30 diciembre 2014

A vueltas con la anotación de un derecho inexistente en el Registro de Bienes Muebles.


Hasta la entrada en vigor de la Ley de Venta a Plazos de 1988 no existía la posibilidad de inscribir en un registro jurídico la propiedad del vehículo a favor del arrendador financiero lo cual, unido a la circunstancia de que en el Registro administrativo de Tráfico se considerara como propietario de facto al arrendatario financiero llevaba a que, en ocasiones, se trabaran embargos en dicho Registro por deudas del arrendatario cuando la propiedad del vehículo correspondía, de iure, al arrendador. A esta situación anómala puso fin la inscripción de los contratos de arrendamiento financiero en el Registro de Bienes Muebles. Una vez registrado un contrato de arrendamiento financiero sobre un vehículo, coexistirán en el Registro dos titularidades: el derecho de dominio que corresponde a la sociedad de arrendamiento financiero, y el derecho de arrendamiento financiero cuyo titular es el usuario. 

Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del arrendatario financiero ya que los derechos que derivan de su posición contractual tienen un indudable valor patrimonial que puede servir de garantía a sus derechos, la regla 15 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 3 de diciembre de 2002 afirma que «podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado.» 

Pero obsérvese que lo embargado es la «posición jurídica del comprador a plazos» cuyo encaje en el art. 592 LEC se antoja difícil (cuando no imposible), pues hablamos de la traba sobre el derecho al uso de un vehículo que normalmente no estará a disposición del Juzgado y que en consecuencia, ni será valorable, ni podrá salir a subasta. Más aún, tampoco sería posible una valoración separada del derecho y ajena a la del vehículo, pues sería la de éste y no la del derecho la que suscitaría el interés de los posibles postores y planteado así el debate entramos en el terreno de la ficción legal, porque en realidad estaríamos obligados a valorar siempre un bien del ejecutante (el vehículo) para hacer lo propio con el del ejecutado (el uso del vehículo) y eso es una antinomia con la definición del embargo, en tanto no existe en la ley la traba de un bien condicionada a la existencia de otro del ejecutante: se embarga un bien propiedad del ejecutado y si eso no es posible no habrá afección. 

No obstante, reduzcamos el asunto al absurdo. Para suponer la existencia de un tercero interesado en quedarse con la «posición jurídica» del deudor habremos de acudir a la familia o a un amigo, porque en cualquier otro caso lo más sencillo, práctico y útil es irse al concesionario de la esquina a echarle un vistazo a algún vehículo de ocasión (y más en la actualidad), lo que afirmo bajo otra presunción: que tengamos el vehículo, porque la eficacia de una anotación registral sobre un artefacto que tiene ruedas es cuando menos discutible. 

Y ya hay que suponer mucho en el supuesto que sea el propio ejecutado quien levante el embargo sobre la «posición jurídica» cuando no ha pagado las cuotas que le llevaron al Juzgado.

26 diciembre 2014

La reforma de la Justicia en la Cartagena de Indias del año del Señor de 1697.


Ahora que un Señor de la Coleta, profesor de Universidad en sus ratos libres (como casi todos los demás) ha decidido salvarnos de nuestro destino, les contaré una historia que nos define como pueblo y civilización y que permite comprender por qué no habrá nunca reforma de la Justicia y porqué los experimentos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid deberían hacerse con gaseosa y luego, en su caso, patentarse. Si se preguntaban para que sirve una Facultad de Ciencias Políticas no hace falta que investiguen más y eso que en tiempos creí que era de la arte contemporáneo o, que se dedicaba a una especie de publicidad guarra, porque entre pinturas, carteles y spray me da, así a ojo, que un par de fotos más del Che Guevara y el edificio se viene abajo; no hay pilar que soporte tanta reclamación, lloro, insulto o vociferación en mayúsculas. 

Cuenta Pablo Victoria que el 13 de abril de 1697 la Armada Francesa fondeó en aguas de Cartagena y después diecisiete días sometieron la Plaza y la saquearon. El asedio habría podido evitarse si Don Diego de los Ríos y Quesada, Gobernador de Cartagena, hubiese tomado las precauciones que le indicaron en dos Cédulas desde la Corte de Madrid ya que los servicios diplomáticos habían descubierto la intención francesa de atacar la ciudad. Don Diego hizo caso omiso de las advertencias y descuidó las defensas que por aquel entonces amenazaban ruina. 

