29 diciembre 2015

El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia


La revista Actualidad Civil ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye el artículo “El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia”. 

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20 diciembre 2015

En Valencia el expediente judicial digital seguirá siendo manual y con grapas.


Este pasado viernes mientras quien redacta asistía a unas jornadas de formación del Colegio de Procuradores de Valencia, recibió un correo electrónico que se leyó a la numerosa concurrencia en el que se informaba que la Comunidad Valenciana quedaba al margen del presunto salto tecnológico de las Leyes 42/2015 y 18/2011 (esta última solo publicada, nada conocida y reiteradamente incumplida) y que, por lo tanto, seguiremos tirando de papel sellado en los Decanatos, grapa china de va y viene o fastener cortante, carpeta rotulada y papel reciclado. 

Otro de los ponentes, compañero destinado en otra Comunidad Autónoma, no daba crédito a la alegría de los asistentes – o, si lo prefieren, a su tranquilidad o a su sosiego- y eso pese a que el portátil que estaba utilizando se había colgado en varias ocasiones en un edifico (la famosísima Ciudad de la Justicia de Valencia) en el que a las siete de tarde de un viernes únicamente tendría funcionando en red los ordenadores del Juzgado de guardia. Y aun así eso se colgó y lo hizo en varias ocasiones. La sorpresa tenía su explicación: en otra Galaxia, perdón, en otras Comunidades Autónomas (la mayoría) Lexnet ya se usa como medio de presentación de escritos, Arconte (con lo que se graban los juicios) no se utiliza y Cicerone (con lo que se redacta) nadie sabe lo que es fuera de los límites de la Comunidad Valenciana; ni tampoco lo padece. 

Aclarada la sorpresa, explicaré lo del sosiego. Valencia puede tirar de sello de lacre y de ordenadores en modo de máquina de escribir hasta que se acabe el mundo (que camino llevamos), pero si el resto de la humanidad no lo hace alguien tendrá que decirlo, porque lo de ponerse estupendo con eso de la obligatoriedad es muy tentador y más cuando lo afirma una Ley. Así que a la declaración institucional de la Consejería de Justicia del día 16 de diciembre, siguió una comunicación posterior del Consejo del Poder Judicial de 18 de diciembre, en los mismos términos: nada entrará en vigor porque no hay nada con que hacerlo. 

Y quizá se pregunten por que no hay nada. No lo hagan y menos aún, no se quejen de la falta de medios. En España se ha tirado dinero por todas las Administraciones y no se ha tirado con pólvora de Rey, no, se han construido yates de recreo como motores atómicos y ahora cuando ni tan siquiera tenemos dos euros para un petardo es que cuando nos toca entrar en guerra o, mejor dicho, rendirnos. Pagamos ahora la idiotez de poner una unidad judicial al lado de cada supermercado, que han practicado todos los Gobiernos menos el actual por falta de metálico o, de construir enormes edificios de dudoso gusto y discutible eficacia, pero que exigían nulo esfuerzo intelectual, pues para lo primero bastaba echar mano al Boletín Oficial del Estado y para lo segundo sacar a concurso el proyecto y dejar el trabajo en manos de los arquitectos y todos los gremios que iban detrás. 

Pero claro, cualquiera hace nada, porque si realmente en algún momento se redactara un Plan de reforma de la Justicia Española no nos iba a gustar a ninguno (comenzando por la imposibilidad de colocar un Juzgado al lado de cada supermercado) y en el fondo, reconozcámoslo, nos encanta quejarnos.

17 diciembre 2015

Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil


La revista Practica de Tribunales ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye el artículo “Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil”

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13 diciembre 2015

¿Cuando habrá vista en el juicio verbal?


Una de las novedades más relevantes es la nueva regulación de la vista de los juicios verbales, que el actor pedirá en los tres días siguientes al traslado del escrito de contestación (sin que sea necesario que lo haga en la demanda) y el demandado en el escrito de contestación a la misma. 

El traslado al actor del art. 438.4 LEC no debería suscitar problemas y aunque en teoría pudiéramos distinguir entre un verbal de cuantía inferior a 2.000€ (en el que la postulación no es obligatoria y sería el Juzgado el que diera el traslado de la contestación) y un verbal por materia del art. 250.1 LEC u otro de cuantía superior a 2.000€ del art. 250.2 LEC (en los que habría un traslado previo de copias por los Procuradores) habría que esperar a que el Juzgado se pronunciara sobre la contestación a la demanda (incluida la subsanación posibles defectos) ya que la ley no prevé el dictado de dos resoluciones: la fije el señalamiento y la que se pronuncie, si procede, sobre algún particular de contestación. 

Si ninguna de las partes solicita vista y el tribunal no considerase procedente su celebración, se dictará sentencia sin más trámites (art. 438.3 LEC); empero si la demandada renunciara a la vista y la actora nada dijera en el plazo legal, sería el Juzgador el que decidirá sobre la celebración. 

Otro tanto sucederá con el supuesto de la rebeldía del demandado. La ley no dice nada y singular será la demanda que no incluya como coletilla la petición de la vista, con lo que terminará decidiendo el órgano judicial sin necesidad de ningún traslado. 

Dicho esto dos serían los interrogantes a solventar: 

a) Cuando el Juez entienda que la cuestión a resolver sea estrictamente jurídica y no haya hechos controvertidos, dictará sentencia sin necesidad de vista (ex art. 438.4 LEC) sin que esa decisión esté condicionada por la petición o renuncia de las partes. 

b) Cuando solo haya prueba documental y no sea necesaria ninguna otra actuación podrá aplicarse, por remisión, lo dispuesto en el art. 429.8 LEC. El problema en este caso lo encontramos en que en el juicio verbal la prueba se propone y practica en la vista (art. 443 LEC), pero ello tampoco impide que en la providencia que se dicte haya un pronunciamiento sobre la misma y más cuando solo se proponga la documental. 

Por último, en cualquier momento posterior, previo a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En tal caso, se oirá a la otra parte por tres días y resolverá el Tribunal y, si no considera necesaria la vista, quedará visto para sentencia. 

Obsérvese que la renuncia se condiciona a que la discrepancia afecte a una cuestión meramente jurídica por lo que fuera de ese supuesto no será posible un apartamiento de la solicitud.

04 diciembre 2015

¿Por qué no le dan la ejecución hipotecaria a los Registradores de la Propiedad y nos ahorramos una sexta instancia?


