La ampliación de la ejecución en reclamaciones de propiedad horizontal


Dice el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, 15 de mayo de 2009 (Roj: AAP VA 269/2009) que la invocación del principio de economía procesal no puede servir para incluir indiscriminadamente en la ejecución de la sentencia firme, el pago de cantidades que no fueron objeto de expresa reclamación en la litis y que no encuentran acomodo en la previsión ampliatoria del art. 578.1 LEC. Del referido precepto resulta que si despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma o la obligación en su totalidad, la Ley contempla dos posibilidades: a) entender ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento; y b) si el ejecutante solicita esta ampliación en la demanda, se advertirá al ejecutado, en el momento de notificarle el auto despachando ejecución, que ésta se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieran consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes (AAP SALAMANCA, Sección 1ª, 20 de abril de 2007,Roj: AAP 4/2007). 

La verdad es que el precepto ha tenido escaso éxito debido a que su ámbito de aplicación es ciertamente limitado. La esencia de la denominada ampliación de la ejecución —sigo ahora lo resuelto en el AAP CIUDAD REAL, Sección 1ª, 13 de junio de 2008 (Roj: AAP CR 596/2008)—, es la absoluta identidad de los nuevos plazos que van venciendo durante el proceso ejecutivo con aquellos en que se basó la demanda inicial. Es decir, el art. 578 provee a la situación generada por las deudas de tracto sucesivo, en las que, por el requisito de la exigibilidad, sólo puede solicitarse ejecución de aquellos tramos de la deuda que estén vencidos al tiempo de la demanda, pero en las que, el inexorable paso del tiempo unido al desarrollo de la misma obligación, se sabe de antemano que la deuda exigida se irá incrementando. Por eso, el art. 578 requiere el vencimiento de un «nuevo plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede», con lo que expresa esa identidad absoluta a que se ha hecho referencia. Ello no quiere decir que, si del título ejecutivo se deduce, no tenga derecho a reclamar por otros conceptos o en base al otro miembro de la alternativa, aunque deberá presentar una nueva demanda. 

Importa destacar que esa conclusión tiene mucha trascendencia, pues «en la ampliación a la ejecución no se permite ya oposición específica, en cuanto no se retrotraen las actuaciones, y ello se explica porque la oposición se dirige a la deuda en sí misma contemplada en su unidad. Pero, si no se dan esos requisitos se tiene que garantizar al ejecutado la posibilidad de oposición, que únicamente se asegura con la nueva demanda». Por ésta razón, una vez resuelta la oposición, no caben nuevas ampliaciones de la ejecución, toda vez que queda agotado el objeto propio del proceso en curso, que no puede artificialmente ser dilatado por esta vía de la ampliación al no tener acogida en el art. 578 LEC (AAP MADRID, Sección 24ª, 23 de enero de 2008, Roj: AAP 476/2008). 

En estas circunstancias es difícil —sino imposible— encontrar ampliaciones fuera de los procesos de familia y determinados cambiarios y, por lo mismo no será posible reclamar en el juicio monitorio ni acumular en la ejecución del mismo, ex art. 578 LEC, otras deudas del copropietario moroso que no consten en la certificación aun cuando sean debidas en el momento de iniciarlo. En la actualidad, el art. 21 LPH no hace referencia a esta posibilidad (como lo hacía en la anterior redacción del núm. 11 del art. 21 LPH), lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia como una especialidad de este tipo de juicio. 

En todo caso, y si bien es cierto que es una obligación de todo propietario integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al adecuado mantenimiento y sostenimiento del inmueble, sin embargo la determinación del importe en que deba contribuir para cumplir con esta obligación deriva de los concretos acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios en cada caso, que es quien establece el importe o cuantía de las cuotas a abonar por los diferentes propietarios así como el número de aquéllas, obedeciendo la determinación de estas cuotas, en su cuantía y número, a causas diferentes con las que además cada uno de los propietarios en cuestión puede o no estar de acuerdo, siendo por ello por lo que aun cuando sea una sola la obligación del propietario de un piso o local integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al mantenimiento y sostenimiento del inmueble, no pueden considerarse como vencimientos sucesivos de esa obligación las cuotas a abonar en cada caso por aquéllos en tanto derivan de los sucesivos acuerdos adoptados en Junta por los diferentes propietarios a tal fin. No podemos olvidar, por otra parte, que el despacho de ejecución tiene su origen en un auto (hoy decreto) dictado en procedimiento monitorio, siendo precisamente la resolución dictada en tal proceso monitorio, el título que lleva aparejada la ejecución, sin que desde luego pueda considerarse como título ejecutivo, la mera certificación del Secretario de una Comunidad de Propietarios en la que constan las cuotas impagadas por uno de los propietarios integrados en tal comunidad (AAP MADRID, Sección 21ª, de 28 de marzo de 2012, Roj: AAP M 6205/2012). 

Habrá que iniciar un nuevo monitorio para reclamar las cuotas que hayan ido venciendo tras la presentación de la petición inicial, puesto que es necesario nuevo acuerdo de Junta por el que se apruebe la nueva liquidación (art. 21 LPH) (SAP de la Palmas, Sección 3ª, de 29 de febrero de 2008, LA LEY 72776/2008).

Comentarios

  1. No tenía muchos datos de esta ampliación que has subido a la web así que me ha sido de gran ayuda para el futuro, enhorabuena por el blog y por el trabajo que realizas día a día Alberto

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