05 marzo 2015

La extrema dificultad de restaurar la situación en la ejecución provisional.



Dice el art. 528.3 LEC que si la sentencia fuese de condena dineraria, el ejecutado solo podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Al formular esta oposición, el ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, así como ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. 

Si el ejecutado no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se decretará de inmediato por el Secretario judicial. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos. 

El examen del cumplimiento del doble requisito del art. 528.3 LEC aparece entre otras resoluciones en el AAP MADRID Sección 10ª, 28 de septiembre de 2004 (ROJ: AAP M 8378/2004) en los siguientes términos: «Mucho se ha discutido acerca del alcance y significación de los dos requisitos mencionados. La doctrina se inclina, en su mayoría, por entender que el ofrecimiento de la caución no es cumulativo ni simultáneo con el ofrecimiento de otras medidas, sino que con base en la dicción del art. 530.3 LEC se preconiza su carácter alternativo. Y algún autor señala que, en otro caso, «se favorecería el fraude de Ley». A propósito de la cuantía de la caución tampoco hay acuerdo: en tanto unos sostienen que ha de ser suficiente para responder de la demora que ocasione en la ejecución y otros postulan que ha de cubrir la totalidad del importe por el que se proceda, incluidos intereses y costas. 

La norma no es de fácil interpretación. En principio, si existen bienes cuya realización sea menos onerosa para el ejecutado, lo que con toda probabilidad habrá sucedido es que el Juez ejecutor habrá infringido lo dispuesto en el art. 592.1 in fine. Si así fuera, no es, en rigor, necesario: a) argumentar que la continuación de la ejecución sobre los bienes inicialmente trabados puede ocasionar una situación «absolutamente imposible» de restaurar o compensar; b) establecer un cauce de oposición ad hoc como parece hacer el art. 528.3 , porque -en cuanto infracción legal en el curso de la ejecución- para eso está la vía del recurso regulado en el art. 562; ni, c) desde luego, imponer un requisito adicional: el ofrecimiento de caución. 

A su vez, que baste el ofrecimiento de caución sin simultáneo ofrecimiento de otras medidas que permitan seguir adelante la ejecución, aun cuando se evidencie la «absoluta imposibilidad» de restaurar o compensar, no se cohonesta con la imperativa disposición del art. 530.3, II: «La estimación de esta oposición únicamente determinará que se deniegue la realización de la concreta actividad ejecutiva objeto de aquélla, prosiguiendo el procedimiento de apremio según lo previsto en la presente Ley». Y eso sin contar con el contrasentido que supone la admisión de «cauciones» al ejecutado en el seno del proceso de ejecución pecuniaria, cuya principal finalidad es la obtención de cantidades de dinero con las que satisfacer el crédito del ejecutante. En puridad, cualquier cantidad líquida que se obtenga habría de ponerse inmediatamente a disposición del ejecutante. 

El ofrecimiento de la caución debe ser conjunto con la proposición de medidas pretendidamente alternativas a las ejecutivas inicialmente acordadas; otra cosa es que su efectiva prestación se condicione al solo caso en que las medidas de sustitución propuestas, tengan una aptitud inferior a la de aquéllas para satisfacer el interés del ejecutante y determinen una dilación en el cumplimiento de lo ordenado en el título. Con arreglo a dicha doctrina y constatada la inexistencia de medidas alternativas en el escrito de oposición, la pretensión de la ejecutada no puede limitarse a la suspensión de la ejecución mediante la aportación de un aval sosteniendo, en su caso, la posible insolvencia de la ejecutante. Punto en el que las posiciones encontradas de la doctrina y de la jurisprudencia obligaran a valorar la documental que se haya presentado por las partes, pues la dificultad siempre deberá relacionarse con el proceso de ejecución en el que se plantea ya que en caso contrario cualquier alegación en ese sentido paralizaría la ejecución provisional. 

Es decir, la ley no requiere de la insolvencia, sino de la extrema dificultad para restaurar la situación, lo que siguiendo ahora lo resuelto en la SAP MADRID, Sección 28ª, 10 de mayo de 2007 (Roj: SAP M 10116/2007) implica que: «A efectos del art. 528.3 LEC, cuando la sentencia fuese de condena dineraria, carecen de trascendencia las circunstancias que afecten a la solvencia del ejecutante provisional. La "irreversibilidad" de la situación provocada por la ejecución provisional no es relevante a efectos del párrafo 3º del art. 528 LEC, que es el que regula la condena dineraria, sino a efectos del párrafo 2º.2 de dicho artículo, regulador de la condena no dineraria, único caso en que la dificultad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia que está siendo ejecutada provisionalmente fuere revocada, puede justificar la oposición del ejecutado a la ejecución provisional. En el caso de la ejecución provisional de una sentencia de condena dineraria, tal "irreversibilidad" derivada de la situación personal del ejecutante es irrelevante, puesto que el art. 528.3º LEC sólo prevé la posibilidad de oponerse a actuaciones ejecutivas concretas que causen una situación absolutamente imposible de restaurar o compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, supuesto en el que la ejecución no se suspende ni paraliza, sino que las medidas ejecutivas impugnadas han de ser sustituidas por otras medidas o actuaciones ejecutivas. Es decir, lo relevante es la naturaleza de las medidas de ejecución, la imposibilidad de restaurar o compensar la situación que tales medidas de ejecución provoquen mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, no la situación del ejecutante, su capacidad de afrontar tal resarcimiento económico». 

En suma, la inexistencia de medidas alternativas y la discutible relación entre la situación económica de la ejecutante y la imposibilidad de restaurar y compensar económicamente a la ejecutada, obligarán a desestimar la oposición que pueda articularse advirtiéndose, además, que el aval presentado deberá cumplir lo dispuesto en el art. 530.2 LEC y no podrá limitarse a asegurar el pago del importe por el que se despachó ejecución, sino que deberá comprender la «demora en la ejecución».

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.