02 abril 2014

La improrrogabilidad de los plazos


Suele producirse una confusión entre la subsanación del art. 231 LEC y la omisión del acto que obliga a corrección, en tanto no será posible otorgar plazos de subsanación cuando no estemos ante un acto defectuosamente realizado sino ante un acto omitido (por todos, ATS, Sala 1ª, 12 de febrero de 2013, ROJ ATS 1364/2013) y abundando en esa línea el reciente ATS, Sala 1ª, de 28 de enero de 2014 (Roj: ATS 377/2014) dice lo siguiente:


El examen de la cuestión impugnada pasa por recordar la doctrina de esta Sala sobre el efecto de los plazos procesales y en este sentido, conforme al artículo 134.1. LEC, los plazos establecidos en la LEC son improrrogables, estableciendo el artículo 136 LEC que «[transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto del que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda». 
Estas normas, se destaca, tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez (STC 202/1988, de 31 de octubre), pues los requisitos procesales no se hallan a disposición de las partes (STC 104/1989, de 8 de junio), y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a los recursos legalmente establecidos no permite llegar a la consecuencia de que exista una prorrogabilidad arbitraria de los plazos ni de que estos puedan quedar a la disposición de las partes (STC 1/1989), de 16 de enero). El automatismo de los plazos es una necesidad para la recta tramitación de los procesos, siendo de señalar que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción y cuyo carácter preclusivo está informado por la naturaleza propia del ordenamiento procesal, que en aras del orden público de que es fiel reflejo, ha de garantizar la seguridad jurídica (SSTS de 14 de octubre de 2004, RC 3634/1996). 
Lo dicho implica que la parte debe efectuar el acto procesal en el término establecido, siendo la consecuencia de su inobservancia la pérdida de la ocasión de realizar la actividad procesal a que afecte. No cabe hablar de subsanación, ni por la parte ni tampoco por el Tribunal como se pretende con la invocación del artículo 207 LEC, puesto que la dicción del artículo 136 LEC es taxativa, como lo evidencia la previsión expresa de la norma de preclusión del acto .

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