25 febrero 2015

¿A qué achaca usted la lentitud de la Justicia?


En abogacía.es hay una encuesta colgada desde hace tiempo que hace la siguiente pregunta a los visitantes: ¿a qué achaca usted la lentitud y retraso de los procesos judiciales? Las dos respuestas que más votos tienen son las siguientes: con el 49%, la falta de medios materiales y de personal y con el 28% el incumplimiento de horarios y falta de productividad. Quien redacta añadiría otras dos, pero como bien saben estoy en el otro lado del mostrador y cada uno puede preguntar en su página web lo que tenga a bien. 

Vayamos con los medios materiales y en las posturas que todos tenemos a favor de la reforma de la justicia en el partido judicial del vecino, porque en el nuestro, faltaría, tirando de fax, de mostrador y de teléfono vamos tirando y que inventen los alemanes. La STSJ MURCIA, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 12 de diciembre de 2014 (Roj: STSJ MU 2812/2014) inadmite el recurso interpuesto contra el Acuerdo de 29 de julio de 2014 del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que sin entrar a examinar las alegaciones formuladas por el Colegio de Procuradores de Murcia, sobre el proceso de implantación del sistema de comunicaciones LEXNET, respecto de las que acuerda dar traslado a la Secretaria General de Justicia y al Consejo General de Procuradores de España, informando a la Sala de Gobierno del TSJ de Murcia (a los solos efectos de dación de cuenta), por considerarse incompetente para resolverlas, acuerda denegar la suspensión de la entrada en vigor de la Instrucción 2/2014 de la propia Secretaria de Gobierno por considerar que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en la legislación aplicable sobre la materia para la suspensión de un acto administrativo, en este caso una Instrucción dirigida a los Secretarios Judiciales, teniendo en cuenta que conforme ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo en relación con el art. 111.2 de la Ley 30/1992 , será a cargo de quién haga valer ese derecho (suspensión) el demostrar tanto el daño o perjuicio que se ocasionaría, como su irreversibilidad. 

Los Procuradores interpusieron el contencioso sosteniendo: 

1. La aplicación de los medios telemáticos es voluntaria de acuerdo con la legislación vigente. Así tanto el art. 230 LOPJ como la LEC establecen su aplicación como una mera posibilidad, sin establecer como obligatorio su uso. La Ley por tanto da cobertura a la exigencia del uso obligatorio de tales medios por el personal funcionario, sin establecer una obligación paralela por parte de los Procuradores, al prever en la Ley 18/2011, de 5 de julio, la eventual celebración de un convenio marco entre el Gobierno y el Consejo General de Procuradores de España, en relación al servicio de notificaciones y traslado de copias. Nada dice sin embargo respecto a la presentación de demandas, escritos de interposición u otros documentos, como se hace en relación con el personal funcionario. La Ley parece limitar la potestad de los Secretarios de Gobierno en este ámbito al establecimiento de protocolos de actuación que en cualquier caso solamente puede vincular a Secretarios judiciales y demás personal subordinado jerárquicamente. 

2. La Instrucción 2/2014, de 5 de junio es ilegal. Entiende que ni la Secretaría General de la Administración de Justicia, ni el Secretario de Gobierno, tienen competencia para dictar Instrucciones en esta materia, ya que se trata de una disposición de carácter general nula por haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente de acuerdo con el art. 62 de la Ley 30/1992, en relación con el 457 LOPJ y 11 del RD 1608/2005, de 30 de diciembre que aprueba el Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales.

3. Se ha originado indefensión al colectivo de Procuradores por la Instrucción 2/2014, de 5 de junio, al no informar de los recursos que cabe interponer contra ella y después señalar un recurso que parece no es el procedente.

