07 enero 2014

Supuestos de exigencia de caución en la fase de admisión de demandas.


Los supuestos de exigencia de caución en la fase de admisión de demanda y de trámite del proceso civil (dejamos al margen la ejecución) son los siguientes: 

 a. Declinatoria de jurisdicción (art. 64.2 LEC

En este caso la caución responde a la finalidad de precaución o previsión y a la de responder de los daños y perjuicios que se deriven de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento. Se trata de asegurar los daños o perjuicios al actor una vez desestimada la declinatoria y declarada la competencia de los Juzgados que conocían del asunto inicialmente. 

Respecto de esta previsión critica parte de la doctrina que no tiene una justificación sólida, por dos razones básicas: primero porque el demandado sólo responde de los daños y perjuicios si la declinatoria está desprovista de fundamento, pero no en los casos en que el fundamento sea discutible; y segundo, porque con la simple caución del demandado, el actor se puede encontrar ante una situación real de indefensión, si se le cercena la posibilidad de realizar las actuaciones urgentes, y con ello, además, no se le indemniza si la declinatoria tuviera algún fundamentos.  

b. Diligencias preliminares (art. 256.3 LEC). 

Señala ILLESCAS RUS que aunque el art. 262 LEC no se ocupa de ellos, parece claro que se producen gastos en el caso de que las diligencias solicitadas no resulten acordadas. Como claro es, también, que se producen gastos si las diligencias solicitadas y acordadas no llegan a practicarse por cualquier razón; o si sólo se realizan de forma parcial. En el primero de los casos enunciados, los gastos corren exclusivamente a cuenta del peticionario quien habrá de atenderlos a medida que se produzcan, a salvo el caso de que tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (art. 241.1 LEC); y el hecho de que la norma no mencione esta hipótesis acaso pueda atribuirse a la circunstancia de que la caución, que es requisito de la petición, de ordinario no se habrá acordado, fijado ni, por ende, llegado a prestar. 

En los otros dos la omisión resulta tan llamativa como inexplicable, porque la caución, como regla, habrá debido prestarse. Como en el primero, los gastos debe abonarlos el solicitante y de los mismos también responde la caución constituida. 

Añade este autor que en relación con los daños y perjuicios la responsabilidad del promotor es también objetiva: con independencia del carácter del sujeto con quien se entiendan las diligencias o intervenga en las mismas y de las incidencias que acontezcan en la sustanciación de las mismas como consecuencia de la intervención activa del sujeto pasivo. (Illescas Rus, Angel. “Comentario Artículo 262. Decisión sobre aplicación de la caución. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, año 2010, SEPIN, SP/DOCT/13305). 

c. Medidas cautelares. 

El solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado. 

El ofrecimiento de esta garantía constituye requisito sine qua non de la regularidad de la solicitud y es sobre todo, presupuesto de su concesión y a su vez, se configura como condición de la efectividad de las medidas acordadas al disponer. No se trata, empero, de un presupuesto absolutamente independiente, sino complementario de los otros dos. Su solo ofrecimiento no excusa la acreditación de la apariencia de buen derecho ni la justificación de la necesidad de las medidas para posibilitar la efectividad de la resolución concretamente postulada en el proceso principal. En rigor, pues, la caución no suple por si misma la absoluta falta de robustez de las justificaciones ofrecidas para acreditar la concurrencia del peligro de retardo y de la apariencia de buen derecho. A la inversa, la demostración de estos extremos no libera de la obligación de constituir la caución. 

No obstante, la delimitación de su índole y alcance cuantitativo se ve imperativamente condicionada por el juicio que merezca el vigor o firmeza de aquéllos (AAP MADRID, Sección 10ª, de 27 de octubre de 2010, ROJ AAP M 17367/2010). 

d. Demandas para la efectividad de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad. 

El art. 439.2.2 LEC condiciona la admisión de las demandas del art. 250.1.7º LEC a que salvo renuncia del demandante, se haga constar en ella la caución que ha de prestar el demandado, en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio. 

La caución trata específicamente, como se infiere del artículo 439.2.2 LEC, de asegurar al demandante, titular de un derecho real inscrito sin contradicción alguna, llegado el caso de una sentencia estimatoria, (1) la restitución de los frutos indebidamente percibidos por el perturbador de su derecho, (2) el resarcimiento de los daños y perjuicios que éste le hubiera irrogado y (3) el abono de las costas del litigio. (AAP LAS PALMAS, Sección 4ª, de 7 de abril de 2011, ROJ AAP GC 1860/2011).

e. Interdicto de obra nueva. 