Don Sancho Ximeno de Orozco, mandaba el fuerte de San Luis y a tal extremo llego la resistencia que los franceses enviaron a un soldado y a un monje para intentar la rendición del baluarte. El fraile se acercó a las derruidas murallas y gritó: 

–Traigo embajada para Don Sancho. Quiero hablar con él. 
Y Don Sancho respondió: 
–¿Qué queréis, buen fraile? 
–El Barón de Pointis os manda a saludar y a solicitar que entreguéis el Castillo –contestó el cura. 
–¡Decidle que mal puedo yo entregar lo que no es mío! –contestó Don Sancho. 

Y aquí interviene la famosa Justicia Española. Al gobernador de los Ríos se le abrió expediente de investigación por la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, nombrándose como Oidor a D. Carlos Alcedo y Sotomayor, a quien el gobernador De los Ríos intentó detener. El Oidor fue enviado cautivo a La Habana y allí fue liberado por el Gobernador. El Oidor elevó acusación ante el Consejo de Indias, que dispuso nombrar un nuevo pesquisidor, Don Julio Antonio Tejada, la destitución De los Ríos y el nombramiento como nuevo gobernador de Don Juan Díaz Pimienta. 

Mientras tanto la Audiencia de Santa Fe había nombrado como nuevo Gobernador a Don Pedro de Olivera. Por cierto, cuando Tejada (el nombrado por el Consejo de Indias) llegó a Cartagena ordenó la detención del ex gobernador, confiscó sus bienes, pero también los de Don Sancho Ximeno, a quien arrestó. Y por si no fueran pocos el siguiente Gobernador de Cartagena (cuyo nombre omito) ordenó que pusieran preso al pesquisidor Tejada. 

La Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá nombró a un tercer Oidor: Don Bernardino Ángel de Isunza y Eguiluz y mientras iba y venía la publicación oficial, el ex gobernador De los Ríos se fugó de la prisión sobornando a los guardias. El colega (disculpen la confianza) terminó en Francia obligando a Luis XIV y Felipe V a aclarar que este personaje no había tenido ninguna connivencia había tenido con el Barón de Pointis (el que había asediado Cartagena). 

En aquellos días Don Sancho Ximeno de Orozco seguía en prisión. Y ahora son libres de seguir mirando a la muchachada de la Coleta y de creerse lo de la reforma de la Justicia.

24 diciembre 2014

Una nochebuena en España (y si llegan al final les regalo un libro).


Pinchen en el enlace (AQUÍ) porque de lo contrario no se enteraran de nada. Sansegundo está pendiente de una llamada para volver a Irak; tanta manifestación, tanta paz y tanta historia para volver al mismo sitio, pero con menos ganas y algún kilo de más. García, él conductor, lo dejó o le echaron por fin del contrato, no lo recuerdo bien, pero el fin de la intervención (o de lo que fuera) en Afganistán y el recorte del presupuesto (desde hace años no hay presupuesto para defensa, hay un recorte calificado de presupuesto) dejó a mucha gente en la calle. 

El Teniente es ahora Capitán y al Capitán le empapelaron por sacar a la parejita de su pueblo. Todo muy bonito pero hubo que pedir ayuda a los Yanquis para que la patrulla no acabara desgraciada y la prensa, la prensa de la Calle Serrano, perfume caro y progresía rica en valores intercambiables, puso en la picota al Ministerio de Defensa cuando se enteró del apoyo aéreo norteamericano. Eufemismo que terminó en bronca y bronca, ocioso es decirlo, que fue bajando por la escala jerárquica hasta acabar con la carrera del Capitán. 

Peréz Castell y la Sargento Alcubilla se liaron allí (dicen las malas lenguas) y en un par de meses se casan. Han invitado a la boda a todos los miembros de aquella patrulla y a los cuatro pilotos norteamericanos y todos han confirmado su asistencia. La madre de la Sargento Alcubilla anda con la mosca detrás de la oreja por el asunto: no entiende porque su hija no ha querido invitar a parte de la familia y sí a cuatro yanquis y a sus mujeres. 

