A vueltas con la anotación de un derecho inexistente en el Registro de Bienes Muebles.


Hasta la entrada en vigor de la Ley de Venta a Plazos de 1988 no existía la posibilidad de inscribir en un registro jurídico la propiedad del vehículo a favor del arrendador financiero lo cual, unido a la circunstancia de que en el Registro administrativo de Tráfico se considerara como propietario de facto al arrendatario financiero llevaba a que, en ocasiones, se trabaran embargos en dicho Registro por deudas del arrendatario cuando la propiedad del vehículo correspondía, de iure, al arrendador. A esta situación anómala puso fin la inscripción de los contratos de arrendamiento financiero en el Registro de Bienes Muebles. Una vez registrado un contrato de arrendamiento financiero sobre un vehículo, coexistirán en el Registro dos titularidades: el derecho de dominio que corresponde a la sociedad de arrendamiento financiero, y el derecho de arrendamiento financiero cuyo titular es el usuario. 

Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del arrendatario financiero ya que los derechos que derivan de su posición contractual tienen un indudable valor patrimonial que puede servir de garantía a sus derechos, la regla 15 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 3 de diciembre de 2002 afirma que «podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado.» 

Pero obsérvese que lo embargado es la «posición jurídica del comprador a plazos» cuyo encaje en el art. 592 LEC se antoja difícil (cuando no imposible), pues hablamos de la traba sobre el derecho al uso de un vehículo que normalmente no estará a disposición del Juzgado y que en consecuencia, ni será valorable, ni podrá salir a subasta. Más aún, tampoco sería posible una valoración separada del derecho y ajena a la del vehículo, pues sería la de éste y no la del derecho la que suscitaría el interés de los posibles postores y planteado así el debate entramos en el terreno de la ficción legal, porque en realidad estaríamos obligados a valorar siempre un bien del ejecutante (el vehículo) para hacer lo propio con el del ejecutado (el uso del vehículo) y eso es una antinomia con la definición del embargo, en tanto no existe en la ley la traba de un bien condicionada a la existencia de otro del ejecutante: se embarga un bien propiedad del ejecutado y si eso no es posible no habrá afección. 

No obstante, reduzcamos el asunto al absurdo. Para suponer la existencia de un tercero interesado en quedarse con la «posición jurídica» del deudor habremos de acudir a la familia o a un amigo, porque en cualquier otro caso lo más sencillo, práctico y útil es irse al concesionario de la esquina a echarle un vistazo a algún vehículo de ocasión (y más en la actualidad), lo que afirmo bajo otra presunción: que tengamos el vehículo, porque la eficacia de una anotación registral sobre un artefacto que tiene ruedas es cuando menos discutible. 

Y ya hay que suponer mucho en el supuesto que sea el propio ejecutado quien levante el embargo sobre la «posición jurídica» cuando no ha pagado las cuotas que le llevaron al Juzgado.

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