28 febrero 2014

REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa).



Largos años de meditación me ha llevado a recopilar en un nuevo libro la historia de nuestra Justicia desde los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI a los Tribunales de la Inquisición del Siglo XVI, que seguimos teniendo en el Siglo XXI, aunque llenos de ordenadores, de operadores jurídicos y de servicios comunes y, el caso es que deberíamos estar orgullosísimos de haber logrado la cuadratura del círculo o, más bien un permanente regreso al futuro de seis siglos. También les digo que no explico el futuro porque me apuesto unas cervezas con ustedes a que los nietos de nuestros nietos seguirán escuchando el rollete de la reforma de la justicia, de su politización y del expediente digital. 

Y con ese propósito he publicado en la editorial BUBOK un ensayo que se titula REFORME USTED LA JUSTICIA (Que a mí me da la risa). No negaré que se trata de un libro técnico, pero de los de andar por casa ya que parte del material se ha publicado en este BLOG; he procurado que pueda leerse sin tener que echar mano de un diccionario Español-Justicia; Justicia-Español y por la misma razón puede empezarse por cualquier capítulo y terminarse por el principio. 

Sí que es aconsejable leer la INTRODUCCIÓN que es chulísima y está escrita con un nivelazo de premio Planeta y que puede descargarse en la página web, donde pone “VISUALIZAR INTERIOR” junto con el INDICE, que es también para partirse de risa de la imaginación que tiene quien suscribe estas líneas. 

Ni que decir tiene que pido disculpas a todos los colectivos afectados o, a quien pueda sentirse aludido, ofendido o molesto por algunos comentarios que se hacen en el texto y, aquí incluyo también a los conductores de autobús que llevan la camisa por fuera y a quién denunció al Rey Baltasar, nada más lejos de mi intención que causar agravio o perjuicio y, por supuesto, cualquier parecido de algún personaje con la realidad será pura coincidencia. 

Así que ¿qué son 4,00€ para la historia de la humanidad? Ya contesto yo. Hoy 4,00€ son dos cervezas y algo; una copa y medio de vino; cuatro hamburguesas y dos viajes en autobús, nada más. Y sin embargo a cambio de esos 4,00€ pueden hacerse con un estupendo ensayo sobre la justicia española. O mejor dicho, que ya alguno estará asustado: uno de los mejores cuenta relatos en pasado y en presente sobre porque la justicia funciona como funciona. 

Hay también versión impresa que puede regalarse en Reyes y aniversarios varios, aunque si les ha gustado puede quedar estupendo en la librería de casa para echarle un vistazo de vez en cuando.

Gracias.

INFORMACIÓN SOBRE EL LIBRO PINCHANDO  AQUI Y EN LOS ENLACES QUE EN EL TEXTO APARECEN EN ROJO 

25 febrero 2014

Valor de adjudicación y límites de la garantía hipotecaria.


Pese a que más de un despacho de abogados ande empeñado en lo contrario la ley no obliga al ejecutante a sacar a subasta todos los bienes inmuebles que sirven de garantía hipotecaria y digo sacar a subasta, porque en realidad la quiebra del sistema se produce cuando el demandante postula el despacho de ejecución hipotecaria contra todos los bienes hipotecados, sin atender a la deuda, ni a la garantía hipotecarían (ni a nada). Esa inexplicable desconexión provoca dificultades en los porcentajes de adjudicación y un posible sobrante que no se había previsto cuando se interpuso la demanda. 

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal introdujo una Disposición Adicional Sexta en la Ley de Enjuiciamiento Civil que retocó el art. 671 LEC para distinguir las viviendas habituales de los deudores de las que no lo fueran. Y en consecuencia, en el caso de subasta sin postores, el acreedor podrá pedir la adjudicación de bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor por cantidad igual o superior al 50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Por ello la sorprendente desaparición de la mención expresa a la adjudicación por la cantidad debida «por todos los conceptos», podía entenderse comprendida en el precepto por mor de lo establecido en la Disposición Adicional 6ª LEC. 

Los supuestos ahora vigentes con la Ley 1/2013 son los siguientes: 

 —Si no se tratare de la «vivienda habitual del deudor», el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. 

 —Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. 

La calificación como vivienda habitual deberá haberse resuelto antes de la subasta y publicarse en el correspondiente edicto, con lo que no cabe entrar a discutir ese extremo en el momento de la puja o, de la opción por la adjudicación. 