No me pregunten por la pareja de Afganos. Nadie lo sabe. Costó bastante sacar de allí a algunos intérpretes y cuando empapelaron al Capitán todos los demás se escondieron en el mejor sitio que encontraron. O guardaron silencio. Una última orden del Capitán que cumplieron sin reparos. 

¿Saben lo mejor? Todos recuerdan aquel día 24 de diciembre de 2011 en el que una chica de diecisiete años dio a luz en una carretera de Afganistán rodeada de soldados españoles, mientras en el cielo cruzaba un punto de luz, que dejaba una estela parecida al de una estrella y, todos volverían a hacer lo mismo que hicieron aquella noche. 

Si han llegado hasta aquí les doy las gracias y si pinchan AQUI podrán descargarse gratis un libro sobre la reforma de la justicia en PDF, que quizá no tenga nada que ver con la boda Peréz Castell y la Sargento Alcubilla, pero que a buen seguro les arrancará alguna sonrisa y en el fondo creo que de eso se trata.

16 diciembre 2014

Facturas y minutas de honorarios de Letrado.


El importe de los servicios del abogado se documenta en lo que se denomina tradicionalmente “minuta de honorarios profesionales”, que, desde un punto de vista estrictamente económico y contable, no es más que una factura por servicios profesionales. En cuanto a tal, está sujeta a todas las normas administrativas, que prescriben sus características formales y entre estas son relevantes la fecha, el número de la factura, el importe, el desglose del IVA y de la eventual retención a cuenta del IRPF, los datos fiscales del emisor y del receptor, etc. La factura debe contener una cierta referencia al contenido de los servicios prestados, según las necesidades o exigencias del cliente y en un mismo asunto puede ser necesario emitir facturas separadas. 

El incumplimiento de la normativa que regula la factura no sirve para calificarla de indebida, pues habrá de valorarse exclusivamente por lo que resulte del pleito en relación con el mismo marco de la ley adjetiva, sin que, por ello, por lo general y en principio, dependa esa calificación de la proyección de otra normativa ajena a este sector, como puede ser, la de carácter administrativo, fiscal, municipal. Es indiscutible compartir que "ope materiae" en ninguna de esas normativas, salvo, en su caso, lo concerniente al IVA se prescribe si un "facere" del Abogado o Procurador es inútil, superfluo o no legal o que sus honorarios no se hayan devengado en el juicio. (STS, 973/2001, Sala 1ª, de 16 de octubre de 2001, Roj 7940/2001).

En la práctica diaria encontramos otra minuta: la que se realiza “pro forma”. Este documento es una especie de presupuesto autentificado del abogado que tiene un aspecto similar a la factura (contiene el nombre del abogado, dirección, NIF, todos los datos del cliente y un desglose de los servicios con precio e IVA). La “factura pro forma” es meramente informativa y en el tráfico mercantil, una vez satisfecha por el cliente, se emite la factura definitiva, fechada y nume¬rada, declarándose a efectos de IRPF e IVA. 

No se rechazan por los Juzgados estas “factura pro forma” cuando se presentan para la práctica de la tasación de costas “ya que la ley de enjuiciamiento civil sólo dispone como requisitos formales que deba rendir la minuta del letrado de los derechos y suplidos de los procuradores, que sean detallados, nunca que cumpla determinada exigencia fiscal previa a efectos de factura, y menos aún, cuando se reconoce que las actuaciones por las que se minuta se realizaron y no se ponen en duda” (SAP MADRID, 503/2010, Sección 20ª, de 8 de septiembre, ROJ SAP M 13843/2010). 

Esto es, la vencedora en el procedimiento puede reclamar el importe, tanto de la minuta del abogado como la de su procurador, siendo suficiente que se aporte la citada factura pro forma, pues no es necesario que materialmente se haya abonado con anterioridad el importe de la minuta, porque lo concedido a la parte ganadora es un crédito frente a los obligados al pago de las costas procesales, y no un derecho de repetición o de reembolso de lo abonado por los acreedores a los abogados que los defienden y a los Procuradores que los representan. Por ello no necesitan acreditar que los tienen abonados a los respectivos profesionales, basta con que presente las correspondientes facturas de haberse devengado los honorarios o los derechos durante el proceso. El razonamiento se contiene en SAP LERIDA, 177/2010, Sección 2ª, de 26 de abril (Roj SAP L 366/2010) y también la advertencia que los datos que según la normativa fiscal deben reunir las facturas, resultan ajenos a lo que debe discutirse en el procedimiento. No existe fundamento legal para restar validez, a los efectos de reclamar los gastos devengados en el proceso, a una minuta expedida por un profesional por el mero hecho de denominarla "pro-forma".

