De Procuradores, Abogados, poderes notariales y apud actas sin sentido.


Desde hace tiempo viene observándose que la subsanación de los requisitos procesales (defectos formales o como prefieran denominarlos) solo va en el sentido del profesional afectado al Juzgado, pero no al revés, chocando contra el art.24 CE, a modo de quitamiedos que más parece la muralla china. 

Les explicaré el asunto. Hace un par de semanas dos procuradoras intentaron otorgar apud acta en un proceso ordinario mediante la designación que la una hacía a la otra en virtud del poder notarial que la primera tenía del cliente. Evidentemente ni el cliente estaba delante, ni nadie logró explicar porque no hacía el apud acta la procuradora apoderada; extremo sencillo a la par que todavía gratuito y que de paso salvaba la necesidad de poder especial, prevista en la ley para el juicio ordinario, aunque luego no tenga ningún sentido porque ni hay acuerdo, ni ganas de alcanzarlo. 

La LEC parte del principio de que en los procesos civiles la comparecencia en juicio será por medio de Procurador legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio –art. 23.1 - y que el apoderamiento podrá otorgarse notarialmente o ser conferido por comparecencia ante el Secretario Judicial del Tribunal –art. 24.1-, precisándose que el apoderamiento "necesariamente habrá de ser especial" , entre otras cosas, para allanarse renunciar o transigir –art. 25.2.1 -, disponiendo para la audiencia previa en el juicio ordinario, que las partes habrán de comparecer asistidas de Abogado y que para el efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieran personalmente, deberán hacerlo a través de Procurador a quien previamente se le haya otorgado poder para renunciar, allanarse o transigir – art. 414.2 -, exigencia imperativa que encuentra su razón de ser en el hecho de que el precitado acto tiene por finalidad el intento de acuerdo o transacción de las partes poniendo término al proceso judicial –art. 414.1 -, lo que sanciona legalmente con tener a la parte por incomparecida a la Audiencia y subsiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones procesales -artículo 414.3 -. 

Ni que decir tiene que esa designación apud acta de un procurador en otro no tiene soporte procesal (la discusión sobre el mandato civil no pinta nada y nos la ahorramos), salvo que volviendo nuestros pasos concluyamos que los requisitos procesales quedan al buen criterio del demandado y de su impugnación en la contestación a la demanda; opinión que a buen seguro habrá provocado espasmos en más de algún catedrático de lo procesal, pero que nos evita a los demás la peleíta inútil del mostrador. Y no crean que el asunto es baladí, al menos dos sentencias del Tribunal Supremo han examinado ya el defectillo de representación y en particular la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 23 de julio de 2009 (rec. 2486/2004) advierte que no constando el poder especial al que se refiere la ley, ni habiendo hecho uso la parte de la posibilidad alternativa del otorgamiento apud acta, será obligatoria la asistencia de la parte (cliente) al acto de la citada audiencia previa. 

No es un caso único, ni evidentemente aislado y de hecho llama la atención que el transcurso del tiempo esté anulando de hecho parte las disposiciones generales de las leyes de enjuiciamiento. Leo en la STS, Sala de lo Contencioso, de 4 de marzo de 2014 (Roj: STS 798/2014)
Cita:

