La homologación en el proceso de ejecución.


Disculpen la rotundidad de la afirmación, pero no hay homologación en el proceso de ejecución, ni resolución que pueda aprobarla. El art. 19 LEC dispone que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo y en el caso de pretenderse una transacción judicial, el acuerdo o convenio será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin. 

Queda claro el ámbito procesal de la homologación: el proceso declarativo y, en consecuencia, el litigio al que las partes tratan de poner fin. Pero dicho esto el apartado 3 del art.19 LEC, introduce una desaconsejable confusión al permitir la transacción, en cualquier momento de la primera instancia, de los recursos o de la ejecución de sentencia y, en consecuencia, no faltan ejecuciones en trámite en las que las partes postulan homologaciones de acuerdos o convenios. No viene mal recordar – sigo, por todas, la SAP SANTA CRUZ DE TENERIFE 213/2012, Sección 4ª, 18 de mayo del 2012 (ROJ: SAP TF 1649/2012)- que la transacción como contrato bilateral o plurilateral requiere obviamente un concurso de declaraciones de voluntad de todas las partes que intervienen como contratantes. Conforme a los arts. 1255, 1809, 1815 y 1816 CC el negocio transaccional se entiende perfeccionado y eficaz cuando mediante el mismo se sustituye la relación jurídica sometida a juicio por otra precisa y efectiva (STS de 17-6-1998). Dicha transacción obliga a los interesados a su estricta observancia en lo que integra su contenido obligacional expreso o que por deducción deba reputarse comprendido en la misma (STS de 15-7-1991), con exigencia de escrupulosidad en su ejecución y absoluto respecto a la nueva situación creada (STS de 29-11-1991 y 16-3-1995). Así mismo, cuando se trata de una transacción lograda en el marco del proceso en curso o llevada al mismo para obtener la aprobación y homologación judicial produce efectos similares a los que se derivan de la sentencia firme, siendo el acuerdo transaccional susceptible de ejecución por la vía de apremio como el propio art. 1816 establece. 

Y expuesto el concepto, haremos lo propio con las razones de la negativa, que ya se apuntan en la citada resolución: 

a) El art.19.3 LEC no dice que sea posible la homologación en el proceso de ejecución, sino que aquella será posible si lo permite “su naturaleza” y no hace falta darle muchas vueltas al asunto para concluir que la homologación que nos ocupa, no trata de poner fin al litigio, sino de hacerlo con la ejecución. Esto es, no hay un concurso de voluntades, sino un título ejecutivo y lo que se pacta es su forma de cumplimiento, nada más, lo que, por cierto, no exige ninguna otra resolución judicial que la que ya se ejecuta. 

b) La homologación en el proceso de ejecución “produce” una segunda resolución judicial susceptible de ejecución por la vía de apremio y ello no solo contradice el art.517 LEC y la obligación de ejecutar la sentencia (el auto o el decreto) en sus propios términos, sino que carece de soporte normativo. No hay precepto en la ley que autorice a dejar sin efecto el contenido de un título ejecutivo, mediante el dictado de un segundo título ejecutivo. 

Lo dicho no significa que las partes no puedan alcanzar acuerdos que faciliten la satisfacción del título, pero ese quehacer no precisa el dictado de ningún nuevo auto, siendo así que los arts. 19.4 y art. 565 LEC responden a lo que se pretende. Cuando las partes alcancen un acuerdo en el proceso de ejecución podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto y con el límite temporal que se haya pactado (y no el de sesenta días del art.19 LEC). Además y como quiera que en esta clase de acuerdos suelen mantenerse en suspenso determinadas medidas ejecutivas – habitualmente la traba de los bienes inmuebles- cuyo último destino se condiciona al definitivo cumplimiento del título, nada impide – al contrario- que el incumplimiento del acuerdo pueda “denunciarse” en el órgano ejecutor y continuar con la vía de apremio. 

En conclusión, dictado el decreto de suspensión, se mantendrán las medidas ejecutivas que procedan, levantándose las que se hayan interesado y una vez cumplido el acuerdo se dictará el decreto del art.570 LEC. No hace falta más y tampoco será necesario el archivo provisional del art.179 LEC, pues no hay caducidad en el proceso de ejecución (art.239 LEC).

Comentarios

  1. Estoy de acuerdo a medias. Según entiendo, se justifica la imposibilidad de homologar el acuerdo por cuanto realmente no existe una controversia en la que alcanzar la transacción. Me pregunto que ocurre si el acuerdo se produce en plazo aún de oposición, pues en ese momento, aunque sea virtualmente, existe un litigio, ya que la parte contraria puede oponerse por los motivos tasados legalmente, aunque lo haga de forma artificiosa, pero en realidad puede, así que, ¿No podrían transigir, por ejemplo, acordando un calendario de pagos y no reclamando la totalidad de intereses? ¿No se podría solicitar una homologación en ese sentido? Sí, ya se que lo más sencillo sería pedir una suspensión de la misma, alzando las medidas ejecutivas, y en caso de impago, reanudar la ejecución. Pero, teniendo en cuenta que en esas negociaciones la mayoría de ejecutados piden que se retire la ejecución, el ejecutante se ve contra la espada y la pared, pues si retira la ejecución, se queda sin título ejecutivo, o bien, ha de acudir a escritura pública, cuando lo más sencillo sería permitir dicha homologación, que en principio, no está prohibida por ley.

    Un saludo y excelente blog.

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  2. Añado al comentario anterior que hay algunos autores de reconocido prestigio que en sus manuales sostienen que que es aplicable el limite temporal de la suspensión a 60 días. Con lo cual, una mayor inseguridad jurídica para las partes. Imaginemos que se alcanza un acuerdo de pago a 12 meses. Las partes se quedan sin recursos judiciales para apreciar procesalmente dicha situación. Un saludo.

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  3. Muchas gracias por la participación y el comentario. Por si sirve no se archiva la ejecución (art. 570 LEC) se "suspende" temporalmente dejando siempre abierta la puerta al ejecutante para que la reinicie en los términos del título ejecutivo, si el acuerdo no se cumple. El problema de homologar es que creamos un segundo título ejecutivo y en ocasiones, es muy discutible y más en los tiempos que vivimos (sobre todo en el caso de sentencias). Nuevamente gracias.

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