04 diciembre 2014

¿Es necesaria la subasta judicial de los bienes inmuebles?


Poco puede decirse sobre la subasta judicial que no se haya escrito, discutido y analizado en profundidad y a pocos escapa que el sistema no funciona. Si de lo que se trata es de vender el bien inmueble y el porcentaje de subastas desiertas es altísimo – cercano al 90% de todas las que se celebran- fácil es colegir un fracaso que alguna explicación tendrá. Pero cuidado, porque tampoco puede extraer el lector las habituales conclusiones apresuradas sobre la ineficacia de los Juzgados (que la hay) y la privatización de la venta (que rechazo, parcialmente) y basta echarle un vistazo a las normas reguladoras de la subasta en la Ley de Enjuiciamiento Civil para llegar a una segunda conclusión: careceremos de un ordenamiento que nos permita vender con éxito un bien inmueble (o cualquier cosa) y aún más, la Ley sigue repleta de obstáculos “procesales” que facilitan esa ineficacia que antes cité. 

El corolario de este escenario aparece en esas certificaciones registrales con dos o tres inscripciones de hipoteca y algunas anotaciones de embargo -me quedo corto porque he llegado a ver Letras J) prorrogadas y varias del mismo acreedor-; en las caducidades de las anotaciones de embargo y en el rechazo del ejecutante a la subasta aunque obtenga la anotación. 

Ello por no hablar de un pequeño detalle que siempre pasa por alto el Legislador, aunque se le recuerde en cada reforma procesal: ¿alguien compra algo que no puede ver? Eso es lo que se le pide al comprador en subasta judicial de un inmueble sujeto a embargo o a hipoteca, que haga un acto de fe y adquiera un bien que no ha podido ver y lo que es peor, que ha sido valorado por un tercero que tampoco lo ha hecho – en el caso de embargos- y que ha sacado el precio por comparación de determinados “testigos” (zona, dotación del barrio, calidades, metros cuadrados, etc.). 

De hecho, la valoración de bienes en la ejecución civil -no en la hipotecaria, que va por otros derroteros- tal y como se realiza, no necesita la intervención de ningún perito. El empleo de testigos de referencia, mapas de google, certificaciones registrales y la toma de fotografías no tiene ninguna dificultad, no requiere conocimientos especiales y, desde luego, no justifica una minuta de honorarios que en el mejor de los casos llega a los 300,00€. Sin lugar a dudas debería quedar al criterio del órgano ejecutor la intervención del perito, previsión nada novedosa y que rige en otros ordenamientos. 

¿Saben lo que se consigue con esto? Que acudan solo a la puja vecinos del inmueble interesados en la adquisición y que conocen perfectamente el estado de la finca y los inevitables subasteros, aunque se trate ya, en muchos casos, de sociedades dedicadas al préstamo y a la compraventa de inmuebles. Nadie más se arriesga y por lo mismo, bien pronto se ve que no basta con la multiplicación de las medidas de publicidad o las llamadas subastas electrónicas. Eso es una parte del problema y en la actualidad, no el fundamental. 

Les cuento una última anécdota para que comprueben hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una defectuosa normativa, porque tampoco los Juzgados tienen reservado el “derecho de admisión”, ni una “efectiva presidencia” de la puja. Perdonen el empleo de la primera persona del singular. En una de esas subastas previas a la crisis que padecemos y con la Sala repleta de público, me encontré con dos subasteros haciendo pujas de euro en euro y cuando llevaban más de diez, corté en seco lo que parecía un despropósito y advertí a los dos postores – que en ese momento no lo eran- que procedería a expulsarlos de la Sala si continuaban con ese comportamiento, que dicho sea había ocasionado cierto revuelo entre los asistentes. 