Debo comenzar por hacer algunas reflexiones sobre la particular manera en que la demandante se ha personado ante esta jurisdicción. Examinando el expediente observo: que la procuradora de la entidad actora es colegiada de Madrid; que no se ha personado ante la Sala procurador distinto; que sus escritos carecen de firma original; y que ninguna de las actuaciones ante los órganos de este partido ha sido realizada por ella en persona, sino, como impone la necesidad dada la distancia, por medio de otra procuradora. 
Al folio 7 consta la parte final de la demanda con la firma escaneada de la representante procesal; al folio 37 escrito para pago de la tasa firmado por persona distinta -no identificada-, pero encabezado por dicha causídica; todas las notificaciones a dicha procuradora se han verificado con otra distinta de la que se desconoce la identidad (folio 40, 41, 48, 69 -notificación de sentencia-); al acto de juicio comparece por la actora un procurador diverso, y un letrado distinto del que firma la demanda. Ya para la segunda instancia, el escrito de apelación tiene firma escaneada, (ambas, también la del letrado). Es al folio 75 donde aparece la identificación de la Sra. Soledad como procurador que da traslado de los escritos a la parte contraria. Al folio 83 nuevo escrito sin firmas originales, apareciendo un sustituto del Letrado, cuya identidad no se reseña. En el rollo de apelación se une el escrito de personación con firmas no originales, y cuando se requiere de subsanación, aparece por fin, la única firma original de la procuradora, pero no la del letrado, pues quien le sustituye no se identifica de ningún modo. 
Es obvio que la actora está actuando a distancia, ya que en el momento en que deben realizarse actuaciones que exigen presencia personal, se acude a otro letrado y, lo que es más relevante, a un procurador afincado en este partido que no aparece apoderado, y que no encabeza los escritos. Tengo motivos para considerar que la parte no se ha personado ante la Sala, y dar con ello por incumplida esa exigencia formal, y de modo insubsanable, porque cuando se ha pedido que se sane la carencia observada, el representante procesal tampoco ha hecho acto de presencia (eso es lo que significa comparecer) ni ha presentado por sí el escrito. Desaparece así la esencia misma de la función del procurador, que es la de servir de enlace personal entre la parte poderdante, su letrado y el órgano judicial, como elemento de unión imprescindible que fiscaliza los plazos, controla la tramitación, vigila los intereses formales del cliente en ese terreno y articula el proceso; se suprime la relación de confianza entre representante y representado; se subvierte el régimen de responsabilidades por error profesional; se impide una ágil y adecuada relación entre el órgano judicial y la parte; se pierde la fluida disponibilidad entre ambos. No creo que la posibilidad estatuaria o colegial de sustituirse los procuradores entre si dé base para esta plena suplantación, ya que no se trata de que de modo ocasional, y por cierto motivo, un procurador actúe por otro, sino que desde el origen del litigio es patente que no podrá actuar por sí el apoderado de la parte, y que por ello encomienda la llevanza del pleito en su actuación ante los órganos judiciales a uno distinto. Y en este caso con el añadido de que la procuradora apoderada, ha delegado firma, ya que en todos los escritos no aparece ni una sola que sea original, sino copia escaneada de la misma, como la que ya venía estampada en la demanda, Pues bien, una cosa es que se haya suprimido la limitación geográfica que obligaba a cada causídico a actuar en un partido, y otra que se haya aprovechado esa regla para defraudar la función misma que corresponde a ese cuerpo jurídico, degradando su intervención hasta minimizar su importancia, además de haber abierto un camino para incurrir en competencia desleal, aspecto éste meramente colegial que no me corresponde valorar pero para cuyo conocimiento creo que debo remitir copia de esta sentencia al Ilustre Colegio de Procuradores.

La razón del pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso es la queja que la Procuradora formuló contra el Magistrado y que recoge así la sentencia
Cita:

Afirmaba que tales opiniones ocultaban una resistencia a aceptar la nueva situación procesal derivada de la voluntad del legislador de liberalizar la actividad profesional de la procuraduría y de integrar dentro de la actividad de la Administración de Justicia los nuevos medios electrónicos y de comunicación, reclamando una actuación personal en el procedimiento que no viene exigida por ninguna norma. 
Exponía que, con todo, la base de su queja es el daño que inflige a la actividad de aquellos procuradores que aceptan que el Estado, en un mundo de internet, firmas electrónicas y códigos de barras, tiene la obligación de mejorar la estructura de la Administración en beneficio del ciudadano y que quieren que su profesión sea algo más que meros correveidiles de papeles, y más barata para los ciudadanos, examinando a continuación las afirmaciones del Magistrado que califica como peregrinas y gratuitas. 
Explicaba que al Magistrado se le escapa la inversión en medios para modernizar la actividad de la procuradoría y adaptarla al libre mercado, así como las resistencias de algunos procuradores, Tribunales, Secretarios y funcionarios a facilitar el cumplimiento del deseo del legislador, lo que sólo permite reducir costes procesales a las grandes empresas, pero no al ciudadano de a pie.

El Consejo General del Poder Judicial archivó la queja, pero la Procuradora se fue al Tribunal Supremo, que desestimó la demanda e impuso las costas hasta el límite máximo de 3.000€ (salió muy barato el recurso para la enjundia jurídica del pleito y la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo) y dejando al margen que no veo extralimitación por ningún sitio y solo una reflexión estrictamente jurisdiccional que cumple perfectamente la función que tiene un órgano de apelación, el relato que se hace sobre el curso del proceso civil debería hacer reflexionar a más de uno sobre si las disposiciones generales sobre la representación procesal son un arrastre histórico que los Procuradores y los Abogados son los primeros interesados en atender muy parcialmente.

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