29 mayo 2014

Correos electrónicos, escuchas telefónicas y paquetes postales (STS.14-11-2013)


Por razones que no vienen al caso dejé hace muchos años la jurisdicción penal, pero de cuando en cuando echó algún vistazo a la base de datos del Tribunal Supremo para ver si se siguen alegando las pintorescas vulneraciones de derechos sobre la rotura de la cadena de custodia, la manipulación de las cintas casete o la presencia del Secretario Judicial en cualquier diligencia policial o judicial con inclusión, faltaría, de la puesta y retirada de grapas en cualquier folio o carpeta. Y, no, creo que ahora el asunto no va por lo de las grapas, pero lo de la ubicuidad del Secretario Judicial no ha perdido vigencia. 

La STS, Sala 2ª, de 14 de noviembre de 2013 (Roj: STS 5869/2013) analiza en el recurso los posibles defectos en la intervención y apertura de un correo electrónico, sin plazo de vigencia y sin la presencia en la diligencia del Juez, ni del Secretario Judicial. Dice la sentencia


En lo que se refiere a la presencia del Juez y del Secretario en la apertura de los diferentes correos electrónicos que exige la parte, acudiendo así a una interpretación analógica de lo dispuesto para la apertura de la correspondencia postal en la LECr. (arts. 584 y ss ), no puede acogerse en los términos en que se expone en el recurso. La naturaleza singular que tienen los correos electrónicos por su remisión por vía telemática permite asimilarlos en importantes aspectos a las comunicaciones por vía telefónica más que a la correspondencia postal. Por ello no resulta irrazonable que su procedimiento de intervención, control y apertura se asemeje en gran medida al de las escuchas telefónicas, en las que, una vez autorizadas, no interviene el Juez y el Secretario en el instante en que se están produciendo y almacenando mediante los medios técnicos procedentes, y sí en cambio una vez que se van aportando sus resultados al Juzgado, momento en que se practica realmente el control de las escuchas. Y otro tanto cabe decir en cuanto a la intervención del sujeto afectado en su derecho fundamental, pues su presencia en el momento en que los funcionarios toman conocimiento del contenido de los correos electrónicos haría fracasar toda la investigación. 
No cabe, pues, que se practique la apertura del correo electrónico a su presencia en el curso de la investigación, sino que será después, cuando la intervención de los correos haya finalizado y se alce el secreto de las diligencias, cuando se le dé cuenta de la intrusión de que ha sido objeto su correo electrónico. 
No puede, por tanto, compartirse la asimilación que hace la parte recurrente entre la recogida y apertura de la correspondencia postal y la de los correos electrónicos, ni tampoco la intervención que en uno y otro caso tienen el Juez, el Secretario y las partes interesadas. 
Mayor razón asiste a la defensa cuando impugna la falta de señalamiento de un plazo de duración de la medida limitadora del derecho fundamental a la intervención de la comunicación por correo electrónico. Pues aquí sí que se precisa aplicar lo dispuesto en el art. 579.3 LECr, que fija para la intervención de toda clase de comunicaciones un plazo máximo de tres meses, prorrogable por iguales periodos, siendo lo cierto que en los autos cuestionados no se señala límite temporal alguno para las intervenciones de los correos electrónicos. 
Así las cosas, es claro que las intervenciones de los correos electrónicos infringen el límite legal y vulneran también el principio de proporcionalidad al no cumplimentar un requisito imprescindible para cercenar un derecho fundamental, ya que ha de fijarse siempre un plazo por parte del juez ponderando a tal efecto las circunstancias del caso concreto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida. 
De todas formas, la parte recurrente no determina cuáles son en el caso concreto las consecuencias procesales de la nulidad de tales intervenciones de los correos electrónicos con respecto al resultado probatorio, pues no hace referencia alguna en su escrito de recurso ni a fuentes de prueba ni a medios probatorios que se habrían obtenido a través de la intervención de los correos electrónicos. Por consiguiente, al no aportar la parte datos específicos relacionados con los efectos de una posible nulidad de la referida intervención y, en concreto, sobre su repercusión en el material utilizado para configurar la convicción fáctica de la Audiencia, ni constar tampoco en la sentencia, carece de relevancia probatoria en este caso la alegación de la parte.

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