27 junio 2014

Cesión global de créditos: la Audiencia confirma el archivo de la ejecución


Se ha tratado el asunto de la cesión global de créditos en este BLOG AQUI, AQUI y también AQUI, pero hoy publico la segunda resolución confirmatoria del archivo de la ejecución (la primera fue por un defecto formal) dictada por la Audiencia Provincial y el curso que hemos seguido hasta llegar a dicho final.

El Secretario Judicial resolvió esto

La Magistrado dictó este auto


Y la Audiencia Provincial ha confirmado el criterio de la instancia

26 junio 2014

El Tribunal Supremo y Lexnet: una aclaración innecesaria sobre el cómputo de plazos.


La práctica nos enseña que cuando el órgano judicial fija un plazo, no solo se agota el previsto en la ley o el que aparezca en la correspondiente resolución (lo habitual es que sea de tres o cinco días), sino el de la prórroga del art.135.1 LEC, con lo que otra excepción se ha convertido en una regla general y así resulta que en las oficinas judiciales se presentan dos clases de escritos: a) los que la parte considera oportuno para la práctica de alguna diligencia de prueba o ejecutiva, la averiguación del algún particular de la parte contraria o, el impulso del proceso, supuestos en los que no rige el cómputo del art.133 LEC, ni la preclusión de los arts. 134 y 136 LEC y b) los sujetos a plazo en los que siempre se agota el plazo concedido y la ampliación del art.135.1 LEC. 

Con ello se corre el riesgo de no llegar en plazo y esto es lo que trata la reciente STS, Sala 3ª, Sección 3ª de 9 de junio de 2014 (Roj STS 2272/2014) en un asunto en el que se trata de dilucidar cuándo se llevó a cabo la notificación válida de un auto. La Sala de instancia consideró que se produjo al día siguiente de la fecha de su recepción en el servicio de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores pues éste fue, mediante el sistema Lexnet, el servicio utilizado -tanto para notificar aquel auto como el resto de resoluciones del mismo litigio- conforme a lo dispuesto en los arts. 151.2, 154 y 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La parte recurrente, por el contrario, afirma que el auto de caducidad sólo se debía considerar notificado cuando su Procurador recibió personalmente la comunicación procesal en su propio "buzón virtual", fuera cual fuera la fecha en que se recibió en el Colegio de Procuradores. 

Entiendo que no hay duda, ni interrogante, porque el mandato es muy claro y suficientes prorrogas jalonan el camino de un correo electrónico (Lexnet es un correo electrónico que da muchas vueltas) para darle otro punto de elasticidad al tránsito (del buzón virtual del Colegio de Procuradores al de cada Procurador) pero por si acaso, dice el Tribunal Supremo
Cita:

En cuanto al artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su contenido se refiere más al tiempo de la comunicación que al uso del sistema mediante el que se practica. Los actos de comunicación practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores (en este caso, repetimos, mediante la utilización del sistema Lexnet) se "tienen por realizados" al día siguiente de su fecha de recepción con arreglo a este sistema. El "resguardo acreditativo de la recepción" por medios telemáticos e informáticos, al que se refiere el apartado 2 del artículo 151, por remisión al artículo 162.1 de la misma Ley, es precisamente el que acredita que la comunicación procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al buzón del Colegio de Procuradores (así, el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007) según antes hemos expuesto, sin que sea necesario un nuevo "reenvío" o "remisión" particularizada desde dicho Colegio a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y libre acceso a aquél.

Siendo como es obligatorio, a tenor del artículo 4 del Real Decreto 84/2007, el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios, el envío electrónico mediante el que se produce la comunicación "oficial" de la resolución judicial y de sus documentos anexos se dirige al servicio común establecido por dicho Colegio, servicio al que tienen acceso los procuradores que lo utilizan (entre ellos, el de la parte actora). Una vez que la comunicación con origen en la secretaría de la Sala "entra" en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión (lo que tampoco aquí se discute), el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del referido Colegio. Su eventual demora en hacerlo no obsta a la eficacia de la notificación, en los términos legales que tan certeramente analiza el tribunal de instancia. 

En efecto, si cada uno de los procuradores pudiera, ad libitum , posponer su propio acceso a aquel buzón virtual, el "sistema común" previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil e implantado por el Colegio de Procuradores, de modo obligatorio y con el respaldo legal que le confiere el artículo 162 de aquélla, perdería su sentido y quedaría desprovisto de eficacia. Como bien afirma el Abogado del Estado, de admitirse la tesis del recurrente se produciría la "completa inutilidad de la intervención del Colegio" y "el sistema resultaría completamente desnaturalizado".

Y nos ahorraremos el comentario sobre si esto merece una Sentencia del Tribunal Supremo de once folios letra verdana número 10, por lo de la tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción y todas esas cosas. 

