31 julio 2014

El día del orgullo del Secretario Judicial (i).


Aprovechando que hoy aparece en el BOE el listado de los compañeros que han aprobado la oposición por el turno libre y que por la fecha y el funcionamiento de las enfriadoras en el Juzgado, me encuentro especialmente lírico, pues es el primer mes de julio en diez años que no nos asamos en el Juzgado, andaba dándole vueltas al asunto sobre la necesidad que el Superior Cuerpo tiene de una bandera, uno o varios autobuses con música, que puede ser clásica; un desfile de sábado con toga o sin ella y, por supuesto algo de alcohol. 

Y esta propuesta que sabido es, de novedosa tiene poco, no solo creo que es la mejor de este año para el Superior Cuerpo de Secretarios Judiciales, sino que nos sacaría de la cueva – lo del armario se quedó estrecho, escaso y pequeño- en la que nos han metido y en la que, por cierto, estamos muy a gusto cantando flamenco o lo que se tercie y, nos permitiría además entablar buenas e íntimas relaciones con otras compañeras; no hará falta que explique que las chicas son mayoría desde hace veinte años en las oposiciones y que eso a mí, por diferentes razones que no detallaré, me encanta (imagínense todo lo que quieran, que acertaran). 

Lo de la bandera necesitaría un concurso a dedo y con mucha opacidad para darle morbillo al asunto, porque lo nuestro, en principio, no es el arte y tampoco se trata de gastarse una pasta en un diseño cuando puede dedicarse al alquiler de los autobuses. Sí claro, siempre habrá alguno que entienda que esto no tiene nada de jurídico y de profesional y bien, no lo negaré como tampoco lo haré respecto a idéntica calificación de los proyectos de ley que se modifican tomando café dos minutos antes de la última votación; las leyes que nadie sabe quien las redacta o, verbigracia, que el Superior Cuerpo trabaje gratis para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sin aparecer en la relación de sus puestos de trabajo. 

Respecto a los autobuses habrá de aclararse con rotundidad que el desfile no es un congreso con ponencias y esas cosas que se hacen desde que el hombre es hombre y el Secretario Judicial el pilar de la reforma (pero sin escayola, para no confundir con la de los cuartos de baños) sino algo mucho más serio, porque tendremos encima un radar de esos que nos guarda la seguridad vial desde un helicóptero, con multas y tajo carnicero de puntos. Así que habrá que regular el comportamiento en las plataformas y sobre todo el equilibrio, no tengamos una desgracia en el primer desfile. 

El problema es el de las togas porque desde que nos sacaron de Sala a cambio de la nada, no tengo claro si podríamos llevar parches de publicidad; si quieren que les diga la verdad preferiría la institucional o sea, la del Corte Inglés, Zara y Coca Cola y cuando sobrara algún hueco, tirar de algún grupo de comunicación. Podremos meditarlo en plan asamblea: todos hablando a la vez y a gritos, que es la manera española de hacer las cosas. 

Dejo aquí este esbozo del proyecto que ya iré perfilando, porque me falta analizar la música, las pegatinas y los eslóganes no sin antes recordarles que el respeto se gana, no viene por herencia y que cuando aquel se pierde, no se recupera fácilmente y, menos cuando la política gana a la profesión. Desde luego están en su perfecto derecho de creerse lo que quieran y hasta que los niños vienen de París.

28 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas: los honorarios de los abogados (ii)


Antes de cualquier otra consideración dejaremos sentado que las normas orientadoras de los Colegios de Abogados, que podrían tenerse en cuenta por su adecuación y tecnicismo (ATS. S1ª de 12 y 20 de junio y 27 de septiembre de 2002) no vinculan a los órganos judiciales (por todas STS, 329/2004, Sala 1ª, de 30 de abril, ROJ STS 2885/2004), por lo que no hay que entrar nunca en el análisis de si esta o aquella norma orientativa del baremo se aplicó o, como se interpreta en la minuta de honorarios. Eso no es cuestión de la tasación de costas, ni de la impugnación ya que no es dable revisar las normas de honorarios cuando no vinculan a los órganos judiciales. 

