08 enero 2015

Lanzamiento, reclamación de rentas y proceso de ejecución (ii).


3. ¿Cómo se ejecuta el desahucio por falta de pago? 

En el desahucio por falta de pago el demandante podía instar hasta cinco demandas de ejecución (lanzamiento, la cantidad objeto de condena, las costas del juicio verbal y las costas de los dos procesos de ejecución en trámite) y todas ellas podían acumularse en un solo proceso de ejecución aunque fuera de distinta naturaleza la obligación contenida en el título ejecutivo, porque no existía ningún obstáculo legal para reunir una ejecución dineraria con otra que exigiera la entrega de una cosa, un hacer o un no hacer. 

No se sorprenda el lector. Tratándose de ejecuciones dinerarias se cumplen las exigencias de celeridad, unificación de criterios, economía procesal y reparto proporcional entre los créditos de la acumulación de ejecuciones, pero si junto a una ejecución dineraria concurre una obligación de hacer o de dar desaparecen esas circunstancias, que reaparecen en dos casos: a) el desahucio por falta de pago y b) el incumplimiento de la obligación principal que se sustituye por una indemnización transformando la ejecución en dineraria. 

Dejando al margen el segundo supuesto, en el desahucio nos encontramos con una obligación de dar de un solo acto (el lanzamiento), que agota el título ejecutivo después de su práctica. Si tenemos un único título ejecutivo, la sentencia o el decreto, que resuelve sobre una acumulación de acciones permitida en el proceso declarativo, roza lo absurdo que por mor de lo establecido en el art. 517 LEC «rompamos» la citada unidad del título en el proceso de ejecución. Leemos en el AAP BARCELONA, Sección 13ª, 31 de marzo de 2010 (Roj AAP B 2549/2010): « Ciertamente, no era preciso presentar una demanda ejecutiva y despachar nuevamente ejecución para proceder a la liquidación de los daños existentes en la vivienda litigiosa constatados en la diligencia de lanzamiento y a la exacción por la vía de apremio de las costas de la ejecución, por cuanto, no podemos olvidar que ambas cuestiones son trámites que derivan de la ejecución de un mismo y único título (la sentencia de desahucio), por lo que podían ser conocidos en un mismo procedimiento de ejecución (el art. 703 se remite al 712), partiendo como criterio de la idea "un solo fallo judicial, un solo proceso de ejecución"». 

Y ahora viene la sorpresa: ¿es necesario despachar ejecución para que se produzca el lanzamiento? Las prisas del legislador civil han logrado un «tertium genus» en el art. 549.3 LEC que nos obliga a acudir los dos regímenes procesales que instaura la reforma del año 2011. Así observamos en los apartados 1 y 4 del art. 703 LEC que se ordena el dictado de un auto autorizando y despachando la ejecución, y en el segundo, el de un decreto que declarara ejecutada la sentencia y por ello entiendo que deberá despacharse ejecución para el desahucio, aunque no se requiera la presentación de ninguna demanda. Lo contrario, puede ser muy rápido, pero incomprensible y de alguna forma habrá que ordenar el desahucio y más cuando el ejecutante puede interesar que la diligencia tenga por único objeto el levantamiento de acta del estado en que se encuentre la finca. Por lo demás es práctica habitual que el Juzgado inicie la ejecución con independencia de la clase de acción ejercitada, pues la sucesión de errores conceptuales del legislador y la convivencia de sentencias, autos y decretos no puede traducirse en diferentes despachos ejecutivos. En tal sentido el Acuerdo 4 de la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valencia de fecha 19 de enero de 2010: «4. La ejecución directa de la sentencia a que se refiere el artículo 549.3 la despachará el Juzgado, previa remisión al Decanato de un testimonio de la sentencia firme y de la solicitud que el actor haya realizado, a fin de que sea repartida con un nuevo número para incoar proceso de ejecución». 

No obstante sigue pendiente de solución el requerimiento del art. 703 LEC ya que desaparecida la «solicitud» deberá aquel anticiparse al decreto de admisión a trámite de la demanda de juicio verbal, completando el señalamiento para el lanzamiento y su contenido (art. 440.3 LEC). Podrá también hacerse después en el decreto ejecutivo y son mayoría los casos de su práctica en el momento del desalojo, siendo así que posterioridad al lanzamiento no tiene ningún sentido (ni soporte legal) una ulterior entrada del arrendatario en el inmueble para retirar sus bienes. 

Respecto a las ejecuciones de los decretos, con la reforma introducida por la Ley 4/2013, de 4 de junio, ha desaparecido la necesidad de la presentación de una «solicitud» de ejecución para el lanzamiento o la reclamación de cantidad, de tal modo que si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento en la fecha fijada. 

