20 octubre 2014

La ampliación de la ejecución en reclamaciones de propiedad horizontal


Dice el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, 15 de mayo de 2009 (Roj: AAP VA 269/2009) que la invocación del principio de economía procesal no puede servir para incluir indiscriminadamente en la ejecución de la sentencia firme, el pago de cantidades que no fueron objeto de expresa reclamación en la litis y que no encuentran acomodo en la previsión ampliatoria del art. 578.1 LEC. Del referido precepto resulta que si despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma o la obligación en su totalidad, la Ley contempla dos posibilidades: a) entender ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento; y b) si el ejecutante solicita esta ampliación en la demanda, se advertirá al ejecutado, en el momento de notificarle el auto despachando ejecución, que ésta se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieran consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes (AAP SALAMANCA, Sección 1ª, 20 de abril de 2007,Roj: AAP 4/2007). 

La verdad es que el precepto ha tenido escaso éxito debido a que su ámbito de aplicación es ciertamente limitado. La esencia de la denominada ampliación de la ejecución —sigo ahora lo resuelto en el AAP CIUDAD REAL, Sección 1ª, 13 de junio de 2008 (Roj: AAP CR 596/2008)—, es la absoluta identidad de los nuevos plazos que van venciendo durante el proceso ejecutivo con aquellos en que se basó la demanda inicial. Es decir, el art. 578 provee a la situación generada por las deudas de tracto sucesivo, en las que, por el requisito de la exigibilidad, sólo puede solicitarse ejecución de aquellos tramos de la deuda que estén vencidos al tiempo de la demanda, pero en las que, el inexorable paso del tiempo unido al desarrollo de la misma obligación, se sabe de antemano que la deuda exigida se irá incrementando. Por eso, el art. 578 requiere el vencimiento de un «nuevo plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede», con lo que expresa esa identidad absoluta a que se ha hecho referencia. Ello no quiere decir que, si del título ejecutivo se deduce, no tenga derecho a reclamar por otros conceptos o en base al otro miembro de la alternativa, aunque deberá presentar una nueva demanda. 

Importa destacar que esa conclusión tiene mucha trascendencia, pues «en la ampliación a la ejecución no se permite ya oposición específica, en cuanto no se retrotraen las actuaciones, y ello se explica porque la oposición se dirige a la deuda en sí misma contemplada en su unidad. Pero, si no se dan esos requisitos se tiene que garantizar al ejecutado la posibilidad de oposición, que únicamente se asegura con la nueva demanda». Por ésta razón, una vez resuelta la oposición, no caben nuevas ampliaciones de la ejecución, toda vez que queda agotado el objeto propio del proceso en curso, que no puede artificialmente ser dilatado por esta vía de la ampliación al no tener acogida en el art. 578 LEC (AAP MADRID, Sección 24ª, 23 de enero de 2008, Roj: AAP 476/2008). 

En estas circunstancias es difícil —sino imposible— encontrar ampliaciones fuera de los procesos de familia y determinados cambiarios y, por lo mismo no será posible reclamar en el juicio monitorio ni acumular en la ejecución del mismo, ex art. 578 LEC, otras deudas del copropietario moroso que no consten en la certificación aun cuando sean debidas en el momento de iniciarlo. En la actualidad, el art. 21 LPH no hace referencia a esta posibilidad (como lo hacía en la anterior redacción del núm. 11 del art. 21 LPH), lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia como una especialidad de este tipo de juicio. 

En todo caso, y si bien es cierto que es una obligación de todo propietario integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al adecuado mantenimiento y sostenimiento del inmueble, sin embargo la determinación del importe en que deba contribuir para cumplir con esta obligación deriva de los concretos acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios en cada caso, que es quien establece el importe o cuantía de las cuotas a abonar por los diferentes propietarios así como el número de aquéllas, obedeciendo la determinación de estas cuotas, en su cuantía y número, a causas diferentes con las que además cada uno de los propietarios en cuestión puede o no estar de acuerdo, siendo por ello por lo que aun cuando sea una sola la obligación del propietario de un piso o local integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al mantenimiento y sostenimiento del inmueble, no pueden considerarse como vencimientos sucesivos de esa obligación las cuotas a abonar en cada caso por aquéllos en tanto derivan de los sucesivos acuerdos adoptados en Junta por los diferentes propietarios a tal fin. No podemos olvidar, por otra parte, que el despacho de ejecución tiene su origen en un auto (hoy decreto) dictado en procedimiento monitorio, siendo precisamente la resolución dictada en tal proceso monitorio, el título que lleva aparejada la ejecución, sin que desde luego pueda considerarse como título ejecutivo, la mera certificación del Secretario de una Comunidad de Propietarios en la que constan las cuotas impagadas por uno de los propietarios integrados en tal comunidad (AAP MADRID, Sección 21ª, de 28 de marzo de 2012, Roj: AAP M 6205/2012). 

