30 diciembre 2014

A vueltas con la anotación de un derecho inexistente en el Registro de Bienes Muebles.


Hasta la entrada en vigor de la Ley de Venta a Plazos de 1988 no existía la posibilidad de inscribir en un registro jurídico la propiedad del vehículo a favor del arrendador financiero lo cual, unido a la circunstancia de que en el Registro administrativo de Tráfico se considerara como propietario de facto al arrendatario financiero llevaba a que, en ocasiones, se trabaran embargos en dicho Registro por deudas del arrendatario cuando la propiedad del vehículo correspondía, de iure, al arrendador. A esta situación anómala puso fin la inscripción de los contratos de arrendamiento financiero en el Registro de Bienes Muebles. Una vez registrado un contrato de arrendamiento financiero sobre un vehículo, coexistirán en el Registro dos titularidades: el derecho de dominio que corresponde a la sociedad de arrendamiento financiero, y el derecho de arrendamiento financiero cuyo titular es el usuario. 

Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del arrendatario financiero ya que los derechos que derivan de su posición contractual tienen un indudable valor patrimonial que puede servir de garantía a sus derechos, la regla 15 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 3 de diciembre de 2002 afirma que «podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado.» 

Pero obsérvese que lo embargado es la «posición jurídica del comprador a plazos» cuyo encaje en el art. 592 LEC se antoja difícil (cuando no imposible), pues hablamos de la traba sobre el derecho al uso de un vehículo que normalmente no estará a disposición del Juzgado y que en consecuencia, ni será valorable, ni podrá salir a subasta. Más aún, tampoco sería posible una valoración separada del derecho y ajena a la del vehículo, pues sería la de éste y no la del derecho la que suscitaría el interés de los posibles postores y planteado así el debate entramos en el terreno de la ficción legal, porque en realidad estaríamos obligados a valorar siempre un bien del ejecutante (el vehículo) para hacer lo propio con el del ejecutado (el uso del vehículo) y eso es una antinomia con la definición del embargo, en tanto no existe en la ley la traba de un bien condicionada a la existencia de otro del ejecutante: se embarga un bien propiedad del ejecutado y si eso no es posible no habrá afección. 

No obstante, reduzcamos el asunto al absurdo. Para suponer la existencia de un tercero interesado en quedarse con la «posición jurídica» del deudor habremos de acudir a la familia o a un amigo, porque en cualquier otro caso lo más sencillo, práctico y útil es irse al concesionario de la esquina a echarle un vistazo a algún vehículo de ocasión (y más en la actualidad), lo que afirmo bajo otra presunción: que tengamos el vehículo, porque la eficacia de una anotación registral sobre un artefacto que tiene ruedas es cuando menos discutible. 

Y ya hay que suponer mucho en el supuesto que sea el propio ejecutado quien levante el embargo sobre la «posición jurídica» cuando no ha pagado las cuotas que le llevaron al Juzgado.

26 diciembre 2014

La reforma de la Justicia en la Cartagena de Indias del año del Señor de 1697.


Ahora que un Señor de la Coleta, profesor de Universidad en sus ratos libres (como casi todos los demás) ha decidido salvarnos de nuestro destino, les contaré una historia que nos define como pueblo y civilización y que permite comprender por qué no habrá nunca reforma de la Justicia y porqué los experimentos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid deberían hacerse con gaseosa y luego, en su caso, patentarse. Si se preguntaban para que sirve una Facultad de Ciencias Políticas no hace falta que investiguen más y eso que en tiempos creí que era de la arte contemporáneo o, que se dedicaba a una especie de publicidad guarra, porque entre pinturas, carteles y spray me da, así a ojo, que un par de fotos más del Che Guevara y el edificio se viene abajo; no hay pilar que soporte tanta reclamación, lloro, insulto o vociferación en mayúsculas. 

Cuenta Pablo Victoria que el 13 de abril de 1697 la Armada Francesa fondeó en aguas de Cartagena y después diecisiete días sometieron la Plaza y la saquearon. El asedio habría podido evitarse si Don Diego de los Ríos y Quesada, Gobernador de Cartagena, hubiese tomado las precauciones que le indicaron en dos Cédulas desde la Corte de Madrid ya que los servicios diplomáticos habían descubierto la intención francesa de atacar la ciudad. Don Diego hizo caso omiso de las advertencias y descuidó las defensas que por aquel entonces amenazaban ruina. 