Hace mucho tiempo y creo que en una Galaxia muy lejana, cuando el Tribunal Supremo decía algo, todos los demás íbamos detrás y en ocasiones, cuando el Tribunal Constitucional intervenía en asuntos de su incumbencia, seguíamos también todos detrás. La Galaxia se hizo más lejana cuando alguien no solo descubrió las cuestiones prejudiciales en la Unión Europea, sino que las probabilidades de admisión centuplicaban a las cuestiones de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional y, partiendo del prestigio jurídico de ambas instituciones y del hecho cierto que el art. 24 CE no ha logrado pasar los Pirineos, la lógica consecuencia terminó en la mesa de los todos los órganos judiciales españoles y en las peticiones para formular la cuestión prejudicial que tocara. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, que se ha reformado no sé cuántas veces en no sé cuántos años, tenía una lectura en el foro que colocaba al Tribunal Constitucional por encima del Tribunal Supremo (cuarta instancia) y en la última actualización ha colocado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por encima y al margen de todo el sistema, de tal modo que litigios aparentemente resueltos se discuten con cuestiones prejudiciales (quinta instancia). 

Y faltaban los Registradores de la Propiedad, que llevan haciéndose hueco a codazos en forma de calificaciones desde hace cinco años. En esta sexta instancia, que apareció cuando dejaron de inscribirse hipotecas y se sustituyeron por autos y luego decretos de adjudicación, comenzaron a revisarse con lupa las resoluciones de los Juzgados y en una primera etapa se advirtió a los Juzgados de las vulneraciones del art. 24 CE (sobre derechos reales o hipotéticos, que tanto daba) y de posibles nulidades; en la segunda, se interpretó la Ley de Enjuiciamiento Civil con lo que la advertencia paso a ser sanción (vid. por todas la Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, BOE 1 de octubre de 2015) y en la tercera, los Registradores han dejado de interpretar y directamente resuelven. Viene a cuento el comentario por la Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 30 de septiembre de 2015) dedicada a introducir un nuevo requisito en la inscripción de los Decretos de adjudicación y a desarmar otro. 

Comencemos por lo último (y escribo en primera persona). Los testimonios-sábana (o pancarta) de los Decretos de adjudicación que firmó incluyen siempre una referencia a la firmeza en los siguientes términos: esta resolución es firme, lo que significa que no hay recursos de apelación en trámite, ni oposiciones pendientes de resolver. No hace falta darle muchas vueltas al asunto y pese a ello me cayeron calificaciones, según las reformas legales ampliatorias de plazos, pidiendo explicaciones que ahora solventa esa Resolución de 28 de julio de 2015 así: “Por tanto, a la vista de la afirmación del secretario judicial de que el decreto de adjudicación es firme a 10 de marzo de 2015 y, por tanto, una vez transcurrido con holgura el plazo para interponer el recurso de apelación, el registrador debe pasar por esta declaración, sin exigir mayores aclaraciones de los posibles incidentes procesales que hayan podido tener lugar en el procedimiento”. 

De todas formas voy a dar una pista. La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de octubre de 2015 falló que el plazo del mes de la Ley 1/2013 para formular oposición a la ejecución forzosa era contrario a la Directiva 93/13, con lo que siguiendo la doctrina registral habría que reinscribir todos los Decretos de adjudicación o, para los que intenten inscribirse, volver a pedir aclaraciones a los Juzgados sobre el curso de la ejecución (yo incluiría en esta ocasión los recursos de queja). 

El requisito que se introduce es el de la inscripción de la famosa certificación del art. 654 LEC y partiendo del hecho de que la inscripción de la adjudicación deberá realizarse cumpliendo estrictamente todas las garantías legalmente establecidas para la protección de los derechos (sic) del titular, entre los cuales se incluyen las previsiones contenidas en el art. 579.2 LEC, difícilmente podrían tener operatividad, si la certificación de deuda pendiente prevista en el art. 654.3 LEC no se hiciera constar en la inscripción de la adjudicación, al objeto de posibilitar calificaciones futuras que permitieran acreditar el cumplimiento de las previsiones que en favor del deudor establece el citado art. 579.2 LEC.

El art.654.3 LEC regula el importe por el que se seguirá la ejecución dineraria del art.579 LEC, para el supuesto que toda la deuda no se hubiera saldado en la ejecución hipotecaria anterior. Desde este punto de partida y como quiera que el art. 570 LEC impide terminar una ejecución hasta que el título no se haya satisfecho y que el primer apartado del citado art. 654 LEC regula el destino del precio del remate para las ejecuciones, sin distinguir la naturaleza del título ejecutivo, parece lógico entender que el desglose que prevé el art. 654.3 LEC se aplicará solo a las ejecuciones hipotecarias y cualquiera que sea el bien que se haya realizado, lo que deberá entenderse sin perjuicio de las especialidades que contiene el art. 579.2 LEC respecto a las viviendas habituales. 

Ahora bien, observe, estimado lector, que la Dirección General de Registros modifica el art. 551.2.3º LEC porque ¿qué ocurrirá si el importe por el que se despacha ejecución por la vía del art. 579 LEC es distinta a la que aparece en el Registro? y en segundo lugar ¿en qué artículo de la ley aparece la obligatoriedad de liquidar intereses y tasar costas siempre? Volvemos a comenzar por lo último. 

La ejecución hipotecaria termina con el dictado de alguna de las resoluciones del art. 670 LEC. Por tanto, la liquidación de intereses y la tasación de costas es siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo será imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el ap. 2 del art. 670 LEC) impidiéndose, en otro caso, el cumplimiento de los arts. 673 y 674 LEC. En tal sentido el AAP Madrid, Sección 21ª, 252/2010, de 18 de mayo, advierte que la realización del bien con entrega del precio obtenido al acreedor-ejecutante en pago de su crédito, será lo que determinará si ese proceso de ejecución hipotecario estaba concluido o acabado. «Para lo que resultará intrascendente alguna actuación accesoria, como la de tasación de costas y liquidación de intereses cuando el precio obtenido en la subasta del bien hipotecado ni siquiera cubre la totalidad del crédito garantizado con la hipoteca». Por lo dicho, el art. 671 LEC dispone que el ejecutante puede optar por la adjudicación, por la cantidad adeudada por todos los conceptos o por diferentes porcentajes del valor de tasación, según los casos, lo que también finalizará la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la Ley un tertium genus: la adjudicación por el 50 %, el 60 % o el 70 % del valor de tasación más todos los conceptos debidos. Vayamos ahora con lo primero. 

La certificación no es un título ejecutivo, ni sirve para liquidar ninguna deuda a los efectos de la posterior demanda de ejecución de título no judicial; aún más, si el ejecutante se vale de la escritura de hipoteca estaremos ante la ejecución de un título no judicial (art. 517.1.4º LEC) y deberán cumplirse nuevamente todos los requisitos de los arts. 572 y 573 LEC, lo que incluirá una nueva liquidación y el intento de notificación y por supuesto, la inaplicación de las cláusulas que hubieran podido declararse nulas por abusivas. Y, en segundo lugar, el ejecutante podrá reclamar en la nueva ejecución solo la diferencia entre el importe de adjudicación y aquel por el que se despachó la primera ejecución hipotecaria más los intereses del art. 576 LEC.