Por lo demás, la doctrina jurisprudencial sobre el tecnicismo de las normas orientativas se encuentra muy superada por otra de los tres últimos años que centra el debate en los criterios de moderación de los honorarios de los letrados en tanto las normas de los Colegios solo atienden a la cuantía del asunto lo que provoca resultados injustos y desproporcionados en no pocas ocasiones. 

Y la doctrina del Tribunal Supremo es ya reiterada en el particular que nos ocupa. Dice así el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1762/2014)


Como ya se ha pronunciado esta Sala en otras ocasiones (Autos de 8 de enero de 2008 , 19 de mayo y 16 de junio de 2009, entre otros) no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues aunque la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de alegaciones del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. 
Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, el número de recursos interpuestos, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, el escrito de alegaciones, y considerando, como se ha explicado, que no se trata de fijar los honorarios derivados de los servicios del letrado minutante respecto de su cliente que libremente le eligió, sino de cuantificar un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal de vencimiento objetivo, procede desestimar la impugnación de honorarios formulada y fijar el importe de la minuta controvertida en la cantidad de 417,90 euros, con el impuesto sobre el valor añadido correspondiente..

Doctrina que también se defiende en los siguientes términos en el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1525/2014)


Estos criterios, por otra parte, son los que se vienen sosteniendo por esta la Sala en las resoluciones que se pronuncian sobre las costas procesales. En este sentido y como recoge el decreto, no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuáles deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de este se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado que minuta. Y es que, aun cuando la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado que ha minutado no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales..

Así como en los ATSS, Sección 1 del 18 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1537/2014) de 4 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1052/2014) y de 3 de diciembre de 2013 (ROJ:ATS 11407/2013) entre otras numerosas resoluciones. 

Como vemos no se trata de simple cuestión de cuantías, sino de valoración del trabajo del letrado en relación a las circunstancias concurrentes en el pleito, su grado de complejidad, la fase del proceso en la que nos encontremos y todo ello, a los solos efectos de la condena en costas, porque siempre deberá recordarse que la complejidad no se valora según el número de escritos que se presenten y que las costas no son el precio del arrendamiento de servicios entre el letrado y el cliente.

24 julio 2014

Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas y el principio dispositivo (i)


La práctica de la tasación se inicia cuando el Procurador presenta un escrito al que acompaña la minuta del letrado, su cuenta de derechos y las facturas que haya podido abonar. Este es el supuesto más frecuente – casi único, el que nos remite a los artículos 242.4 y 243.2 LEC y el que nos obliga a analizar qué es lo que el Secretario Judicial puede hacer en la tasación de costas ya que no faltan opiniones en el sentido que los límites legales son estrictos y no sujetos a otra interpretación que la consolidada por la Jurisprudencia. 

Pues bien, sobre las facultades del Secretario Judicial en la práctica de la tasación dice la SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011):
Cita:

“parece evidente –- que la función que la ley atribuye a los Secretarios Judiciales no sólo tiene aspectos contables, y que sobre las costas que comprende la condena habrán de decidir, como técnicos en derecho que son, de acuerdo con la legislación procesal en la materia, excluyendo p. e. las minutas no detalladas (STS 4 de abril de 1988), las cantidades correspondientes a actuaciones inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley (SSAP Málaga 26 de octubre de 1999, ó Valencia 4 de febrero de 2000), e incluso aplicando los límites que establecía el artículo 523 LEC (SSAP Baleares 25 de marzo de 1999), y también, por qué no, excluyendo los derechos del procurador o los honorarios del letrado cuando su intervención no sea preceptiva conforme al artículo 11 LE (SAP Murcia 30 de abril de 1998)”

Es una doctrina consolidada y que no tiene posturas contrarias o, al menos, no las he encontrado. Así tenemos, por citar algún otro pronunciamiento, la SAP MADRID, 290/2007, Sección 12ª, 3 de mayo de 2007, (ROJ SAP M 12336/2007):
Cita:

“la obligación legal impuesta al Secretario, de tasar las costas, no se limita a cuantificar las minutas presentadas por la parte favorecida sin más, sino que incluye un estudio de la legalidad de las partidas filtradas, y obligatoriamente, si vienen autorizadas por la ley”

y la SAP BARCELONA, 805/2004, Sección 13ª, 24 de noviembre de 2004, (ROJ SAP B 14238/2004). 

