01 septiembre 2014

El control de transparencia de la cláusula abusiva en el proceso de ejecución.


Para contestar la cuestión que se formula hemos de partir del hecho que según doctrina de la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (Roj: STS 1916/2013) el Tribunal podrá valorar las cláusulas que se tachen de abusivas ya que el principio de efectividad del Derecho de la Unión exige al juez el deber de intervenir de oficio. Y, con cita de la STJUE de 4 de junio de 2009, añade que el papel que el Derecho comunitario atribuye al juez nacional en la materia de que se trata, no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. 

Dicho esto, es obligado aclarar tres particulares: a) deberá tratarse de una cláusula firmada por un consumidor, que tenga la naturaleza de una condición general; b) habrá de examinarse si la falta de claridad de una cláusula integra el concepto de abusividad o si, por el contrario, se trata de dos cosas distintas y, por último, c) si el control de transparencia obliga a acudir a un proceso declarativo sin que, en consecuencia, pueda ventilarse en el proceso de ejecución.  
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Respecto a la primera cuestión leemos en la SAP PONTEVEDRA, Sección 1ª del 14 de mayo de 2014 (Roj: SAP PO 448/2014) que una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes y podrá referirse al objeto principal o a los elementos esenciales del contrato, sin que pueda equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre una pluralidad de ofertas de contrato sometidas a condiciones generales de contratación y, tampoco equivale a negociación individual la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios, siendo preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato (SAP MADRID, Sección 28ª, de 23 de julio de 2013, Roj: SAP M 13086/2013). 

En cambio, cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales, teniendo aquellas su ámbito propio en la relación con los consumidores, en lo que habrá que estar a lo previsto en los arts. 3.1 y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo y en el art. 82 apartados 1º y 3º TRLCU. La existencia de un «desequilibrio importante», según la STJUE de 16 de enero de 2014 (asunto C-226/12), no requiere necesariamente que los costes puestos a cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, sino que puede resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte en el contrato, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese contrato o, bien de un obstáculo al ejercicio de éstos o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales. 

Y para apreciar la posible existencia de un desequilibrio importante, habrá de tenerse en cuenta la naturaleza del bien o del servicio que sea objeto del contrato, considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración y todas las demás cláusulas del mismo. 

Esto nos lleva nuevamente a la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (Roj: STS 1916/2013) ya que es necesario aclarar: a) que la prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o, debe renunciar a hacerlo y b) que la carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario. 

Los antecedentes expuestos permiten concluir que el control de transparencia, esto es, el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato (nuevamente la STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 Roj: STS 1916/2013) podrá realizarse en el proceso de ejecución y que además la obligación de transparencia no es un deber puramente formal de hacer cognoscibles las cláusulas para el adherente mediante una redacción clara y comprensible, sino que entre la transparencia y la cuestión de la abusividad existe de manera más o menos intensa algún nexo, de modo que la falta de transparencia en la redacción de una cláusula pueda ser que comporte una declaración de abusividad (SAP HUELVA, Sección 3ª, 21 de marzo de 2014 Roj: SAP H 2/2014

En palabras de la citada SAP HUELVA, Sección 3ª, 21 de marzo de 2014 (Roj: SAP H 2/2014), la Directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas 13/1993 prescribe un deber del predisponente de redactar las cláusulas que se presenten al adherente por escrito de manera «clara y comprensible», esta es la denominada regla de transparencia en los contratos. Con este mandato la transparencia pasa a asumir el papel de elemento constitutivo del supuesto de hecho de un deber positivo, siendo así que la inobservancia de esta obligación de transparencia conectada a la información precontractual sobre los aspectos del contrato determinantes en la decisión de contratar, pueden tener repercusiones en el plano del equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. La falta de transparencia de las cláusulas que incidan en la determinación de las prestaciones principales del contrato puede ser causa de un desequilibrio sustancial en perjuicio del cliente, consistente en la alteración de la onerosidad del contrato y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir conscientemente de entre las diferentes ofertas del mercado.

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