24 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas y el principio dispositivo (i)


La práctica de la tasación se inicia cuando el Procurador presenta un escrito al que acompaña la minuta del letrado, su cuenta de derechos y las facturas que haya podido abonar. Este es el supuesto más frecuente – casi único, el que nos remite a los artículos 242.4 y 243.2 LEC y el que nos obliga a analizar qué es lo que el Secretario Judicial puede hacer en la tasación de costas ya que no faltan opiniones en el sentido que los límites legales son estrictos y no sujetos a otra interpretación que la consolidada por la Jurisprudencia. 

Pues bien, sobre las facultades del Secretario Judicial en la práctica de la tasación dice la SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011):
Cita:

“parece evidente –- que la función que la ley atribuye a los Secretarios Judiciales no sólo tiene aspectos contables, y que sobre las costas que comprende la condena habrán de decidir, como técnicos en derecho que son, de acuerdo con la legislación procesal en la materia, excluyendo p. e. las minutas no detalladas (STS 4 de abril de 1988), las cantidades correspondientes a actuaciones inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley (SSAP Málaga 26 de octubre de 1999, ó Valencia 4 de febrero de 2000), e incluso aplicando los límites que establecía el artículo 523 LEC (SSAP Baleares 25 de marzo de 1999), y también, por qué no, excluyendo los derechos del procurador o los honorarios del letrado cuando su intervención no sea preceptiva conforme al artículo 11 LE (SAP Murcia 30 de abril de 1998)”

Es una doctrina consolidada y que no tiene posturas contrarias o, al menos, no las he encontrado. Así tenemos, por citar algún otro pronunciamiento, la SAP MADRID, 290/2007, Sección 12ª, 3 de mayo de 2007, (ROJ SAP M 12336/2007):
Cita:

“la obligación legal impuesta al Secretario, de tasar las costas, no se limita a cuantificar las minutas presentadas por la parte favorecida sin más, sino que incluye un estudio de la legalidad de las partidas filtradas, y obligatoriamente, si vienen autorizadas por la ley”

y la SAP BARCELONA, 805/2004, Sección 13ª, 24 de noviembre de 2004, (ROJ SAP B 14238/2004). 

Y no queda ahí la cosa. La función del Secretario judicial en la tasación de costas no es de mera cuantificación sino que, antes al contrario, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación (inverosímil en los casos de rebeldía), debe estudiar la legalidad de las partidas minutadas y decidir sobre la inclusión o exclusión de las mismas, pues al secretario corresponde una primera cognición sobre las partidas que deben integrar la tasación (SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011, ROJ SAP M 7125/2011). 

Pero, ¿cuáles son esos límites que antes indiqué?. Para contestar a este nuevo interrogante hay que separar como si fueran compartimentos estancos, los honorarios de los letrados, los derechos de los procuradores y la propia tasación de costas porque hablamos de cosas distintas, si quiera sea a efectos teóricos y para una mejor comprensión de la exposición. 

Respecto a la última (la tasación de costas), vuelvo a la ya citada SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011) que advierte: 

 -La ley confiere al Secretario Judicial la función de tasar las costas y precisa qué costas son los honorarios de la defensa y la representación técnica "cuando sean preceptivos" (artículo 241.1 LEC). De ahí que sí el Secretario Judicial no los reputa preceptivos, no debe incluirlos en la tasación.

-Las facultades del Secretario judicial en orden a la exclusión de determinadas partidas al hacer la tasación, sin esperar a la impugnación de la condena, resulta hoy indiscutible pues: (a) No sólo se dice, como antes, que no se incluirán los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles superfluos etc. o costas de los incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida, sino que además se faculta expresamente al secretario para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito(art. 243.2 LEC) y (b) Se prevé ahora ya expresamente la impugnación de la tasación por haberse excluido de ella determinados gastos o no haberse incluido la totalidad de los honorarios devengados(artículo 245.3 LEC), lo que carecería de explicación si el secretario hubiera de limitarse a practicar la tasación conforme a lo pretendido por quien la insta. 