No apuesten sobre el éxito de la teoría, es lo que tiene una jerarquía eficaz (y la organización que la soporta) y el fracaso (o inexistencia) de la otra.

30 noviembre 2015

La tercería de mejor derecho por gastos de propiedad horizontal.


La reclamación fundada en el art. 9.1 e) LPH puede articularse mediante la tercería de mejor derecho cuando la comunidad de propietarios tenga conocimiento de que el piso a que corresponden dichos gastos ha sido objeto de ejecución. El precepto otorga al crédito de la comunidad el carácter superprivilegiado y por ello se instaura un gravamen legal prevalente sobre cualquier otro derecho, real o personal por el mero hecho de la inscripción del título de la Propiedad horizontal y de ahí que la preferencia de los créditos comunitarios no venga determinada por su inscripción en el Registro de la Propiedad (SAP MADRID, Sección 12ª, 18 de octubre de 2013, Roj: SAP M 14191/2013). 

Tampoco será necesario que el crédito esté reconocido en una sentencia o título ejecutivo, por lo que la copia del acuerdo de la Comunidad aprobatorio de la liquidación de la deuda por las cuotas reclamadas servirá como principio de prueba de la existencia del crédito. 

Siendo inexistente el conflicto en el caso de cuotas ordinarias, el impago de las cuotas extraordinarias obligaran a su acreditación, para lo que será suficiente la certificación del administrador de la Comunidad de Propietarios y en su caso, las actas de las Juntas relativas a las obras, sin que tengan que aportarse los contratos de ejecución de las mismas y los abonos realizados (SAP MADRID, Sección 21ª, 10 de julio de 2012, Roj: SAP M 12177/2012). 

Otro tanto sucede respecto a la duda de si el privilegio puede ser acumulado en función de que se hayan ido reclamando judicialmente las deudas con la comunidad de propietarios, debiendo concluirse que la preferencia del repetido art. 9.1 e) LPH no se extiende más allá de esas cuotas, sin perjuicio que el resto de las deudas tengan la preferencia general que se deriva de los arts. 1921 y siguientes CC. Esta interpretación es acorde con dicho mandato, pues la preferencia se establece a favor de los créditos que se hayan devengado durante dicho periodo de tiempo ya que en otro caso la ejecución de un derecho anterior o preferente, como sería el derecho hipotecario, purgaría el resto de los derechos de crédito produciendo su extinción, mientras que la afección real pretende garantizar que con la finca se trasmitirán las deudas que por ese periodo de tiempo pueda tener el anterior propietario (SAP MADRID, Sección 9ª, 20 de marzo de 2014, Roj: SAP M 4308/2014). 

Por último, la Ley de Propiedad Horizontal no establece norma alguna sobre si el privilegio o preferencia se agota con la interposición de una demanda anterior en la que se haya reconocido este privilegio de la Comunidad de propietarios lo que ha dado lugar a resoluciones discrepantes: 

(i) la que no fija limitación alguna ya que tratándose de gastos comunes referidos a distintos períodos, no existe impedimento legal alguno para que la Comunidad pueda formular nueva demanda referida a gastos que no se habían devengado y que resultaron impagados con posterioridad al inicio del anterior proceso y 

(ii) la restrictiva, en tanto la preferencia legal está claramente referida a un único momento, que sería el de las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y a los tres años naturales inmediatamente anteriores; sin que permita el art. 9.1 e) LPH que si se presentan varias demandas se tengan en cuenta varias anualidades en curso y varios años naturales inmediatamente anteriores, puesto que la preferencia es la que específica y especialmente se reconoce por la ley.

20 noviembre 2015

A vueltas con la puesta en conocimiento de las ejecuciones civiles en el Registro Concursal.


La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, introdujo el siguiente párrafo en el art. 551.3.3º LEC:


El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica contra el que se despache la ejecución. El Registro Público Concursal notificará al juzgado que esté conociendo de la ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la finalización del procedimiento de ejecución cuando la misma se produzca.

Supongo que con la “puesta en conocimiento”, el legislador habrá querido decir “inscripción en el Registro Público Concursal” o quizá “anotación” y hasta es posible que se haya querido decir “nota simple”, porque dejaremos al margen el asunto del “post-it” o la “pegatina” de quita y pon en un Registro telemático, pero dado que el párrafo en cuestión habla de “asientos asociados” concluiré que algo se anotara. 

Y bien ¿qué es lo que se anota? Observe el lector que de una interpretación literal primero se “pondrá en conocimiento la existencia del auto por el que se despacha ejecución” y años, meses o días después “la finalización del procedimiento de ejecución” y es aquí dónde nos aparece un pequeño problema necesitado de pronta solución: si la anotación (o el pos-it) desaparece del Registro cuando finaliza la ejecución es evidente que aquella estará siempre condicionada por el cumplimiento del título ejecutivo y bajo esta perspectiva ni todas las ejecuciones podrán “comunicarse”, ni podrá ordenarse la citada “comunicación” sin atender a las circunstancias de cada proceso. 

Veamos, no podrán comunicarse las ejecuciones provisionales, ni las que se funden en títulos no judiciales o extraprocesales (sic); las primeras porque el despacho es una facultad del ejecutante y no una obligación para el ejecutado, quien solo estará obligado al cumplimiento cuando se produzca la firmeza; en las segundas, porque no habrá verdadera ejecución hasta que no se practique el requerimiento de pago y si me apuran, hasta que transcurra el plazo para oponerse. No les descubriré las consecuencias de una revocación (aunque sea parcial) en las ejecuciones provisionales o, las de la estimación de una oposición a la ejecución. 

Demos un segundo paso. Teniendo en cuenta que las “anotaciones se practicaran a los efectos de la Ley Concursal” parece lógico – arte hace siglos olvidado, el de la lógica, me refiero- que la “comunicación” deberá tener alguna relación con dicho ordenamiento porque no termino de verla, por ejemplo, en la ejecución de un desahucio (ya despachada con el decreto de admisión a trámite, que luego confirma el auto despachando ejecución) o en la de una obligación de hacer (sujeta habitualmente a la valoración del coste y con el importe consignado en la cuenta del Juzgado). 

Y dejamos el final para la solvencia. Supongo que BANKIA tendrá ya algunas anotaciones y desanotaciones y, otro tanto sucederá con todas las aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros en las ejecuciones de los autos de cuantía máxima, que supongo andarán encantados cuando aparezcan en el Registro Concursal “noticias ejecutivas” en todas las provincias del Reino “aunque sea los efectos de la legislación concursal”. 

