Facturas y minutas de honorarios de Letrado.


El importe de los servicios del abogado se documenta en lo que se denomina tradicionalmente “minuta de honorarios profesionales”, que, desde un punto de vista estrictamente económico y contable, no es más que una factura por servicios profesionales. En cuanto a tal, está sujeta a todas las normas administrativas, que prescriben sus características formales y entre estas son relevantes la fecha, el número de la factura, el importe, el desglose del IVA y de la eventual retención a cuenta del IRPF, los datos fiscales del emisor y del receptor, etc. La factura debe contener una cierta referencia al contenido de los servicios prestados, según las necesidades o exigencias del cliente y en un mismo asunto puede ser necesario emitir facturas separadas. 

El incumplimiento de la normativa que regula la factura no sirve para calificarla de indebida, pues habrá de valorarse exclusivamente por lo que resulte del pleito en relación con el mismo marco de la ley adjetiva, sin que, por ello, por lo general y en principio, dependa esa calificación de la proyección de otra normativa ajena a este sector, como puede ser, la de carácter administrativo, fiscal, municipal. Es indiscutible compartir que "ope materiae" en ninguna de esas normativas, salvo, en su caso, lo concerniente al IVA se prescribe si un "facere" del Abogado o Procurador es inútil, superfluo o no legal o que sus honorarios no se hayan devengado en el juicio. (STS, 973/2001, Sala 1ª, de 16 de octubre de 2001, Roj 7940/2001).

En la práctica diaria encontramos otra minuta: la que se realiza “pro forma”. Este documento es una especie de presupuesto autentificado del abogado que tiene un aspecto similar a la factura (contiene el nombre del abogado, dirección, NIF, todos los datos del cliente y un desglose de los servicios con precio e IVA). La “factura pro forma” es meramente informativa y en el tráfico mercantil, una vez satisfecha por el cliente, se emite la factura definitiva, fechada y nume¬rada, declarándose a efectos de IRPF e IVA. 

No se rechazan por los Juzgados estas “factura pro forma” cuando se presentan para la práctica de la tasación de costas “ya que la ley de enjuiciamiento civil sólo dispone como requisitos formales que deba rendir la minuta del letrado de los derechos y suplidos de los procuradores, que sean detallados, nunca que cumpla determinada exigencia fiscal previa a efectos de factura, y menos aún, cuando se reconoce que las actuaciones por las que se minuta se realizaron y no se ponen en duda” (SAP MADRID, 503/2010, Sección 20ª, de 8 de septiembre, ROJ SAP M 13843/2010). 

Esto es, la vencedora en el procedimiento puede reclamar el importe, tanto de la minuta del abogado como la de su procurador, siendo suficiente que se aporte la citada factura pro forma, pues no es necesario que materialmente se haya abonado con anterioridad el importe de la minuta, porque lo concedido a la parte ganadora es un crédito frente a los obligados al pago de las costas procesales, y no un derecho de repetición o de reembolso de lo abonado por los acreedores a los abogados que los defienden y a los Procuradores que los representan. Por ello no necesitan acreditar que los tienen abonados a los respectivos profesionales, basta con que presente las correspondientes facturas de haberse devengado los honorarios o los derechos durante el proceso. El razonamiento se contiene en SAP LERIDA, 177/2010, Sección 2ª, de 26 de abril (Roj SAP L 366/2010) y también la advertencia que los datos que según la normativa fiscal deben reunir las facturas, resultan ajenos a lo que debe discutirse en el procedimiento. No existe fundamento legal para restar validez, a los efectos de reclamar los gastos devengados en el proceso, a una minuta expedida por un profesional por el mero hecho de denominarla "pro-forma".

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