29 mayo 2014

Correos electrónicos, escuchas telefónicas y paquetes postales (STS.14-11-2013)


Por razones que no vienen al caso dejé hace muchos años la jurisdicción penal, pero de cuando en cuando echó algún vistazo a la base de datos del Tribunal Supremo para ver si se siguen alegando las pintorescas vulneraciones de derechos sobre la rotura de la cadena de custodia, la manipulación de las cintas casete o la presencia del Secretario Judicial en cualquier diligencia policial o judicial con inclusión, faltaría, de la puesta y retirada de grapas en cualquier folio o carpeta. Y, no, creo que ahora el asunto no va por lo de las grapas, pero lo de la ubicuidad del Secretario Judicial no ha perdido vigencia. 

La STS, Sala 2ª, de 14 de noviembre de 2013 (Roj: STS 5869/2013) analiza en el recurso los posibles defectos en la intervención y apertura de un correo electrónico, sin plazo de vigencia y sin la presencia en la diligencia del Juez, ni del Secretario Judicial. Dice la sentencia


En lo que se refiere a la presencia del Juez y del Secretario en la apertura de los diferentes correos electrónicos que exige la parte, acudiendo así a una interpretación analógica de lo dispuesto para la apertura de la correspondencia postal en la LECr. (arts. 584 y ss ), no puede acogerse en los términos en que se expone en el recurso. La naturaleza singular que tienen los correos electrónicos por su remisión por vía telemática permite asimilarlos en importantes aspectos a las comunicaciones por vía telefónica más que a la correspondencia postal. Por ello no resulta irrazonable que su procedimiento de intervención, control y apertura se asemeje en gran medida al de las escuchas telefónicas, en las que, una vez autorizadas, no interviene el Juez y el Secretario en el instante en que se están produciendo y almacenando mediante los medios técnicos procedentes, y sí en cambio una vez que se van aportando sus resultados al Juzgado, momento en que se practica realmente el control de las escuchas. Y otro tanto cabe decir en cuanto a la intervención del sujeto afectado en su derecho fundamental, pues su presencia en el momento en que los funcionarios toman conocimiento del contenido de los correos electrónicos haría fracasar toda la investigación. 
No cabe, pues, que se practique la apertura del correo electrónico a su presencia en el curso de la investigación, sino que será después, cuando la intervención de los correos haya finalizado y se alce el secreto de las diligencias, cuando se le dé cuenta de la intrusión de que ha sido objeto su correo electrónico. 
No puede, por tanto, compartirse la asimilación que hace la parte recurrente entre la recogida y apertura de la correspondencia postal y la de los correos electrónicos, ni tampoco la intervención que en uno y otro caso tienen el Juez, el Secretario y las partes interesadas. 
Mayor razón asiste a la defensa cuando impugna la falta de señalamiento de un plazo de duración de la medida limitadora del derecho fundamental a la intervención de la comunicación por correo electrónico. Pues aquí sí que se precisa aplicar lo dispuesto en el art. 579.3 LECr, que fija para la intervención de toda clase de comunicaciones un plazo máximo de tres meses, prorrogable por iguales periodos, siendo lo cierto que en los autos cuestionados no se señala límite temporal alguno para las intervenciones de los correos electrónicos. 
Así las cosas, es claro que las intervenciones de los correos electrónicos infringen el límite legal y vulneran también el principio de proporcionalidad al no cumplimentar un requisito imprescindible para cercenar un derecho fundamental, ya que ha de fijarse siempre un plazo por parte del juez ponderando a tal efecto las circunstancias del caso concreto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida. 
De todas formas, la parte recurrente no determina cuáles son en el caso concreto las consecuencias procesales de la nulidad de tales intervenciones de los correos electrónicos con respecto al resultado probatorio, pues no hace referencia alguna en su escrito de recurso ni a fuentes de prueba ni a medios probatorios que se habrían obtenido a través de la intervención de los correos electrónicos. Por consiguiente, al no aportar la parte datos específicos relacionados con los efectos de una posible nulidad de la referida intervención y, en concreto, sobre su repercusión en el material utilizado para configurar la convicción fáctica de la Audiencia, ni constar tampoco en la sentencia, carece de relevancia probatoria en este caso la alegación de la parte.

