¿A qué achaca usted la lentitud de la Justicia?


En abogacía.es hay una encuesta colgada desde hace tiempo que hace la siguiente pregunta a los visitantes: ¿a qué achaca usted la lentitud y retraso de los procesos judiciales? Las dos respuestas que más votos tienen son las siguientes: con el 49%, la falta de medios materiales y de personal y con el 28% el incumplimiento de horarios y falta de productividad. Quien redacta añadiría otras dos, pero como bien saben estoy en el otro lado del mostrador y cada uno puede preguntar en su página web lo que tenga a bien. 

Vayamos con los medios materiales y en las posturas que todos tenemos a favor de la reforma de la justicia en el partido judicial del vecino, porque en el nuestro, faltaría, tirando de fax, de mostrador y de teléfono vamos tirando y que inventen los alemanes. La STSJ MURCIA, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de diciembre de 2014 (Roj: STSJ MU 2812/2014) inadmite el recurso interpuesto contra el Acuerdo de 29 de julio de 2014 del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que sin entrar a examinar las alegaciones formuladas por el Colegio de Procuradores de Murcia, sobre el proceso de implantación del sistema de comunicaciones LEXNET, respecto de las que acuerda dar traslado a la Secretaria General de Justicia y al Consejo General de Procuradores de España, informando a la Sala de Gobierno del TSJ de Murcia (a los solos efectos de dación de cuenta), por considerarse incompetente para resolverlas, acuerda denegar la suspensión de la entrada en vigor de la Instrucción 2/2014 de la propia Secretaria de Gobierno por considerar que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en la legislación aplicable sobre la materia para la suspensión de un acto administrativo, en este caso una Instrucción dirigida a los Secretarios Judiciales, teniendo en cuenta que conforme ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo en relación con el art. 111.2 de la Ley 30/1992 , será a cargo de quién haga valer ese derecho (suspensión) el demostrar tanto el daño o perjuicio que se ocasionaría, como su irreversibilidad. 

Los Procuradores interpusieron el contencioso sosteniendo: 

1. La aplicación de los medios telemáticos es voluntaria de acuerdo con la legislación vigente. Así tanto el art. 230 LOPJ como la LEC establecen su aplicación como una mera posibilidad, sin establecer como obligatorio su uso. La Ley por tanto da cobertura a la exigencia del uso obligatorio de tales medios por el personal funcionario, sin establecer una obligación paralela por parte de los Procuradores, al prever en la Ley 18/2011, de 5 de julio, la eventual celebración de un convenio marco entre el Gobierno y el Consejo General de Procuradores de España, en relación al servicio de notificaciones y traslado de copias. Nada dice sin embargo respecto a la presentación de demandas, escritos de interposición u otros documentos, como se hace en relación con el personal funcionario. La Ley parece limitar la potestad de los Secretarios de Gobierno en este ámbito al establecimiento de protocolos de actuación que en cualquier caso solamente puede vincular a Secretarios judiciales y demás personal subordinado jerárquicamente. 

2. La Instrucción 2/2014, de 5 de junio es ilegal. Entiende que ni la Secretaría General de la Administración de Justicia, ni el Secretario de Gobierno, tienen competencia para dictar Instrucciones en esta materia, ya que se trata de una disposición de carácter general nula por haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente de acuerdo con el art. 62 de la Ley 30/1992, en relación con el 457 LOPJ y 11 del RD 1608/2005, de 30 de diciembre que aprueba el Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales.

3. Se ha originado indefensión al colectivo de Procuradores por la Instrucción 2/2014, de 5 de junio, al no informar de los recursos que cabe interponer contra ella y después señalar un recurso que parece no es el procedente.

4. Por último, señala que se ha vulnerado el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación de todas las personas al acceso a la tutela judicial efectiva. La Instrucción recurrida es arbitraria e impone unas medidas desproporcionadas e irrazonables. Emplea una técnica coactiva para imponer una actuación a los Procuradores que va más allá de la colaboración exigida por las leyes. No se tiene en cuenta la falta de conocimientos informáticos de los Procuradores mayores ni la discapacidad que pueda tener alguno de ellos. Tampoco tiene en cuenta la falta de medios técnicos ni las dificultades económicas que puedan tener para adquirirlos, lo cual puede impedir o dificultar el ejercicio de la profesión, además de provocar la expiración del derecho de los ciudadanos que demandan justicia, solo en una parte del territorio nacional. No respeta dichos principios porque emplea un cauce sobre el que no ha habido tiempo de adaptarse, discriminando a los Procuradores que no cuenten con medios técnicos o la pericia necesaria para utilizarlos. Además se impone de modo desigual en las distintas Comunidades Autónomas. Así puede coexistir o no la vía tradicional y la telemática según la Comunidad autónoma de la que se trate. Solo admitiendo la compatibilidad y complementariedad de ambos sistemas en todo el territorio nacional hasta tanto existan medios suficientes para usar solo el telemático y siempre que la obligación se derive de una norma jurídica que respete el procedimiento legal, se respeta el principio de igualdad de oportunidades. Si la instrucción produce efectos solo para determinados procuradores, entre los que se incluyen los de esta Región pero no a los de otras Comunidades, como por ejemplo Madrid, es evidente que está produciendo una discriminación entre ellos. Los procuradores con despacho en territorio no Ministerio podrá presentar telemáticamente demandadas ante tribunales de Murcia sin moverse de Madrid, mientras que los Procuradores de Murcia, no podrán hacer lo mismo en los Tribunales de dicha Madrid. Este sistema podría tender sentido cuando el ejercicio de la profesión tenía un marcado carácter territorial, no lo tiene a partir de la entrada en vigor del art. 5. Cinco. Apartado 3 de la Ley 25/2009, de 22 de julio, que les permite el libre ejercicio de la profesión en Europa. Se trata por tanto de la imposición de trabas injustificadas para el ejercicio de la profesión que choca de plano con la colegiación única el libre ejercicio en todo el territorio nacional que postula el derecho comunitario. 