3.1 El pago de las rentas debidas y las que se devenguen hasta la entrega de la posesión.

Dice la SAP MADRID, Sección 19ª, 11 de octubre de 2013 (Roj: SAP M 15226/2013) que el art. 220 LEC está inspirado únicamente, según la doctrina actual, en el principio de economía procesal y en la necesidad de evitar la reiteración de juicios. Su carácter es restrictivo y limitativo, de modo que no pueden darse otras condenas de futuro que las previstas expresamente en el precepto (intereses o prestaciones de carácter periódico) y por prestación periódica ha de entenderse aquélla que no se cumple de una sola vez, sino que comprende una pluralidad de actos de idéntica naturaleza y de contenido homogéneo, que se reproducen en el tiempo de forma fija y constante, exigiéndose una identidad absoluta del concepto al que responda cada nueva prestación devengada. 

Esta definición nos permite colegir que en la ejecución del importe objeto de condena existe un punto de conexión objetiva entre la acción de desahucio y la de reclamación de cantidad ya que cuando el arrendador las acumula, se condenará al pago de las cantidades periódicas que vayan venciendo hasta el efectivo desalojo (art. 220 LEC) y no hace falta extenderse mucho para demostrar la influencia que ese hecho (recuperación de la posesión) tiene en la liquidación del importe debido (rentas hasta la recuperación). 

Pero ahí empiezan los problemas. Sobre la polémica de la aplicación del plazo del art. 548 LEC cuando se presenta una demanda de ejecución del desahucio y del pronunciamiento relativo a la condena de rentas debidas hay varias posturas. La primera sostiene que para la reclamación de las rentas habrá de concederse al deudor un plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia o, del decreto, antes de despachar ejecución. Una segunda afirma que podrá despacharse la ejecución sin esperar el transcurso del mentado plazo y, una tercera, considera que será necesaria la presentación de dos demandas ejecutivas, una respecto del pronunciamiento relativo al desahucio y otra respecto de las rentas debidas. 

Me inclino por la segunda respuesta y ello por razones de pura lógica. La ejecución del desahucio se inicia con la admisión a trámite de la demanda de juicio verbal y el juicio puede terminar si el arrendatario, antes de la celebración de la vista, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio (art. 22.4 LEC), de tal modo que cuando se dicta la sentencia o el decreto por la falta de pago, no se trata de conceder nuevos plazos de cortesía que faciliten un cumplimiento voluntario, que no se ha producido, sino de lograr la recuperación de la posesión y el cobro de lo debido. 

Respecto a la necesidad o no de «solicitud», la propia tutela que se demanda por la actora obligara a su presentación. Habrá de recordarse que el acreedor puede exigir mediante la demanda ejecutiva que se amplíe la ejecución al pago de las rentas vencidas y no satisfechas hasta la recuperación de la posesión y ello porque de la lectura conjunta de los dos arts. 220 y 578 LEC, se desprende que la finalidad de esas normas es evitar que el acreedor por prestaciones periódicas, tal y como son las que se derivan del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, deba interponer un nuevo proceso declarativo para obtener el cumplimiento de la obligación de pago de las rentas por los arrendatarios ya declarada en un proceso (AAP, SEVILLA, Sección 8ª 4 de julio de 2012, Roj: AAP SE 2328/2012). 

No obstante la sencillez del asunto y el tenor literal del art.440.3 in fine LEC, en la demanda de juicio verbal deberá haberse interesado expresamente la condena de las rentas que se devenguen con posterioridad, pues la ley no autoriza la ampliación de la demanda (de ahí que se tenga que instar la condena de las rentas futuras expresamente en la demanda) ni la reclamación de conceptos distintos a la renta. Por lo demás, la limitación respecto a la ampliación de demanda en los juicios verbales resulta del todo punto lógica ya que no es hasta el momento del juicio cuando el demandado puede defenderse y no puede verse sorprendido en ese acto con pretensiones no esgrimidas en la demanda y para las cuales no ha preparado su oportuna defensa. En tal sentido la SAP LAS PALMAS, Sección 5ª, 23 de enero de 2014 (Roj: SAP GC 45/2014): en el escrito de demanda no se interesó ni expresa, ni siquiera tácitamente, la condena de rentas futuras y el hecho de que en el segundo otrosí se hiciera constar el contenido del art. 440.3 LEC ninguna relevancia podía tener a los efectos pretendidos pues, con independencia de la pretensión económica esgrimida (esto es, si se reclaman o no rentas y cantidades asimiladas, si estas son o no hasta demanda o también las posteriores o si solamente se pretende el desahucio) se debe realizar el mismo requerimiento enervador. 

Despejada esta incógnita el proceso sigue un orden lógico de ejecuciones y después de finalizada la del desahucio y recuperada la posesión, se solicitará la de la cantidad y, en su caso, la de las costas.

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