27 mayo 2014

Doctrina jurisprudencial sobre los defectos en las grabaciones de los juicios (STS 8-5-2014)


Se reitera en la reciente STS, Sala 1ª, de 8 de mayo de 2014 (Roj: STS 1864/2014) la consecuencias de la defectuosa grabación del juicio o de la vista, bien porque la misma no se produjo o el soporte de la grabación se perdió, bien porque la realizada tenía defectos que dificultaban su visionado o audición. Dice el fundamento de derecho tercero


2. Las conclusiones que sobre esta cuestión alcanzan estas sentencias pueden sistematizarse, en lo que aquí interesan en las que a continuación se exponen. 
i) El principio general aplicable en esta materia es la de la conservación del proceso. La nulidad de actuaciones es una medida excepcional y de interpretación restrictiva por lo que es necesario para apreciarla que se haya producido una efectiva indefensión a las partes en litigio. 
ii) Según el artículo 469.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, esta o la vulneración del artículo 24 CE se hayan denunciado en la instancia. La inobservancia de este requisito excluye la indefensión, por cuanto esta no concurre si la parte ha incurrido en ella por su propia actuación. 
iii) No toda irregularidad procesal causa por sí misma la nulidad de actuaciones, ya que el dato esencial es que tal irregularidad procesal haya supuesto una efectiva indefensión material, y por lo tanto, trascendente de cara a la resolución del pleito. Por esta razón la parte debe justificar que la infracción denunciada, que se concreta en la defectuosa documentación del juicio o de la vista mediante su grabación audiovisual, ha supuesto una indefensión material. 
iv) Es carga de la parte recurrente precisar en qué consiste la indefensión material provocada por la defectuosa grabación del juicio, en función de datos concretos no recogidos en el acta que documentó el juicio. La defectuosa grabación de las vistas por sí misma no provoca la nulidad de lo actuado.

Lo novedoso en este caso es que la Audiencia Provincial en su sentencia dijo que habiéndose procedido durante el juicio a exhibir diferentes planos a los peritos y testigos, los cuales habían señalado sobre tales planos las zonas problemáticas, sus límites y han localizado la zona litigiosa, el tribunal de apelación no pudo apreciar lo señalado y aclarado sobre planos, al quedar fuera de cámara, y que resultaba muy difícil la audición de las aclaraciones de testigos y peritos que se hacían fuera de micrófono

El Tribunal Supremo desestima el recurso con arreglo a las siguientes consideraciones: 

a) Que los peritos y testigos hicieran algunas aclaraciones alejándose del micrófono, al acercarse a examinar los planos que le eran exhibidos, y que las indicaciones que peritos y testigos realizaban sobre los planos no resultaban recogidas en la grabación por quedar fuera de cámara, era algo que se podía apreciar por los asistentes al juicio, entre otros, el abogado recurrente. Si este consideraba que la falta de debida constancia de tales extremos (aclaraciones orales, indicaciones hechas materialmente sobre los planos) en la grabación audiovisual podía causarle indefensión, debió manifestarlo en el acto del juicio y pedir que quedara debida constancia. 

b) La parte que ahora alega indefensión tampoco denunció la infracción procesal y la indefensión que supuestamente se le causaba al formular el recurso de apelación. El soporte de la grabación audiovisual del juicio estaba a su disposición y podía denunciar ante la audiencia la defectuosa grabación y concretar la indefensión que se le causaba. Es más, la recurrente reconoce que utilizó dicha grabación para formular el recurso de apelación, si bien al haber asistido su abogado al juicio, no tuvo problema alguno para formular el recurso de apelación. Si el abogado ya apreció en su momento que la grabación era incompleta, debió denunciarlo en el recurso de apelación. 