En segundo lugar y en cuanto a los porcentajes, hay que advertir que la continuación de la ejecución hipotecaria en una ordinaria por los trámites del art.579 LEC puede llevarnos a entrar en el estudio del «valor de adjudicación» porque la propia realidad de las cosas pone de manifiesto y lo expresa el legislador en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley de 8/2011, que las ejecuciones hipotecarias dan lugar a situaciones abusivas y de ahí que en caso de adjudicación a favor del acreedor se impide que la misma pueda ser inferior a determinado porcentaje (SAP CORDOBA, Sección 2ª, 20 de marzo de 2013, ROJ: SAP CO 474/2013). En consecuencia la adjudicación por un importe superior a ese límite inferior legalmente establecido no puede quedar, tal y como parece resultar de una primera lectura del art. 671 LEC a la libre y bondadosa determinación del acreedor, pues a ello se opondrían, en lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de la que surge la deuda, esto es, el contrato de préstamo, y en lo que se refiere a la venta que subyace en el sistema de subastas, los principios respectivamente extraíbles de los citados arts. 1256 y 1449 C.C.Esto supone que nunca será posible una adjudicación por debajo del 50% del valor de tasación y que en otro caso haya que acudir a la adjudicación por todos los conceptos. 

Y ¿por qué se discuten, en consecuencia, los porcentajes de adjudicación? Los ejecutantes que son ahora los bancos intentan adaptan el precio del inmueble al real de mercado, especialmente para las hipotecas concedidas en los años de sobrevaloración del inmueble y salvo en el caso de la vivienda habitual, evitan que la puja supere el principal debido, pero aun así la desproporción es tan exagerada que incluso cuando la adjudicación es del 50% pueden verse obligados a consignar alguna cantidad por sobrante. 

Sucede por otra parte que los Juzgados están saturados de oferta inmobiliaria y por tanto, que la celeridad de la ejecución hipotecaria ha perdido su razón de ser, con lo que quizá sería conveniente acudir a la ejecución de título no judicial para hacer una segunda valoración a precio real de mercado.

El problema surge cuando se trata de saber si «el importe total del crédito del actor» desde la perspectiva del art. 132 LH ha de limitarse al crédito garantizado por hipoteca (lo que resulta indudable), y si esa «cantidad que se le deba por todos los conceptos» es sólo la cantidad garantizada con hipoteca o la totalidad de la que se debe por todos los conceptos, incluidos los parciales de obligaciones derivados del préstamo que no se encuentren cubiertos por la garantía hipotecaria. Pues bien, cuando el art. 671 LEC se refiere a la adjudicación «cantidad que se le deba por todos los conceptos» no está contemplando la inmediata extinción de los créditos objeto de la ejecución por todos los conceptos sino sólo que el valor por el que se adjudica el inmueble es «cantidad que se le deba por todos los conceptos». Con ese valor habrá de procederse al pago de lo que se le debe, al ejecutante y al resto de acreedores que puedan tener derecho preferente para el cobro sobre ese valor (es decir, en palabras del art. 692 LEC, ese valor «se destinará al pago de la totalidad de lo que se deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la ejecución», pero sólo en el caso de que no existan acreedores titulares de derechos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca y de que además el deudor no se encuentre en situación de suspensión de pagos, concurso o quiebra) (SAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, 26 de abril de 2013, ROJ: SAP GC 947/2013).

Si no existen acreedores posteriores con derecho inscrito o anotado y no se encuentra el deudor en situación de suspensión de pagos, concurso o quiebra no habrá de hacer consignación alguna, en efecto, el acreedor que solicitó la adjudicación ; pero si el caso es el contrario sólo podrá quedar eximido de consignar el «valor de adjudicación» respecto a las responsabilidades garantizadas con la hipoteca que se ejecuta, debiendo consignar el resto «en establecimiento público destinado al efecto a disposición de los acreedores posteriores», si los hubiere, o en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado -como si de parte del precio de remate se tratare- para su incorporación ulterior a la masa activa del concursado, quebrado o suspenso si el deudor se encontrare en situación de concurso, suspensión de pagos o quiebra. 

