La realización de acciones o participaciones societarias que no coticen en Bolsa.


Dice el art. 635.2 LEC que si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente. A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado. Las «acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial» (art. 592 LEC) se definen por la posible negociación en mercados primarios (art. 25 Ley 24/1988) o secundarios de valores (art. 31 Ley 24/1988). 

El Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. considera valor negociable cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que, por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado de índole financiera. No se considerarán valores negociables, entre otros: a) Las participaciones en sociedades de responsabilidad limitada. b) Las cuotas de los socios de sociedades colectivas y comanditarias simples. c) Las aportaciones al capital de las sociedades cooperativas de cualquier clase, salvo las que por su régimen jurídico específico tengan la consideración de valores negociables. d) Las cuotas que integran el capital de las sociedades de garantía recíproca. 

Acudimos, por tanto, a las normas que regulan la transmisión de esos valores en las Sociedades de Responsabilidad Limitada – que suele ser la traba más común– y así dispone el art. 109 Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital que el embargo de participaciones sociales, en cualquier procedimiento de apremio, deberá ser notificado inmediatamente a la sociedad, haciendo constar la identidad del embargante así como las participaciones embargadas. La sociedad procederá a la anotación del embargo en el Libro registro de socios, remitiendo de inmediato a todos los socios copia de la notificación recibida. Celebrada la subasta o, tratándose de cualquier otra forma de enajenación forzosa legalmente prevista, en el momento anterior a la adjudicación, quedará en suspenso la aprobación del remate y la adjudicación de las participaciones sociales embargadas. El juez o la autoridad administrativa remitirán a la sociedad testimonio literal del acta de subasta o del acuerdo de adjudicación y, en su caso, de la adjudicación solicitada por el acreedor. 

En esta subasta se aplicarán las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (y no las del Código Civil) tal y como resuelve el AAP BADAJOZ, Sección 3ª, de 28 de abril de 2004. Advierte esta resolución que en el supuesto de participaciones que no coticen en bolsa, la Ley remite primeramente para su enajenación a las normas estatutarias específicas, y sólo de forma subsidiaria, la venta se realiza a través de notario o corredor de comercio colegiado, aunque sin establecer cuál es el procedimiento a seguir para la venta por parte de tales fedatarios. 

Tampoco prevé la LEC la posibilidad de fracaso de este tipo de enajenaciones y existiendo una laguna legal, deberá procederse siempre conforme ya indicaba el Tribunal Supremo en la Sentencia de 21 de noviembre de 2000 a la aplicación por analogía de «las normas que regulen la celebración de subastas públicas en procesos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales», lo que nos lleva a la observancia de aquellos preceptos de la LEC que disciplinan esta materia (Recurso 693/1997). 

El traslado de la venta desde el órgano judicial a lo que disponga la sociedad o al notario debería merecer algún mecanismo de control: nada hay que objetar a que la enajenación no se haga judicialmente, pero sí a que no se sepa cuándo y cómo puede obtenerse el mejor precio, que es lo que en definitiva busca el ejecutante. 

Pero dicho todo esto no podemos extraer ninguna conclusión práctica, porque en realidad nos encontramos ante un simple ejercicio teórico por dos razones: 

a) La eficacia de la traba mediante la anotación en el libro de socios es nula ya que en casi todos los supuestos los ejecutados son los administradores de la sociedad, lo que asegura la falta de colaboración ante los requerimientos del juzgado; actitud que, empero, tampoco justifica el incumplimiento del título ejecutivo y menos en el caso de simples defectos formales de fácil subsanación. En tal sentido consúltese el AAP Barcelona, Sección 16ª, de 22 de noviembre de 2007. La carencia por el demandado de título documentado es un obstáculo puramente formal que puede ser subsanado a la vista del reconocimiento manifestado de forma fehaciente en los autos, tanto por el transmitente como por el adquirente y ningún obstáculo hay para llevar a cabo la enajenación forzosa por la vía prevista en el art. 635.2 LEC. 

b) Una participación social carece de valor en una ejecución judicial y es muy dudoso que pudiera tasarse siguiendo el trámite de los arts. 634 y ss LEC.

Comentarios

  1. Bueno, eso de que carece de valor...habría que verlo. Ahora mismo tenemos una en curso y debemos fijar el valor de tasación (ya que no hay en estatutos). Tenemos el valor nominal mínimo, el valor en libros (últimas cuentas presentadas,...), el que se pueda peritar...En fin, todo es cuestión de buscar soluciones a los olvidos del legislador...(chapuceros, por Dios...!)

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  2. Aparte de lo dicho por el anterior, entiendo que más dudas suscita cuál sería el trato de las cargas anteriores (por ejemplo, un embargo judicial ó administrativo de cantidad) en una subasta de participaciones ¿se toman en cuenta para tasarlas / fijar el tipo y por tanto se arrastran? ¿No se tienen en cuenta en absoluto?

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    1. Si, habría de tomarse en cuenta, aunque ignoro qué medidas de garantías pueden adoptarse en esos embargos anteriores: es decir, se embarga y se ejecuta; entiendo que si hay un embargo anterior solo habrá podido notificarse la traba.

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  3. Yo creo que habría que distinguir si ese embargo traba las participaciones (preferente) o si traba los créditos que el socio pueda tener contra la sociedad (lo habitual). En el primer caso, con el resultado de la subasta se atendería el crédito de quien embargó en primer lugar; en el segundo, por contra, no estamos ni ante un crédito del socio (no lo hay) ni ante una deuda de la sociedad, por lo que no habría que minorar el importe del valor de las participaciones.
    En cuanto al procedimiento, la Ley 15/2015 lo ha aclarado y ya no resulta preciso aplicarlo por analogía, pero sigue siendo confuso y complicado, pues hay que acudir a un sinfín de normas para poder subastar (art. 109 LSC, art. 128 Reg. Notarial para designa, art. 635 y concordantes LEC, arts. 74 y ss. Ley jurisdicción voluntaria, art. 50 Ley notariado,...) y ya de entrada la ley lo complica al permitir al deudor la designa de notario (si no se conoce su domicilio, el via crucis se eterniza).

    En fin, facilísimo ;)

    Otro consejo sería solicitar la tasación por perito designado por el notario (arts. 74.3 y art. 50 Ley Notariado) a fin de que establezca el valor real de las participaciones atendiendo a los balances societarios publicados y a la cuenta de pérdidas y ganancias que pueda obtenerse, pero aportando un informe de los auditores de la sociedad al respecto para faciiltar la labor del perito insaculado (y evitar sorpresas).

    De todas formas, es cierto que la cuestión está pésimamente regulada, pues no solo el art. 637 LEC contradice en este punto al art. 635.2 LEC, sino que además, el tema es campo abonado para que, como dice el autor, el deudor-administrador no colabore en absoluto y el embargo acabe resultando completamente inútil.

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