Y no queda ahí la cosa. La función del Secretario judicial en la tasación de costas no es de mera cuantificación sino que, antes al contrario, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación (inverosímil en los casos de rebeldía), debe estudiar la legalidad de las partidas minutadas y decidir sobre la inclusión o exclusión de las mismas, pues al secretario corresponde una primera cognición sobre las partidas que deben integrar la tasación (SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011, ROJ SAP M 7125/2011). 

Pero, ¿cuáles son esos límites que antes indiqué?. Para contestar a este nuevo interrogante hay que separar como si fueran compartimentos estancos, los honorarios de los letrados, los derechos de los procuradores y la propia tasación de costas porque hablamos de cosas distintas, si quiera sea a efectos teóricos y para una mejor comprensión de la exposición. 

Respecto a la última (la tasación de costas), vuelvo a la ya citada SAP MADRID, 331/2011, Sección 11ª, 27 de mayo de 2011 (ROJ SAP M 7125/2011) que advierte: 

 -La ley confiere al Secretario Judicial la función de tasar las costas y precisa qué costas son los honorarios de la defensa y la representación técnica "cuando sean preceptivos" (artículo 241.1 LEC). De ahí que sí el Secretario Judicial no los reputa preceptivos, no debe incluirlos en la tasación.

-Las facultades del Secretario judicial en orden a la exclusión de determinadas partidas al hacer la tasación, sin esperar a la impugnación de la condena, resulta hoy indiscutible pues: (a) No sólo se dice, como antes, que no se incluirán los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles superfluos etc. o costas de los incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida, sino que además se faculta expresamente al secretario para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito(art. 243.2 LEC) y (b) Se prevé ahora ya expresamente la impugnación de la tasación por haberse excluido de ella determinados gastos o no haberse incluido la totalidad de los honorarios devengados(artículo 245.3 LEC), lo que carecería de explicación si el secretario hubiera de limitarse a practicar la tasación conforme a lo pretendido por quien la insta. 

Sigamos con el Procurador. En este caso la función del Secretario Judicial nada tiene que ver con el principio dispositivo. Los derechos del Procurador deberán ser regulados por el Secretario Judicial, quien podrá y deberá realizar la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador.
Cita:

“La regulación arancelaria de los derechos del Procurador, es la que vincula al Secretario Judicial, no tratándose de honorarios a fijar por aquél, si no de actuaciones procesales con una cuantía prevista por decreto a las efectivamente realizadas, por lo que no está vinculado el Secretario Judicial a los importes que por las actuaciones procesales realizadas refiere el Procurador y sí a los que efectivamente correspondan a los derechos devengados por aquellas, sean superiores o inferiores a los reflejados por el Procurador , sin que se trate de dar por resolución judicial más de lo pedido, si no como antes se ha indicado de fijar en la tasación de costas el importe de los derechos del procurador conforme a lo que ordena el arancel que los regula” (ATS, Sala 1ª, de 7 de septiembre del 2010, ROJ: ATS 9905/2010).

Adviértase que el Tribunal Supremo solventa varias cuestiones que no es ocioso detallar. En primer lugar, compete al Secretario Judicial la determinación de la cuantía de los derechos devengados y, esa determinación se proyecta en el trámite de impugnación de la tasación, pues no cabrá una impugnación por excesivos. Es decir el Secretario Judicial determina la cuantía de los derechos devengados y en el caso de los Procuradores sólo cabrá la impugnación por indebidos,
Cita:

“cuando se hayan incluido en la tasación partidas, derechos o gastos que no son debidos en su totalidad o, lo que es lo mismo, que son absolutamente indebidos”. (ATS, Sala 1ª, de 12 de julio del 2011, ROJ: ATS 7382/2011).

