La investigación judicial del patrimonio del ejecutado.


No se mosqueen, ni se den por aludidos, pero llenarnos las mesas de escritos pidiendo la investigación patrimonial de los miles de ejecutados que tenemos en las mesas de las oficinas/escribanías/secretarías/upadías judiciales no tiene ningún sentido, ni adelanta nada, ni garantiza el cobro del título. En este punto las nuevas tecnologías han superado al legislador civil en dos ocasiones: en la reforma del 2000 y en la del 2009. La primera pudiera tener cierta justificación, pues no en vano trataba de implantarse un único proceso de ejecución con múltiples innovaciones y los doctores del proceso andaban empeñados en la audiencia previa y en echar al Secretario Judicial del trámite; la segunda es una oportunidad perdida que ha obviado nueve años de experiencia práctica y, sobre todo, la existencia del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 

¿Qué es lo que ha cambiado entre las redacciones del año 2000 y 2009? La existencia del Punto Neutro Judicial (PNJ), que se constituye a raíz de los convenios de colaboración para la cesión de datos firmados entre el Consejo General del Poder Judicial, las Administraciones públicas y algunas entidades privadas. La importancia de este portal informático ha llegado al extremo de anular el art. 590 LEC, pero también al requerimiento al ejecutado del art. 589 LEC, que tampoco tiene mucha utilidad cuando las diferentes bases de datos informan al órgano ejecutor de la situación patrimonial real del ejecutado. Es más el art. 590 LEC en la redacción actual no tiene ninguna justificación, porque el ejecutante, en la propia demandada de ejecución ya solicita de los órganos ejecutores que se dirijan a toda clase de organismos y entidades y, ello aún en el caso de designación de bienes del ejecutado y por supuesto, sin expresión de ninguna razón por la que estima que la persona, entidad o organismo que se trate dispone de información. De hecho la nueva redacción del art. 590 LEC no solo no mejoró la derogada, sino que la empeoró. 

Por lo demás el legislador civil obvia dos extremos de cierta importancia: a) las restricciones a la cesión de datos que hacen muy difícil la intervención de la parte ejecutante y b) la necesaria «agilidad procesal» en la tramitación de la investigación, que solo se consigue mediante el empleo de medios informáticos. Con ello en la práctica diaria de los juzgados el conflicto no aparece en la interpretación del art. 590 LEC (mucho menos en la del art. 591 LEC), ni en las razones por las que el ejecutante no puede designar bienes, sino en la reiteración del empleo de los medios de investigación. En ocasiones la situación roza el absurdo formulándose peticiones en las que se pide del Juzgado que oficie a todas las entidades bancarias que operan en España (facilitando el correspondiente listado) bajo la presunción que cualquier persona tiene en la actualidad la titularidad de una cuenta bancaria. 

¿Quiere ello decir que las partes y los órganos judiciales incumplen el mandato del legislador? No y con rotundidad: sencillamente unas y otros se adaptan a cada título y a cada ejecución. En este sentido precisa el AAP BARCELONA, Sección 5.ª de 25 de junio de 2007 que el art. 590 LEC no ampara «la indagación del patrimonio de terceros ni puede servir de cobertura a una instrucción en el sentido de investigación judicial, al servicio del ejecutante, sobre operaciones llevadas a cabo por personas contra las que no se dirige la ejecución o sobre su patrimonio, porque las facultades de investigación judicial en la ejecución civil se limitan por el precepto en el aspecto objetivo (el patrimonio) y subjetivo (del ejecutado)». No se duda que el conocimiento de determinados contratos, los pagos efectuados en su cumplimiento y el patrimonio de terceros, son útiles para la ejecutante, pero con vistas al ejercicio de futuras acciones o pretensiones contra esos terceros «el art. 590 LEC no responde a la finalidad de las diligencias preparatorias o preliminares, ni permite una investigación patrimonial general de terceros». 

Volvemos ahora a la reiteración de las peticiones de investigación y al acceso de la parte a datos que puede obtener por sí misma. Las primeras son un efecto pernicioso del empleo del Punto Neutro Judicial o de los servicios de averiguación patrimonial de los Juzgados, de tal modo que la parte ejecutante, solicita la práctica de diligencias de investigación que ya se han realizado con anterioridad una o varias veces (v. gr. cuentas bancarias, devolución de IRPF o informes de vida laboral, etcétera, etcétera y otro etcetera). ¿Hay algún límite para esta práctica? A mi entender es perfectamente admisible un límite temporal en las peticiones de investigación, lo que siempre dependerá de las actuaciones de cada ejecución y por tanto, del resultado de las diligencias realizadas. La diligencia de ordenación que se dicte será susceptible de reposición, pero sin que la interposición implique su admisión ya que la valoración de la «inutilidad de la medida de investigación» exigirá al ejecutante que precise con claridad la infracción cometida por la diligencia denegatoria (art. 452 LEC). Lo que no vale, dicho llanamente, es la reiteración sin más como sucede en el caso de las peticiones dirigidas a la TGSS o al INEM. 

En cuanto a los límites en el acceso y la intervención de la parte ejecutante ha de partirse del dato que salvo los Registros de la Propiedad y Mercantiles, los ejecutantes no tienen acceso a ningún otro registro oficial que interese a la vía de apremio por lo que, en la actualidad, tiene poca justificación su intervención. Aquí entramos en un terreno farragoso, porque la intervención, sin más, del ejecutante y del procurador choca con la agilidad del Punto Neutro Judicial y la supresión del papel en las oficinas judiciales. No se trata de ver quién lo hace sino de la sencillez y de la velocidad a la que se hace. Debe advertirse al lector que el Punto Neutro Judicial facilita información de todos los bienes o derechos que integran el patrimonio del ejecutado y obtenida la información, puede ordenarse el embargo de cuentas bancarias o devoluciones de IRPF. Otra lectura del art. 590 LEC supone desconocer la realidad.

Comentarios

  1. Art. 590 LEC "...Al formular estas indicaciones, el ejecutante deberá expresar sucintamente las razones por las que estime que la entidad, organismo, registro o persona de que se trate dispone de información sobre el patrimonio del ejecutado...." Nunca he visto un escrito del ejecutante en el que se indicara el porqué dirigirse a una entidad, registro etc .. para investigar el patrimonio.
    Saludos

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  2. Ni lo verá. En dos años desde la entrada en vigor de la LEC (más o menos) dejó de practicarse tan sana costumbre. Ahora ni lo intentan, salvo que tengan noticia por otros procesos, de los que evitan dar muchos datos para que a alguno no se le ocurra la idea de acumular ejecuciones. Esta es otra de las ventajas del eficaz sistema informático que tenemos.

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