c) La grabación audiovisual de los juicios y vistas tiene unas limitaciones técnicas de las que son conscientes todos quienes intervienen en el proceso. No se está ante la grabación propia de una película o un programa televisivo, en la que se registra lo que dicen los intervinientes incluso aunque estén en movimiento, y la grabación de vídeo es de alta resolución, con posibilidad de dirigir las cámaras hacia distintos lugares, y de utilizar el zoom para acercar la imagen. En consecuencia actuaciones consistentes en peritos o testigos que abandonan el lugar donde está su micrófono y se acercan al estrado para que le sean exhibidos planos u otros documentos, no pueden quedar adecuadamente registrados en el soporte audiovisual, porque el micrófono no sigue al testigo o perito, y porque las indicaciones que hace sobre el plano no se aprecian en la grabación visual. Se trata de situaciones de las que son perfectamente conscientes los profesionales que intervienen en el juicio o vista. Si el abogado de una parte considera que la aclaración realizada es de especial trascendencia para los intereses de su parte la diligencia exigible a quienes intervienen en el proceso requiere que tomen la iniciativa para que tales problemas de documentación, derivados de las limitaciones técnicas expuestas, resulten suplidos por otros medios, como ya se ha indicado. No es admisible que una vez que la sentencia que resuelve el litigio le resulta desfavorable, alegue indefensión y pida la repetición del juicio

d) Por último el recurrente no ha precisado adecuadamente cómo la insuficiente plasmación de las aclaraciones de testigos y peritos en el soporte de la grabación le ha causado indefensión. Si efectivamente alguna de las aclaraciones realizadas en el juicio por alguno de los peritos o testigos era muy importante para la tesis defendida por la comunidad y no fue valorada adecuadamente en la sentencia de primera instancia, el recurso de apelación debería haberlo concretado cuando se denunció el error en la valoración de la prueba. No basta con denuncias genéricas de error en la valoración de la prueba para posteriormente, cuando no tienen éxito, pedir la nulidad del juicio por la falta de constancia suficiente de algún extremo de la prueba practicada en el soporte audiovisual.

23 mayo 2014

No se ría de mí y témame ya me pagan la productividad


Semana gloriosa la que acaba. En Valencia del moderniza.just hemos pasado a tener que devolver unos portátiles para el achatarramiento: la orden llegó hace un tiempo pero esta semana se filtró a la prensa y, sin solución de continuidad al cachondeo; lástima que no estemos destinados en Cádiz. Lo del moderniza.just era el típico plan modelo decorados de película de los años 50 y 60, que quedaba muy bien en las presentaciones oficiales y paraoficiales (eran los tiempos de no vaya usted al baño sin un “power point” y un puntero), pero que tecnológicamente no podía aportar nada y de hecho, cuando uno echaba un vistazo detrás del decorado encontraba el estupendo desierto de Almería. 

En Valencia también, un sindicalista que hace funciones de Secretario Judicial, ha querido volvernos a meter en la rueda de la defensa del proletariado en unas elecciones a las que puede presentarse como Gestor; claro que como sabemos todos y todas los sindicatos de clase siempre se han esmerado en proteger y amparar los derechos del Cuerpo de Secretarios Judiciales; ¡qué digo proteger y amparar! en tutelar y reivindicar y se me escapa algún otro verbo que dejo para mejor ocasión y, quizá tan loable misión le ha llevado a pelear su participación en el proceso electoral, del que ha sido excluido por mor de un laudo anterior confirmado por la jurisdicción social. 

Pero no, hoy después de acordarme que solo tengo acceso a determinados datos del Portal de Justicia en el ordenador del Juzgado he consultado mi productividad y después de leer el papelito un par de veces, he vuelto a entrar en el citado portal para echarme unas risas con el video o el chiste explicativo del desglose o, quizá con el muñequito ese que intentábamos colocar en la chepa del vecino el días de los inocentes y, dado que después de algunas vueltas no he encontrado nada he salido del sistema, presto a echarle una OPA – supongo que sigue llamando así – a Iberdrola o a quién se ponga a tiro con mis doscientos y pico euros. 