Ignoro la finalidad de la reforma (lo que realmente pienso no puedo escribirlo) pero si tengo claro que la “comunicación automática” bordea la legalidad y, en consecuencia, la repetida comunicación solo podrá practicarse en los casos en que el objeto de la ejecución tenga algo que ver con la legislación concursal y el ejecutado no pueda satisfacer el título ejecutivo; en los demás casos y en las ejecuciones provisionales no hay fundamento legal para la tantas veces repetida “comunicación automática”.

13 noviembre 2015

La liquidación de la sociedad de gananciales por deudas privativas.


El art. 541.3 LEC dispone si la ejecución se siguiere a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo de aquéllos habrá de notificarse al cónyuge no deudor. En tal caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes. 

En este supuesto la disolución y posterior liquidación de la sociedad de gananciales se produce cuando se persiguen bienes gananciales por la insuficiencia de los privativos, siendo así que el cónyuge no deudor podrá consentir el embargo, o solicitar al tribunal que sustituya el embargo sobre los bienes gananciales por una traba sobre la cuota indivisa del deudor en la sociedad. 

Nótese, pese a la desafortunada redacción del precepto, que el Juez no podrá denegar la disolución de tal modo que el objeto de la audiencia de los cónyuges es únicamente la división y en absoluto contempla la liquidación convencional de bienes gananciales. Es cierto, que la liquidación convencional es preferente a la liquidación judicial, pero esa premisa no puede trasponerse al ámbito del art. 541 .3 LEC, que única y exclusivamente está referida a la liquidación judicial (no convencional) de la masa ganancial, contemplando una facultad en favor del cónyuge no deudor, en las ejecuciones sobre bienes comunes, para pedir la disolución de la sociedad conyugal y suspensión provisional de la ejecución y por lo mismo la expresión «en su caso», no alude a una posibilidad alternativa de practicar la división de modo privado y convencional entre los cónyuges, posibilidad incompatible con la esencia y fundamento del precepto, sino que se refiere a la discrecionalidad del juzgador de decretar o no que se practique la división judicial del patrimonio (AAP MADRID, 120/2011, Sección 14ª, 31 de mayo de 2011, ROJ: AAP M 9049/2011). 

El mandato suscita múltiples interrogantes y entre ellos dos de especial importancia: a) el plazo en el que el cónyuge no deudor debe ejercitar su derecho a optar por la disolución y b) el procedimiento para ejercitar la opción. 

Sobre la primera cuestión el art. 541.3 LEC no establece ningún plazo y ese silencio ha llevado a la doctrina y a una escasa jurisprudencia a entender que debe concederse un plazo prudencial al cónyuge afectado por la traba. Esta solución no solo obliga a definir el «plazo prudencial», sino que choca con algunas compilaciones forales que sí lo fijan y puede contradecir, además, dos términos que sí aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil: el de la oposición a la ejecución y el de la tercería de dominio. No obstante, razones de pura lógica obligan a resolver la cuestión en cada ejecución y a no fijar reglas generales, pues las circunstancias serán diferentes en cada proceso y no existe, en principio, ningún límite legal. 

Por lo demás ningún perjuicio reporta al ejecutante el hecho que el cónyuge no deudor consienta el embargo salvo, claro está, que la petición de disolución encubriera un fraude procesal como el que se produciría, por ejemplo, si días antes de la subasta del bien ganancial se ejercitara la opción, lo que debería rechazarse de plano (AAP SEVILLA, Sección 5ª, 8 de septiembre de 2004, ROJ: AAP SE 1954/2004). 

Ahora bien ¿qué ocurre cuando el cónyuge se limita a ejercitar la opción? Partiendo del principio de impulso de oficio que ya rige en la ejecución civil, el cónyuge no deudor podrá mantener una posición pasiva, pero en modo alguno el Juzgado, que deberá proceder de oficio a practicar la liquidación lo que incluiría, a falta de colaboración de los cónyuges, la investigación patrimonial correspondiente. Debe recordarse que puede recabarse información patrimonial de la sociedad en la vía de apremio (art. 590 LEC) de la que podría derivarse la localización de bienes gananciales sobre los que trabar embargo con apoyo en el art. 541 .3 LEC y en caso positivo proceder a la traba 

De cualquier forma, ante el silencio legislativo y teniendo en cuenta que la opción que la ley permite a la recurrente no puede perpetuarse, máxime si se tiene presente que el procedimiento de disolución de la sociedad conyugal suspende la ejecución, con el teórico y posible perjuicio para la parte ejecutante, deberá otorgarse un plazo concreto para que aquélla pueda llevar a cabo tal petición, entendiéndose que en otro caso se optaría por la aplicación del art. 1373 CC. 

Con respecto a la segunda cuestión ya se ha dicho que el derecho de opción determina el ejercicio de la disolución de la sociedad de gananciales, sin necesidad de petición alguna al juez que conoce de la ejecución, si bien habrá de procederse a la posterior liquidación del patrimonio de la sociedad para determinar los bienes, o parte de ellos que se atribuyen a cada uno de los cónyuges, y consecuentemente, los bienes del cónyuge deudor que han de sustituir en la traba al bien ganancial inicialmente embargado, conforme a doctrina jurisprudencial STS de 8 de febrero de 2001, 31 de mayo de 2002 y 17 de junio de 2003. Con la excepción de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1997, que establecía la tercería de dominio para el ejercicio de esta opción del art. 1373 CC, la corriente mayoritaria es poderla ejercitar como un incidente en el proceso de ejecución, oyéndose a los cónyuges, para determinar el porcentaje que tiene el cónyuge deudor sobre el bien ganancial, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes (AAP CADIZ, 83/2010, Sección 2ª, 18 de mayo de 2010, ROJ: AAP CA 464/2010).

04 noviembre 2015

¿Qué Disposición Adicional regula las subidas de tensión, entiéndase como “ponerse de los nervios”?


Permítanme algunas licencias con el lenguaje de Cervantes. Cuando el Boletín Oficial del Estado comenzó a expulsar las tropecientas reformas legales, que pondrán a la Justicia española a no sé qué nivel en el mundo contemporáneo, faltó tiempo para que la vanguardia del nerviosismo apareciera en escena. 

Una de las ventajas de cumplir años en la casa es que basta una primera lectura de cualquier texto para saber si tenemos una chapuza de día y medio con la mitad de la escayola por el suelo o, una reforma de esas de revista de papel caro, con materiales que no se describir y con toda clase de innovaciones tecnológicas. Y cuento esto porque las dos últimas leyes que retocan el proceso civil (Leyes 19/2015 y 42/2015) y que nos han introducido en no sé qué planeta o estrella de la Guerra de las Galaxias, obligan a registrar a todo el mundo en el Registro Mercantil, a celebrar todas las subastas en la nube virtual y tienen más de escayola mal puesta, que de techo vaticano. 

