La reducción del embargo.


Ordena la ley que no se embarguen bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución (art. 584 LEC). Pero el embargo no es un acto independiente del proceso de ejecución y su duración puede condicionarlo, justificando que el ejecutante interese del Tribunal la mejora de la traba o que el ejecutado pida su reducción. En el primer caso se trata de adecuar el embargo a la cantidad que se ejecuta, bien por haberse producido una disminución de valor de los bienes inicialmente trabados, bien porque se acordó la ampliación de la ejecución. En el segundo caso estamos en presencia de un embargo que vulnera por exceso el requisito relativo a la suficiencia de los bienes ya sea porque los trabados han aumentado de valor, bien porque se embargaron mayor número de bienes de los necesarios. Reducir el embargo es levantar el embargo respecto de algunos bienes cuando ha habido exceso en la traba para cubrir principal, intereses y costas. Para la mejor doctrina (Cachón Cadenas) constituye un supuesto de alzamiento parcial del embargo basado en que el valor de cambio del conjunto de bienes embargados resulta excesivo respecto de la cuantía de la ejecución. 

Reducir el embargo supone decretar la extinción de la traba sobre alguno o algunos de los bienes afectados en el procedimiento de que se trate, manteniendo la traba sobre los restantes, por ser éstos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. La figura no se da nunca en la práctica porque en la ejecución no se realizan bienes concretos (art. 636.3 LEC), sino que se persigue sujetar todo el patrimonio mediante el embargo para luego decidir que se realiza o no, y los ejecutados tampoco se personan o, cuando lo hacen es para solicitar el alzamiento del embargo, no su reducción (vg. traba sobre una prestación social inembargable por cuantía). 

Pues bien, esta tolerancia a los «embargos excesivos» perjudica al deudor ejecutado y a otros acreedores por lo que la reducción del embargo habría de considerarse procedente, tanto si el exceso notorio del valor de los bienes embargados en relación con la cuantía de la ejecución, es originario como si es sobrevenido. El problema es que no lo hace nadie y además la resistencia enconada contra la acumulación de ejecuciones incrementa los gastos y las costas en tal proporción que es muy difícil apreciar la suficiencia de los bienes embargados. Súmese a lo dicho que en la actualidad la situación económica, provoca que las ejecuciones no satisfagan el título por la insolvencia originaria de los ejecutados. 

Siguiendo con el razonamiento cuando el Secretario judicial acuerda la reducción de la traba se limita a ajustar el alcance del embargo al contenido de la resolución mediante la que él mismo ordenó ese embargo. Está haciendo que esa resolución se ejecute en sus propios términos, según establece el art. 18.2 LOPJ ya que el embargo no pasa de ser una diligencia de ejecución, que no tiene por qué revestir ni siquiera la forma de resolución judicial, por lo que ni resulta aplicable el efecto de cosa juzgada formal, ni la invariabilidad de las resoluciones judiciales. 

Por lo mismo la reducción no puede condicionarse a la solicitud del ejecutado y, en cualquier caso, el decreto del Secretario Judicial podrá impugnarse por la vía del recurso de revisión del art.454 bis LEC; como excepción a la regla general en este recurso, sí que será admisible que en el mismo se traiga a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del decreto o, que no se formularon antes. 

Por último, supuesto distinto del anterior, pero cuya íntima relación es indudable, es el de la modificación del embargo que supone levantar la traba sobre un bien y acordarla sobre otro. Esto es algo que no suele hacerse por simples razones de comodidad dado que el nuevo embargo se entiende existente desde su constitución y ello puede suponer la pérdida de prioridad. Evidentemente, el estricto cumplimiento de la ley en esta sede (art. 636.3 LEC) haría inanes esas «razones de comodidad», pues el primer ejecutante realizaría los bienes embargados y los posteriores deberían acudir a la acumulación de ejecuciones para la satisfacción de sus títulos (art. 555 LEC).

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