Luego lo he pensado mejor. Lóndres sigue siendo la plaza fuerte de las finanzas y quizá Iberdrola o quien se pusiera a tiro son una pieza pequeña; en estos casos hay que jugar fuerte y con los doscientos y pico euros, menos lo que se lleve el Ministerio para pagar a la Complutense de Madrid y a su sabiduría universitaria, creo que tengo para montarme un fondo de esos de cesiones de créditos que me aparecen por la mesa en cientos de escritos (no exagero) y, luego disfrutar de uno de esos días “moscosos” de los que tanto se alegran los sindicatos de clase cuando se recuperan. (¡En Justicia eran sueldo! A ver si escribiéndolo en una pizarra cien veces nos enteramos que no hay nada que celebrar) 

Así que témame que ya me pagan productividad. ¡Ah! Cuando tengamos un rato en ese proceso de modernización que llevamos arrastrando un siglo a ver si es posible que se regule de una vez la atención telefónica: un CAU central en cada sede judicial nos vendría de perlas y con esto no hace falta gastarse mucho; lo tienen todas las administraciones menos Justicia.

19 mayo 2014

La investigación judicial del patrimonio del ejecutado.


No se mosqueen, ni se den por aludidos, pero llenarnos las mesas de escritos pidiendo la investigación patrimonial de los miles de ejecutados que tenemos en las mesas de las oficinas/escribanías/secretarías/upadías judiciales no tiene ningún sentido, ni adelanta nada, ni garantiza el cobro del título. En este punto las nuevas tecnologías han superado al legislador civil en dos ocasiones: en la reforma del 2000 y en la del 2009. La primera pudiera tener cierta justificación, pues no en vano trataba de implantarse un único proceso de ejecución con múltiples innovaciones y los doctores del proceso andaban empeñados en la audiencia previa y en echar al Secretario Judicial del trámite; la segunda es una oportunidad perdida que ha obviado nueve años de experiencia práctica y, sobre todo, la existencia del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 

¿Qué es lo que ha cambiado entre las redacciones del año 2000 y 2009? La existencia del Punto Neutro Judicial (PNJ), que se constituye a raíz de los convenios de colaboración para la cesión de datos firmados entre el Consejo General del Poder Judicial, las Administraciones públicas y algunas entidades privadas. La importancia de este portal informático ha llegado al extremo de anular el art. 590 LEC, pero también al requerimiento al ejecutado del art. 589 LEC, que tampoco tiene mucha utilidad cuando las diferentes bases de datos informan al órgano ejecutor de la situación patrimonial real del ejecutado. Es más el art. 590 LEC en la redacción actual no tiene ninguna justificación, porque el ejecutante, en la propia demandada de ejecución ya solicita de los órganos ejecutores que se dirijan a toda clase de organismos y entidades y, ello aún en el caso de designación de bienes del ejecutado y por supuesto, sin expresión de ninguna razón por la que estima que la persona, entidad o organismo que se trate dispone de información. De hecho la nueva redacción del art. 590 LEC no solo no mejoró la derogada, sino que la empeoró. 

Por lo demás el legislador civil obvia dos extremos de cierta importancia: a) las restricciones a la cesión de datos que hacen muy difícil la intervención de la parte ejecutante y b) la necesaria «agilidad procesal» en la tramitación de la investigación, que solo se consigue mediante el empleo de medios informáticos. Con ello en la práctica diaria de los juzgados el conflicto no aparece en la interpretación del art. 590 LEC (mucho menos en la del art. 591 LEC), ni en las razones por las que el ejecutante no puede designar bienes, sino en la reiteración del empleo de los medios de investigación. En ocasiones la situación roza el absurdo formulándose peticiones en las que se pide del Juzgado que oficie a todas las entidades bancarias que operan en España (facilitando el correspondiente listado) bajo la presunción que cualquier persona tiene en la actualidad la titularidad de una cuenta bancaria. 