La primera cosa, que aparece en el art. 551 LEC, consiste en morosear a cualquier persona contra la que se despache ejecución y dejando al margen que no se ha recibido comunicación de nadie sobre el cómo, el cuándo y el dónde (burocracia fundamental donde las haya) recordaré que existen supuestos de pago extraprocesal, errores, pagos en otros juzgados, simple mala leche cuando se evita el traslado de copias o, deudas por gastos de propiedad horizontal que provocan la presentación de varios monitorios y posteriores ejecuciones, que nunca se acumulan. Y por cierto, ¿las ejecuciones contra BANKIA por las costas que se han pagado en la cuenta del cliente también se anotan? 

Insisto, el cómo, el cuándo y el dónde es en este caso muy importante, porque mucho me temo que aprovechando que la Alianza Rebelde vuelve a encontrarse con las tropas del Imperio, nos llevaremos una sorpresa (desagradable) con los datos que va a pedir el Registro Mercantil a los purísimos efectos de la legislación concursal, faltaría. 

Y ese cómo, cuándo y dónde, no se lleva bien con la impaciencia, con las prisas y tampoco lo hace con la subasta electrónica. No les pongo el enlace porque se modificó (Ley 42/2015) la primera modificación (Ley 19/2015) antes de entrar en vigor la primera (Ley 19/2015) y todo ello con una versión desacoplada del Banco de Santander de la cuenta de consignaciones, que sigue con un color horrible y, que haría las delicias de cualquier mago que se precie (y no les cuento la razón). 

Será porque no tenemos subastas señaladas hasta fin de año (y más allá) y, porque el espacio virtual garantizará, segurísimo, el éxito de una venta en la que se pretende que cualquiera vaya a comprar lo que no ve, ni se sabe cómo está. Pequeño detalle que vuelve a pasarse por alto: el de lograr entrar en el inmueble, que lo haga el perito y que alguien le eche una fotos que luego puedan subirse a la nube virtual. 

Así que pidiendo disculpas por si algún lector se ha sentido molesto, como no he encontrado ninguna Disposición Adicional en las dos leyes citadas (ni en otras cuatro más de próximas fechas a las citadas, una de ellas la orgánica que me cambia el nombre) sobre cómo ponerse de los nervios o, de cómo perderlos, parece aconsejable cierta calma o prudencia. Y si hace falta esperar, se espera, porque la segunda ventaja de llevar años en la casa es que el Boletín Oficial del Estado y los Juzgados viven en mundos paralelos y separados.

30 octubre 2015

Otro revolcón del Tribunal de Justicia UE a la ejecución hipotecaria


El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell (Barcelona) planteaó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 

«Si el plazo de un mes dispuesto por la [disposición transitoria controvertida] debe entenderse que se opone al sentido de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE.» 



Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición transitoria nacional, como la controvertida en el litigio principal, que impone a los consumidores, respecto de los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposición y que a esa fecha no ha concluido, un plazo preclusivo de un mes, calculado a partir del día siguiente al de la publicación de esa Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales.


21 octubre 2015

El derecho de los ocupantes a permanecer en el inmueble.


Los arts. 661 y 675 LEC tratan de solventar el problema de la ocupación por terceras personas de los bienes inmuebles embargados o, hipotecados, quienes sin haber tenido noticia, ni intervención en el proceso de ejecución, deban hacer frente a la privación de la posesión, pese a ostentar un título que eventualmente pudiera subsistir después de la pérdida del dominio por el ejecutado. Ese conflicto entre los derechos del ejecutante y del ocupante fue resuelto por la doctrina tradicional en el sentido de que la ejecución purgaba no sólo el arrendamiento, sino cualquier situación posesoria, pero a raíz de diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional con relación, en su mayor parte, al derogado procedimiento judicial sumario del art. 131 LH (por todas STC 6/1992 de 16 de enero, 21/1995 y 158/1997 de 2 de octubre), se llegó a la conclusión de que los órganos judiciales deberían examinar cada caso para apreciar, según las circunstancias, si la situación posesoria debía subsistir. 

En realidad la resolución del incidente previsto en el art. 661 LEC fija la situación posesoria del inmueble que ha de ser subastado, a los efectos de la subasta y de su anuncio, sin ulterior recurso, de manera que la discusión y resolución definitivas acerca del derecho de ocupación del inmueble en el correspondiente proceso declarativo habrá de entenderse entre el adquirente —que no se excluye que pueda ser el ejecutante si hace uso de la facultad que le confiere el art. 670 LEC—, en tanto que titular dominical del mismo (el ejecutante ningún derecho ostenta sobre el inmueble, salvo la posibilidad de proceder judicialmente a su realización para hacerse pago con el producto de la subasta), y el ocupante, de manera que, según se resuelva el incidente será éste o aquél quien deba acudir, interponiéndolo, a dicho proceso . Empero, son singulares las identificaciones de los arrendatarios u ocupantes y no son infrecuentes los supuestos en los que el ejecutado arrienda el inmueble a un tercero sin conocimiento del primero; de ahí que también sean singulares las resoluciones del art. 661 LEC previas a la subasta. 

Aclarado este particular, si el adquirente lo solicita se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallara ocupado. Si el inmueble estuviera ocupado, el Secretario Judicial acordará de inmediato el lanzamiento cuando el tribunal hubiera resuelto (art. 661.2 LEC), que el ocupante u ocupantes no tenían derecho a permanecer en él. 

Si el inmueble estuviera ocupado, pero no se hubiere resuelto previamente sobre el derecho de los ocupantes, el adquirente podrá pedir, en el plazo de un año desde la adjudicación, el lanzamiento de quienes puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente y serán citados a una vista dentro del plazo de diez días, en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto a su situación. El tribunal resolverá sobre el lanzamiento por medio de auto que no será recurrible, reservándoles sus derechos para el juicio que corresponda si estima la petición. Decretará el lanzamiento en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieran sin justa causa a la vista (art. 675 LEC). 

El plazo del año desde la adjudicación no tiene prorrogas, ni tampoco podrá interrumpirse por la existencia de sucesivos ocupantes, y principia cuando el Servicio Común devuelve el mandamiento para el lanzamiento sin practicarlo por la existencia de los referidos ocupantes. 