No puede llegarse a otra conclusión que la de que cuando con el «valor de adjudicación» no se puede hacer pago y extinción de la deuda del acreedor ejecutante por todos los conceptos, por existir acreedores posteriores o encontrarse en situación de concurso, suspensión o quiebra el deudor, dicho valor de adjudicación en el exceso de lo garantizado por la hipoteca ha de tener el mismo tratamiento que el precio de remate (que es el que específicamente le da el art. 132 LH en concordancia con el art. 692 LEC) y someterse, en su utilización para el pago de los restantes créditos del deudor, al orden de pagos establecido en el art. 692 LEC. Y es que si la adjudicación hubiera sido por el 50 % del valor de tasación (normalmente por exceder los créditos que el ejecutante ejercita en el proceso «por todos los conceptos» ese 50 % del valor de tasación), igualmente sería necesario que el acreedor consignara la diferencia entre la deuda cubierta por la garantía hipotecaria y ese 50 % del valor de tasación, sin que pudiera aplicarse ese eventual exceso al pago de los créditos objeto de ejecución no garantizados con la hipoteca sino al pago de los créditos por el orden establecido por el art. 692 LEC (SAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, 26 de abril de 2013, ROJ: SAP GC 947/2013).

18 febrero 2014

No sé a qué viene el lio con el Registro Civil.


Lo de vender humo tiene su aquel y más cuando se trata de Justicia. No he conocido un Gobierno occidental, salvo el último de Tony Blair y los que presidió el Sr. Zapatero, que todo él fuera un ciclostil gigantesco, inundándonos en propaganda de la cara, la barata y la medio pensionista, hasta que nos tocaba pagar rescates, mandar más soldados a una guerra o cesar a Ministros cazadores. Podría decirse que con cinco televisiones soplando a favor de subvención el trabajo estaba hecho y bastaba poner la mano para que las palomas comieran el maíz: no es cierto, fue un trabajo de profesionales. 

La reforma judicial que no ha salido del BOE a la realidad, no puede hacerse sin las Comunidades Autónomas y estas -que guardaban silencio prudente porque su gestión ha sido la propia de un circo con payasos de dos metros- cuando comenzaron a ver el lio en la puerta de casa, se metieron debajo la cama. En Galicia hablaban como muy pronto del 2018 y en Canarias, ni plazo, porque necesitaban de todo comenzando por Secretarios Judiciales. Lo de Valencia y Andalucía, ni lo comentamos, porque aquella se ha quedado sin dinero y ya no sabe lo que hacer (antes hacía edificios) y la Consejería andaluza es otra cantera de propagandistas, que va a montar ahora un servicio común de ejecución que lleva anunciado tres años, con lo que fíate de los datos que publican. Evidentemente lo de Cataluña se comentará después del referéndum porque es muy español pitar los partidos después de jugados. 

Así que no entiendo qué ocurre con el Registro Civil. ¿Lo van a privatizar o se lo van a dar a los Registradores de la Propiedad, que no mueven un papel ahora, salvo los decretos de adjudicación de los Secretarios Judiciales?. No es lo mismo y ya qué el Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales pide la competencia no estaría de más que alguien explicara para qué y en qué condiciones, porque lo del servicio público y bla, bla, y bla está muy bien, pero quien suscribe quiere cobrar por casar a Jennifer, por firmar una certificación de nacimiento para el tarot o, por cuadruplicar el libro de familia, que fulanito y fulanita no encuentran núnca en su piso. 

Digo más, me parece estupendo que el Registro Civil se lo atribuyan a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que además, cobren por ello y encima que funcione mañana y tarde y, por supuesto, mientras el Registrador de la Propiedad está jugando al golf, que es lo que toca cuando te buscas uno de esos curros y te dejas años delante de los libros y los códigos, al tiempo que otros y otras, defienden el artículo 24 CE como si fuera su madre para evitar las “dilataciones indebidas” o, mejor aún, no hacen nada, tardan ocho años en sacarse la dificilísima carrera de derecho y luego se ponen a llorar o a dar la paliza, que tanto da. 

No quiero gratis ninguna otra cosa y menos otro registro, que cualquiera sabe cómo nos lo darían y a mayor gloria de no sé qué servicio público de calidad, si bien, como no he visto ningún manifiesto de catedráticos y profesores de universidad contra la atribución, creo que del Cuerpo Jurídico de Secretarios Judiciales, permítanme la expresión, volverán a pasar y eso que es un cuerpo Superior, que si no.