23 junio 2014

Criterios de la privación de la patria potestad (STS.6-6-2014)


El asesor Jurídico Letrado de la Comunidad Foral de Navarra, en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, interpuso demanda de juicio sobre privación de patria potestad, contra don Julián y doña Eugenia. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y acordó la privación de esta patria potestad sobre un menor. La Audiencia Provincial revoco la sentencia de instancia y desestimó la demanda, dejando sin efecto la declaración de privación de la patria potestad respecto de los demandados, así como sus efectos derivados. 

El Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de junio de 2014 (Roj: STS 2131/2014) declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, casó la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, confirmó la dictada en primera instancia. Dice el Tribunal Supremo que la tesis mantenida en la sentencia sobre el momento en que procede valorar la concurrencia de causa de privación de la patria potestad ("visión dinámica "), se opone a la doctrina de esta sala contenida en las sentencias de 31 de julio 2009 y 6 de febrero de 2012, justificando el interés casacional del recurso. 

En primer lugar, la doctrina del Tribunal Supremo es unánime en considerar que el momento en que debe determinarse si el padre estaba o no incurso en causa de privación de la patria potestad es el de la declaración de desamparo. La declaración de desamparo del menor se produce precisamente por el incumplimiento por sus padres de sus deberes y mientras se mantenga el incumplimiento, se mantendrá la declaración de desamparo, con las medidas complementarias. De aquí que cuando un menor esté protegido por medio de la declaración de desamparo, se está produciendo un incumplimiento de los deberes inherentes a la potestad y corresponderá demostrar lo contrario a quien lo niegue. 

En segundo lugar, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar, es necesario atender, entre otras circunstancias, al tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico. Las sentencias precedentes ponen sin duda en cuestión estas circunstancias favorables.


Por lo demás, la institución de la patria potestad viene concedida legalmente en beneficio de los hijos y requiere por parte de los padres el cumplimiento de los deberes prevenidos en el art. 154 CC, pero en atención al sentido y significación de la misma, su privación, sea temporal, parcial o total, requiere, de manera ineludible, la inobservancia de aquellos deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y destinatario de la patria potestad, el hijo, en definitiva, lo cual, supone la necesaria remisión al resultado de la prueba practicada ( SSTS 18 de octubre 1996 ; 10 de noviembre 2005 ).

18 junio 2014

La regla del BESO en la Justicia española.


¿Tendrá algo que ver el colapso de los Juzgados de lo Mercantil con que dieciséis Jueces y Magistrados se vayan de congreso a las Islas Canarias? El titular de la noticia de un periódico digital así lo da a entender y en una comprobación empírica que no discuto, leo que estos dieciséis Jueces son titulares de los Juzgados más colapsados de toda España, con miles de casos pendientes. Interesante son los particulares que se destacan en negrita (parejas, prebendas, cortejo, designaciones y distracción de su ocupación laboral) y más interesante todavía es el último párrafo del artículo y que no desvelo para que quien quiera consulte el enlace. 

¿Y? Pues eso la Y. La “Y” de no despejar una sola incógnita y de que mañana será otro día o, al menos eso espero. La “Y” de no entender que la Justicia Española padece desde hace lustros la peor legislación con diferencia del orbe civilizado, lo que ocasiona unos destrozos en las oficinas judiciales a los que la mayoría estamos acostumbrados y, por tanto, el colapso no ya de miles, sino de millones de asuntos pendientes. ¿Excusa? No, que va, no entro en la noticia que se publica, que me da igual, si bien, no se sí, quizá, no creo que se publicaran idénticos comentarios sobre unos Juzgados muy estupendos creados en plena marea del progresismo feminista y que andan, como decirlo, ligeros de registro e incoación en comparación a cómo andamos el resto. 

Ese sí que es un problema. Dar a entender lo que parece ser, aunque no sea en realidad lo que es, hecho que no le preocupa a nadie porque lanzada la piedra será otro el que se quede tuerto o ciego y, eso aunque solo puedan tirarse algunas piedras en algunos sitios, porque en otros casos será mejor no hacerlo

Uno de los principios básicos del diseño es la regla del BESO o «Mantenlo sencillo, ¡Estúpido!», que es la traducción del acrónimo KISS y de su contenido «Keep It Simple, Stupid!» y que es precisamente el que no rige ni uno solo de los principios que informan la Justicia Española, sus reformas legales, sus denominaciones, sus conceptos, su organización y su propaganda. El principio KISS indica que los sistemas funcionan mejor si se mantienen simples y por ello la simplicidad es un objetivo clave del diseño, salvo claro que tengas un Juzgado colapsado en cuyo caso hasta que no saques todos los asuntos pendientes no podrás levantar la mano para ir al baño.