4. Por último, señala que se ha vulnerado el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación de todas las personas al acceso a la tutela judicial efectiva. La Instrucción recurrida es arbitraria e impone unas medidas desproporcionadas e irrazonables. Emplea una técnica coactiva para imponer una actuación a los Procuradores que va más allá de la colaboración exigida por las leyes. No se tiene en cuenta la falta de conocimientos informáticos de los Procuradores mayores ni la discapacidad que pueda tener alguno de ellos. Tampoco tiene en cuenta la falta de medios técnicos ni las dificultades económicas que puedan tener para adquirirlos, lo cual puede impedir o dificultar el ejercicio de la profesión, además de provocar la expiración del derecho de los ciudadanos que demandan justicia, solo en una parte del territorio nacional. No respeta dichos principios porque emplea un cauce sobre el que no ha habido tiempo de adaptarse, discriminando a los Procuradores que no cuenten con medios técnicos o la pericia necesaria para utilizarlos. Además se impone de modo desigual en las distintas Comunidades Autónomas. Así puede coexistir o no la vía tradicional y la telemática según la Comunidad autónoma de la que se trate. Solo admitiendo la compatibilidad y complementariedad de ambos sistemas en todo el territorio nacional hasta tanto existan medios suficientes para usar solo el telemático y siempre que la obligación se derive de una norma jurídica que respete el procedimiento legal, se respeta el principio de igualdad de oportunidades. Si la instrucción produce efectos solo para determinados procuradores, entre los que se incluyen los de esta Región pero no a los de otras Comunidades, como por ejemplo Madrid, es evidente que está produciendo una discriminación entre ellos. Los procuradores con despacho en territorio no Ministerio podrá presentar telemáticamente demandadas ante tribunales de Murcia sin moverse de Madrid, mientras que los Procuradores de Murcia, no podrán hacer lo mismo en los Tribunales de dicha Madrid. Este sistema podría tender sentido cuando el ejercicio de la profesión tenía un marcado carácter territorial, no lo tiene a partir de la entrada en vigor del art. 5. Cinco. Apartado 3 de la Ley 25/2009, de 22 de julio, que les permite el libre ejercicio de la profesión en Europa. Se trata por tanto de la imposición de trabas injustificadas para el ejercicio de la profesión que choca de plano con la colegiación única el libre ejercicio en todo el territorio nacional que postula el derecho comunitario. 

Pues bien, dejando al margen la cuestión sobre la inadecuación del procedimiento, la Sala entendió que el acuerdo impugnado no vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados. 

Respecto a la violación del derecho a la igualdad de oportunidades (art. 14 CE), que los recurrentes no mencionaron ningún término válido de comparación, para acreditar que el acto impugnado hubiera originado una discriminación de los Procuradores colegiados en el Colegio de Murcía respecto de otros Procuradores colegiados en otros Colegios de España que se encuentren en territorio en el que el Ministerio de Justicia no tenga competencia (particularmente el de Madrid), ya que es evidente que unos y otros Procuradores no se hallan en idéntica situación como exige la jurisprudencia para poder entender vulnerado el principio de igualdad en la medida de que pueden estar sujetos a distintas normas. En cualquier caso se trataría de una discriminación inversa, ya que el hecho de que la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia favorezca a los Procuradores del Colegio de Madrid, no significa que perjudique a los del Colegio de Murcia. La discriminación por tanto no la originaría la Instrucción aquí impugnada, sino la de Madrid que no permita a los Procuradores de Murcia presentar sus escritos en esa Comunidad vía telemática (esto es desde sus despachos de Murcia). 

Pero es que además la discriminación que se alegó difícilmente podría producirse, ya que como informó el Secretario de Gobierno del TSJ de Murcia en la nueva funcionalidad (presentación telemática), estaba garantizada la reciprocidad entre los distintos Colegios de Procuradores de España, de manera que solo podrían presentar escritos vía electrónica con destino a órganos judiciales de Murcia los Procuradores cuyos Colegios estén dados de alta en el sistema. Por el contrario la antigua funcionalidad del sistema que existe desde el 2009 (notificación desde los tribunales a los Procuradores) no precisa de esa reciprocidad. Por tanto cabe decir que los que podrían alegar la eventual discriminación en lo relativo a la presentación de escritos, no son precisamente los Procuradores de esta Región, sino más bien los de Madrid, donde existen órganos centrales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en los Procuradores de Murcia podrán presentar escritos vía telemática sin desplazarse de Murcia. 

