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La multa coercitiva.


Dispone el art. 699 LEC, que cuando el título ejecutivo contuviere condena u obligación de hacer o no hacer o de entregar cosa distinta a una cantidad de dinero, en el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias. 

Esta multa es una herramienta compulsoria para inducir al ejecutado a cumplir y no es una sanción, sino una coerción para que el ejecutante reciba aquello a lo que tiene derecho. Ese sentido unánime es el recogido en las resoluciones de juzgados y Tribunales. Así, puede leerse en la SAP LA CORUÑA, Sección 4ª, 22 de junio de 2007 (CENDOJ: 15030370042007100356) que las multas coercitivas previstas con la finalidad de compeler al tempestivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de una resolución dictada en el seno de un procedimiento pueden ser impuestas por el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento de ejecución. Con la misma claridad destaca el AAP TARRAGONA, Sección 1ª, 2 de mayo de 2007 que la multa deberá imponerse teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, y la posibilidad de emplear todas las medidas judiciales tendentes a favorecer el cumplimiento de la sentencia. Además la ley no permite la imposición de multas para toda clase de obligaciones: solo es posible para el cumplimiento de obligaciones de hacer personalísimo (art. 709 LEC) y para deshacer lo mal hecho (art. 710 LEC). Quedan así excluidas las obligaciones consistentes en entregar cosas, las de hacer no personalísimo e incluso las de hacer, siempre que la omisión no produzca un resultado que deba ser deshecho. 

La cuantía de las multas se fijará teniendo en cuenta el precio o la contraprestación del hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se tratara de deshacer lo mal hecho, el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. Las multas mensuales podrán ascender a un 20 por 100 del precio o valor y la multa única al 50 por 100 de dicho precio o valor (art. 711.1 LEC). Según vemos la cuantía de la multa no se hace depender de la capacidad económica del ejecutado, ni de otros elementos de juicio (vid. art. 589 LEC), lo que facilita, en teoría, su imposición. Otra cosa es que se haga o, lo que es peor, que merezca la pena hacerlo. 

La reforma del año 2009 suprimió la providencia y no la sustituyó con una diligencia de ordenación o, un decreto, se limitó a guardar silencio. Y ese silencio nos introduce en las diferentes exégesis a que nos tiene acostumbrado el legislador civil: si acudimos al art. 709.2 LEC (que no se modifica) es competencia del Tribunal (o sea, del Juez, dada la relación con el primer apartado del precepto); por el contrario, si nos servimos del art. 710.1 LEC parece que será el Secretario Judicial el responsable de la imposición, conclusión que además favorece el espíritu de la reforma. A mi entender no habría obstáculo para el empleo del decreto (art. 206.2.2ª LEC), sin previa audiencia de las partes (evidentemente el ejecutante podrá pedir la imposición aunque la practica enseña que no lo hace nunca) y con recurso de revisión sin efecto suspensivo. 

Salvados estos obstáculos queda un último interrogante y que es el que en definitiva muestra la escasa utilidad de esta medida: ¿cuál debe ser el destino del importe de la multa si se logra el cobro?. Una parte de la doctrina sostiene que el importe de las multas deberá ingresarse en el Tesoro público, habiéndose solventado el silencio de la norma española por la Ley 39/2002, de 28 de octubre de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los consumidores y usuarios, que añadió un segundo párrafo al art. 711 LEC. 

Otra parte de la doctrina indica que el ingreso en el tesoro público no aparece en la ley, contradice la naturaleza de la multa coercitiva y perjudica al ejecutante; en suma, se trata de una indemnización a cuenta y como tal debe entenderse. Y, desde luego, la referencia al ingreso en el tesoro público, que aparece en el art. 711.2 LEC, no puede interpretarse extensivamente para colegir que todas las multas coercitivas deban favorecer al Estado y no al ejecutante.

Comentarios

  1. FANTÁSTICO ARTÍCULO.
    Tengo un caso donde reclaman a unos clientes, por no cumplir una sentencia (lo cual es discutible), 2000€ por mes, lo que veo del todo desorbitado. su capacidad económica es bajísima, y no sé como actuar, o dónde basarme para oponerme... algo por dónde tirar?

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