En segundo lugar, en la aplicación del Arancel el Secretario Judicial estará obligado a incluir la partida que corresponda aunque no se reclame por la parte. No juega aquí el principio dispositivo. De ahí que, el Secretario Judicial, si pueda y deba realizar
Cita:

“la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador. Es pues correcto el hecho de que si el Sr. Secretario no estimó correcta la aplicación de los artículos arancelarios hecha por la parte beneficiaria de la condena en costas, haga la regulación que estime pertinente”

(SAP ASTURIAS, Sección 1ª, 10 de diciembre de 2009, ROJ: SAP O 3101/2009). En el mismo sentido la SAP CORDOBA, 272/2006, Sección 1ª, de 22 de junio de 2006 (ROJ: SAP CO 864/2006):
Cita:

“En definitiva, tratándose de derechos arancelarios, en modo alguno se infringe el principio de justicia rogada si el Sr. Secretario incluye una partida, correspondiente al arancel, que previamente no fue incluida en la minuta que al efecto presentó el Procurador junto a la solicitud de tasación de costas, máxime si esa partida tiene su fundamento precisamente en la citada solicitud de tasación de costas”

Y en tercer y último lugar, se practicará la tasación con arreglo al importe que fije el Arancel, sin que tampoco en este caso juegue el principio dispositivo. Otra cosa muy distinta es que la parte reclame una cantidad menor (y lo explique), porque la experiencia práctica demuestra que en esta fase del proceso solo hay errores de cálculo, que poco tienen que ver con el principio dispositivo.

18 julio 2014

¿Ha abierto la puerta el TJUE a un recurso de apelación sin límite en la ejecución hipotecaria? (STJUE 17-7-2014)


La SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 17 de julio de 2014 resuelve las siguientes cuestiones prejudiciales que planteó la Audiencia Provincial de Castellón: 

1) ¿Se opone al artículo 7.1 de la Directiva 93/13/[…], que impone a los Estados miembros la obligación de velar por que en interés de los consumidores existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, una norma procesal que, como el art. 695.4 de la [LEC], al regular el recurso contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede recurrir el ejecutado consumidor en el caso de que se rechace su oposición? 

2) En el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre protección de los consumidores contenida en la Directiva 93/13[…], ¿es compatible con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo y en igualdad de armas que proclama el artículo 47 de la [Carta] una disposición del derecho nacional como el artículo 695.4 de la [LEC] que, al regular el recurso de apelación contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva[,] no puede apelar el ejecutado en el caso de que se rechace su oposición?»

El fallo es el siguiente:


El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.

08 julio 2014

La subsanación de defectos previa al despacho de ejecución.


La regla general en la jurisprudencia es la siguiente: entendiéndose aplicables los arts. 243.3 LOPJ y 231 LEC, el defecto en el presupuesto es insubsanable y subsanable el del requisito. Interesante es la distinción que se hace en la doctrina del art.231 LEC respecto del art. 243.3 LOPJ y que radica en la exigencia de que en el acto realizado por la parte con algún defecto se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley, de modo que no se trata de suplir ni incumplimientos voluntarios ni negligencias de la parte. Lo anterior presupone que el Juez o el Secretario Judicial han de advertir a la parte del defecto observado y si es subsanable, ofrecerle plazo para que proceda a la subsanación. Si el ejecutante subsana el defecto, se dictará el auto despachando la ejecución; si esa actividad no se realiza se denegará la ejecución. 

La opinión es unánime en el sentido que la Ley de Enjuiciamiento Civil incorporó en el art. 231 LEC el principio general de la subsanabilidad de los actos procesales defectuosos, aunque con la obligación de las partes de anunciar su voluntad de subsanar cualquier defecto que pudiesen adolecer sus escritos. Y la vigente redacción de ese artículo conforme a la Ley 13/2009, de 13 de noviembre, establece tal principio como una obligación general de los tribunales y secretarios judiciales sin condicionarla a otra previa de las partes procesales. 

A partir de aquí nos encontramos con una casuística muy variada. Veamos algunos ejemplos. En cuanto a la no aportación de título eficaz para el despacho de la ejecución, no puede considerarse como un mero acto procesal susceptible de ser subsanado ex art. 231 LEC, pues no se da cumplimiento a lo exigido en los arts. 549 y 550 LEC, siendo de destacar que el art. 403 LEC –aun en sede del juicio ordinario– prevé que no se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ellas los documentos que la ley exija para su admisión (AAP MADRID, 141/2011, Sección 9ª, 24 de junio de 2011, ROJ: AAP M 9312/2011). 