¿Quiere ello decir que las partes y los órganos judiciales incumplen el mandato del legislador? No y con rotundidad: sencillamente unas y otros se adaptan a cada título y a cada ejecución. En este sentido precisa el AAP BARCELONA, Sección 5.ª de 25 de junio de 2007 que el art. 590 LEC no ampara «la indagación del patrimonio de terceros ni puede servir de cobertura a una instrucción en el sentido de investigación judicial, al servicio del ejecutante, sobre operaciones llevadas a cabo por personas contra las que no se dirige la ejecución o sobre su patrimonio, porque las facultades de investigación judicial en la ejecución civil se limitan por el precepto en el aspecto objetivo (el patrimonio) y subjetivo (del ejecutado)». No se duda que el conocimiento de determinados contratos, los pagos efectuados en su cumplimiento y el patrimonio de terceros, son útiles para la ejecutante, pero con vistas al ejercicio de futuras acciones o pretensiones contra esos terceros «el art. 590 LEC no responde a la finalidad de las diligencias preparatorias o preliminares, ni permite una investigación patrimonial general de terceros». 

Volvemos ahora a la reiteración de las peticiones de investigación y al acceso de la parte a datos que puede obtener por sí misma. Las primeras son un efecto pernicioso del empleo del Punto Neutro Judicial o de los servicios de averiguación patrimonial de los Juzgados, de tal modo que la parte ejecutante, solicita la práctica de diligencias de investigación que ya se han realizado con anterioridad una o varias veces (v. gr. cuentas bancarias, devolución de IRPF o informes de vida laboral, etcétera, etcétera y otro etcetera). ¿Hay algún límite para esta práctica? A mi entender es perfectamente admisible un límite temporal en las peticiones de investigación, lo que siempre dependerá de las actuaciones de cada ejecución y por tanto, del resultado de las diligencias realizadas. La diligencia de ordenación que se dicte será susceptible de reposición, pero sin que la interposición implique su admisión ya que la valoración de la «inutilidad de la medida de investigación» exigirá al ejecutante que precise con claridad la infracción cometida por la diligencia denegatoria (art. 452 LEC). Lo que no vale, dicho llanamente, es la reiteración sin más como sucede en el caso de las peticiones dirigidas a la TGSS o al INEM. 

En cuanto a los límites en el acceso y la intervención de la parte ejecutante ha de partirse del dato que salvo los Registros de la Propiedad y Mercantiles, los ejecutantes no tienen acceso a ningún otro registro oficial que interese a la vía de apremio por lo que, en la actualidad, tiene poca justificación su intervención. Aquí entramos en un terreno farragoso, porque la intervención, sin más, del ejecutante y del procurador choca con la agilidad del Punto Neutro Judicial y la supresión del papel en las oficinas judiciales. No se trata de ver quién lo hace sino de la sencillez y de la velocidad a la que se hace. Debe advertirse al lector que el Punto Neutro Judicial facilita información de todos los bienes o derechos que integran el patrimonio del ejecutado y obtenida la información, puede ordenarse el embargo de cuentas bancarias o devoluciones de IRPF. Otra lectura del art. 590 LEC supone desconocer la realidad.

14 mayo 2014

Doctrina jurisprudencial sobre la legitimación del Presidente de la comunidad de propietarios (STS 11-4-2014)


Se analiza en la reciente STS, Sala 1ª, de 11 de abril de 2014 (Roj: STS 1703/2014) la legitimación activa del Presidente de Comunidad de Propietarios para reclamar judicialmente los daños producidos por defectos constructivos del edificio en los elementos privados de la comunidad, reiterándose como doctrina jurisprudencial que en relación con la legitimación del Presidente de la Comunidad para reclamar judicialmente esos daños, es suficiente con el acuerdo expreso de la Junta de autorización del ejercicio de acciones judiciales, salvo que exista oposición expresa y formal al mismo.