Habrá que iniciar un nuevo monitorio para reclamar las cuotas que hayan ido venciendo tras la presentación de la petición inicial, puesto que es necesario nuevo acuerdo de Junta por el que se apruebe la nueva liquidación (art. 21 LPH) (SAP de la Palmas, Sección 3ª, de 29 de febrero de 2008, LA LEY 72776/2008).

06 octubre 2014

De mayor, quiero una UPAD.


Después de un curso en el CEJ en Madrid de día y medio de duración sobre ejecución civil, que me ha permitido reconfirmar el mucho talento escondido en el Cuerpo de Secretarios Judiciales haciendo la estadística a palotes o, perdiendo el tiempo interpretando leyes hechas con partes del cuerpo propias de otras especies del Reino Animal y que no voy a citar, el aterrizaje en el Juzgado fue el habitual, porque a falta de torre de control, de coordinadores de pista y con la tutela judicial efectiva cerrando hangares con toneladas de papel, lo raro es que algo funcione como debe. 

Así que con la mesa ocupada por peticiones absurdas y previa encuadernación, por amontonamiento, de las sentencias, los autos y los decretos del trimestre en una caja de folios vacía, que remato con cinta de carrocero y una indicación en la tapa superior del año, trimestre y contenido, los años que uno va teniendo y la evidente falta de agilidad que se proyecta en una rehabilitación de rodilla que no acaba nunca, llevan a concluir en la imperiosa necesidad de buscarme un destino que responda a mis conocimientos, a mi escasa flexibilidad de espalda y a una imposibilidad facial de besar lo que no quiero; flexibilidad y besuqueo sin escrúpulos que, por si lo ignoran, le da mucho brillo y esplendor al currículo y tienen mucho que ver con los requisitos que se publican en el BOE para acceder a determinados puestos de trabajo (no hablemos ya de las designaciones directas). 

No confunda los términos, querido lector, que escribo en primera persona y no quiero hacerme más amigos. La genuflexión de rodilla y de espalda y el besuqueo es cuestión de gustos (o de féminas, digámoslo) y para estos colores y, con tan filosófico razonamiento concluyo que si la cosa ha ido para atrás los primeros veinte años nada hace presumir que avance algo los próximos veinte y, bajo dicha presunción creo que ya he tenido bastantes reformas de la justicias, expedientes digitales y aplicaciones informáticas que no funcionan y no quiero más

En suma los años de servicio, las cervezas mal tiradas, el sueldo de vergüenza que me pagan y con el que satisfago mis gastos y los de la famosa casta (ojo, que aquí incluyo a los de Podemos, que van de estupendos por la vida, mientras en la Complutense de Madrid han cerrado la Editorial con ocho a la calle y un intento de indemnización muy proletario de 20 días por año) y que siempre viví mejor con los Jueces, aconsejan que en cumplimiento de la Orden JUS/76/2014, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, de mayor – que ya lo soy- me quede en la famosa UPAD o sea la Unidad Procesal de Apoyo Directo o, conocida también en zona NOJ (Nueva Oficina Judicial) como el SPA, aunque falte el agua. 

Esto tampoco significa que desconfíe de las futuras reformas de las justicias, los próximos expedientes digitales y las aplicaciones informáticas que no funcionaran, sino que la amenaza de quedarme sin carpetillas para demandas, si prefería encuadernar sentencias, autos y decretos en libros que nadie consulta (no lo cuenten, pero los tenemos grabados en el sistema informático) fue un golpe del que no he podido recuperarme y sí a eso le sumamos que no tengo ni medio punto por el idioma del territorio (ni ganas), cumplo todos los requisitos legales, paralegales y mediopensionistas para atender a tres magistrados, si es que no tienen a bien modificar la estructura para cuando llegue a Valencia la NOJ (Nueva Oficina Judicial).