Además la discriminación que alegan los recurrentes no se deriva de la aplicación de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino en todo caso de la aplicación de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la primera se limita a desarrollarla estableciendo un plazo para su aplicación pero siempre dentro del límite de tres meses establecido por la última, la cual, por otro lado, se ha dictado en aplicación de la Ley 18/2011 antes citada (que establecía un plazo máximo de 5 años para la implantación del sistema). 

Por tanto la obligatoriedad para los Procuradores de la implantación del sistema a partir de determinada fecha no se deriva de la Instrucción del Secretario de Gobierno de Murcia, sino de la Instrucción 2/2014 de la Secretaria General de Administración de Justicia, dictada en desarrollo de la Ley 18/2011, que no es objeto del presente recurso. 

Tampoco podía entenderse infringido el derecho a obtener una tutela judicial efectiva (art. 24 CE), ya que los actores habían dispuesto de todos los recursos procedentes y finalmente habían podido acceder a la vía jurisdiccional sin ninguna limitación. Es evidente por otro lado que la falta de información de los recursos procedentes contra el acto notificado o la información incorrecta de los mismos, no afectó a la validez del acto, sino exclusivamente a su eficacia para las partes. 

Lo dicho, la lentitud de la justicia se debe a la falta de medios materiales y a que no cumplimos el horario. Lo de la productividad se me escapa salvo que nos estén llamando vagos a lo educado, que todo puede ser.

18 febrero 2015

La adjudicación de un bien inmueble por la Comunidad de propietarios.



Nos encontramos ante un supuesto muy frecuente en la práctica y como ahora veremos de difícil solución, pues las deudas que reclaman las Comunidades de propietarios en el proceso monitorio no solo deben salvar en el proceso de ejecución, el límite de embargabilidad del art. 584 LEC, sino la propia naturaleza jurídica de la comunidad. Sobre el primer particular el asunto carece de enjundia jurídica: no deben embargarse bienes inmuebles en ejecuciones que se despachan por debajo de una determinada cantidad (la mayor parte de las ejecuciones por gastos de propiedad horizontal no suelen despacharse por cantidad superior a 1.500€), pero dicho esto ¿qué ocurre cuando no hay otro bien a trabar o cuando se han acumulado varias ejecuciones incrementándose, en consecuencia, el principal adeudado? No tiene tampoco esta cuestión dificultad jurídica: deberá embargarse el bien inmueble titularidad de los propietarios morosos. 

¿Podrá anotarse el embargo en el Registro de la Propiedad? Indica la Resolución DGR y N de 6 de febrero de 2014 (BOE 4 de marzo de 2014) que aunque la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal carece de personalidad jurídica independiente (cfr. STC 115/1999, de 14 de junio), es doctrina reiterada de la Dirección General que tal circunstancia no impide que en algunos asientos –como la anotación preventiva en materias en que la comunidad tiene reconocida capacidad procesal– tal comunidad pueda ser titular registral. 

En efecto, esa comunidad de propietarios es objeto de consideración unitaria a determinados efectos legales, como consecuencia de la existencia de un patrimonio separado colectivo (cfr. STS de 19 de junio de 1965, y 8 de marzo de 1991). Así, se reconoce a la propia comunidad la titularidad de fondos y créditos comunes –arts. 9.1.f) y 22.1 LPH– y la existencia de obligaciones de la misma –arts. 10.1 y el citado 22.1 LPH– así como la posibilidad de arrendamiento de elementos comunes. Además, la comunidad tiene capacidad procesal para demandar y ser demandada (arts. 13.3 LPH, 7 LOPJ y 6.1.5º y 544 LEC). 