Dice el fundamento de derecho segundo


3. En la cuestión planteada debe señalarse que no cabe desconocer que la doctrina jurisprudencial de esta Sala, tanto en las sentencias citadas por la parte recurrente, como las más recientes de 23 de abril de 2013 (núm. 278/2013 ) y 24 de octubre de 2013 (núm. 656/2013 ), ha precisado el contexto doctrinal que acompaña a la necesidad de un previo acuerdo de la Junta de propietarios que autorice expresamente al Presidente de la Comunidad para el ejercicio de acciones judiciales, como presupuesto de legitimación de las mismas, en el sentido que tratándose de la reclamación de vicios constructivos del edificio y ejercitándose dicha reclamación en beneficio de la comunidad, es suficiente con el acuerdo de autorización para el ejercicio de acciones judiciales sin que resulte necesario que se acompañe la autorización expresa de los propietarios para la reclamación de los daños ocasionados en los elementos privativos de la comunidad, salvo que exista oposición expresa y formal a la misma. Por lo demás, esta doctrina no incurre en contradicción, tal y como argumenta la parte recurrente, con la sentencia de esta Sala, de 10 de octubre de 2011, que se dicta en atención a un supuesto claramente diferente al del presente caso.

Recuerde que citar la fuente no perjudica la salud de nadie. Gracias

07 mayo 2014

La inspección del inmueble hipotecado.


Una de las novedades más interesantes de la reforma de la Ley 1/2013 aparece en el segundo párrafo del art.691 LEC en la posibilidad de inspeccionar el inmueble hipotecado que sale a subasta; interés que no implica el éxito de la figura porque, por una parte, la técnica empleada por el Legislador es ciertamente deficiente y, por otra, la sucesión de reformas apresuradas en la subasta de los dos últimos años llegan tarde o, sencillamente se desconocen. 

Dice el art. 691.2 LEC que en el plazo de los veinte días cualquier interesado en la subasta podrá solicitar del Tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles hipotecados, quien lo comunicará a quien estuviere en la posesión, solicitando su consentimiento. Cuando el poseedor consienta la inspección del inmueble y colabore adecuadamente ante los requerimientos del Tribunal para facilitar el mejor desarrollo de la subasta del bien hipotecado, podrá solicitar al mismo una reducción de la deuda hipotecaria de hasta un 2 por cien del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado. El Tribunal, atendidas las circunstancias, y previa audiencia del ejecutante por plazo no superior a cinco días, decidirá lo que proceda dentro del máximo deducible. 

Presumo que el motivo de la reforma es el de facilitar la concurrencia de postores -nadie compra lo que no ve-, pero no define el concepto de «interesado», ni el de «poseedor», ni tampoco aclara en que consiste la «colaboración adecuada ante los requerimientos del Tribunal para facilitar el mejor desarrollo de la subasta del bien hipotecado»; no hablemos ya de la «reducción de la deuda hipotecaria», concepto ignoto a la par que oscuro y de cómo se reduce en la ejecución, porque también se ha pasado por alto la posterior inscripción registral. 

Comenzaré indicando que el «poseedor» será siempre el «ejecutado» y no el ocupante o el poseedor de hecho, si es que podemos distinguirlos cuando se señala la subasta en la ejecución hipotecaria ya que en otro será imposible aplicar la reducción de la deuda hipotecaria con la que se premia la colaboración o, mejor dicho, sería incomprensible en caso contrario, pues si el poseedor es el arrendatario o un tercero que ocupa temporalmente el inmueble ningún interés tendrá en colaborar con el juzgado, ni en postular la citada reducción de la deuda. En consecuencia, podrá comunicarse dicha circunstancia en la orden general de ejecución o, quizá con mejor técnica, esperar el resultado del requerimiento de pago e introducir una advertencia en la diligencia de ordenación señalando subasta. 

Mayores dificultades entraña saber en qué consiste esa «colaboración adecuada», que no aparecía en la primera redacción de la norma y que deberá limitarse a los actos que tengan relación con la subasta y, en particular, en permitir la visita del inmueble, pues esta era la finalidad primigenia de la reforma. De hecho tampoco se alcanza a comprender qué más puede hacer el ejecutado, si se permite la expresión, en tanto la ejecución hipotecaria no permite otra actividad procesal que la oposición del art.695 LEC o la liberación de la vivienda del art.693 LEC. 

