El cómputo de los plazos en la presentación de escritos en el proceso civil (i)


Introducción: un apunte sobre el cómputo de los plazos y la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Dice RODRÍGUEZ CARBAJO que si preguntásemos a abogados y procuradores cuál es la actividad que con mayor frecuencia realizan en su vida profesional, sin duda nos responderían que la de contar los plazos en sus distintas manifestaciones y, por ello, cabría suponer que el modo de realizar el cómputo de los mismos, que debería ser claro en nuestro ordenamiento, se podría limitar a una simple consulta del calendario. Nada más lejos de la realidad, concluye el autor («El cómputo de plazos de fecha a fecha: un triste desenlace» Diario La Ley, Nº 8250, Sección Columna, 13 Feb. 2014, Año XXXV). 

Y a las dificultades interpretativas en determinados cómputos ha de sumarse el hecho que la STC 209/2013, de 16 de diciembre (BOE 17 de enero de 2014) declara que la doctrina constitucional ha condensado la exigencia de un control más amplio del denominado principio pro actione. A pesar de su «ambigua denominación» dicho principio no exige «la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles» (entre muchas, SSTC 122/1999, de 28 de junio y 141/2011, de 26 de septiembre) y obliga a los órganos judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma proporcionada. Dicho de otro modo, prohíbe «aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican» (SSTC 38/1998, de 17 de febrero y 17/2011, de 28 de febrero, entre otras). Se trata en todo caso de un «escrutinio constitucional especialmente severo» (STC 7/2001, de 15 de enero) ya que conduce a apreciar la vulneración del art. 24.1 CE por parte de resoluciones judiciales incursas en un rigorismo desproporcionado, aunque puedan reputarse razonables y «sin perjuicio de su posible corrección desde una perspectiva teórica» (STC 157/1999, de 14 de septiembre). 

En consonancia con esta doctrina, el Tribunal Constitucional declara que «constituye ya doctrina consolidada que el cómputo de los plazos procesales es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) y que el problema sólo adquiere relevancia constitucional cuando la interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido, que determina la inadmisibilidad del recurso sea manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial (SSTC 201/1987, 200/1988, 32/1989, 155/1991, 132/1992, 75/1993, 302/1994 y 165/1996), cuando de acceso a la jurisdicción se trata». 

Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional aplicable sin dificultad al proceso civil, tiene su origen en una interpretación del cómputo «de fecha a fecha» de los plazos mensuales y anuales (arts. 185.1 LOPJ y 133.3 LEC) y comprenderá el lector el conflicto cuando lea el siguiente párrafo de la STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 2 de abril de 2008 (LA LEY 21079/2008): «El computo de los plazo señalados por meses, si se trata de un plazo procesal para interponer el recurso contencioso-administrativo, si bien se inicia el día siguiente al de la notificación del acto expreso, no culmina el día de la misma fecha que el del inicio del cómputo, sino el inmediatamente anterior, y ello para que aparezca respetada la regla del cómputo de fecha a fecha. De ahí que, en definitiva el día final para la interposición del contencioso, será el que corresponda en número al de la notificación». 

La postura del Tribunal Constitucional es reiterada y por citar un ejemplo la STC, Sala Segunda, 157/2009, de 29 de junio de 2009 aclaró que en relación con los plazos y su cómputo, la interpretación y aplicación judicial de una norma relativa a los mismos era una cuestión de legalidad ordinaria que, no obstante, podía adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial supusiera la inadmisión de un proceso o de un recurso o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico, para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que su omisión era determinante de indefensión, siempre que tal decisión hubiera sido adoptada partiendo de un cómputo en el que fuera apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o que se hubiera utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión recogido en el art. 24.1 CE (SSTC 179/2003, de 13 de octubre; 314/2005, de 12 de diciembre; 57/2006, de 27 de febrero; y 122/2007, de 21 de mayo). 

Dejo como apunte que según RODRIGUEZ CARBAJO a partir de dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional coexistirán dos sistemas de cómputo de esos plazos: el sistema moderno (el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el día siguiente al de la notificación) que tendrá su ámbito de aplicación limitado a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional que establecen plazos mensuales y el sistema tradicional (el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el día de la notificación) que se aplicará a los demás plazos administrativos, sustantivos y procesales y todo ello, dejando a salvo otras normas relativas al cómputo de plazos como los arts. 151.2 LEC (día inicial adicional) y 135.1 y 2 LEC (día final adicional). 

La presentación de escritos en los órganos judiciales civiles: las excepciones se convierten en reglas generales. 