Volviendo a los ya citados arts. 661 y 675 LEC, importa destacar que recogen la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia (no en vano en la STC 69/1995 de 9 de mayo puede leerse que: «El legislador podrá (y quizá convenga que lo haga) introducir una nueva previsión en el proceso del art. 131 LH – igualmente aplicable al proceso de ejecución ordinario- que permita la comparecencia en él con igualdad de armas procesales del arrendatario de la finca hipotecada. Pero en tanto no lo haga y por respeto al mayor valor de los derechos fundamentales (en este caso el de la prohibición de la indefensión) la arrendataria no podrá ser lanzada sin haber sido parte en la única vía procesal posible que no es otra que el proceso declarativo ordinario») conciliando el interés de los ocupantes de los inmuebles en conocer la ejecución con el fin de poder hacer valer en ella sus derechos y el de los eventuales licitadores, interesados en conocer si tales ocupantes existen o no y, en caso afirmativo, sí en atención al título que poseen (o por no poseer título alguno), podrían ser desalojados. 

Esto es, la ley no cobija cualquier situación posesoria, sino el derecho de los ocupantes a ser oídos en el proceso de ejecución y a poder defender la legitimidad de su situación y precisamente por lo mismo, la SAP TARRAGONA, Sección 1 de 5 de mayo de 2014 (Roj: SAP T 607/2014) resuelve que el incidente que se sigue al amparo de los arts. 661 y 675.2 LEC es meramente declarativo, sólo tiene por objeto exclusivo la declaración judicial acerca de la suficiencia del título de arrendamiento invocado por alguien y no la condena de dar nada y, no hace otra cosa más que establecer un simple incidente que se ubica en la zona de los verbales, aunque sin recurso de ningún tipo, si bien lo que realmente se está persiguiendo es informar a los posibles licitadores de la situación posesoria de la finca siempre que el ejecutante lo pida. 

Y, por último, tampoco puede olvidarse que el art. 661 LEC dispone que el auto que resolviere sobre el derecho de los ocupantes de un inmueble a permanecer en el mismo dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos de los interesados, que podrán ejercitarse en el juicio que corresponda. 

Siendo la ley es muy clara sobre los límites del incidente, se declarara el derecho a permanecer en el inmueble cuando el ocupante presente un título suficiente que lo ampare, pero no así cuando pueda considerarse «de mero hecho» o, «sin título suficiente» (art. 675.2 LEC) y de ahí que el último interrogante a resolver será el de los medios de prueba que respalden la alegación de los ocupantes de poseer el inmueble en calidad de inquilinos, que suele ser el supuesto más frecuente. 

Bajo estas consideraciones la simple aportación de un contrato de arrendamiento, no garantizara el éxito de la pretensión (y menos aun cuando el ocupante aparece después de haberse dictado el decreto de adjudicación) y deberá acreditarse el pago de rentas y de otros bienes o servicios que justifiquen el derecho que se afirma.

12 octubre 2015

Atentos a las curvas en la Ley 42/2015: el juicio ordinario y su mini yo (i).



Quince años ha tardado el Legislador en llevarse por delante los dos famosos principios que inspiraron la reforma procesal civil del año 2000: el de la oralidad (no escribamos, presenciemos) y el de la inmediación (salgan los Jueces de sus despachos aunque, en ocasiones, no se sepa para qué) y no solo remata el primero y condiciona el segundo, sino que parece haberlo hecho con ganas, con lo que lógico es presumir que la presión de determinados colectivos (algunos profesionales) ha encontrado una cálida respuesta en el Legislativo. 

El comentario que precede viene a cuento por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que introduce toda clase de obligación tecnológica, pero que pisa a fondo el pedal del freno en la tramitación del proceso. 

En este primer apunte advierto, entre otras novedades, las siguientes: 

1) Desaparece la fijación de cuantía como criterio único para la intervención de abogado y procurador y aparece también el de la materia (art. 23 LEC) 

2) En el ordinario mayor se exige aportar minuta de prueba que primero se leerá (art. 429.1 LEC). 

3) El verbal se transforma en un juicio ordinario enano (arts. 437 y 438 LEC) sin audiencia previa, pero en el que podrá prescindirse de la vista (art. 438.4 LEC) y de las famosas conclusiones (art. 447 LEC). 

Ya les informo de los asuntos en los que no habrá vista y conclusiones: ninguno. A cambio nos podían haber evitado la audiencia previa del ordinario mayor, pero parece ser que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede sobrevivir sin tan interesante acto, en el que habitualmente los únicos titulares somos la Magistrado y el LAJ que suscribe. 

4) El monitorio debe sobrevivir a un doble examen escrito: a) el de principio de curso (art. 815.4 LEC) y b) el de la recuperación (Disposición Transitoria Segunda) así como a la celeridad posterior del ordinario enano para el caso de oposición (art. 818.2 LEC). 

5) Desaparecen también las inexistentes costas de las juras de cuentas (arts. 34 y 35 LEC) pero a cambio el IVA no computa para fijar el límite del tercio del art. 394 LEC (art. 243 LEC)

06 octubre 2015

Hasta que le toca a mamá un DESAHUCIO es un LANZAMIENTO, una MANZANA una PERA y un CAMIÓN un TRICICLO.


Perdimos la batalla del lenguaje y ganada esa refriega por la prensa objetiva (faltaría), imparcial (otra vez faltaría) e independiente (tercer faltaría) no había forma de convencer al mando en plaza en forma de Alcalde, Concejal, Consejero Autonómico y miedo da, futuro Ministro, que un DESAHUCIO no es un LANZAMIENTO, ni una MANZANA una PERA, ni un CAMIÓN un TRICICLO

Si no ando mal de memoria comenzó la campaña de la confusión en una televisión de logotipo verde, obsesión con la derecha y que sirvió de plataforma a Coleta Morada; siguió con los opinadores de la cosa (ya saben, un día toca Siria y al siguiente la bajada del IVA en la depilación al vapor) que en legión y en todas las televisiones meditaban a gritos sobre la maldad de los bancos que, salvados con el dinero público, “HACIAN DESAHUCIOS”. 

Y dejando al margen que ninguna televisión o grupo mediático se ha salvado con dinero público (cuarto faltaría) la tercera ola de la ignorancia arrastró lo poco que quedaba de prudencia y con conexiones en directo, los gritos de los opinadores se mezclaron con los de los desahuciados, mientras algunos extras en el lugar trataban de arrearle a los Policías Nacionales presentes en el lugar del crimen. 

Nadie tuvo a bien explicar a opinadores, periodistas objetivos y futuros candidatos a sillón (estos deberían saberlo) que el LANZAMIENTO se ordena en la EJECUCIÓN HIPOTECARIA -la de los bancos malos, por si alguno de los citados lee estas líneas-, mientras que el DESAHUCIO se ordena en el DESAHUCIO (valga la redundancia) para que el propietario (que no es un banco) recupere la posesión de su vivienda. Hay una segunda diferencia: muchas familias dependen de ese ALQUILER para pagar una hipoteca, completar ingresos o irse de cervezas, si les place. 

