La suspensión del proceso de ejecución por prejudicialidad penal.


El artículo 569.1 LEC, en su primer párrafo, dispone que la presentación de denuncia en que se expongan hechos de apariencia delictiva relacionados con el título ejecutivo o con el despacho de la ejecución forzosa no determinará, por sí sola, que se decrete la suspensión de ésta. Y señala el AAP MADRID, Sección 10ª, de 26 de mayo de 2010 (ROJ: AAP M 8011/2010) que el citado artículo 569 es una mera modulación del artículo 40.1 LEC, exigiéndose que la decisión de la causa sea determinante para la continuación del proceso de ejecución. 

En otras palabras, para que surja una cuestión prejudicial penal se requiere como “condictio iuris” el carácter decisivo de la calificación jurídico-penal en la resolución del pleito civil. Por lo que: “Difícilmente puede concurrir dicho requisito si el pleito civil está resuelto por sentencia firme, se ha rechazado la petición de nulidad de actuaciones frente a la sentencia dictada por este órgano judicial y los hechos a que se circunscribe la investigación penal en manera alguna pueden determinar la falsedad o nulidad de dicha sentencia”. Esta es la regla general. 

Pero para llegar a esa conclusión se aclara en el AAP BARCELONA, Sección 4ª, 4 de septiembre de 2007 (ROJ: AAP B 5815/2007), que en el examen de esta cuestión deberán conjugarse dos intereses opuestos entre sí: de un lado, ha de impedirse que cualquier proceso penal torticeramente incoado por el deudor sirva para delimitar o comprometer el buen fin de la ejecución; de otro, es aconsejable evitar que se sustancien actuaciones ejecutivas claudicantes, expuestas a quedar sin efecto, si se dicta una sentencia penal de la que se siga la nulidad del título o la ilicitud del despacho. Termina afirmando esta resolución:


Conforme a reiterada doctrina, la regla general es que la sola pendencia de una querella o denuncia que guarda conexión con el proceso de ejecución no determinará la suspensión de la tramitación de éste, y la excepción es que la pendencia de un proceso penal en el que se enjuician hechos que pueden acarrear la "nulidad o falsedad del título o ilicitud del despacho", sí determinará la suspensión de la ejecución. 
Ello debe precisarse en el sentido de que, en principio, la nulidad o anulabilidad del título ejecutivo es una cuestión puramente civil, lo que sucede es que en algunos procesos penales puede ponerse en tela de juicio la validez de un contrato o de un acto civil. Así, el artículo 569 es más concreto, no tan amplio como el artículo 40 LEC, dado que no es suficiente con que se dicte cualquier tipo de resolución judicial penal que tenga notoria influencia en el proceso civil, sino que es preciso que los hechos delictivos que se persiguen, caso de que sean cierto, comporten la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución”.

Resumiendo la doctrina jurisprudencial y siendo así que el proceso penal no puede convertirse en una cuarta instancia civil – para el caso de haber intervenido el Tribunal Supremo en la resolución del pleito Piénsese en el proceso civil que ha recorrido las tres instancias. Se despacha ejecución y la parte ejecutada interpone querella contra los testigos y peritos que declararon en el juicio, sosteniendo que su intervención fue relevante para la sentencia condenatoria. Podemos darle muchas vueltas al asunto, pero no es causa de suspensión de la ejecución civil- es palmario que no basta la existencia de aquel para que se produzca la suspensión


“ya que sólo puede acordarse en el supuesto en que la pendencia en el proceso penal cuestione directamente la autenticidad o validez del título o la ilicitud del despacho de la ejecución ,[y] por tanto, para la expresada suspensión por prejudicialidad penal es preciso analizar en qué medida existe conexión causal entre los hechos penales enjuiciados y la nulidad del título o el despacho de la ejecución, de tal forma que de declararse la existencia del delito se produciría automáticamente la nulidad del título o la ilicitud de la ejecución” (AAP CASTELLON, Sección 1ª, 13 de enero del 2011, ROJ: AAP CS 4/2011) .

Y con ello ya tenemos el último elemento de juicio que nos faltaba. No bastará que se haya dictado una resolución judicial de incoación de diligencias previas, sino que los hechos objeto de investigación, en el caso de resultar ciertos, deberán ser determinantes de la falsedad o de la nulidad del título o de la invalidez o la ilicitud del despacho de la ejecución, lo que exigirá que el Juzgado de Primera Instancia valore qué hechos se han denunciado y cuales son objeto de investigación penal.

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