No es ocioso advertir que deberá instaurarse algún mecanismo que permita la identificación de los «interesados» -en particular en el caso de sociedades dedicadas a la venta de inmuebles- y un control por el órgano ejecutor, pues no habrá otra forma de conocer si el ejecutado colabora a la mejor venta del inmueble. Y en el mismo sentido deberá aclararse cómo se «reducirá la deuda hipotecaria», sirviéndonos a modo de orientación el art. 654.3 LEC porque tampoco se precisa si se reduce el capital vencido o el principal por el que se despachó ejecución, ni qué hacer respecto a los intereses. Si de lo que se trata es de beneficiar al ejecutado reduciendo la deuda, la posterior aplicación del art. 579 LEC obligará a reducirla sin desglosar los conceptos que se han reclamado. 

Por lo demás la vuelta al concepto «Tribunal» permite que la cuestión se resuelva por el secretario judicial con un decreto, que completara al de adjudicación a los efectos de la inscripción.

04 mayo 2014

Un barquito llamado “dignidad”(segunda parte de la posturita en defensa del consumidor)


Para el Geriatrico de Villáescusa (Madrid)

Hace muchísimos años tuve un Seat 124 DLS, blanco, matrícula casi capicúa de Madrid, letras BF, con una dirección asistida para hacer músculos de Stallone, mercenarios tercera parte (con este ocurrirá lo que con Clint Eastwood, lo descubrirá el personal cuando se vaya al otro barrio) y hace muy pocos estuve en una boda en la que aparecí con mi Renault Megane Scenic, de cinco marchas y color que no puedo precisar (es un verde con tonalidad que ignoro) y en la que nos vimos rodeados de BMW´s de todas clases, colores, tamaños y motores; una época en la que España era líder en la venta de esta marca; de todas las demás de gama alta y de eso que llaman SUV, todo caminos y demás acrónimos, de los que me da igual lo que signifiquen. 

En aquellos primeros años del todo vale no había consumidores, ni Unión Europea, ni cuestiones perjudiciales y me quedé sin fachada, porque un empresario (o quien fuera) nos quitó por la mano al encargado de terminarla y nos quedó el asunto como nos quedó: un gris asquerosillo que se despegó con el paso del tiempo y que nos ha tocado arreglar. De hecho en el Social donde estaba destinado tuvimos un interesante juicio del BANCO SANTANDER, que había despedido a un director de dos sucursales por saltarse todos los límites de riesgo(supongo que si sigue en la institución llevará ahora un marcapasos en el corazón y uno en cada oreja), cuando dos semanas antes del despido le habían premiado por cubrir objetivos; objetivos del tipo 80% en el préstamo hipotecario y el otro 25% en el personal que por turno correspondiera para el coche y los muebles.

Nadie sabía de las sentencias de la unión europea, ni de la transparencia, ni de los intereses de demora al 25%, ni de la cláusula sótano (la del suelo, cuando vas con más ocho cervezas que no sean coronita, que eso ni es cerveza, ni es nada) y por supuesto todo el mundo firmaba lo que le ponían delante de las manos, las narices o la parte del cuerpo que cada uno eligiera. 

Echo de menos el Seat 124 DLS, matrícula casi capicúa de Madrid y cuando me bebo algunas cervezas en Madrid con los colegas que estén de guardia, en el antiguo Bar González – tapas con aceite para camiones- que no lo lleva ya González, miro a la calle y todos seguimos teniendo los mismos coches que hace siete, ocho, nueve o diez años y hemos ido pagando nuestras hipotecas y los colegios de nuestros hijos y no sé si somos o no consumidores, pero dijimos que no al del BMW, al del todo-camino, al del préstamo de trescientos mil euros por ochenta metros cuadrados y al de la madre que los parió a todos (aprovechando el día) y desde luego ninguno de nosotros ganaremos un premio nobel, ni nada que se le parezca. No damos para tanto, no bebemos coronita y todos somos del Madrid.

No queda ningún BMW de los que me rodearon en aquella boda, ni supongo que tampoco estará el Jeque de guardia en la puerta y basta echar unos kilómetros por cualquier autovía para ver el bofetón que nos hemos pegado. 