Sigamos con el Procurador. En este caso la función del Secretario Judicial nada tiene que ver con el principio dispositivo. Los derechos del Procurador deberán ser regulados por el Secretario Judicial, quien podrá y deberá realizar la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador.
Cita:

“La regulación arancelaria de los derechos del Procurador, es la que vincula al Secretario Judicial, no tratándose de honorarios a fijar por aquél, si no de actuaciones procesales con una cuantía prevista por decreto a las efectivamente realizadas, por lo que no está vinculado el Secretario Judicial a los importes que por las actuaciones procesales realizadas refiere el Procurador y sí a los que efectivamente correspondan a los derechos devengados por aquellas, sean superiores o inferiores a los reflejados por el Procurador , sin que se trate de dar por resolución judicial más de lo pedido, si no como antes se ha indicado de fijar en la tasación de costas el importe de los derechos del procurador conforme a lo que ordena el arancel que los regula” (ATS, Sala 1ª, de 7 de septiembre del 2010, ROJ: ATS 9905/2010).

Adviértase que el Tribunal Supremo solventa varias cuestiones que no es ocioso detallar. En primer lugar, compete al Secretario Judicial la determinación de la cuantía de los derechos devengados y, esa determinación se proyecta en el trámite de impugnación de la tasación, pues no cabrá una impugnación por excesivos. Es decir el Secretario Judicial determina la cuantía de los derechos devengados y en el caso de los Procuradores sólo cabrá la impugnación por indebidos,
Cita:

“cuando se hayan incluido en la tasación partidas, derechos o gastos que no son debidos en su totalidad o, lo que es lo mismo, que son absolutamente indebidos”. (ATS, Sala 1ª, de 12 de julio del 2011, ROJ: ATS 7382/2011).

En segundo lugar, en la aplicación del Arancel el Secretario Judicial estará obligado a incluir la partida que corresponda aunque no se reclame por la parte. No juega aquí el principio dispositivo. De ahí que, el Secretario Judicial, si pueda y deba realizar
Cita:

“la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador. Es pues correcto el hecho de que si el Sr. Secretario no estimó correcta la aplicación de los artículos arancelarios hecha por la parte beneficiaria de la condena en costas, haga la regulación que estime pertinente”

(SAP ASTURIAS, Sección 1ª, 10 de diciembre de 2009, ROJ: SAP O 3101/2009). En el mismo sentido la SAP CORDOBA, 272/2006, Sección 1ª, de 22 de junio de 2006 (ROJ: SAP CO 864/2006):
Cita:

“En definitiva, tratándose de derechos arancelarios, en modo alguno se infringe el principio de justicia rogada si el Sr. Secretario incluye una partida, correspondiente al arancel, que previamente no fue incluida en la minuta que al efecto presentó el Procurador junto a la solicitud de tasación de costas, máxime si esa partida tiene su fundamento precisamente en la citada solicitud de tasación de costas”

Y en tercer y último lugar, se practicará la tasación con arreglo al importe que fije el Arancel, sin que tampoco en este caso juegue el principio dispositivo. Otra cosa muy distinta es que la parte reclame una cantidad menor (y lo explique), porque la experiencia práctica demuestra que en esta fase del proceso solo hay errores de cálculo, que poco tienen que ver con el principio dispositivo.

2 comentarios:

  1. Bien expuesto y muy clarificador. Sin embargo discrepo en lo referente a la aplicación del arancel sin previa petición de la parte: una cosa es que se indique una actuación y se pidan unos derechos arancelarios que no son los procedentes, y eso el Secretario puede, y debe, corregirlo, aplicando los preceptos del Arancel que se refieran a esa actuación.
    Pero lo que parece decirse también es que el Secretario debe suplir la inacción de la parte (punto segundo), que no ha reclamado los derechos arancelarios correspondientes a actuaciones que efectivamente se han realizado en el pleito, y eso ya no lo comparto. Para empezar faltaría la solicitud (242.2 Lec). Y convierte al Secretario en peticionario al tiempo que en revisor. Y por último: si las partidas que no se expresen detalladamente no deben ser incluidas ¿cómo incluir una partida que no es que le falte un detalle, sino que le falta todo?
    Por no hablar de la labor estudiar todo el procedimiento para ver dónde hay una partida incluible de las no pedidas ...

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    1. Gracias, por el comentario pero la conclusión de la exposición es otra: la existencia del Arancel permite que el Procurador se limite a pedir la tasación de costas aportando unicamente el justificante de los gastos que se hayan producido; los derechos se incluirán o no, con arreglo al Arancel.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.