12 febrero 2014

Sin equivalencia en ningún Anteproyecto de ley sobre la ejecución civil


Se introduce un nuevo artículo dedicado a los principios que regulan la ejecución forzosa civil.
Cita:

Artículo 545 bis. De los principios que regulan la ejecución forzosa civil. 
1. La ejecución forzosa es una actividad de carácter jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los órganos de la primera instancia y que se inicia a instancia de parte. 
2. La ejecución se llevará a efecto en los propios términos establecidos en el título ejecutivo. El secretario judicial podrá citar a las partes a comparecencia para resolver las cuestiones incidentales que no tengan previsto un trámite en la ley. La comparecencia se celebrará en el plazo de diez días y concluirá por decreto que se dictara en los tres días siguientes. 
3. Despachada la ejecución, se tramitará de oficio, dictándose las resoluciones y diligencias necesarias para la satisfacción del título ejecutivo. Ello se entiende sin perjuicio del derecho de las partes a la disposición del proceso con arreglo a lo establecido en el artículo 19.3. 
4. La ejecución forzosa solo concluirá con la completa satisfacción del acreedor ejecutante. El Secretario Judicial dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado en el caso de inexistencia o insuficiencia de bienes. La insolvencia se entenderá como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

MOTIVACIÓN. a) Sobre la vigencia del principio dispositivo y el impulso de oficio. 

La introducción del artículo 545 BIS se explica por el “fracaso”, siquiera parcial, de la reforma del proceso de ejecución de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2.000. Esto es, la novedosa regulación unitaria de los títulos judiciales y no judiciales no oculta la inexplicable vigencia del principio dispositivo en numerosos actos del proceso de ejecución, la imposibilidad de resolver ágilmente determinados incidentes, la permanencia de la subasta como único medio de venta y la confusión entre el citado principio dispositivo y el agotamiento de la actividad ejecutiva; dicho más claramente, el principio dispositivo – que se confunde con el de aportación de parte- no atribuye al ejecutante el derecho sobre el proceso de ejecución mediante la reiteración de diligencia ejecutivas. 

Cierto es que el proceso de ejecución sólo se inicia a instancia de la parte y por lo mismo son válidos los pactos que acreedor y deudor hayan podido formalizar en previsión de una ejecución futura y, este puede poner fin en cualquier momento a la ejecución satisfaciendo al acreedor. Ahora bien, el hecho que la ejecución civil tenga como fin la protección de los derechos de los particulares no quiere decir que constituya una actividad privada del acreedor. La ejecución forzosa tiende, sin duda, a satisfacer el derecho del acreedor ejecutante, pero el sujeto principal y el único legitimado para llevarla a adelante es el órgano judicial, que actúa en virtud del “imperium” que le otorga su carácter de órgano del Estado y a cuyo fin está investido de poder para actuar, hasta sus última consecuencias, el mandato contenido en el título ejecutivo (la sentencia de condena o cualquier otro título judicial o extrajudicial). (Cordón Moreno). 

Sucede que las ventajas del incremento de los principios de investigación y examen de oficio que han contribuido a la creación de un Juez civil, que toma conocimiento desde el mismo momento de la admisión de la demanda y que, con inmediación, interviene activamente, tanto en la comparecencia previa, como en la principal hasta dictar la Sentencia, no han llegado con plenitud al proceso de ejecución. Sostiene Gimeno Sendra (“Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, CGPJ, Madrid 2006) que la LEC ha creado un nuevo Juez Director del proceso, especialmente comprometido, a través de la conciliación, en la rápida solución del conflicto, en obtener la aportación por las partes de todo el material de hecho al proceso y en verificar su prueba hasta esclarecer la relación jurídico material debatida y poder, de este modo, aplicar, con corrección, el Derecho a la premisa menor de la Sentencia, pero eso no ocurre en la ejecución. 

Debe aminorarse, en consecuencia, la relevancia del principio dispositivo – que, como se ha dicho, se confunde con el de aportación de parte- en sede ejecutiva, pues “en principio, corresponde al órgano judicial competente, en su caso, a petición de los interesados cuando proceda según las leyes, deducir las exigencias que impone la ejecución de la sentencia en sus propios términos interpretando en caso de duda cuáles sean éstos, y, actuar en consecuencia, sin que sea función de la jurisdicción constitucional sustituir a la autoridad judicial en este cometido” (SSTC 125/1987, 148/1989 y 194/1993, entre otras). 

En conclusión, la ejecución forzosa implica la pérdida de relevancia del principio dispositivo que cede ante el impulso de oficio y ante las obligaciones que del mismo se derivan para el órgano ejecutor (art. 179.1 LEC). Quiere ello decir que la renuncia, el desistimiento, el allanamiento o la transacción del art. 19.1 LEC podrán observarse en el proceso de ejecución siempre y cuando sea posible por el contenido del título ejecutivo, afectándose de este modo los aparentes derechos que la ley concede a los ejecutantes en los arts. 19 y 22 LEC que no serán, en ningún caso, absolutos. Bajo esta consideración se obvia, por redundante, el debate doctrinal entre los principios dispositivo e inquisitorio, pues tratándose de la ejecución la dificultad no está en la posible disposición del objeto del proceso, sino en la forma y modo de su cumplimiento por el ejecutado. 

b) Mejoras técnicas en la exégesis de las normas reguladoras del proceso de ejecución. 