Pocos años después descubrimos el concepto de consumidor y que las cláusulas que firmamos son abusivas, pese a que se hayan tolerado y consentido por el Banco de España a la cabeza y todos los que han venido detrás y, mientras un altísimo porcentaje de españoles procura pagar la mensualidad, no se soluciona el asunto de la valoración de inmuebles (qué es dónde está el verdadero problema), ni se aclara dónde van los bienes que se adjudican los bancos con dinero público, ni porqué se permiten las cesiones de remate a una sociedad del mismo grupo y, por eso, hablo de posturitas cuando se declara la nulidad de una cláusula que fija el tipo de interés en yenes o, de ejecuciones hipotecarias en las que el pobre consumidor solo pagó las tres primeras cuotas del préstamo

Y para no ofender a nadie, ni a ninguna abogada, terminaré diciendo que tengo en trámite un juicio ordinario en el que el banco no permite la dación porque sus servicios jurídicos se niegan o, que tengo pendiente la liberación de una vivienda a la que el letrado se opone porque no ha cobrado sus honorarios; orientativos y minutados por la cuantía de la ejecución hipotecaria, faltaría; por no hablar de las oposiciones a las suspensiones de los lanzamientos en la ejecución hipotecaria del SABADELL (¡anda, se me ha escapado!) y, en fin, lo de todos los días. 

Me parece perfecto que hayamos descubierto Europa, después de hacerlo con América, pero el problema lo tenemos aquí y no en la ejecución hipotecaria y, sería un detalle que comenzáramos a reconocer el esfuerzo que hacemos los que estamos pagando la hipoteca y los que se arriesgan a pedir una. 

Pero, claro, es una opinión.

02 mayo 2014

No cuela en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la posturita en defensa del consumidor


En una conferencia a la que asistí el año pasado dos Registradores de la Propiedad abogaban por darle una cierta tranquilidad a la interpretación de las normas de la unión europea que recientemente habíamos descubierto en España y, no solo eso, también habíamos descubierto que existía un Tribunal de Justicia en la Unión que podía tumbar nuestro ordenamiento hipotecario en cuatro folios y medio y eso, al decir de los ponentes, merecía algún estudio y cierto reposo. Tenga en cuenta, estimado lector que estoy hablando de dos personajes que cambiaban del alemán al español y de vuelta, como yo lo hago con el cambio de marchas de mi Renault de trece años, así que reconfortaba saber que ya éramos más de cuatro quienes habíamos decidido darle un hálito de cordura a la lectura de la ley. 

Evidentemente eso no paró el péndulo vikingo a que somos tan aficionados y las cuestiones perjudiciales se han ido sucediendo y repito, las cuestiones perjudiciales se han ido sucediendo porque por lo visto aquí nadie sabía que firmaba una hipoteca cuando iba al banco y le soltaban doscientos mil euros y, tiene su aquel el asunto porque supongo que esta ignorancia comprenderá otras facetas de la vida como, por ejemplo, la de procrear, porque si tampoco los firmantes de las hipotecas conocían lo que estaban haciendo con varios verbos terminados en “ar”, no me quiero imaginar los colores que le iban a salir a más de uno y de una, redactando las pertinentes cuestiones perjudiciales. 

Pero miren por dónde la REDUE acaba de informar en documento que tienen abajo que la sentencia dictada en el asunto C-280/13, Barclays Bank, SA, de 30 de abril de 2014 declara sobre los arts. 570, 671, 579 LEC


La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los principios del derecho de la Unión relativos a la protección de los consumidores y al equilibrio contractual deben interpretarse en el sentido de que están excluidas de su ámbito de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro, como las controvertidas en el litigio principal, cuando no existe una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación de tales disposiciones.

No lanzaré las campanas al vuelo porque creo que hay pendientes varias cuestiones perjudiciales y a mí me siguen entrando oposiciones a la ejecución que parecen encaminadas a rompernos algún músculo de las extremidades superiores antes que a resolver una pluspetición de treinta y dos euros, pero si el Tribunal de la Unión acaba de una vez con esta posturita de la defensa del consumidor solo en la ejecución hipotecaria bienvenido sea. 

Porque la posturita de la defensa del consumidor solo se ha producido en la ejecución hipotecaria y no sé si vale de algo repetirlo, pero por si acaso.