Don Sancho Ximeno de Orozco, mandaba el fuerte de San Luis y a tal extremo llego la resistencia que los franceses enviaron a un soldado y a un monje para intentar la rendición del baluarte. El fraile se acercó a las derruidas murallas y gritó: 

–Traigo embajada para Don Sancho. Quiero hablar con él. 
Y Don Sancho respondió: 
–¿Qué queréis, buen fraile? 
–El Barón de Pointis os manda a saludar y a solicitar que entreguéis el Castillo –contestó el cura. 
–¡Decidle que mal puedo yo entregar lo que no es mío! –contestó Don Sancho. 

Y aquí interviene la famosa Justicia Española. Al gobernador de los Ríos se le abrió expediente de investigación por la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, nombrándose como Oidor a D. Carlos Alcedo y Sotomayor, a quien el gobernador De los Ríos intentó detener. El Oidor fue enviado cautivo a La Habana y allí fue liberado por el Gobernador. El Oidor elevó acusación ante el Consejo de Indias, que dispuso nombrar un nuevo pesquisidor, Don Julio Antonio Tejada, la destitución De los Ríos y el nombramiento como nuevo gobernador de Don Juan Díaz Pimienta. 

Mientras tanto la Audiencia de Santa Fe había nombrado como nuevo Gobernador a Don Pedro de Olivera. Por cierto, cuando Tejada (el nombrado por el Consejo de Indias) llegó a Cartagena ordenó la detención del ex gobernador, confiscó sus bienes, pero también los de Don Sancho Ximeno, a quien arrestó. Y por si no fueran pocos el siguiente Gobernador de Cartagena (cuyo nombre omito) ordenó que pusieran preso al pesquisidor Tejada. 

La Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá nombró a un tercer Oidor: Don Bernardino Ángel de Isunza y Eguiluz y mientras iba y venía la publicación oficial, el ex gobernador De los Ríos se fugó de la prisión sobornando a los guardias. El colega (disculpen la confianza) terminó en Francia obligando a Luis XIV y Felipe V a aclarar que este personaje no había tenido ninguna connivencia había tenido con el Barón de Pointis (el que había asediado Cartagena). 

En aquellos días Don Sancho Ximeno de Orozco seguía en prisión. Y ahora son libres de seguir mirando a la muchachada de la Coleta y de creerse lo de la reforma de la Justicia.

24 diciembre 2014

Una nochebuena en España (y si llegan al final les regalo un libro).


Pinchen en el enlace (AQUÍ) porque de lo contrario no se enteraran de nada. Sansegundo está pendiente de una llamada para volver a Irak; tanta manifestación, tanta paz y tanta historia para volver al mismo sitio, pero con menos ganas y algún kilo de más. García, él conductor, lo dejó o le echaron por fin del contrato, no lo recuerdo bien, pero el fin de la intervención (o de lo que fuera) en Afganistán y el recorte del presupuesto (desde hace años no hay presupuesto para defensa, hay un recorte calificado de presupuesto) dejó a mucha gente en la calle. 

El Teniente es ahora Capitán y al Capitán le empapelaron por sacar a la parejita de su pueblo. Todo muy bonito pero hubo que pedir ayuda a los Yanquis para que la patrulla no acabara desgraciada y la prensa, la prensa de la Calle Serrano, perfume caro y progresía rica en valores intercambiables, puso en la picota al Ministerio de Defensa cuando se enteró del apoyo aéreo norteamericano. Eufemismo que terminó en bronca y bronca, ocioso es decirlo, que fue bajando por la escala jerárquica hasta acabar con la carrera del Capitán. 

Peréz Castell y la Sargento Alcubilla se liaron allí (dicen las malas lenguas) y en un par de meses se casan. Han invitado a la boda a todos los miembros de aquella patrulla y a los cuatro pilotos norteamericanos y todos han confirmado su asistencia. La madre de la Sargento Alcubilla anda con la mosca detrás de la oreja por el asunto: no entiende porque su hija no ha querido invitar a parte de la familia y sí a cuatro yanquis y a sus mujeres. 

No me pregunten por la pareja de Afganos. Nadie lo sabe. Costó bastante sacar de allí a algunos intérpretes y cuando empapelaron al Capitán todos los demás se escondieron en el mejor sitio que encontraron. O guardaron silencio. Una última orden del Capitán que cumplieron sin reparos. 

¿Saben lo mejor? Todos recuerdan aquel día 24 de diciembre de 2011 en el que una chica de diecisiete años dio a luz en una carretera de Afganistán rodeada de soldados españoles, mientras en el cielo cruzaba un punto de luz, que dejaba una estela parecida al de una estrella y, todos volverían a hacer lo mismo que hicieron aquella noche. 