El art. 135 LEC respondió en su momento a una necesidad histórica y solo puede ahora entenderse desde ese enfoque, con lo que desaparecida dicha necesidad parece necesario algún retoque que olvide de una vez el papel en la presentación de demandas y escritos y los sujete a los medios informáticos a disposición de los órganos judiciales. Veamos, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2.000 introdujo la obligatoriedad de la práctica de las actuaciones del juicio en los términos o dentro de los plazos señalados por la ley (art. 132.1 y 2 LEC) y con el fin de evitar la preclusión del acto o trámite para las partes (art. 136), el legislador estableció mecanismos para garantizar la presentación de escritos y documentos sujetos a plazo. Hasta el año 2001 se empleaba a los Juzgados de Guardia; desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se permite la presentación extemporánea de los escritos hasta el límite de las quince horas del día siguiente a aquél en que finalice el término o plazo de que se trate. 

El beneficio concedido por el legislador fue acogido con desigual resultado. Para algunos autores la prórroga del art. 135 LEC era una injustificada quiebra del principio de preclusión o quizá, con mayor precisión, del principio de improrrogabilidad de los plazos procesales: mientras el legislador señalaba que en el cómputo de los plazos «se contará el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas» (art. 133.1 LEC); por otra, determinaba que «los plazos establecidos en esta ley son improrrogables» (art. 134 LEC) y establecía que transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se produciría la preclusión y se perdería la oportunidad de realizar el acto de que se tratara (art. 136 LEC) (vide CAMARENA VÍLCHEZ, Francisca. «Presentación de escritos forenses: lugar y plazos. Notas a propósito del artículo 135 de la LEC » DIARIO LA LEY, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-177, tomo 5, LA LEY 1453/2002). 

Pero ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? La práctica nos enseña que cuando el órgano judicial fija un plazo, no solo se agota el previsto en la ley o el que aparezca en la correspondiente resolución (lo habitual es que sea de tres o cinco días), sino el de la prórroga del art.135.1 LEC, con lo que la excepción se ha convertido en una regla general. De lo dicho resulta que en las oficinas judiciales se presentan dos clases de escritos: a) los que la parte considera oportuno para la práctica de alguna diligencia de prueba o ejecutiva, la averiguación del algún particular de la parte contraria o, el impulso del proceso, supuestos en los que no rige el cómputo del art.133 LEC, ni la preclusión de los arts. 134 y 136 LEC y b) los sujetos a plazo en los que siempre se agota el plazo concedido y la ampliación del art.135.1 LEC. 

Con tales antecedentes recordaremos que la redacción del art.135 LEC fue modificada por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, para adaptar la legislación procesal a la implantación del sistema Lexnet y dispone el apartado 1 que «Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial». 

El mandato se aplica a la presentación de los documentos que deban acompañarse a los escritos, pero no cuando se trata de realizar un determinado acto. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresión de la fecha y hora de presentación y podrá hacerse constar la recepción de unos y otros en copia simple presentada por la parte (art. 135.4 LEC). 

Y sigue diciendo el art.135 LEC que el funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello, en el que se hará constar la Oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación (apartado 3). Desaparecida tanto la «diligencia de constancia» como la posterior «nota», que se han sustituido (lógicamente) por un «sello» en el que se hará constar el día y hora de la presentación, hubiera sido necesario precisar los límites de la posterior «dación de cuenta» con el fin de evitar la ulterior extensión de una diligencia para dar cuenta a la Sala, ponente o juez, de los escritos y documentos presentados, cuando contengan peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos (art.178.1 LEC). Omisión que se explica por los sucesivos parches que se han ido colocando en el articulado y en particular por la reforma del año 2009, que no cuidó ninguno de estos detalles provocando antinomias de difícil interpretación. 

En cuanto al traslado de los escritos y documentos, «se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título I del Libro II, pero podrá aquél efectuarse, a los procuradores o a las demás partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan los requisitos que establece» (art. 135.6 LEC) de tal modo que cuándo se haya utilizado el servicio del traslado de copias del Colegio de Procuradores «el plazo comenzará su curso sin intervención del Tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas» (art.278 LEC). En estos casos el cómputo se realizará desde el día siguiente al de la fecha que conste en el sello de traslados y ello aunque una interpretación literal del art.151.2 LEC pueda llevarnos a otra conclusión. 

Téngase en cuenta que se hacen estas referencias porque en la actualidad sigue sin implantarse el traslado por el sistema Lexnet, porque en otro caso el traslado de copias se hace de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y documentos de que se trate, entendiéndose efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de la presentación. (arts. 135.5, 6 y 276.2 LEC). Lexnet envía la copia a los Procuradores que se hayan designado a través del servidor del Colegio de Procuradores y a la Oficina de Registro y el sistema informa que el traslado se ha realizado, sirviéndole dicho mensaje como acuse de recibo. Dice la STS, Sala 3ª, Sección 3ª de 9 de junio de 2014 (Roj: STS 2272/2014) que siendo como es obligatorio a tenor del art. 4 Real Decreto 84/2007, el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios, el envío electrónico mediante el que se produce la comunicación «oficial» de la resolución judicial y de sus documentos anexos se dirige al servicio común establecido por dicho Colegio, servicio al que tienen acceso los procuradores que lo utilizan. Una vez que la comunicación con origen en la secretaría de la Sala «entra» en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión, el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del referido Colegio y su eventual demora en hacerlo no obsta a la eficacia de la notificación. 