Otra cosa es la falta parcial de aportación porque el AAP MADRID, 226/2011, Sección 13ª, 10 de noviembre de 2011 (ROJ: AAP M 14968/2011) admite la posibilidad de la subsanación en el caso que la parte actora no presente el título que reúna los requisitos exigidos por el art. 550 LEC, pero acredite inmediatamente el motivo de tal omisión, así como haber desplegado la diligencia que le era exigible para su subsanación (vg. presentación de un escrito solicitando el desglose de documentos para aportarlos al juzgado que los requiere) y para ello sigue la doctrina jurisprudencial mantenida, entre otras, por la STS de 17 de marzo de 2004 según la cual hay que reputar tal defecto como claramente subsanable. 

En otro sentido, el AAP MURCIA, 16/2012, Sección 5ª, 2 de febrero del 2012 (ROJ: AAP MU 101/2012) obliga a la subsanación en el caso de inadmisión a trámite a la demanda por aportarse una copia simple que carece de fuerza ejecutiva. No obstante esta resolución es contradictoria y errónea. Explico la razón: se dice que el título que se aporta ni siquiera se trata de una copia simple notarial, sino que es una fotocopia de la copia simple de la escritura, lo que evidentemente incumple las exigencias formales del título derivadas del art. 685.2 LEC en relación con el art. 517.2.4º LEC. «Por tanto el razonamiento judicial del auto apelado es impecable. No obstante no se ha tenido en cuenta el carácter subsanable de dicho defecto ni se ha dado oportunidad a la parte ejecutante de subsanar el mismo». 

Y ¿por qué debería darse la posibilidad de la subsanación si no hay aportación del título?. La Audiencia no responde a esa pregunta y mezclando presupuestos y requisitos del proceso, se limita a manifestar que el Secretario Judicial debió requerir a la parte demandante, que también había mostrado su voluntad de subsanar los defectos en los términos del art. 231 LEC, para que aportase el título ejecutivo en los términos exigidos en el art. 517.2.4º LEC y sólo tras este requerimiento y el transcurso del tiempo señalado a tal fin sin ser subsanado podría haberse dictado el auto de admisión. En el párrafo en cuestión puede leerse que tal y como se deriva para los procesos declarativos en el art. 404.2.2º LEC, extensible a estos efectos al procedimiento de ejecución por la previsión general que da competencia a los Secretarios Judicial en el impulso procesal (art. 456.1 LOPJ), el control inicial del cumplimiento de los requisitos formales del título corresponde a dicho Secretario y, más en concreto es función propia del mismo la de requerir a las partes para la subsanación de los defectos formales que pueda adolecer la demanda, lo que implica que, al igual que hizo con la falta de poder el Secretario debió de requerir a la parte demandante, que también había mostrado su voluntad de subsanar los defectos en los términos del art. 231 LEC para que aportase el título ejecutivo en los términos exigidos en el art. 517.2.4º LEC. 

El problema, como en tantas otras ocasiones, es que la casuística es tan amplia sobre determinados defectos que su resolución termina provocando más confusión que otra cosa, siendo, en realidad, la única conclusión que podemos extraer de este breve análisis. 

Sorprende, para terminar, el AAP GERONA, 214/2010, Sección 1ª, 10 de septiembre de 2010 (ROJ: AAP GI 594/2010) que sostiene la imposibilidad de subsanar el cálculo de los intereses ya que se trata de una petición de carácter sustantivo que afecta al fondo del asunto y que no puede corregirse por la vía del art. 231 LEC. Máxime cuando ningún perjuicio origina a la parte que podrá interponer de nuevo la demanda ejecutiva y sin que proceda que por parte del Juzgado se le conceda un plazo de subsanación . En el auto se refiere que tras los acuerdos de Junta de Magistrados de 1 de diciembre del 2006, se aclaró que la apreciación de oficio de la abusividad de unos intereses podía apreciarse también en la ejecución de títulos no judiciales. Posteriormente en Junta de Magistrados del Orden Civil de 14 de septiembre de 2009, se adoptó el acuerdo de no dar curso a las demandas de ejecución, que recogiesen la exigencia de pago de intereses abusivos en el caso que se impusieran a consumidores.