16 junio 2014

Dos aclaraciones del Tribunal Supremo sobre el desahucio.


Dos recientes pronunciamientos de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nos aclaran dos puntos del juicio de desahucio que no dejan de suscitar controversia en los órganos judiciales: 

a. En cuanto al REQUERIMIENTO DE PAGO AL ARRENDATARIO del art.22.4 LEC dice la STS, Sala 1ª de 28 de mayo de 2014 (Roj: STS 2136/2014) que dicho precepto exige: 

1. La comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada. 2. Ha de ser fehaciente, es decir, por medio que permita acreditar que llegó a conocimiento del arrendatario, con la claridad suficiente. 
3. Ha de referirse a rentas impagadas. 
4. Debe transcurrir el plazo legalmente previsto, que ha venido fluctuando entre uno y dos meses, en las sucesivas reformas legales. 
5. Que el arrendatario no haya puesto a disposición del arrendador la cantidad reclamada. 

Sin embargo y aquí viene lo importante, en dicho precepto no se exige que se comunique al arrendatario

1. Que el contrato va a ser resuelto. 
2. Que no procederá enervación de la acción de desahucio si no se paga en el plazo preceptivo. 

Concluye la Sala afirmando que el legislador no obliga al arrendador a que se constituya en asesor del arrendatario, sino tan solo a que le requiera de pago. Y como declara la sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2009 (Roj: STS 2390/2009), la enervación del desahucio no se configura tanto como un derecho cuanto como una oportunidad del arrendatario para evitar el desahucio por falta de pago, porque al arrendador no le es indiferente el momento en que se le pague la renta estipulada. 

b. En cuanto al DOMICILIO DEL ARRENDATARIO la STS, Sala 1ª de 28 de mayo de 2014 (Roj: STS 2128/2014) estima una demanda de revisión contra una sentencia dictada en un proceso de desahucio en el que el emplazamiento se intentó a instancia de la demandante en la vivienda arrendada y se tuvo a la misma como domicilio del demandado hasta que, una vez tasadas las costas a cuyo pago había sido condenado aquél, el Juzgado, de oficio, encontró otro domicilio; que era el domicilio real y que, según se lo acreditado en autos, constaba en las oficinas de la agencia que había actuado como intermediaria para la celebración del contrato y la única conocida por el arrendatario ya que incluso en el contrato se había consignado un domicilio de los arrendadores que resultó ser erróneo.

07 junio 2014

El Tribunal Supremo y la responsabilidad de ASNEF por sus registros (STS.21-5-2014)


La interesante STS, Sala 1ª, de 21 de mayo de 2014 (Roj: STS 2040/2014) trata, entre otras cosas, de la responsabilidad del encargado de los conocidos como “registros de morosos” regulados por el art. 29.2 LOPD y en los que ha de distinguirse entre los ficheros de los acreedores, que estos forman con base en los datos sobre incumplimientos contractuales de sus clientes obtenidos de su propia actividad, y el fichero común del que es responsable la empresa dedicada a información de solvencia patrimonial, que es el que constituye propiamente el "registro de morosos", que se forma con los datos comunicados por las empresas acreedoras y puede ser consultado por las empresas asociadas. 

El art. 44.3.1º RPD prevé que cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el art. 29.2 LOPD , si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las medidas oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que ésta la resuelva, y si no recibe contestación por parte de esta entidad en el plazo de siete días, procederá a la rectificación o cancelación cautelar de los mismos. 

Esta previsión reglamentaria no puede interpretarse de modo que cuando el interesado haya ejercitado sus derechos de rectificación o cancelación de forma motivada y fundamentada, justificando ante el titular del fichero común el incumplimiento de los requisitos de calidad de los datos, este no pueda y no deba rectificar o cancelar los datos no pertinentes, inexactos o incompletos a no ser que así se lo indique el acreedor que le ha suministrado los datos. Esta interpretación supondría una restricción injustificada del derecho a la protección de datos del interesado y es por tanto inatendible. Ha de tenerse en cuenta que el responsable del fichero común es quien comunica al afectado que sus datos han sido incluidos en el fichero, notificándole una referencia de tales datos e informándole de su derecho a recabar información de la totalidad de los datos, por lo que será frecuente que el derecho de rectificación o cancelación se ejercite frente al responsable del fichero común, que es el que constituye el "registro de morosos" y tiene una mayor potencialidad ofensiva pues puede ser consultado por terceros

Ciertamente, el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la LOPD, pues es él quien razonablemente puede comprobar los requisitos relativos a la existencia, veracidad y pertinencia de los datos, al ser parte en la relación contractual en la que se produjo el incumplimiento. Pero una vez que el interesado ejercita el derecho de rectificación o cancelación ante el responsable del registro de morosos, si la reclamación se realiza de manera documentada y justificada, el responsable de este fichero ha de satisfacer este derecho en los términos previstos en el art. 16 LOPD. No puede limitarse a trasladar la solicitud al acreedor, para que este decida, y seguir acríticamente las indicaciones de este, dando una respuesta estandarizada al afectado al que niega la cancelación. 