12 febrero 2014

Sin equivalencia en ningún Anteproyecto de ley sobre la ejecución civil


Se introduce un nuevo artículo dedicado a los principios que regulan la ejecución forzosa civil.
Cita:

Artículo 545 bis. De los principios que regulan la ejecución forzosa civil. 
1. La ejecución forzosa es una actividad de carácter jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los órganos de la primera instancia y que se inicia a instancia de parte. 
2. La ejecución se llevará a efecto en los propios términos establecidos en el título ejecutivo. El secretario judicial podrá citar a las partes a comparecencia para resolver las cuestiones incidentales que no tengan previsto un trámite en la ley. La comparecencia se celebrará en el plazo de diez días y concluirá por decreto que se dictara en los tres días siguientes. 
3. Despachada la ejecución, se tramitará de oficio, dictándose las resoluciones y diligencias necesarias para la satisfacción del título ejecutivo. Ello se entiende sin perjuicio del derecho de las partes a la disposición del proceso con arreglo a lo establecido en el artículo 19.3. 
4. La ejecución forzosa solo concluirá con la completa satisfacción del acreedor ejecutante. El Secretario Judicial dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado en el caso de inexistencia o insuficiencia de bienes. La insolvencia se entenderá como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

MOTIVACIÓN. a) Sobre la vigencia del principio dispositivo y el impulso de oficio. 

La introducción del artículo 545 BIS se explica por el “fracaso”, siquiera parcial, de la reforma del proceso de ejecución de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2.000. Esto es, la novedosa regulación unitaria de los títulos judiciales y no judiciales no oculta la inexplicable vigencia del principio dispositivo en numerosos actos del proceso de ejecución, la imposibilidad de resolver ágilmente determinados incidentes, la permanencia de la subasta como único medio de venta y la confusión entre el citado principio dispositivo y el agotamiento de la actividad ejecutiva; dicho más claramente, el principio dispositivo – que se confunde con el de aportación de parte- no atribuye al ejecutante el derecho sobre el proceso de ejecución mediante la reiteración de diligencia ejecutivas. 

Cierto es que el proceso de ejecución sólo se inicia a instancia de la parte y por lo mismo son válidos los pactos que acreedor y deudor hayan podido formalizar en previsión de una ejecución futura y, este puede poner fin en cualquier momento a la ejecución satisfaciendo al acreedor. Ahora bien, el hecho que la ejecución civil tenga como fin la protección de los derechos de los particulares no quiere decir que constituya una actividad privada del acreedor. La ejecución forzosa tiende, sin duda, a satisfacer el derecho del acreedor ejecutante, pero el sujeto principal y el único legitimado para llevarla a adelante es el órgano judicial, que actúa en virtud del “imperium” que le otorga su carácter de órgano del Estado y a cuyo fin está investido de poder para actuar, hasta sus última consecuencias, el mandato contenido en el título ejecutivo (la sentencia de condena o cualquier otro título judicial o extrajudicial). (Cordón Moreno). 

Sucede que las ventajas del incremento de los principios de investigación y examen de oficio que han contribuido a la creación de un Juez civil, que toma conocimiento desde el mismo momento de la admisión de la demanda y que, con inmediación, interviene activamente, tanto en la comparecencia previa, como en la principal hasta dictar la Sentencia, no han llegado con plenitud al proceso de ejecución. Sostiene Gimeno Sendra (“Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, CGPJ, Madrid 2006) que la LEC ha creado un nuevo Juez Director del proceso, especialmente comprometido, a través de la conciliación, en la rápida solución del conflicto, en obtener la aportación por las partes de todo el material de hecho al proceso y en verificar su prueba hasta esclarecer la relación jurídico material debatida y poder, de este modo, aplicar, con corrección, el Derecho a la premisa menor de la Sentencia, pero eso no ocurre en la ejecución. 

Debe aminorarse, en consecuencia, la relevancia del principio dispositivo – que, como se ha dicho, se confunde con el de aportación de parte- en sede ejecutiva, pues “en principio, corresponde al órgano judicial competente, en su caso, a petición de los interesados cuando proceda según las leyes, deducir las exigencias que impone la ejecución de la sentencia en sus propios términos interpretando en caso de duda cuáles sean éstos, y, actuar en consecuencia, sin que sea función de la jurisdicción constitucional sustituir a la autoridad judicial en este cometido” (SSTC 125/1987, 148/1989 y 194/1993, entre otras). 