Si han llegado hasta aquí les doy las gracias y si pinchan AQUI podrán descargarse gratis un libro sobre la reforma de la justicia en PDF, que quizá no tenga nada que ver con la boda Peréz Castell y la Sargento Alcubilla, pero que a buen seguro les arrancará alguna sonrisa y en el fondo creo que de eso se trata.

16 diciembre 2014

Facturas y minutas de honorarios de Letrado.


El importe de los servicios del abogado se documenta en lo que se denomina tradicionalmente “minuta de honorarios profesionales”, que, desde un punto de vista estrictamente económico y contable, no es más que una factura por servicios profesionales. En cuanto a tal, está sujeta a todas las normas administrativas, que prescriben sus características formales y entre estas son relevantes la fecha, el número de la factura, el importe, el desglose del IVA y de la eventual retención a cuenta del IRPF, los datos fiscales del emisor y del receptor, etc. La factura debe contener una cierta referencia al contenido de los servicios prestados, según las necesidades o exigencias del cliente y en un mismo asunto puede ser necesario emitir facturas separadas. 

El incumplimiento de la normativa que regula la factura no sirve para calificarla de indebida, pues habrá de valorarse exclusivamente por lo que resulte del pleito en relación con el mismo marco de la ley adjetiva, sin que, por ello, por lo general y en principio, dependa esa calificación de la proyección de otra normativa ajena a este sector, como puede ser, la de carácter administrativo, fiscal, municipal. Es indiscutible compartir que "ope materiae" en ninguna de esas normativas, salvo, en su caso, lo concerniente al IVA se prescribe si un "facere" del Abogado o Procurador es inútil, superfluo o no legal o que sus honorarios no se hayan devengado en el juicio. (STS, 973/2001, Sala 1ª, de 16 de octubre de 2001, Roj 7940/2001).

En la práctica diaria encontramos otra minuta: la que se realiza “pro forma”. Este documento es una especie de presupuesto autentificado del abogado que tiene un aspecto similar a la factura (contiene el nombre del abogado, dirección, NIF, todos los datos del cliente y un desglose de los servicios con precio e IVA). La “factura pro forma” es meramente informativa y en el tráfico mercantil, una vez satisfecha por el cliente, se emite la factura definitiva, fechada y nume¬rada, declarándose a efectos de IRPF e IVA. 

No se rechazan por los Juzgados estas “factura pro forma” cuando se presentan para la práctica de la tasación de costas “ya que la ley de enjuiciamiento civil sólo dispone como requisitos formales que deba rendir la minuta del letrado de los derechos y suplidos de los procuradores, que sean detallados, nunca que cumpla determinada exigencia fiscal previa a efectos de factura, y menos aún, cuando se reconoce que las actuaciones por las que se minuta se realizaron y no se ponen en duda” (SAP MADRID, 503/2010, Sección 20ª, de 8 de septiembre, ROJ SAP M 13843/2010). 

Esto es, la vencedora en el procedimiento puede reclamar el importe, tanto de la minuta del abogado como la de su procurador, siendo suficiente que se aporte la citada factura pro forma, pues no es necesario que materialmente se haya abonado con anterioridad el importe de la minuta, porque lo concedido a la parte ganadora es un crédito frente a los obligados al pago de las costas procesales, y no un derecho de repetición o de reembolso de lo abonado por los acreedores a los abogados que los defienden y a los Procuradores que los representan. Por ello no necesitan acreditar que los tienen abonados a los respectivos profesionales, basta con que presente las correspondientes facturas de haberse devengado los honorarios o los derechos durante el proceso. El razonamiento se contiene en SAP LERIDA, 177/2010, Sección 2ª, de 26 de abril (Roj SAP L 366/2010) y también la advertencia que los datos que según la normativa fiscal deben reunir las facturas, resultan ajenos a lo que debe discutirse en el procedimiento. No existe fundamento legal para restar validez, a los efectos de reclamar los gastos devengados en el proceso, a una minuta expedida por un profesional por el mero hecho de denominarla "pro-forma".

04 diciembre 2014

¿Es necesaria la subasta judicial de los bienes inmuebles?


