02 marzo 2015

Otra del Tribunal Supremo y de Registros de la Propiedad.


Los demandantes intentan, sin éxito, que un registrador proceda a la cancelación de determinadas anotaciones de embargo y acudieron a la vía judicial en solicitud de que expidiera mandamiento de cancelación a lo que accedió el Juzgado. No obstante el registrador denegó la cancelación aduciendo que " la anotación de embargo letra A que se pretende cancelar, fue cancelada por caducidad con fecha 9 de noviembre de 1993, conforme a los artículos 86 de la LH y 353 de su Reglamento" , y respecto de la cancelación de las cargas posteriores afirmó que "no se puede cancelar la anotación de embargo letra A, ni las inscripciones y anotaciones posteriores, incluso las verificadas después de expedida la certificación ya que subastada con fecha 22 de abril de 1991 la mitad indivisa de la finca en base al ejecutivo que motivó dicha anotación letra A, y cancelada por caducidad la citada anotación, no se pueden cancelar las posteriores en base a dicho procedimiento ya que ha perdido su prioridad la anotación base del procedimiento". 

Esto en los Juzgados suena mucho. Tramitamos cualquier clase de ejecución y luego toca subsanar lo que indique el Registrador de la Propiedad o pelearse con las calificaciones, a modo de procedimiento posterior y con unos especiales requisitos que no aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sí en los Vistos del Centro Directivo. 

En el supuesto planteado la STS, Sala 1ª, de 23 de febrero de 2015 (Roj: STS 436/2015) estimando el recurso de casación afirma que la aprobación del remate y el dictado de auto de adjudicación conlleva como efecto la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carezcan de preferencia sobre aquél que acompañaba a la ejecución y ello porque las certificaciones de cargas expedidas para el procedimiento de apremio seguido contra las fincas objeto de este litigio (autos núm. nº 1318/87 del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valencia) fueron libradas estando en vigor la anotación de embargo letra "A" extendida a favor de la ejecutante. 

Así que al no constar cargas preferentes en dicha certificación, la adjudicación de tales bienes al propio acreedor o a cualquier tercer licitador, había de hacerse sin carga alguna, pues en el Registro sólo aparecían afectando a dichas fincas las posteriores anotaciones de embargo que debían ser canceladas a continuación. 

Y todo ello porque el contenido de tal certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior -como puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante- no modifica dicha situación. 

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