03 octubre 2014

La manifestación de bienes del ejecutado: requisitos y consecuencias prácticas.


La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 introdujo como novedad en el art. 589 la manifestación de bienes del ejecutado, pero la reforma posterior del año 2009 no solucionó ninguno de los problemas de la aplicación del precepto, limitándose a atribuir al Secretario Judicial la orden del requerimiento, mediante diligencia de ordenación y la imposición de la multa en el apartado 3. Así que, salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título (art. 589.1 LEC). 

La falta de designación de bienes por el ejecutante ha dejado de ser un requisito y se ha transformado en una mera de fórmula impresa en las demandas de ejecución. Han desaparecido los grises que en los primeros años de aplicación de la ley motivaron interesantes estudios sobre esta cuestión y, hoy el ejecutante designa bienes suficientes haciendo inútil cualquier medida de averiguación (en pocas ocasiones) o, no designa ninguno y postula la práctica de toda clase de medidas de investigación y ejecución. A partir de ahí el asunto se complica porque nada más dice el art. 589 LEC. 

Para empezar la Ley no prevé quién debe hacer la manifestación de bienes. No hay dificultades en el caso de personas físicas, pero en el de las personas jurídicas el art. 7 LEC, permite afirmar que responderán al requerimiento sus administradores o las personas que legalmente la representen y, cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. El responsable del incumplimiento del requerimiento será la persona jurídica. 

¿Puede hacerse el requerimiento al procurador de la ejecutada? La respuesta es negativa. El ejecutado habrá de ser requerido personalmente, incluso cuando ya esté personado y representado mediante Procurador. Estamos, por tanto, frente a uno de los supuestos excepcionales a que se refiere el art. 28.4 LEC, en que se prescinde que el acto de comunicación se lleve a efecto a través del Procurador. Por otro lado, del requerimiento pueden derivarse consecuencias penales y multas coercitivas de dudosa efectividad, si el ejecutado adujera el desconocimiento personal del requerimiento y, consiguientemente, su falta de culpabilidad. 

Cabe decir lo mismo de la forma en que debe realizarse. Si buscamos la eficacia de la orden y su cumplimiento (voluntario u obligado por la multa) deberá hacerse siempre mediante la entrega al destinatario (persona física) de copia literal del requerimiento que el Secretario judicial le dirija (art. 152.2.3ª LEC) admitiendo la respuesta que pueda dar (art. 152.4 LEC). De lo contrario entraremos en discusiones inacabables sobre la posibilidad de hacerlo por correo, la forma en que el requerido puede contestar y las consecuencias de la desatención, si ha sido otra persona la que firmó el acuse de recibo. 

El contenido del requerimiento aparece en el ya transcrito apartado 1 del art. 589 LEC y como el ejecutado suele contestar parcialmente u oculta datos esenciales de su patrimonio, no solo debe advertírsele con toda claridad de las consecuencias de las respuestas indebidas (art. 589.3 primer párrafo LEC), sino que es conveniente que el Juzgado en el momento de la practica cuente con información patrimonial del requerido, lo que simplifica notablemente la diligencia y evita esas respuestas evasivas. Con ello advertimos de dos aspectos de notable importancia: a) carece de sentido practicar el requerimiento cuando de la información patrimonial resulta la inexistencia de patrimonio o su patente insuficiencia (vg. el ejecutado solo cobra una pensión o la prestación por desempleo) y b) la diligencia deberá realizarse por el propio órgano ejecutor sin valerse del auxilio del servicio común, pues no se trata tanto de comunicar, sino de averiguar y esto solo podrá llevarse a cabo mediante la intervención directa del Secretario Judicial y de la parte ejecutante, que deberá ser citada al acto. 

Por último la manifestación de bienes no vulnera el derecho a declarar contra uno mismo ex art. 24.2 CE ya que la aplicación del mismo se circunscribe al ámbito sancionador (penal o administrativo). Esto es, la modificación introducida en la ley procesal civil para favorecer la persecución de los bienes de los deudores se hizo con la finalidad de acabar con la situación escandalosamente injusta de que los deudores pudieran impagar sus deudas impunemente. Para favorecer la ejecución, se le impone al deudor un especial deber de colaboración, que se concreta en su obligación de designar los bienes de que sea titular