Poco puede decirse sobre la subasta judicial que no se haya escrito, discutido y analizado en profundidad y a pocos escapa que el sistema no funciona. Si de lo que se trata es de vender el bien inmueble y el porcentaje de subastas desiertas es altísimo – cercano al 90% de todas las que se celebran- fácil es colegir un fracaso que alguna explicación tendrá. Pero cuidado, porque tampoco puede extraer el lector las habituales conclusiones apresuradas sobre la ineficacia de los Juzgados (que la hay) y la privatización de la venta (que rechazo, parcialmente) y basta echarle un vistazo a las normas reguladoras de la subasta en la Ley de Enjuiciamiento Civil para llegar a una segunda conclusión: careceremos de un ordenamiento que nos permita vender con éxito un bien inmueble (o cualquier cosa) y aún más, la Ley sigue repleta de obstáculos “procesales” que facilitan esa ineficacia que antes cité. 

El corolario de este escenario aparece en esas certificaciones registrales con dos o tres inscripciones de hipoteca y algunas anotaciones de embargo -me quedo corto porque he llegado a ver Letras J) prorrogadas y varias del mismo acreedor-; en las caducidades de las anotaciones de embargo y en el rechazo del ejecutante a la subasta aunque obtenga la anotación. 

Ello por no hablar de un pequeño detalle que siempre pasa por alto el Legislador, aunque se le recuerde en cada reforma procesal: ¿alguien compra algo que no puede ver? Eso es lo que se le pide al comprador en subasta judicial de un inmueble sujeto a embargo o a hipoteca, que haga un acto de fe y adquiera un bien que no ha podido ver y lo que es peor, que ha sido valorado por un tercero que tampoco lo ha hecho – en el caso de embargos- y que ha sacado el precio por comparación de determinados “testigos” (zona, dotación del barrio, calidades, metros cuadrados, etc.). 

De hecho, la valoración de bienes en la ejecución civil -no en la hipotecaria, que va por otros derroteros- tal y como se realiza, no necesita la intervención de ningún perito. El empleo de testigos de referencia, mapas de google, certificaciones registrales y la toma de fotografías no tiene ninguna dificultad, no requiere conocimientos especiales y, desde luego, no justifica una minuta de honorarios que en el mejor de los casos llega a los 300,00€. Sin lugar a dudas debería quedar al criterio del órgano ejecutor la intervención del perito, previsión nada novedosa y que rige en otros ordenamientos. 

¿Saben lo que se consigue con esto? Que acudan solo a la puja vecinos del inmueble interesados en la adquisición y que conocen perfectamente el estado de la finca y los inevitables subasteros, aunque se trate ya, en muchos casos, de sociedades dedicadas al préstamo y a la compraventa de inmuebles. Nadie más se arriesga y por lo mismo, bien pronto se ve que no basta con la multiplicación de las medidas de publicidad o las llamadas subastas electrónicas. Eso es una parte del problema y en la actualidad, no el fundamental. 

Les cuento una última anécdota para que comprueben hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una defectuosa normativa, porque tampoco los Juzgados tienen reservado el “derecho de admisión”, ni una “efectiva presidencia” de la puja. Perdonen el empleo de la primera persona del singular. En una de esas subastas previas a la crisis que padecemos y con la Sala repleta de público, me encontré con dos subasteros haciendo pujas de euro en euro y cuando llevaban más de diez, corté en seco lo que parecía un despropósito y advertí a los dos postores – que en ese momento no lo eran- que procedería a expulsarlos de la Sala si continuaban con ese comportamiento, que dicho sea había ocasionado cierto revuelo entre los asistentes. 

Y ¿qué dice la ley? Si leemos el artículo 649 LEC tendría que haberme limitado a levantar acta de la subasta una vez terminada, “expresando el nombre de quienes hubieran participado y de las posturas que formularon” y es muy probable que si los subasteros hubieran impugnado mi decisión, habríamos tenido que celebrar una segunda subasta y aguantar la puja de euro en euro hasta que el ejecutante o algún tercero la hubieran puesto fin. ¿Se imaginan una subasta así en alguna de esas empresas privadas dedicadas a esta actividad? No creo que la respuesta sea necesaria. 

La subasta judicial de los bienes inmuebles es necesaria y además no puede privatizarse como se oye. Pero si se quiere que cumpla con su función, que no es la venta del bien, sin el cumplimiento del título ejecutivo, requiere una completa modificación normativa que, entre otras cosas, compela al ejecutante a no jugar con las anotaciones de embargo, obligue al ejecutado a colaborar con el perito y atribuya a los Juzgados la efectiva presidencia del acto de la puja. 

También es posible que no me haya enterado bien del asunto y que la última de las reformas de la justicia (no sé cuantos plurales llevo leídos) sea la que llegue a buen puerto, aunque mientras lo hace se sigan hundiendo los barcos.