Pero ahora estamos en la cuarta ola. Ganadas las últimas elecciones por los perdedores en votos e insistiendo en la idea que un CAMIÓN es un TRICICLO, las Policías Locales han recibido órdenes de no auxiliar a las Comisiones Judiciales en los DESAHUCIOS (lo del auxilio léanlo en el sentido de evitar agresiones) e incluso ya se ha dado el caso de funcionarios de los Ayuntamientos “informando” a los Judiciales sobre las “posibilidades alternativas” al cumplimiento de la Ley; y estas últimas líneas entiéndalas como quieran y el peor sentido posible. 

¿La quinta ola? Cuando le afecte a la mamá del que da las órdenes y la mamá comenté un día en una comida familiar que la tía Luisa no puede recuperar su casa desde hace medio año, pero que el Ayuntamiento le ha girado el recibo del IBI, el del IBA, el de LUCES y FESTEJOS varios y del FONDO DE SOLIDARIDAD para las torceduras de tobillos en las manifestaciones. Entonces y solo entonces es posible que el CAMIÓN no sea un TRICICLO y que el DESAHUCIO deje de confundirse con el LANZAMIENTO.

24 septiembre 2015

Atentos a la jugada: se acabó el monitorio


Llegamos tarde al monitorio y hemos salido del proceso con la celeridad propia del converso que una mañana se levantó y dedicándose a la defensa del consumidor, entendió que la seguridad jurídica no tiene límites, lo que contradice la definición de seguridad, pero mientras sea jurídica parece servir la interpretación que se tercie. 

Y como esto es España el péndulo se ha ido contra la pared de enfrente y la ahora famosa cuestión prejudicial, cuya existencia pasaba desapercibida es ahora una especie de llamada de auxilio o, mejor dicho, de primer recurso en cualquier proceso que se precie. Las interpretaciones libres (o sería mejor decir, liberadas) y las cuestiones prejudiciales que se han superado por la derecha, la izquierda y el centro hasta que han logrado transformar el monitorio en una cosa extraña que recibe el golpe de gracia en una modificación legislativa aprobada en el Congreso y, pendiente de publicación en el BOE. 

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 815, que queda redactado del siguiente modo:


4. Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el secretario judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible. 
El Juez examinará de oficio si alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva. 
Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser calificada como tal, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas. 
Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y el secretario judicial procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1. 
El auto que se dicte será directamente apelable en todo caso.

Dejo una primera duda y tres estupendos escenarios: 

Interpretación literal de la reforma procesal. (i) Diligencia de ordenación apreciando defectos, (ii) diligencia de dación de cuenta (sic) advirtiendo de la abusividad, (iii) providencia de audiencia y (iv) auto declarando abusividad. 

Interpretación apocalíptica. Todo lo anterior y además el Juez, una mañana decide tirar de armario y revisar de oficio el monitorio que ya dacionó de cuenta el LAJ (antes Secretario Judicial) y junto al último Decreto (v) aparecería otro auto (vi) 

Interpretación lógica. El LAJ (antes Secretario Judicial) habla con el Magistrado y meten una providencia con todo lo requerible y lo abusable y después el auto. Dos resoluciones y dos notificaciones. 

Pero lo mejor está en la Transitoria Segunda


Procesos monitorios y ejecución de laudos arbitrales. 
1. Las modificaciones del artículo 815 y del apartado 1 del 552, último párrafo, serán de aplicación a los procesos monitorios y de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de esta Ley. 
2. Los procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley serán suspendidos por el secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario. En este caso, dará inmediatamente cuenta al juez quien, si apreciase que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes y resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Si el juez no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así, procediendo el secretario judicial a alzar la suspensión acordada y a ordenar la continuación del procedimiento. 
3. Si se tratare de ejecuciones de laudos arbitrales que se fundamenten en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, que no estuvieran archivadas definitivamente, se seguirá el procedimiento descrito en el apartado anterior a fin de apreciar si alguna de sus cláusulas pudiera ser calificada de abusiva.

Y ahora dejo en el aire una segunda duda ¿cómo aprecia esa abusividad en las miles de cesiones de créditos con las que se inician los monitorios, que según postura mayoritaria se acredita con un folio notarial que contiene un número y la referencia a un CD/DVD?

21 septiembre 2015

Doctrina del Pleno del TS sobre los efectos del impago de la primera prima o la prima única del seguro de vehículo a motor.


En Sentencia de 10 de septiembre de 2015, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Roj: STS 3745/2015) afirma que para resolver la póliza del seguro obligatorio no basta con acreditar la culpa del tomador en caso de impago de la prima, para lo que es suficiente la prueba de falta de fondos en la cuenta designada para atender el recibo. Esta Sala, en SSTS núm. 783/2008 de 4 de septiembre y 17 de octubre de 2008, ha considerado suficiente para acreditar la culpa del tomador, el impago del recibo presentado por la compañía con cargo a la cuenta designada por el tomador, devuelto por falta de fondos. 

Pero la falta de pago de la primera prima antes de la ocurrencia del siniestro no produce el efecto "ope legis" de liberar al asegurador de su obligación de indemnizar, como señala el recurrente en su escrito. No basta para resolver el contrato del seguro obligatorio por impago de la primera prima demostrar la culpa del tomador, sino que, es necesario acreditar, además, la comunicación recepticia dirigida al tomador del seguro declarando resuelto y sin efecto alguno el contrato, lo que se adecua a las exigencias normativas para que pueda producir el efecto de quedar liberada la aseguradora de su obligación de indemnizar. Hasta tanto no se acredite haber efectuado tal comunicación, frente a terceros, el impago de la primera prima o prima única es inoponible frente a quien ejercita la acción directa del art. 76 LCS, por subrogación, como es el supuesto contemplado en el presente caso. 

Es cierto que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre la exigencia o no de que la compañía aseguradora para que pueda quedar liberada de su obligación de indemnizar, notifique al tomador culpable la resolución del contrato por haber impagado la primera prima o prima única del seguro obligatorio.
Por dichas razones:

Fijar como doctrina de esta Sala, a los efectos previstos en el art. 15.1 de la Ley de contrato de seguro , en caso de impago de la primera prima o prima única, en una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, la siguiente: "Para que la compañía aseguradora quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor por impago de la primera prima o prima única por culpa del tomador, es necesario que acredite haber dirigido al tomador del seguro un correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción, por el que se notifique la resolución del contrato".