En conclusión, la ejecución forzosa implica la pérdida de relevancia del principio dispositivo que cede ante el impulso de oficio y ante las obligaciones que del mismo se derivan para el órgano ejecutor (art. 179.1 LEC). Quiere ello decir que la renuncia, el desistimiento, el allanamiento o la transacción del art. 19.1 LEC podrán observarse en el proceso de ejecución siempre y cuando sea posible por el contenido del título ejecutivo, afectándose de este modo los aparentes derechos que la ley concede a los ejecutantes en los arts. 19 y 22 LEC que no serán, en ningún caso, absolutos. Bajo esta consideración se obvia, por redundante, el debate doctrinal entre los principios dispositivo e inquisitorio, pues tratándose de la ejecución la dificultad no está en la posible disposición del objeto del proceso, sino en la forma y modo de su cumplimiento por el ejecutado. 

b) Mejoras técnicas en la exégesis de las normas reguladoras del proceso de ejecución. 

En otro sentido, la introducción del apartado 4 – y la consiguiente supresión del art. 570 LEC- responde a una correcta sistemática y a las denuncias de una parte de la doctrina ya que con el art. 570 LEC el Legislador invita – mejor dicho, exige- al acreedor que inste la ejecución aún a sabiendas que el deudor no podrá cumplir – o no tiene cumplir- en ese momento, siendo necesario iniciar y mantener abierto sine die el procedimiento sino quiere ver perjudicado definitivamente el derecho en una resolución judicial o arbitral firme (Moreno Catena, “Derecho Procesal Civil. Parte General”. Editorial COLEX, 3ª Edición, Madrid 2000, página 465). 

Inexplicablemente, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula una vía de apremio que solo puede acabar con la satisfacción íntegra del ejecutante de tal modo que ni la insolvencia del ejecutado, ni la imposibilidad del cobro permite solventar el proceso de ejecución. En ambos supuestos la ejecución ha fracasado y esta situación debería llevarnos sin más al archivo del proceso porque la prohibición (o la omisión) no facilita un posterior cobro del ejecutante, llevándonos todo lo más a interminables diligencias sin objeto alguno. Salvando todas las distancias, el reconocimiento del fracaso ejecutivo –que no tiene porque ser el del órgano judicial-y de sus consecuencias procesales con relación al derecho a la ejecución fue estudiado con cierto detalle por el Tribunal Constitucional, que fijó muy claramente sus límites en la Sentencia 18/1997 de 10 de febrero afirmando que:
Cita:

En el iter procesal de la ejecución de una Sentencia dictada en el ámbito laboral bien puede suceder que, tras la práctica de las distintas diligencias averiguatorias señaladas, el proceso se archive por insolvencia total o parcial del ejecutado, cuando no se encontraren bienes o bienes suficientes en los que hacer traba o embargo. La declaración por parte del Juez de la insolvencia del deudor y el consiguiente archivo de las actuaciones son facultades que la Ley concede al órgano judicial en determinadas circunstancias; por lo que, de concurrir éstas, aquel Acuerdo no vulnera por sí mismo derecho fundamental alguno”. Esto es “la declaración de insolvencia del ejecutado se decide, en cualquier caso, de forma provisional, no definitiva (artículo 204 LPL de 1980; 273.2 LPL de 1990 y 274 LPL de 1995), lo que, por una parte, asegura, incluso en caso de archivo por esa causa, que no se interrumpa la prescripción de la acción ejecutiva mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se ejecuta (artículos 240.3 LPL 1990 y 241.3 LPL de 1995); y por otra, permite proseguir o reabrir la ejecución si se conocen bienes del deudor por haber venido a mejor fortuna. Cuestión distinta es la de que tal posibilidad pueda ser más teórica que real si persiste la insolvencia del deudor. Mas ello, como se ha dicho, no afecta a la integridad de la tutela judicial efectiva, pues el artículo 24.1 CE no garantiza la solvencia de los deudores (STC 171/1991, fundamento jurídico 4.)

No pondré ningún reparo a que algún grupo o corporación copie el comentario y lo haga ley, previa proposición, proyecto o enmienda y tampoco a no hacerme daño si me caigo de la cama después del indicado sueño.

05 febrero 2014

El recurso de reposición en el proceso civil


La reposición nos remite al art.451 LEC, que cabe interponer frente a providencias y autos no definitivos ante el mismo Tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida y contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos ante el Secretario judicial que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisión. El recurso se interpone en el plazo de cinco días, expresándose la infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente. 

El requisito del plazo no suscita dudas, pero el de la infracción suele confundirse con la interpretación que hace el recurrente de las normas que se aplican en el proceso de ejecución, porque la ley no habla de «infracción legal», sino de «infracción», lo que justifica que se trate de contradecir, mediante el recurso, el criterio del órgano jurisdiccional, aunque en realidad no haya ninguna «infracción legal, ni procesal». 