02 julio 2014

La reducción del embargo.


Ordena la ley que no se embarguen bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución (art. 584 LEC). Pero el embargo no es un acto independiente del proceso de ejecución y su duración puede condicionarlo, justificando que el ejecutante interese del Tribunal la mejora de la traba o que el ejecutado pida su reducción. En el primer caso se trata de adecuar el embargo a la cantidad que se ejecuta, bien por haberse producido una disminución de valor de los bienes inicialmente trabados, bien porque se acordó la ampliación de la ejecución. En el segundo caso estamos en presencia de un embargo que vulnera por exceso el requisito relativo a la suficiencia de los bienes ya sea porque los trabados han aumentado de valor, bien porque se embargaron mayor número de bienes de los necesarios. Reducir el embargo es levantar el embargo respecto de algunos bienes cuando ha habido exceso en la traba para cubrir principal, intereses y costas. Para la mejor doctrina (Cachón Cadenas) constituye un supuesto de alzamiento parcial del embargo basado en que el valor de cambio del conjunto de bienes embargados resulta excesivo respecto de la cuantía de la ejecución. 

Reducir el embargo supone decretar la extinción de la traba sobre alguno o algunos de los bienes afectados en el procedimiento de que se trate, manteniendo la traba sobre los restantes, por ser éstos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. La figura no se da nunca en la práctica porque en la ejecución no se realizan bienes concretos (art. 636.3 LEC), sino que se persigue sujetar todo el patrimonio mediante el embargo para luego decidir que se realiza o no, y los ejecutados tampoco se personan o, cuando lo hacen es para solicitar el alzamiento del embargo, no su reducción (vg. traba sobre una prestación social inembargable por cuantía). 

Pues bien, esta tolerancia a los «embargos excesivos» perjudica al deudor ejecutado y a otros acreedores por lo que la reducción del embargo habría de considerarse procedente, tanto si el exceso notorio del valor de los bienes embargados en relación con la cuantía de la ejecución, es originario como si es sobrevenido. El problema es que no lo hace nadie y además la resistencia enconada contra la acumulación de ejecuciones incrementa los gastos y las costas en tal proporción que es muy difícil apreciar la suficiencia de los bienes embargados. Súmese a lo dicho que en la actualidad la situación económica, provoca que las ejecuciones no satisfagan el título por la insolvencia originaria de los ejecutados. 

Siguiendo con el razonamiento cuando el Secretario judicial acuerda la reducción de la traba se limita a ajustar el alcance del embargo al contenido de la resolución mediante la que él mismo ordenó ese embargo. Está haciendo que esa resolución se ejecute en sus propios términos, según establece el art. 18.2 LOPJ ya que el embargo no pasa de ser una diligencia de ejecución, que no tiene por qué revestir ni siquiera la forma de resolución judicial, por lo que ni resulta aplicable el efecto de cosa juzgada formal, ni la invariabilidad de las resoluciones judiciales. 

Por lo mismo la reducción no puede condicionarse a la solicitud del ejecutado y, en cualquier caso, el decreto del Secretario Judicial podrá impugnarse por la vía del recurso de revisión del art.454 bis LEC; como excepción a la regla general en este recurso, sí que será admisible que en el mismo se traiga a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del decreto o, que no se formularon antes. 

Por último, supuesto distinto del anterior, pero cuya íntima relación es indudable, es el de la modificación del embargo que supone levantar la traba sobre un bien y acordarla sobre otro. Esto es algo que no suele hacerse por simples razones de comodidad dado que el nuevo embargo se entiende existente desde su constitución y ello puede suponer la pérdida de prioridad. Evidentemente, el estricto cumplimiento de la ley en esta sede (art. 636.3 LEC) haría inanes esas «razones de comodidad», pues el primer ejecutante realizaría los bienes embargados y los posteriores deberían acudir a la acumulación de ejecuciones para la satisfacción de sus títulos (art. 555 LEC).