28 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas: los honorarios de los abogados (ii)


Antes de cualquier otra consideración dejaremos sentado que las normas orientadoras de los Colegios de Abogados, que podrían tenerse en cuenta por su adecuación y tecnicismo (ATS. S1ª de 12 y 20 de junio y 27 de septiembre de 2002) no vinculan a los órganos judiciales (por todas STS, 329/2004, Sala 1ª, de 30 de abril, ROJ STS 2885/2004), por lo que no hay que entrar nunca en el análisis de si esta o aquella norma orientativa del baremo se aplicó o, como se interpreta en la minuta de honorarios. Eso no es cuestión de la tasación de costas, ni de la impugnación ya que no es dable revisar las normas de honorarios cuando no vinculan a los órganos judiciales. 

Por lo demás, la doctrina jurisprudencial sobre el tecnicismo de las normas orientativas se encuentra muy superada por otra de los tres últimos años que centra el debate en los criterios de moderación de los honorarios de los letrados en tanto las normas de los Colegios solo atienden a la cuantía del asunto lo que provoca resultados injustos y desproporcionados en no pocas ocasiones. 

Y la doctrina del Tribunal Supremo es ya reiterada en el particular que nos ocupa. Dice así el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1762/2014)


Como ya se ha pronunciado esta Sala en otras ocasiones (Autos de 8 de enero de 2008 , 19 de mayo y 16 de junio de 2009, entre otros) no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues aunque la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de alegaciones del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. 
Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, el número de recursos interpuestos, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, el escrito de alegaciones, y considerando, como se ha explicado, que no se trata de fijar los honorarios derivados de los servicios del letrado minutante respecto de su cliente que libremente le eligió, sino de cuantificar un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal de vencimiento objetivo, procede desestimar la impugnación de honorarios formulada y fijar el importe de la minuta controvertida en la cantidad de 417,90 euros, con el impuesto sobre el valor añadido correspondiente..

Doctrina que también se defiende en los siguientes términos en el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1525/2014)


Estos criterios, por otra parte, son los que se vienen sosteniendo por esta la Sala en las resoluciones que se pronuncian sobre las costas procesales. En este sentido y como recoge el decreto, no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuáles deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de este se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado que minuta. Y es que, aun cuando la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado que ha minutado no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales..

Así como en los ATSS, Sección 1 del 18 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1537/2014) de 4 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1052/2014) y de 3 de diciembre de 2013 (ROJ:ATS 11407/2013) entre otras numerosas resoluciones. 

Como vemos no se trata de simple cuestión de cuantías, sino de valoración del trabajo del letrado en relación a las circunstancias concurrentes en el pleito, su grado de complejidad, la fase del proceso en la que nos encontremos y todo ello, a los solos efectos de la condena en costas, porque siempre deberá recordarse que la complejidad no se valora según el número de escritos que se presenten y que las costas no son el precio del arrendamiento de servicios entre el letrado y el cliente.

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