De ahí que no sea bastante la cita genérica de una infracción, ni la socorrida alusión al art.24 CE; hay que explicar qué se impugna, su razón o fundamentación y cómo la resolución atacada «afecta desfavorablemente» al impugnante (art. 448.1 LEC). 

Esto se entiende muy bien cuando se observa que suele impugnarse por la vía de la reposición las resoluciones de los Secretarios Judiciales como la negativa a la práctica de alguna diligencia de investigación o de ejecución o, la del algún requerimiento (especialmente en los procesos monitorios) que se consiente sin reparo cuando aparece en una «providencia»; y en todos los supuestos, extrayéndolas del proceso como si ellas impidieran la satisfacción de la tutela del ejecutante. Así, tenemos, por ejemplo, la audiencia por la posible existencia de intereses abusivos, la justificación de gastos en reclamaciones de propiedad horizontal, la negativa a oficiar a organismos a los que el ejecutante puede acceder sin auxilio judicial, a que el ejecutado sea nombrado depositario de algún bien o, a la remisión de los oficios de averiguación del art.657 LEC cuando no se solicita la subasta, ni hay liquidación de cargas. En todos estos casos no hay «infracción», ni existe «afectación desfavorable» y todo lo más el interés de la parte en que se realicen o se ejecuten los actos que postula. 

La sanción que aparece en el art. 452.2 LEC por el incumplimiento de los requisitos, consistente en la inadmisión del recurso, mediante providencia no susceptible de recurso, si se trata de una reposición frente a providencias y autos no definitivos, y mediante decreto en el caso de impugnar diligencias de ordenación y decretos no definitivos, suele carecer de interés por dos razones: 

a) las providencias han desaparecido del proceso de ejecución salvo supuestos residuales y 

b) el decreto de inadmisión es directamente recurrible en revisión y ese segundo recurso, por un principio de eficacia del que tan necesitados andamos en las oficinas judiciales, aconseja resolver la reposición ya que, en otro caso, se dictaría un primer decreto de inadmisión y un segundo auto para la revisión. 

Téngase en cuenta, además, que cuando los ejecutados no se personan, la reposición quedará pendiente sin necesidad del traslado del art.453.1 LEC. El recurso se presenta por escrito con el cumplimiento del requisito del depósito de la ya famosa Disposición Adicional 15ª LOPJ y digo famosa, porque al día de la fecha sigue sin solución la exigencia respecto a las diligencias de ordenación. El apartado 4 de la citada disposición dispone: «Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial» y mientras para unos, nada dice sobre las diligencias de ordenación y no cabe exigirlo, para otros es bastante la referencia al Tribunal del que el Secretario Judicial forma parte. 

En cuanto a la tasa judicial el Tribunal Supremo tiene sentado que no pueden otorgarse plazos de subsanación, cuando no estamos ante un acto defectuosamente realizado, sino ante un acto omitido (por todos, ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012, ROJ ATS 2332/2012), pero con ocasión de varios recursos de queja sobre el depósito de la Disposición Adicional 15ª LOPJ, también afirma con rotundidad que la subsanación comprende los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito, y aquellos en los que no se ha efectuado la consignación. Esta doctrina que se inició con el ATS, Sala 1ª, de 2 de noviembre de 2010 (ROJ. ATS 13855/2010), es aplicable sin dificultad a la tasa judicial y la subsanación comprenderá tanto la defectuosa presentación de la autoliquidación, como su omisión o la del pago. 

Pero cuidado con el depósito porque no rige aquí el plazo de gracia del art.135 LEC ya que no estamos ante la entrega o presentación de un determinado documento, sino ante la realización de un determinado acto, que consiste en el ingreso del depósito necesario en la cuenta del Juzgado y resulta de aplicación el art. 136 LEC. Cuestión diferente es que, una vez realizado el acto requerido en el plazo concedido para ello (art. 136 LEC), se pueda presentar el documento que lo acredite al día siguiente hábil, hasta las 15 horas, en aplicación del art. 135 LEC (ATS, Sala 1ª, de 4 de diciembre de 2012, Roj: ATS 11856/2012

Por último contra el decreto que resuelva el recurso de reposición no cabe recurso alguno y solo podría reproducirse la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente, el decreto que pusiera término a la ejecución (art. 570 LEC).