Pues bien, dejando al margen la cuestión sobre la inadecuación del procedimiento, la Sala entendió que el acuerdo impugnado no vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados. 

Respecto a la violación del derecho a la igualdad de oportunidades (art. 14 CE), que los recurrentes no mencionaron ningún término válido de comparación, para acreditar que el acto impugnado hubiera originado una discriminación de los Procuradores colegiados en el Colegio de Murcía respecto de otros Procuradores colegiados en otros Colegios de España que se encuentren en territorio en el que el Ministerio de Justicia no tenga competencia (particularmente el de Madrid), ya que es evidente que unos y otros Procuradores no se hallan en idéntica situación como exige la jurisprudencia para poder entender vulnerado el principio de igualdad en la medida de que pueden estar sujetos a distintas normas. En cualquier caso se trataría de una discriminación inversa, ya que el hecho de que la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia favorezca a los Procuradores del Colegio de Madrid, no significa que perjudique a los del Colegio de Murcia. La discriminación por tanto no la originaría la Instrucción aquí impugnada, sino la de Madrid que no permita a los Procuradores de Murcia presentar sus escritos en esa Comunidad vía telemática (esto es desde sus despachos de Murcia). 

Pero es que además la discriminación que se alegó difícilmente podría producirse, ya que como informó el Secretario de Gobierno del TSJ de Murcia en la nueva funcionalidad (presentación telemática), estaba garantizada la reciprocidad entre los distintos Colegios de Procuradores de España, de manera que solo podrían presentar escritos vía electrónica con destino a órganos judiciales de Murcia los Procuradores cuyos Colegios estén dados de alta en el sistema. Por el contrario la antigua funcionalidad del sistema que existe desde el 2009 (notificación desde los tribunales a los Procuradores) no precisa de esa reciprocidad. Por tanto cabe decir que los que podrían alegar la eventual discriminación en lo relativo a la presentación de escritos, no son precisamente los Procuradores de esta Región, sino más bien los de Madrid, donde existen órganos centrales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en los Procuradores de Murcia podrán presentar escritos vía telemática sin desplazarse de Murcia. 

Además la discriminación que alegan los recurrentes no se deriva de la aplicación de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino en todo caso de la aplicación de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la primera se limita a desarrollarla estableciendo un plazo para su aplicación pero siempre dentro del límite de tres meses establecido por la última, la cual, por otro lado, se ha dictado en aplicación de la Ley 18/2011 antes citada (que establecía un plazo máximo de 5 años para la implantación del sistema). 

Por tanto la obligatoriedad para los Procuradores de la implantación del sistema a partir de determinada fecha no se deriva de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, dictada en desarrollo de la Ley 18/2011, que no es objeto del presente recurso. 

Tampoco podía entenderse infringido el derecho a obtener una tutela judicial efectiva (art. 24 CE), ya que los actores habían dispuesto de todos los recursos procedentes y finalmente habían podido acceder a la vía jurisdiccional sin ninguna limitación. Es evidente por otro lado que la falta de información de los recursos procedentes contra el acto notificado o la información incorrecta de los mismos, no afectó a la validez del acto, sino exclusivamente a su eficacia para las partes. 

Lo dicho, la lentitud de la justicia se debe a la falta de medios materiales y a que no cumplimos el horario. Lo de la productividad se me escapa salvo que nos estén llamando vagos a lo educado, que todo puede ser.

Comentarios

  1. Desconozco si los Procuradores de Murcia ha tenido alguna facilidad para implantar en sus despachos el sistema LexNet. Pero creo que estamos ante una polémica semejante a máquina de escribir versus ordenador. Algunos pensaban que no era posible adaptarse, que era muy complicado y al final todos utilizamos el ordenador.Pues igual va a suceder con LexNet .Es mejorable pero es lo que hay, y sinceramente yo creo que ayuda bastante Otra cosa es cómo se planifica la implantación, la formación (la gran olvidada en todo cambio) y las ayudas económicas que desde el colegio hayan podido poner a disposición de los colegiados. Hay que avanzar y adaptarse y a veces no es tan fiero león como lo pintan, solo hace falta un poco de práctica

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  2. De lo que no se dice nada es de la contrainstruccion del mismo SG, ya en 2015 y que no se ha publicitado tanto y que se da de tapadillo dentro de otra, que, de facto, implica continuar sine die con la impresion en papel en las oficinas judiciales, al establecer el expediente en papel como el de referencia como consecuencia de la falta de medios, que ni estan ni se esperan. El experimento murciano de la tramitacion exclusivamente digital ha durado tres meses.
    Es decir, a dia de hoy, se presenta por lexnet por los procuradores y los juzgados a imprimir miles y miles de folios a diario.
    El avance es sin duda apoteosico. Consecuencias de empezar la casa por el tejado.

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  3. De lo que no se dice nada es de la contrainstruccion del mismo SG, ya en 2015 y que no se ha publicitado tanto y que se da de tapadillo dentro de otra, que, de facto, implica continuar sine die con la impresion en papel en las oficinas judiciales, al establecer el expediente en papel como el de referencia como consecuencia de la falta de medios, que ni estan ni se esperan. El experimento murciano de la tramitacion exclusivamente digital ha durado tres meses.
    Es decir, a dia de hoy, se presenta por lexnet por los procuradores y los juzgados a imprimir miles y miles de folios a diario.
    El avance es sin duda apoteosico. Consecuencias de empezar la casa por el tejado.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.

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