Jura de cuentas: naturaleza y competencia (ATS 1-7-2014)


La única y famosa, STCJ de 28 de septiembre de 2011 (Roj: STS 6232/2011) resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de jura de cuentas contra el consistorio sosteniendo que el expediente de jura de cuentas no sólo había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, sino que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales. El concepto de jurisdicción no permitía ampliaciones periféricas a partir de un núcleo central. 

Pues bien, el reciente ATS, Sala 1ª de 1 de julio de 2014 (Roj: ATS 6173/2014) afirma sobre la naturaleza de la jura que es un procedimiento especial porque va dirigido exclusivamente a hacer efectivos de forma inmediata los créditos derivados de la actuación profesional desarrollada de manera que -aunque es posible una fase sumaria de alegaciones- lo que se pretende es conseguir de forma rápida el pago o el despacho de ejecución , según se deriva del art. 34 LEC , sin prejuzgar la decisión definitiva de la controversia que pueda suscitarse entre el procurador y su poderdante sobre la relación contractual existente entre ambos. Y cito literal:


2. En la solicitud que abre el procedimiento de jura de cuenta, en puridad, no se ejercita una acción declarativa o de condena, ni una acción cautelar, ni ejecutiva -aunque, después, el procedimiento pueda concluir con una resolución que fije la cantidad debida y con un despacho de ejecución -, sino una petición de pago de los gastos de representación del cliente devengados en un proceso precedente, que -al someterse al filtro del órgano judicial- produce una consecuencia que no tendría el requerimiento de pago efectuado de forma privada por el procurador, como es la obtención de un título de ejecución. 
3. Consecuencia de esta configuración de la jura de cuenta, semejante en lo sustancial a un juicio monitorio pero seguido en relación con un proceso precedente, es que la LEC otorga la competencia al órgano judicial en el que -según establece el artículo 34 LEC - radique el proceso en el que se ha desarrollado la actuación del procurador que da lugar a la jura de la cuenta, pues es este órgano judicial el que está en mejor disposición de resolver las incidencias que pueden suscitarse sobre la cuenta reclamada, en especial las que se susciten en la fase de oposición según contempla el artículo 34.2.II LEC.

Termina afirmando el Tribunal Supremo que esto es distinto a que fijada la cantidad que debe pagarse en la forma establecida en el art.34.2.II LEC -o porque no haya oposición -, el proceso de ejecución que siga a continuación se vea afectado por la situación de concurso del poderdante, dado que el artículo 8.3 de la Ley Concursal confiere al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente para toda ejecución frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que lo haya ordenado

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