Si el presidente representa en juicio a la comunidad en los asuntos que la afecten (art. 13.3 LPH) ha de entenderse que la representa en las actuaciones procesales a todos los efectos y, por ende, también para pedir y obtener en esa cualidad de presidente y en favor de la comunidad las medidas cautelares o de ejecución, de las cuales un ejemplo es el embargo en favor de la comunidad, cuya posibilidad prevé expresamente el art. 21.5 LPH. El correspondiente asiento de anotación se practicará entonces también en favor de la comunidad, sin necesidad de que los comuneros sean identificados nominativamente, pues no son ellos los que a título individual ejercitan la acción, sino el órgano comunitario competente; basta por tanto, para expresar las circunstancias del titular de la anotación, indicar aquéllas que identifiquen a la comunidad y sin hacer referencias personales a cada uno de los comuneros (cfr. Resolución de 3 de marzo de 2008). 

¿Y podrá adjudicarse ese bien inmueble? La citada Resolución DGR y N de 6 de febrero de 2014 (BOE 4 de marzo de 2014) precisa que el reconocimiento legal de capacidad procesal de la comunidad de propietarios así como las restantes facultades que se atribuyen a la junta de propietarios y a su presidente, no implica que tal comunidad pueda adquirir bienes inmuebles como ente con personalidad jurídica independiente y ser titular registral de los mismos mediante el asiento de inscripción correspondiente. 

Dicho esto, la Resolución DGR y N de 3 de julio de 2013 (BOE 5 de agosto de 2013) también ha precisado que como la comunidad de bienes es una entidad sin personalidad jurídica, la adquisición por aquélla de algún bien implica en realidad una adquisición por sus integrantes, proindiviso entre ellos. Afirmación que no queda desvirtuada por la existencia de un número de identificación fiscal diferenciador entre la comunidad y los comuneros, que produce sus efectos en el ámbito fiscal y que tampoco significa que se alteren las normas sustantivas contenidas en el Código Civil. Sentada esta doctrina, el Centro Directivo ha entendido por ejemplo, que no hay doble trasmisión en el caso de adjudicación derivada de un procedimiento ejecutivo a favor de la Comunidad de Propietarios sino tan solo una a favor de los comuneros y en cuotas indivisas de acuerdo con su cuota de participación en la comunidad. 

Así pues, la Comunidad de Propietarios carece de personalidad jurídica y por tanto no puede ostentar la titularidad registral de un bien; otra cosa sería en el caso de que el decreto de adjudicación se dictase a favor de los copropietarios en proporción a sus cuotas de participación en la Comunidad de Propietarios.

13 febrero 2015

¿Tienes un modelo?


Cuando la iura novit curia se abofetea con la realidad, porque el Congreso de los Diputados y de las Diputadas se ha encargado de destrozar la iura y parte de la curia valida tan estupendo quehacer, con arreglos previos a las votaciones que luego no aparecen en los Diarios de Sesiones, nos quedan los modelos, que son algo así como los últimos de Filipinas de la reforma de la Justicia. No de la Nueva Oficina Judicial (NOJ en los ambientes), sino de la reforma de la Justicia o sea, la que se anuncia desde que dejaron de llegar galeones de América y algo había que hacer. 

El modelo es la salida apresurada a la repetición de peticiones que pasan por las mesas de los juzgados y, tiempos ha, nos hacían más sencillas las guardias, sobre todo en esos sitios de la costa mediterránea en los que siempre estaba pasando algo y llevabas en el coche una carpeta llena de folios oficiales con diferentes impresiones y papel calco. Ni que decir tiene que bajo el imperio de la Ley de Murphy, podías llevar trescientos dos modelos que en aquella guardia aparecía el supuesto de hecho trescientos uno y tenías que escribir sobre las rodillas, los brazos o en alguna parte del Patrol de la Guardia Civil para modificar alguno de los trescientos dos modelos y no vulnerar así los derechos fundamentales de no recuerdo quién. 

