La suspensión del proceso por la solicitud de justicia gratuita.


El artículo 16 Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita ordena a modo de regla general que “La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, pero las excepciones son tan amplias que, en realidad, la norma parece imponer una suspensión de oficio hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente; tratándose de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes (art. 16, párrafo segundo Ley 1/196). 

Eso bajo la presunción que el beneficiario por el derecho tenga algún motivo para disfrutarlo proceso porque son ahora mayoría los supuestos en los que la petición solo busca alargar el proceso. Importa señalar que estas peticiones de justicia gratuita se formulaban, generalmente, en las ejecuciones de título no judicial para intentar la oposición contra el auto ejecutivo, pero desde hace un tiempo se han extendido a los monitorios (provocando un señalamiento al que luego no se acude), a los desahucios (en el acto del juicio se reconoce el impago) y a las ejecuciones hipotecarias (en las que se sigue discutiendo al peso con escritos modelos). 

Dicho esto, la simple manifestación en el Juzgado de haberse solicitado la justicia gratuita no puede suspender el curso del proceso y ello porque nada dice en tal sentido el art. 16 Ley 1/96 y, tanto en el proceso declarativo como en el de ejecución no podrá ordenarse dicha suspensión sin atender al estado del mismo y a la obligación del órgano judicial de garantizar los derechos y obligaciones de las dos partes, lo que implica: 

(i) No es admisible una comparecencia-modelo sin antes comprobar las fechas de los requerimientos de pago en las ejecuciones de título no judicial e hipotecaria y aunque sea discutible, en los casos del monitorio y del desahucio deberá intentar determinarse cuál es el motivo real de la solicitud de justicia gratuita. 

(ii) Debe asegurarse que existe un proceso y que este no ha finalizado. Y así tenemos que en posible impugnación de una tasación de costas no habrá suspensión porque el proceso ya ha finalizado Esto es, tal y como leemos en el ATS, Sala 1ª, 7 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 9905/2010): “La práctica de la tasación de costas por el Secretario Judicial no es un acto de ejecución forzosa contra el condenado que incumple, sino una liquidación conforme a la ley del quantum del importe que en concepto de costas puede repercutirse sobre la parte condenada el pago. Cuantificación que la ley ordena al Secretario Judicial y sin la que no existe una obligación dineraria susceptible de pago o cumplimiento por parte del vencido en juicio”.

(iii) Debe el órgano judicial asegurar la eficacia de las medidas ejecutivas ordenadas o practicadas, impidiendo que la suspensión haga infructuosa la ulterior realización del título ejecutivo por el excesivo tiempo que puede transcurrir desde la petición hasta el efectivo reconocimiento del derecho. Recordemos que el art. 565.2 LEC establece que la suspensión no impedirá la adopción o mantenimiento de las medidas de garantía de los embargos acordados y la práctica de los que ya hubieren sido acordados (a modo de ejemplo el embargo de cuentas corrientes y sueldos o salarios podrán garantizarse mediante el ingreso en la cuenta de consignaciones del Juzgado y, el de bienes inmuebles, mediante la anotación en el Registro de la Propiedad).

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