La manifestación de bienes del ejecutado: requisitos y consecuencias prácticas.


La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 introdujo como novedad en el art. 589 la manifestación de bienes del ejecutado, pero la reforma posterior del año 2009 no solucionó ninguno de los problemas de la aplicación del precepto, limitándose a atribuir al Secretario Judicial la orden del requerimiento, mediante diligencia de ordenación y la imposición de la multa en el apartado 3. Así que, salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título (art. 589.1 LEC). 

La falta de designación de bienes por el ejecutante ha dejado de ser un requisito y se ha transformado en una mera de fórmula impresa en las demandas de ejecución. Han desaparecido los grises que en los primeros años de aplicación de la ley motivaron interesantes estudios sobre esta cuestión y, hoy el ejecutante designa bienes suficientes haciendo inútil cualquier medida de averiguación (en pocas ocasiones) o, no designa ninguno y postula la práctica de toda clase de medidas de investigación y ejecución. A partir de ahí el asunto se complica porque nada más dice el art. 589 LEC. 

Para empezar la Ley no prevé quién debe hacer la manifestación de bienes. No hay dificultades en el caso de personas físicas, pero en el de las personas jurídicas el art. 7 LEC, permite afirmar que responderán al requerimiento sus administradores o las personas que legalmente la representen y, cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. El responsable del incumplimiento del requerimiento será la persona jurídica. 

¿Puede hacerse el requerimiento al procurador de la ejecutada? La respuesta es negativa. El ejecutado habrá de ser requerido personalmente, incluso cuando ya esté personado y representado mediante Procurador. Estamos, por tanto, frente a uno de los supuestos excepcionales a que se refiere el art. 28.4 LEC, en que se prescinde que el acto de comunicación se lleve a efecto a través del Procurador. Por otro lado, del requerimiento pueden derivarse consecuencias penales y multas coercitivas de dudosa efectividad, si el ejecutado adujera el desconocimiento personal del requerimiento y, consiguientemente, su falta de culpabilidad. 

Cabe decir lo mismo de la forma en que debe realizarse. Si buscamos la eficacia de la orden y su cumplimiento (voluntario u obligado por la multa) deberá hacerse siempre mediante la entrega al destinatario (persona física) de copia literal del requerimiento que el Secretario judicial le dirija (art. 152.2.3ª LEC) admitiendo la respuesta que pueda dar (art. 152.4 LEC). De lo contrario entraremos en discusiones inacabables sobre la posibilidad de hacerlo por correo, la forma en que el requerido puede contestar y las consecuencias de la desatención, si ha sido otra persona la que firmó el acuse de recibo. 

El contenido del requerimiento aparece en el ya transcrito apartado 1 del art. 589 LEC y como el ejecutado suele contestar parcialmente u oculta datos esenciales de su patrimonio, no solo debe advertírsele con toda claridad de las consecuencias de las respuestas indebidas (art. 589.3 primer párrafo LEC), sino que es conveniente que el Juzgado en el momento de la practica cuente con información patrimonial del requerido, lo que simplifica notablemente la diligencia y evita esas respuestas evasivas. Con ello advertimos de dos aspectos de notable importancia: a) carece de sentido practicar el requerimiento cuando de la información patrimonial resulta la inexistencia de patrimonio o su patente insuficiencia (vg. el ejecutado solo cobra una pensión o la prestación por desempleo) y b) la diligencia deberá realizarse por el propio órgano ejecutor sin valerse del auxilio del servicio común, pues no se trata tanto de comunicar, sino de averiguar y esto solo podrá llevarse a cabo mediante la intervención directa del Secretario Judicial y de la parte ejecutante, que deberá ser citada al acto. 

Por último la manifestación de bienes no vulnera el derecho a declarar contra uno mismo ex art. 24.2 CE ya que la aplicación del mismo se circunscribe al ámbito sancionador (penal o administrativo). Esto es, la modificación introducida en la ley procesal civil para favorecer la persecución de los bienes de los deudores se hizo con la finalidad de acabar con la situación escandalosamente injusta de que los deudores pudieran impagar sus deudas impunemente. Para favorecer la ejecución, se le impone al deudor un especial deber de colaboración, que se concreta en su obligación de designar los bienes de que sea titular

Comentarios

  1. El incumplimiento de la obligación de manifestación de bienes ¿es un delito de desobediencia? ¿Es una falta? Hay compañeros que penalizan el incumplimiento acudiendo a la jursidicción penal - valga la redundancia-. ¿Cómo lo ves?

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    1. En los casos extremos lo mandaría al penal para que ellos decidieran, pero primero hay que mirar muy bien la información patrimonial: no tiene sentido requerir a quien no tiene nada. Y escribo en condicional porque el requerimiento carece hoy de interés práctico.

      Por lo demás la multa tampoco tiene ningún sentido (va para el Estado y no al ejecutante)

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