20 septiembre 2015

Y la vida puede ser maravillosa


Los últimos en todo: un solo Blog de LAJ (antes Secretarios Judiciales)


Cuando abrí este Blog en marzo del año 2010 esperaba que algún compañero se sumara a la iniciativa y que después llegaran otros para así, poco a poco, montar una especie de red de opinión ajena a las politizadas asociaciones, que facilitara a la sociedad, desde nuestro punto de vista, información sobre lo que se hace en justicia y como se hace. 

En esos cinco años los Notarios, los Registradores, los Fiscales y Abogados del Estado han entrado en el juego de las redes sociales y junto a la potentísima NOTARIOS Y REGISTRADORES, encontramos HAY DERECHO de Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, Abogado del Estado y Fernando Gomá Lanzón, Notario, el BLOG JUSTICIA IMPARCIAL mantenido por varios fiscales, el ya imprescindible EN OCASIONES VEO REOS del Fiscal Juan Antonio Frago Amada y el novedoso CON MI TOGA Y MIS TACONES de la Fiscal Susana Gisbert Grifo, que se ha sumado a la red con notable y envidiable impulso. 

Entre los Jueces destaca el portal de información INTER JUEZ, del Magistrado Jorge Cañadas que aunque tenga la dirección de un Blog es en realidad una impresionante base de datos y CONTENCIOSO.ES del Magistrado José Ramón Chaves García, que no voy a descubrir a estas alturas del partido. 

Y entre los LAJ (antiguos Secretarios Judiciales) destaca el mío y lo hace porque es el único, con lo que ni el ego, ni la vanidad cuenta en este caso, aunque con ejércitos de un solo hombre se rinden honores, nada más. Es evidente que estamos perdiendo una carrera que ni tan siquiera estamos dispuestos a correr y lo sorprendente de esto es que quien redacta vaya camino de los cincuenta tacos y, que las últimas promociones que se han amamantado con toda clase de cacharrería tecnológica, no acierten a entender que el presente está ahora en pantallas y teclados. 

O quizá sí. Puede ser que quien no se entera de nada sea quien redacta estas líneas y que no haya que moverse para salir en la fotografía. Claro que quien redacta nunca sale bien en ninguna foto.

17 septiembre 2015

Dos nuevas incompetencias de los LAJ: la mediación y los monitorios.


Continuando con el análisis de la antepenúltima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7/2015, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, nos encontramos con una parcial alteración (la modificación es cosa muy distinta) en el art. 456 d) y e) que atribuye a los LAJ (recuerden, Letrados de la Administración de Justicia) dos palmarias incompetencias. 

La primera, que consiste en la tramitación y resolución de los monitorios (art. 456.6. d) LOPJ) quedará de hecho sin efecto cuando entre en vigor el «Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (621/000142)» que en el caso del procedimiento monitorio incluye el cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C—618/10; razón por la que se introduce en el art. 815 LEC un nuevo apartado 4 que permitirá al juez, previamente a que el secretario judicial acuerde realizar el requerimiento, controlar la eventual existencia de cláusulas abusivas en los contratos en los que se basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o usuarios y, en su caso, tras dar audiencia a ambas partes, resolver lo procedente. 

Ni que decir tiene que razones de pura lógica obligan a considerar la existencia de una única resolución (una providencia) en la que se incluya el control judicial sobre la abusividad de las cláusulas y cualesquiera otros defectos procesales que se adviertan en la petición inicial del proceso monitorio ya que lo contrario, en la oficina judicial decimonónica vigente, obligará a dictar varias resoluciones por el LAJ y el Juez, lo que no solo contradice la celeridad del monitorio, sino que incrementa las posibilidades de una desaconsejable disparidad de criterios. 

La mediación, que aparece en el art. 456.6.e) LOPJ no tiene acomodo en la actualidad en la ley procesal si bien el proyecto de ley citado antes, prevé que las partes de común acuerdo puedan también solicitar la suspensión del proceso de conformidad para someterse a mediación. Y en el caso de haberse alcanzado en la mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial. 

No hace un estudio profundo del asunto para colegir que la existencia del mediador y la necesaria homologación por el Tribunal excluyen al LAJ, que no tendrá otra función que la de informar a las partes sobre la posibilidad de la repetida mediación, lo que a buen seguro se sustituirá por una formula impresa en las resoluciones que se dicten en el pleito.

13 septiembre 2015

Una nueva aplicación en justicia para Iphone y Android: la Tablonpel


La antepenúltima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7/2015, que entra en vigor el próximo 1 de octubre modifica, entre otros preceptos, el apartado segundo del artículo 232.2 LOPJ y nos mete o introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 138 LEC. 

El apartado 2 del artículo 232 queda ahora redactado como sigue:


«2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.

Y esto puede analizarse de dos formas distintas y quien redacta ha elegido la jurídico-procesa-orgánica, que es la adecuada al supuesto. Pues bien, en una tercera lectura del mandato (no comprendí bien en las dos primeras en qué consiste la tarea encomendada) llegue a la conclusión que de lo que se trata es de colocar un papel en un lugar visible el primer día hábil de la semana; papel en el que aparecerá la relación de señalamientos, fecha, hora, tipo y número de procedimiento. 

En el Preámbulo de la ley se justifica la reforma en el marco de la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública de tal forma que con antelación pueda conocerse la fecha y hora de celebración de un procedimiento y, dejando al margen la relevancia que tiene la «transparencia» en este asunto, conocimiento, lo que se dice conocimiento, pues no sé sí tendrá mucha la ciudadanía y, tampoco sé si le importara un pimiento llegar a un juzgado y descubrir, si es que lo hace, dónde está el papelito en cuestión. Deberá recordarse que este nuevo e importantísimo papelito compartirá sitio con los cientos de papelitos que la ley nos obliga a colocar en lugares visibles en los juzgados para que los ciudadanos conozcan otras cosas que ya suelen buscar por internet. 

¿He escrito «internet»? Un error lo tiene cualquiera, quería decir «tablonpel», que es la nueva aplicación de justicia para Iphone, Android y tabletas y que tiene la particularidad de no descargarse en la red (lo que evita los viruses), sino que funciona a través de las cámaras de los susodichos dispositivos: se hace una foto del papelito (si se encuentra) y luego se archiva. ¿Hay algo más sencillo? 

El problema de la aplicación es que no puede modificar la información y aquí tenemos varias dificultades jurídico-procesales-orgánicas que la indudable capacidad de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ en adelante) sabrán resolver: ¿rotulador, bolígrafo o impresión de la agenda informática?, ¿chinchetas, grapas, celo o cinta de carrocero? y sobre todo ¿en la puerta de la Sala de vistas, en el tablón del Juzgado, en una pared que tenga humedades o desconchados de pintura o hacemos una junta y que se encargue el Decanato?