En otro sentido, la introducción del apartado 4 – y la consiguiente supresión del art. 570 LEC- responde a una correcta sistemática y a las denuncias de una parte de la doctrina ya que con el art. 570 LEC el Legislador invita – mejor dicho, exige- al acreedor que inste la ejecución aún a sabiendas que el deudor no podrá cumplir – o no tiene cumplir- en ese momento, siendo necesario iniciar y mantener abierto sine die el procedimiento sino quiere ver perjudicado definitivamente el derecho en una resolución judicial o arbitral firme (Moreno Catena, “Derecho Procesal Civil. Parte General”. Editorial COLEX, 3ª Edición, Madrid 2000, página 465). 

Inexplicablemente, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula una vía de apremio que solo puede acabar con la satisfacción íntegra del ejecutante de tal modo que ni la insolvencia del ejecutado, ni la imposibilidad del cobro permite solventar el proceso de ejecución. En ambos supuestos la ejecución ha fracasado y esta situación debería llevarnos sin más al archivo del proceso porque la prohibición (o la omisión) no facilita un posterior cobro del ejecutante, llevándonos todo lo más a interminables diligencias sin objeto alguno. Salvando todas las distancias, el reconocimiento del fracaso ejecutivo –que no tiene porque ser el del órgano judicial-y de sus consecuencias procesales con relación al derecho a la ejecución fue estudiado con cierto detalle por el Tribunal Constitucional, que fijó muy claramente sus límites en la Sentencia 18/1997 de 10 de febrero afirmando que:
Cita:

En el iter procesal de la ejecución de una Sentencia dictada en el ámbito laboral bien puede suceder que, tras la práctica de las distintas diligencias averiguatorias señaladas, el proceso se archive por insolvencia total o parcial del ejecutado, cuando no se encontraren bienes o bienes suficientes en los que hacer traba o embargo. La declaración por parte del Juez de la insolvencia del deudor y el consiguiente archivo de las actuaciones son facultades que la Ley concede al órgano judicial en determinadas circunstancias; por lo que, de concurrir éstas, aquel Acuerdo no vulnera por sí mismo derecho fundamental alguno”. Esto es “la declaración de insolvencia del ejecutado se decide, en cualquier caso, de forma provisional, no definitiva (artículo 204 LPL de 1980; 273.2 LPL de 1990 y 274 LPL de 1995), lo que, por una parte, asegura, incluso en caso de archivo por esa causa, que no se interrumpa la prescripción de la acción ejecutiva mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se ejecuta (artículos 240.3 LPL 1990 y 241.3 LPL de 1995); y por otra, permite proseguir o reabrir la ejecución si se conocen bienes del deudor por haber venido a mejor fortuna. Cuestión distinta es la de que tal posibilidad pueda ser más teórica que real si persiste la insolvencia del deudor. Mas ello, como se ha dicho, no afecta a la integridad de la tutela judicial efectiva, pues el artículo 24.1 CE no garantiza la solvencia de los deudores (STC 171/1991, fundamento jurídico 4.)

No pondré ningún reparo a que algún grupo o corporación copie el comentario y lo haga ley, previa proposición, proyecto o enmienda y tampoco a no hacerme daño si me caigo de la cama después del indicado sueño.

4 comentarios:

  1. Pero si "la ejecucion forzosa es una actividad de carácter jurisdiccional", ¿como va a llevarla a cabo el secretario, que no ejerce jurisdiccion pero es un funcionario del ministerio de justicia? ¿o sería mejor que la ejecución la hiciera directamente la agencia tributaria? Son dudas que tengo.

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    1. Un par de siglos llevamos con esta discusión. La ejecución debe ser jurisdiccional no por razones legales, sino porque en otro caso terminaría en manos de empresas de recobro. Una pena o un chiste, pero es lo que hay.

      No hay comparación con la AEAT o la TGSS, que son las que manejan dinero y no tienen detrás a catedráticos/profesores de las 82 universidades patrias -que se han creado a modo de setas- defendiendo los arts.24 y 117 CE como si fueran el Arca de la Alianza (no hablemos ya de muchos abogados) cuando en la AEAT embargan los agentes tributarios y nadie se hace el harakiri.

      Al final creo que el problema es de mentalidad y que "no me toquen lo mio", pero es una opinión.

      Gracias por participar.

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    2. Tu artículo me recuerda a "La guerra de los mundos" en plan jurídico cibernético

      José Ramón

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    3. Es la idea, ir al ensayo y luego a la novela y luego, quien sabe.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.