En la suspensión de una obra nueva, el dueño o encargado de la obra podrá ofrecer caución para continuarla, así como la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado (art.441. 2 LEC). 

Su operatividad material resulta, en la práctica, muy problemática, pues es frecuente que la pieza separada de continuación de la obra sea más compleja que el propio procedimiento principal y ello en muchas ocasiones, precisamente, por la dificultad de fijar una adecuada a la naturaleza y alcance, tanto de la obra suspendida, como de la que se pretende continuar y que suele requerir complejos informes periciales. 

f. Medidas de aseguramiento de la prueba. 

Para decidir sobre la adopción de las medidas de aseguramiento de una prueba, el tribunal podrá aceptar el eventual ofrecimiento que el solicitante de la medida haga de prestar garantía de los daños y perjuicios que la medida pueda irrogar; o acordar, mediante providencia, en lugar de la medida de aseguramiento, la aceptación del ofrecimiento que haga la persona que habría de soportar la medida de prestar caución bastante para responder de la práctica de la prueba cuyo aseguramiento se pretenda (art. 298 LEC)

Ese “eventual ofrecimiento” ha dado en la práctica alguna extravagante petición que busca, precisamente, evitar la obligatoriedad de la caución de otros supuestos. En el AAP GUADALAJARA, Sección 1ª del 12 de Diciembre del 2007 ( ROJ: AAP GU 218/2007) se lee: “En cuanto a la medida asegurativa también interesada, consistente en la paralización de las obras, igualmente se han de compartir los argumentos de la instancia, toda vez que la suspensión de la ejecución de 244 viviendas acarrearía graves perjuicios económicos, estando prevista la prestación de caución para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de una medida semejante pudiera causar al patrimonio del demandado; requisito que hubiera sido preceptivo de haberse solicitado como medida cautelar (artículo 728.3 LEC ), y que se elude a través del aseguramiento solicitado, toda vez que el artículo 298.2 LEC , como bien sostiene la recurrente, prevé el ofrecimiento de caución con carácter potestativo”.  

g. Monitorio de Propiedad Horizontal. 

Si el deudor se opone a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor, sin necesidad de caución, podrá solicitar el embargo preventivo para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas. No obstante, el deudor podrá enervar la traba prestando aval bancario en la cuantía por la que hubiese sido decretado (art. 21 LPH). 

h. Proceso cambiario. 

Si el deudor cambiario niega categóricamente la autenticidad de su firma o invocare la falta absoluta de representación, el Tribunal a la vista de la documentación aportada y de las circunstancias del caso, podrá acordar el alzamiento de los embargos exigiendo, sí lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada (art. 823.1 LEC). 

i. Legislación concursal. 

Varios preceptos de la Ley Concursal prevén la exigencia de fianzas o cauciones. Entre las que podríamos calificar de procesales tenemos: 

1) en el caso de concurso necesario el juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor y pedir al solicitante que preste fianza para responder de los eventuales daños y perjuicios que las medidas cautelares pudieran producir al deudor si la solicitud de declaración de concurso resultara finalmente desestimada (art. 17 LC); 

2) en la oposición a la propuesta de convenio presentada por el deudor en el procedimiento abreviado, el juez podrá requerir al impugnante que preste caución por los daños o perjuicios que para la masa pasiva y activa del concurso pudiera suponer la demora en la aprobación del convenio (art.191 bis LC) y, 

3) por último, en caso de suspenderse las operaciones de liquidación en el procedimiento abreviado, a causa de impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores, el juez podrá requerir a los impugnantes para que presten una caución que garantice los posibles daños y perjuicios por la demora (art.191 ter 3 LC).  

j. Otros supuestos. 

Por último, el art. 137 Ley de Patentes permite que el Juez al acordar las medidas cautelares solicitadas, pueda fijar una caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.  

No es una caución, la consignación prevista en el art. 7.3. e) del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. La forma de la consignación es idéntica a la de las cauciones que nos ocupan, pero tiene una finalidad liberatoria que se limita al importe consignado, de modo que el perjudicado, si considera que la indemnización percibida es inferior que la que corresponde, puede ejercitar acciones para reclamar el resto de lo que crea, según resulta del apartado 7.3 d) de la citada Ley (AAP SEVILLA, Sección 5ª, de 5 de diciembre de 2011 ROJ AAP SE 3795/2011). 

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