No se entendería, además, qué sentido tiene que el art. 38.3 del Reglamento imponga al acreedor la obligación de conservar la documentación acreditativa de los requisitos precisos para incluir los datos del deudor en el registro de morosos, a disposición no solo de la Agencia Española de Protección de Datos sino también del responsable del fichero común, si este cumple con dar traslado al acreedor del derecho de rectificación o cancelación ejercitado por el afectado y puede mantener los datos en el fichero tan sólo con que el acreedor así se lo indique, sin estar obligado a valorar la solicitud de cancelación ejercitada y, en su caso, pedir al acreedor la documentación que soporta la inclusión de los datos en el registro de morosos para comprobar su pertinencia, suficiencia y adecuación. 

Debe tomarse en consideración que el tratamiento de datos personales que puede causar daños más graves al interesado no es el efectuado por el acreedor en su fichero comercial, sino el realizado por la empresa titular del registro de morosos, cuyo fichero común puede ser consultado por un número indeterminado de empresas asociadas, con el descrédito que ello puede suponer para el afectado, provocando la intromisión ilegítima en su derecho al honor y daños morales y patrimoniales. 

Debe recordarse que los datos personales objeto de tratamiento no solo han de ser veraces y exactos, sino también adecuados y pertinentes. Dado que el art. 29.4 LOPD solo permite registrar y ceder datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados, una deuda que no se paga porque el supuesto deudor objeta seriamente su procedencia y exigibilidad (y así lo justifica al ejercitar el derecho de cancelación o rectificación) no es determinante para enjuiciar la solvencia económica del afectado, incluso aunque luego se diera la razón al acreedor en la reclamación judicial que pudiera entablarse, porque la causa del impago no es la insolvencia del deudor sino su disconformidad con la existencia o exigibilidad de la deuda. 

No se trata tanto de que el responsable del fichero común enjuicie la existencia, certeza y vencimiento de la deuda como la pertinencia de los datos para enjuiciar la insolvencia del afectado, a la vista de los términos en que haya sido ejercitado el derecho de rectificación o de cancelación. Equifax no es un mero encargado del tratamiento de datos que actúa por cuenta y bajo las órdenes de un responsable del fichero, en los términos previstos en el art. 3.g LOPD, sin autonomía en la toma de decisiones. Por el contrario, es responsable del fichero ASNEF y del tratamiento de los datos en él incluidos en los términos previstos en el art. 2.d de la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea y 3.d LOPD, y como tal, debió dar respuesta fundada al legítimo ejercicio del derecho de cancelación por parte del interesado cuyos datos se habían incluido indebidamente en el fichero de su responsabilidad. 

No es aceptable la tesis de que el responsable del fichero común carece de disponibilidad sobre los datos registrados y, por tanto, de responsabilidad. El art. 6.2 de la Directiva establece que «corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1», esto es, que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, que sean exactos y que se tomen todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos sean suprimidos o rectificados. Y, como declara la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, asunto C 131/12 , en su párrafo 77, «el interesado puede dirigir las solicitudes con arreglo a los artículos 12, letra b ), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 directamente al responsable del tratamiento, que debe entonces examinar debidamente su fundamento y, en su caso, poner fin al tratamiento de los datos controvertidos». 

Como responsable que es de un fichero de datos automatizado que se forma sin consentimiento de los afectados, y que por la naturaleza de los datos contenidos en el mismo, puede provocar serias vulneraciones de derechos fundamentales de los interesados y causarles graves daños morales y patrimoniales, Equifax ha de dar cumplida satisfacción al ejercicio por los interesados de los derechos de rectificación y cancelación, cuando, como en el caso enjuiciado, ello puede realizarse con base en una solicitud motivada y justificada. No puede limitarse a seguir las indicaciones del acreedor que facilitó los datos, ha de realizar su propia valoración del ejercicio del derecho de rectificación o cancelación realizado por el afectado, y darle una respuesta fundada. Lo contrario implicaría una restricción injustificada del derecho a la protección de datos de los interesados cuyos datos sean incluidos en un registro de los previstos en el art. 29.2 LOPD. 

Y cuando se limita a seguir acríticamente las indicaciones del acreedor y mantener los datos del demandante en un registro de morosos, pese a una solicitud de cancelación motivada y justificada se vulnera el derecho fundamental a la protección de datos, y con ello, participa en la intromisión en su derecho al honor consecuencia de su indebida inclusión en el registro de morosos.