Recibido en la Oficina de Registro el escrito con el traslado de copias, procederá a su registro y reparto generando una diligencia de presentación de escritos y traslado de copias que el sistema envía al Colegio de Procuradores y al Juzgado. 

En estos casos las comunicaciones con los Procuradores se realizan a través de los servicios organizados por los Colegios de Procuradores y de su administrador con lo que la fecha que figura en el resguardo que se genera es la fecha de recepción del acto de comunicación, entendiéndose que en aplicación de lo dispuesto en el art. 151.2 LEC, el acto de comunicación se tendrá por realizado al día siguiente de la fecha de recepción. (ATS, Sala 1ª, de 7 de febrero de 2012, Roj: ATS 1937/2012). 

Por último, la previsión sobre la presentación de los escritos se completa con las dos siguientes: «En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia» (apartado 2) y «cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.2 de esta ley. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción» (apartado 5). 

Y esto nos lleva a una segunda excepción convertida también en regla general, pues la presentación de un escrito en la forma prevista en el art. 135.5 LEC – que todavía no se produce en la mayoría de los partidos judiciales– vuelve a abrir la puerta a tantas posibilidades que se antoja muy aventurada cualquier teoría y, más cuando se ha «retorcido» de tal forma el sistema informático de notificación que se ha convertido en una comunicación judicial por correo electrónico. 

En la práctica se ha ampliado de hecho el plazo ya que el procurador o el letrado reciben por Lexnet la copia de la resolución en el mismo día de la notificación, pero el cómputo se realiza en la forma prevista en el art. 151.2 LEC, con lo que en no pocas ocasiones se da la paradoja que el letrado o el procurador solicitan alguna aclaración en la Secretaría del Juzgado, recogen el mandamiento o acuden a consultar el proceso por mor de una resolución que formalmente no ha sido notificada y que no debería producir ningún efecto. Comprenderá el lector este aserto con lo que se expondrá en el siguiente epígrafe. 

El legislador se quedó a medio camino entre lo que debería haber hecho (inmediata supresión de cualquier prorroga en el caso de comunicación informática entre las partes y los órganos judiciales) lo que hace (coexistencia entre diferentes sistemas) y lo que sucede en la práctica (protocolos que modifican la normativa que regula Lexnet y por ende el cómputo de los plazos de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 

 Y ¿cómo se aplica el art. 135 LEC en relación con los arts. 151 (tiempo de la comunicación) y 133 (cómputo de los plazos)? Nos encontramos con dos posturas diferentes. Para la primera el art. 135.1 LEC solo es aplicable a los escritos sujetos a plazos procesales y no en el caso de la caducidad y el de prescripción de tipo sustantivo o civil y no procesal, pues únicamente tienen este carácter los que comienzan a partir de una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento, pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción. 

Sin embargo, el precepto no distingue entre el carácter del plazo (procesal o civil) y si se atiende a su finalidad así como a que ese plazo material o sustantivo (de caducidad o prescripción) se encuentra preordenado al ejercicio de un acción procesal dentro de su período, llegamos a una conclusión diferente. Porque si en las actuaciones antes los tribunales civiles no se admite la presentación de escritos en el juzgado de guardia y no hay un servicio de recepción de escritos en tales tribunales durante determinadas horas del último día hábil o durante todo él si es inhábil, la consecuencia es que no se podrá presentar la demanda ejercitando la acción correspondiente el último día o en determinadas horas de éste, pero dentro del plazo fijado, lo que llevaría consigo, de facto, una reducción inadmisible del plazo (MOSCOSO TORRES, Pablo. «¿Resulta de aplicación el art. 135.1 LEC a los escritos de demanda o debe entenderse que si se presenta al día siguiente al del vencimiento del plazo habrá caducado o prescrito la acción? ». Revista SEPIN Publicación: LEC-65. Julio de 2006. Referencia: SP/DOCT/2899). 

La segunda tesis se asienta en la definición y consecuencias de cada plazo. En el fondo y cualquiera que sea el plazo, hablamos de lo mismo. El cómputo del plazo expira el día de su vencimiento a las 24.00 horas, produciéndose la ficción legal de entender que si el escrito se presenta antes de las 15.00 horas del día siguiente, se entiende presentado el día de finalización del plazo. No hay más. Otra cosa es que el proceso se hubiera adaptado a Lexnet, sin límite de horas, ni de días, pero mientras se sujete a los arts. 151 y 135 LEC (en las redacciones actuales) junto a la ficción legal del vencimiento del plazo, tendremos la ficción legal del inicio del cómputo, con lo que desaparece, en consecuencia, la distinción entre los plazos civiles y los procesales.

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