Cuento la guerra y no la batalla porque el modelismo es una competencia de la Administración de la administración de justicia, que como todas las demás ejerce con la eficacia que le caracteriza, así que al día de la fecha es posible y hasta probable que los despachos de abogados que trabajen en España tengan varias resoluciones para el idéntico trámite administrativo porque puestos a venirse arriba y a distinguir singularidades, el ochenta por ciento de lo que se presenta en un Juzgado tiene una dificultad procesal próxima al cero, mientras que el otro veinte por ciento exige una resolución y no un modelo

Prueba evidente de surrealismo en el que nos encontramos es que quién redacta estas líneas le dedique un comentario a este asunto y, que encima deba guardar silencio prudente cuando comprueba que todos los documentos judiciales, procesales u orgánico-administrativos (calificativos que amparan todas las sensibilidades de la casa) que le llegan de Europa sean siempre los mismos por cada Estado y vengan con sus tasas y sus sellos, incluido el lacre, porque, claro, la justicia debe ser gratuita a mayor disfrute de la tutela judicial efectiva, aunque de Pirineos para arriba no se hayan enterado. 

 Y es que mientras nos encanta el discurso sobre la salvación de la justicia en sus diferentes versiones (lo de la reforma suena a antiguo), mientras hacemos la ola, particulares tan sencillos como el que nos ocupa – ya solventados por la AEAT, el INSS y la TGSS- siguen arrastrándose por los ordenadores de la Justicia española.

06 febrero 2015

La Jurisprudencia constitucional sobre las costas procesales.


Los conceptos de “costa”, “gasto” y “crédito” son aplicables sin dificultad en todos los órdenes jurisdiccionales y en la jurisprudencia constitucional en esta materia. Aunque sean pocas las Sentencias y los Autos que el Tribunal Constitucional, han fijado unos límites interpretativos sobre el derecho, el titular de las costas y la práctica de la tasación, muy consolidados, no discutidos y que permanecen vigentes. 

Hago una advertencia. Desglosaremos los pronunciamientos del Tribunal dejando al margen la normativa en vigor, porque no buscamos la interpretación del mandato, sino cómo realizarla. Sabido es, por ejemplo, que el artículo 243.2 LEC recoge la doctrina de la STC 28/1990, de 26 de febrero, sobre las diligencias inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, pero ignoramos la razón de la prohibición y hasta el precepto que la vio nacer (artículo 424 LEC 1881) y, es evidente que sí en ocasiones surgen dudas sobre los límites de esa exclusión, nos facilitará la tarea el conocimiento de aquella fundamentación y hasta, quizá, la del supuesto de hecho que la motivó. 

Tendríamos los siguientes: 

a) Se excluyen del concepto de costas abonables por la parte condenada en costas los gastos que únicamente afecten al declarante, sean totalmente independientes de la condena en costas o correspondan a diligencias superfluas o indiferentes para la tramitación del proceso o de sus recursos (STC 28/1990, de 26 de febrero). 

b) Las partidas deben detallar los conceptos que las integran, de forma tal que garanticen a la parte condenada en costas el conocimiento que precisa para ejercer plenamente su derecho de contradicción, y expresar por separado la cuantía de los derechos y honorarios correspondientes a cada concepto minutado, siendo, por lo tanto, procedente rechazar las minutas que, sin más especificación, se limitan a hacer referencia genérica a partidas arancelarias, así como aquellas que se reducen a señalar la cuantía global de la minuta, sin singularizar la que corresponde a las partidas que la componen (STC 28/1990, de 26 de febrero). 

c) El titular del crédito privilegiado que origina la condena en costas es la parte contraria beneficiaria de la misma y no los profesionales que la han representado y defendido y, por ello, la circunstancia de que estos profesionales hayan recibido, parcial o totalmente, sus derechos y honorarios de la parte a quien han prestado sus servicios carece de incidencia alguna en la obligación de pago que la resolución judicial ha impuesto al condenado en costas (STC 28/1990, de 26 de febrero). 

d) Las concretas decisiones judiciales en aplicación de la legislación sobre costas procesales corresponden a los órganos judiciales en el campo de la mera legalidad ordinaria. Por tanto, corresponde enteramente al Tribunal que conoce del correspondiente juicio o recurso, tanto la determinación de a quién deben ser impuestas las costas, como la regulación de sus conceptos y cuantías. Los órganos judiciales deben pronunciarse mediante resolución motivada y no arbitraria, sin que el Tribunal Constitucional pueda efectuar una revisión del criterio judicial (SSTC 134/1990  y 146/1991) (ATC 24/1993, de 25 de enero).

