05 febrero 2014

El recurso de reposición en el proceso civil


La reposición nos remite al art.451 LEC, que cabe interponer frente a providencias y autos no definitivos ante el mismo Tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida y contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos ante el Secretario judicial que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisión. El recurso se interpone en el plazo de cinco días, expresándose la infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente. 

El requisito del plazo no suscita dudas, pero el de la infracción suele confundirse con la interpretación que hace el recurrente de las normas que se aplican en el proceso de ejecución, porque la ley no habla de «infracción legal», sino de «infracción», lo que justifica que se trate de contradecir, mediante el recurso, el criterio del órgano jurisdiccional, aunque en realidad no haya ninguna «infracción legal, ni procesal». 

De ahí que no sea bastante la cita genérica de una infracción, ni la socorrida alusión al art.24 CE; hay que explicar qué se impugna, su razón o fundamentación y cómo la resolución atacada «afecta desfavorablemente» al impugnante (art. 448.1 LEC). 

Esto se entiende muy bien cuando se observa que suele impugnarse por la vía de la reposición las resoluciones de los Secretarios Judiciales como la negativa a la práctica de alguna diligencia de investigación o de ejecución o, la del algún requerimiento (especialmente en los procesos monitorios) que se consiente sin reparo cuando aparece en una «providencia»; y en todos los supuestos, extrayéndolas del proceso como si ellas impidieran la satisfacción de la tutela del ejecutante. Así, tenemos, por ejemplo, la audiencia por la posible existencia de intereses abusivos, la justificación de gastos en reclamaciones de propiedad horizontal, la negativa a oficiar a organismos a los que el ejecutante puede acceder sin auxilio judicial, a que el ejecutado sea nombrado depositario de algún bien o, a la remisión de los oficios de averiguación del art.657 LEC cuando no se solicita la subasta, ni hay liquidación de cargas. En todos estos casos no hay «infracción», ni existe «afectación desfavorable» y todo lo más el interés de la parte en que se realicen o se ejecuten los actos que postula. 

La sanción que aparece en el art. 452.2 LEC por el incumplimiento de los requisitos, consistente en la inadmisión del recurso, mediante providencia no susceptible de recurso, si se trata de una reposición frente a providencias y autos no definitivos, y mediante decreto en el caso de impugnar diligencias de ordenación y decretos no definitivos, suele carecer de interés por dos razones: 

a) las providencias han desaparecido del proceso de ejecución salvo supuestos residuales y 

b) el decreto de inadmisión es directamente recurrible en revisión y ese segundo recurso, por un principio de eficacia del que tan necesitados andamos en las oficinas judiciales, aconseja resolver la reposición ya que, en otro caso, se dictaría un primer decreto de inadmisión y un segundo auto para la revisión. 

Téngase en cuenta, además, que cuando los ejecutados no se personan, la reposición quedará pendiente sin necesidad del traslado del art.453.1 LEC. El recurso se presenta por escrito con el cumplimiento del requisito del depósito de la ya famosa Disposición Adicional 15ª LOPJ y digo famosa, porque al día de la fecha sigue sin solución la exigencia respecto a las diligencias de ordenación. El apartado 4 de la citada disposición dispone: «Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial» y mientras para unos, nada dice sobre las diligencias de ordenación y no cabe exigirlo, para otros es bastante la referencia al Tribunal del que el Secretario Judicial forma parte. 

En cuanto a la tasa judicial el Tribunal Supremo tiene sentado que no pueden otorgarse plazos de subsanación, cuando no estamos ante un acto defectuosamente realizado, sino ante un acto omitido (por todos, ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012, ROJ ATS 2332/2012), pero con ocasión de varios recursos de queja sobre el depósito de la Disposición Adicional 15ª LOPJ, también afirma con rotundidad que la subsanación comprende los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito, y aquellos en los que no se ha efectuado la consignación. Esta doctrina que se inició con el ATS, Sala 1ª, de 2 de noviembre de 2010 (ROJ. ATS 13855/2010), es aplicable sin dificultad a la tasa judicial y la subsanación comprenderá tanto la defectuosa presentación de la autoliquidación, como su omisión o la del pago. 

Pero cuidado con el depósito porque no rige aquí el plazo de gracia del art.135 LEC ya que no estamos ante la entrega o presentación de un determinado documento, sino ante la realización de un determinado acto, que consiste en el ingreso del depósito necesario en la cuenta del Juzgado y resulta de aplicación el art. 136 LEC. Cuestión diferente es que, una vez realizado el acto requerido en el plazo concedido para ello (art. 136 LEC), se pueda presentar el documento que lo acredite al día siguiente hábil, hasta las 15 horas, en aplicación del art. 135 LEC (ATS, Sala 1ª, de 4 de diciembre de 2012, Roj: ATS 11856/2012

Por último contra el decreto que resuelva el recurso de reposición no cabe recurso alguno y solo podría reproducirse la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente, el decreto que pusiera término a la ejecución (art. 570 LEC).

1 comentario:

  1. Jesús Corral - Abogado7 de marzo de 2014, 19:48

    Me gustaría comentar, y sobretodo conocer tu opinión, acerca de un asunto sobre el que no he encontrado nada escrito a pesar de haber buscado mucho: Es sobre la potestad (o no) del Secretario Judicial para imponer costas en los decretos que resuelven recursos de reposición (por ejemplo contra una diligencia de ordenación) al haberse formulado impugnación al recurso por la otra parte procesal (y al haberse solicitado por el impugnante condena en costas respecto al recurso).
    Por el derecho y el revés, la reforma legislativa que sí introduce facultades al SJ para la imposición de costas, nada precisa en este sentido. Pero atendiendo a la condición de resolución procesal que tiene el decreto, que si no es una resolución judicial sí que ha sido propiciada por un recurso y que sí ha generado un trabajo y por tanto una mayor facturación por los profesionales intervinientes susceptible de suponerle al representado un mayor gasto en la minuta meritada por su abogado y procurador, parece que sí habría de ser apreciada la imposición de costas. En especial cuando frente al recurso se acaba estimando lo alegado por la otra parte, que impugna el recurso e interesa por ello costas a la luz del principio de vencimiento 394 LEC.
    Me parece que aparte de plantearse la disyuntiva de si procede o no la imposición de costas en esta clase de resolución, si así fuera también sería otro dilema no resuelto el momento en que aquellas costas -de haberse impuesto- pudieran tasarse. Si hubiera de hacerse con las principales del procedimiento, podría darse el caso de que el beneficiario de la imposición de costas en el decreto que resuelve el recurso no fuera la misma parte que el beneficiario de las costas de la resolución principal del procedimiento.
    En fin, un cordial saludo.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.