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¿Qué entiende usted por una Administración de Justicia informatizada?


Ahora que volvemos al asunto de la informatización de la justicia, cualquier ciudadano medio que tenga acceso a un ordenador conectado a una red ADSL (o como se llame ahora) puede darse de alta en la Tesorería General de la Seguridad, hacer la declaración de renta, realizar toda clase de operaciones bancarias y adquirir productos en cualquier lugar del mundo. En Justicia, la competencia en medios materiales está transferida a las Comunidades Autónomas y a sus Consejerías de las Justicias que dirigen (o eso dicen) personajes que según el año son independientes, objetivos e imparciales, aunque sirvan en sillones adquiridos contra la lealtad institucional que determinadas Comunidades Autónomas ignoran. Ni que decir tiene que en esas circunstancias ni hay una red informática común, ni la habrá, salvo que nos encomendemos a Don Google y nos abramos todos cuentas en esa empresa (incluidos los Juzgados) y en algunas de sus aplicaciones, porque no sé a qué viene tanta seguridad informática si luego es la Administración Norteamericana la encargada de darnos los pertinentes avisos que nosotros ignoramos. 

Les diré que la inexistencia de la red significa que si, por ejemplo, un Juzgado de Valencia tiene a su disposición a un detenido por orden de un Juzgado de Bilbao tendrá que acudir al teléfono para comunicarse y al fax para completar la documentación que no aparezca en los cuatrocientos registros informáticos que tenemos. Que no debería, pero por si las moscas. 

Sigamos. La mayor parte de las aplicaciones que se emplean para tramitar los asuntos no tiene un sistema de alarmas y permiten saltos de pantalla sin rellenar todos los campos (de hecho ninguno) Tampoco existen campos obligatorios con lo que basta la alteración de la letra de un apellido para que, por ejemplo, un abogado, procurador o cualquier ciudadano tenga dos, tres o cuatro registros diferentes. Hay más: el NIF/CIF elemento esencial de identificación en todas las bases de datos de la Administración es rechazado en la de Justicia; nosotros empleamos nombres y apellidos para el registro y las búsquedas de asuntos. Con ese sistema es un verdadero milagro encontrar algo o a alguien y de hecho, en el orden civil, sabemos de la existencia de otros procesos cuando el Registro de la Propiedad, la Tesorería General de la Seguridad Social o alguna gran empresa nos remite el listado de los Juzgados que han ordenado embargos sobre una finca o el sueldo de algún demandado. Les aseguro que en no pocas ocasiones es el Juzgado de al lado. Hay otros sistemas igual de avanzados. 

Por ejemplo, yo controlo las retenciones de sueldo con una hoja de Word en colorines a cinco columnas y Amparo, la Magistrado, los juicios ordinarios y los verbales con folios manuscritos de cada uno de ellos, que luego tira cuando se celebran. La agenda de señalamientos dejo ser manuscrita hace dos años por empeño personal de la Juez y de quien redacta aunque ahora se duplique, lo que desde luego es un avance y un gran paso para la humanidad (no sé dónde he leído antes esa frase). 

Queda la formación, que se rige bajo la conocidísima Ley de Murphy del Acierto y el Error, hasta que el programa se bloquea, lo que no deja de ser un mecanismo de defensa del sistema contra los manazas de la casa, que son muchos, de todas las clases y categorías y a los que nos vamos incorporando gentes de otras promociones. 

En esta ocasión solo pido originalidad con los acrónimos. No sé si el EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad) sustituyó en el año 2009 al MIG (“Modulo de Intercambio Genérico”, que no llegó a implantarse, pero que se estuvo anunciando durante dos años) y si el nuevo sistema podrá trabajar con el PNJ (“Punto Neutro Judicial”), con la NJR (“Network Judicial Registrer” que no sé lo que es) LexNet y con el SIRAJ.

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