La doctrina se repite en pronunciamientos posteriores en dos sentidos: a) el hecho de la imposición de costas a los litigantes no es en sí lesivo de su derecho (SSTC 147/1989, de 21 de septiembre, FJ 6 ; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 17) y b) tampoco lo es ninguno de sus sistemas básicos, el que se basa en el criterio objetivo del vencimiento y el que se sustenta en el criterio subjetivo de la temeridad (SSTC 131/1986, de 29 de octubre; 147/1989, FJ 6; 46/1995, de 14 de febrero, FJ 3) (STC 232/2007, de 5 de noviembre). 

e) La negativa infundada a la práctica de la tasación de costas no puede considerarse respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), que proscribe la selección, interpretación y aplicación de las normas de la legalidad que resulten manifiestamente arbitrarias, irrazonables o incursas en error patentes (STC 180/2006 de 19 de junio). 

No faltan casos en los que Juzgados y Tribunales rechazan la práctica de la tasación de costas haciendo uso de una prohibición legal y las últimas reformas procesales no han terminado con esa costumbre de la que discrepo totalmente y que como vemos, tiene relevancia constitucional. En primer lugar, porque no estamos hablando de una prohibición indubitada, sino de supuestos dudosos en los que hay diferentes posturas jurisprudenciales sobre la tasación y su contenido y, en segundo lugar, porque la ley arbitra – y arbitraba- suficientes mecanismos de impugnación contra la tasación. En conclusión, si se solicita la tasación, se practica con las exclusiones que se entiendan oportunas, pero no puede rechazarse. 

Y esto es lo que desaprueba la STC 180/2006 de 19 de junio que comentamos. La Audiencia de Madrid fundamentó la negativa en que “no procede practicar la tasación de costas interesada, ya que al tratarse de un juicio de desahucio de vivienda no es preceptiva la intervención de Letrado ni de Procurador, tal como señalan los artículos 4.2 y 10.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”  y en un auto posterior se reiteró este pronunciamiento. El Tribunal Constitucional reprochó a la Audiencia Provincial  que no se tuviera en cuenta la excepción del artículo 11 LEC 1881 que determinaba que en los casos en los que no fuera preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, "si hubiere condena en costas a favor del que se haya valido de Procurador y de Letrado no se comprenderán en ellas los derechos de aquél ni los honorarios de éste, salvo que la residencia habitual de la parte representada y defendida sea distinta del lugar en que se tramitó el juicio". Tal era el supuesto y además, la inexistencia de fundamento para no practicar la señalada tasación de costas, que era legalmente preceptiva: artículos 736 y 1582 LEC de 1881 . 

 f) La condena en costas "no puede calificarse como una sanción" (STC 107/2006, de 3 de abril), sino como un mecanismo de distribución de los gastos que genera efectivamente la administración de justicia en el que entran en consideración los distintos intervinientes en el proceso, que en cuanto tales ejercitan su derecho a la tutela judicial. Se trata del "resarcimiento por los gastos originados por el proceso, contraprestación que se dirige, por un lado, a cubrir parcialmente los gastos de funcionamiento del servicio público de la justicia específicamente ocasionados y, por otro, a compensar a la contraparte del desembolso que le produce el ejercicio de su derecho a la tutela judicial" (STC 107/2006, de 3 de abril, FJ 2) (STC 232/2007, de 5 de noviembre). 

g) La doctrina sobre el error patente con relevancia constitucional también aplicable en materia de costas exige la concurrencia de los siguientes requisitos

 - Que el error sea determinante de la decisión adoptada, esto es, que constituya el soporte único o básico de la resolución (ratio decidendi), de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica de la resolución judicial pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cuál hubiese sido su sentido de no haberse incurrido en el error;

-que sea atribuible al órgano judicial, es decir, que no sea imputable a la negligencia de la parte; -que sea de carácter eminentemente fáctico, además de patente, esto es, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y sin necesidad de recurrir a ninguna valoración o consideración jurídica y 

 -que produzca efectos negativos en la esfera del ciudadano (STC 167/2008 de 15 de diciembre). En el supuesto que analiza la STC 167/2008 de 15 de diciembre, el auto que aprobó la tasación afirma que el Letrado rechazó la minuta de honorarios formulada de contrario, cuando lo cierto fue que el citado Letrado aceptó expresamente la reducción de honorarios propuesta por la parte contraria y además, el citado error causó un innegable perjuicio a la demandante de amparo, que como consecuencia del mismo acabó siendo condenada a pagar una minuta de honorarios por importe superior al convenido por ambas partes y, en todo caso, superior también al propuesto unilateralmente por el propio Letrado afectado. 

