteres estaba y está capacitado cualquiera. La organización representativa (de no sé cuantos Secretarios Judiciales titulares) actualizó la nota el día 1 de abril, que dejó de ser tal y se transformó en una declaración de intenciones en la que se afirmó la plena disponibilidad y capacitación del Cuerpo de los susodichos Secretarios Judiciales para asumir la dirección de un Registro Civil público y gratuito y supongo que a coste cero para tan preparadísimo Cuerpo Superior. 

Aunque lo que dejóme ojiplático fue la nota de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales contestando a una de las habituales alabanzas del CISF sobre la materia y en la que se reiteraba la oposición de los Secretarios judiciales a los planes del Ministerio de privatización el Registro Civil, poniéndose a la cabeza de la manifestación para que los integrantes de nuestro cuerpo (jurídico y superior, olvido inaceptable) fueran los encargados del mismo. Bien andamos cuando vamos contestando las notas de los Sindicatos y lo próximo ¿qué será? ¿pegarnos en un semáforo o la salida de un bareto? 

Pues no, estimados compañeros, quien suscribe, ni está preparado para leer nada a Jennifer, ni quiere, ni le importa. Y a Jennifer (un verbigracia, entiéndase), tampoco, porque lo único que quiere es casarse de blanco, con su ramo de flores, su maromo trajeado y los invitados, muchos invitados, pero sin sacerdote y sin iglesia y, ahí tenemos un problema, porque con esa idea, todo el mundo quiere emparentar civilmente jueves y viernes y, haciendo el paripé ceremonial católico. Es como ese rollito de las bienvenidas sociales o algo así, con las que los giliprogres sustituyen Comuniones y Bautismos para que los nenes tengan los mismos regalos que sus primos. 

Y, por cierto, tampoco quiero expedirle cinco libros de familia a Jennifer (un verbigracia, entiéndase) porque perdió los cuatro anteriores sin haber hecho una mudanza ya que para eso se inventaron los cajeros automáticos. Evidentemente, eso no tiene nada que ver con la igualdad, el acceso a los Servicios Públicos, y la gratuidad de la justicia y menos aún, con la capacidad jurídica y profesional de nadie. Así que si Jennifer quiere un bodorrio, un convenio de separación y un quintuplicado del libro de familia, que pague, pero no en los Registros, en los Juzgados. 

Sí, que se pague, como se hace en todos las demás administraciones porque ese es el único idioma que se entiende de Pirineos para abajo y que se premie a los funcionarios que con más eficacia trabajen en el Registro Civil que ya es hora de dejar de igualar a todo el mundo por la mediocridad (única razón de la existencia de sindicatos de clase en la función pública incluyendo al que dice representar a los funcionarios).