En la actualidad en las impugnaciones de honorarios de letrado por excesivas el previo traslado de copias permite que el letrado afectado, manifieste la existencia de un error en la redacción de la minuta. Y, sin necesidad de impugnación, puede darse el caso, poco frecuente, que el letrado reconozca la existencia de un error en la redacción de la minuta y solicite su corrección. En el primer caso no hay un verdadero error, sino la posibilidad de evitar una condena en costas (artículo 246.3 LEC); el segundo se aproxima al caso examinado por el Tribunal Constitucional y obligaría a aplicar su doctrina.

02 febrero 2015

¿Merece la pena pactar por 70.000,00€?


A quien redacta estas líneas las ganas de estudiar se le acabaron con la oposición y llegando a la meta de milagro, bufando como si acabara de subir uno de los picos de Cantabria, tierra de mis ancestros, no tengo doctorado (si se rotula así), ni mastereses, ni nada por el estilo. No niego que el conocimiento no ocupa lugar, pero ¿también en derecho? y buscando respuesta a esa inocente pregunta, que encubría una duda hace tiempo despejada, porque en estas profesiones todo el mundo se saca la foralidad y el idioma y hasta el doctorado y, con la antigüedad no vas más allá de la barra del bar en algunos concursos, me choque con el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia que consulto anualmente a mayor gloria de mi citada antigüedad. 

No están disponibles los datos del año 2014, ni haré sangre con las exclusiones del año 2013, aunque después de echar un vistazo se antoja difícil tener una facultad entre las mil primeras del mundo, pero entre las ayudas concedidas en el citado 2013 aparecen estas: 

Con 70.000,00€

¿MERECE LA PENA PACTAR? DETERMINANTES, RENDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS MULTINIVEL DE LOS ACUERDOS DE COALICION AUTONOMICOS EN PERSPECTIVA COMPARADA 
Referencia CSO2013-42262-P, de la UNIVERSIDAD DE BARCELONA, página 111 .

Digo yo que la mitad del presupuesto se destinará a explicar el título, porque después de algunas lecturas como que no termino de colegir qué son las estrategias multinivel y su relación con los acuerdos de coalición. Perspectivas comparadas tengo con las vecinas cuando tiendo la ropa, pero tampoco veo la relación, si la hay. 

Con 15.730,00€

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: PAUTAS DE CONDUCTA Y MODELOS NORMATIVOS (SOBRE UN CODIGO DE CONDUCTA PARA ENTES INTELIGENTES NO HUMANOS)
Referencia DER2013-42712-P, de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, página 129 .

Esto la he pillado al vuelo. Se refiere con toda claridad a un Juzgado constituido en audiencia pública como los de antes (o sea Magistrado, Secretario Judicial y Agente Judicial), después de estar sometido cinco horas seguidas a la tutela judicial efectiva. 

Con 24.200,00€

ESTUDIO TRANSVERSAL DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RESPONSABLES 
Referencia DER2013-48813-C2-1-P, de la UNIVERSIDAD DE GRANADA, página 148.

A ver que nos perdemos ¿transversalidad y responsabilidad? Me da que horizontalidad tiene mejor acomodo con la responsabilidad, pero solo me da. 

Con 32.065,00€

EL AHORRO DEL GASTO PUBLICO A TRAVES DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: RETOS DE FUTURO. 
Referencia DER2013- 48329-C2-2-P, UNIVERSIDAD DE MALAGA, página 170.

El último que cierre la puerta y apague la luz.