Y ¿qué dice la ley? Si leemos el artículo 649 LEC tendría que haberme limitado a levantar acta de la subasta una vez terminada, “expresando el nombre de quienes hubieran participado y de las posturas que formularon” y es muy probable que si los subasteros hubieran impugnado mi decisión, habríamos tenido que celebrar una segunda subasta y aguantar la puja de euro en euro hasta que el ejecutante o algún tercero la hubieran puesto fin. ¿Se imaginan una subasta así en alguna de esas empresas privadas dedicadas a esta actividad? No creo que la respuesta sea necesaria. 

La subasta judicial de los bienes inmuebles es necesaria y además no puede privatizarse como se oye. Pero si se quiere que cumpla con su función, que no es la venta del bien, sin el cumplimiento del título ejecutivo, requiere una completa modificación normativa que, entre otras cosas, compela al ejecutante a no jugar con las anotaciones de embargo, obligue al ejecutado a colaborar con el perito y atribuya a los Juzgados la efectiva presidencia del acto de la puja. 

También es posible que no me haya enterado bien del asunto y que la última de las reformas de la justicia (no sé cuantos plurales llevo leídos) sea la que llegue a buen puerto, aunque mientras lo hace se sigan hundiendo los barcos.

27 noviembre 2014

El Tribunal Supremo salva a un Procurador por la campana


El famoso derecho de defensa se entiende por algunos como el papel lo aguanta todo, pero últimamente se superan límites que uno no creería o quizá sí, teniendo en cuenta que un Señor con el mérito de una coleta y una presentación en televisión inmejorable, va el segundo en las apuestas contra el soberano pueblo español; quería decir elecciones, pero entre ustedes y yo la cosa va camino de la apuesta en el mejor local inglés en la materia y ello sin entrar en la procedencia del invento, la Complutense de Madrid, universidad que logra los méritos de ser la más sucia, a la par que la que más gasta en no sabe bien qué. 

Pero volvamos a lo nuestro. El asunto que provoca estas líneas es el ATS, Sala 1ª, de 10 de septiembre de 2014 (Roj: ATS 7840/2014) que impuso a un letrado una multa de mil euros (1.000 €) por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante el propio Tribunal Supremo al expresar en un primer escrito, que ratificó y amplió en otro posterior, que en la actuación de la Sala se había producido una" irresponsable dejación de funciones ", generadora de " alarma social " refiriéndose a los integrantes de la misma como funcionarios " denominados 'magistrados ". 

No obstante el letrado manifestó que él era el exclusivo autor de los escritos, sin que la Procuradora hubiese tenido responsabilidad alguna, así como que se ratificaba íntegramente en su contenido puesto que sus expresiones " forman parte del debate parlamentario de este país " y que eran "legítimas y adecuadas a la injusta e irrespetuosa respuesta jurídica ofrecida por este tribunal". Continúo el escrito tachando la actuación de esta Sala como de " irresponsable dejación de funciones " culminando con la afirmación de que " dicha actuación no solo supone una absoluta falta de respeto hacia los profesionales intervinientes en la presente causa judicial (cuyo elaborado estudio jurídico merecía otro tipo de respuesta por parte de este Alto Tribunal), sino que principalmente supone una absoluta falta de respeto hacia todos los ciudadanos de este país, a los que se les está secuestrando el correcto funcionamiento de estas instituciones por parte de determinados funcionarios (denominados 'magistrados') a los que esta situación no parece acarrearles ningún tipo de conflicto, ni ético, ni jurídico ". 

El Tribunal Supremo libera a la Procuradora de responsabilidad y no le impone ninguna multa, pero uno se pregunta si todo el sistema se funda en que el ciudadano tiene dirección letrada y representación procesal, o sea, que el Letrado y el Procurador hablan y actúan por aquel ¿cómo es posible que éste presente uno varios escritos en nombre y representación de un tercero (el ciudadano) poniendo de vuelta y media al máximo órgano judicial de España (País, para los nacionalistas de guardia) ante el que por cierto cualquiera puede presentar cualquier cosa (léase recurso)?

No es mala puerta la que abre el Tribunal Supremo, porque como todos sabemos aquí lo que hace falta es invertir en educación, pero en forma de radares de tráfico poniendo multas a quien se pase dos kilómetros por hora. Es el único lenguaje que entendemos en la piel de toro.

24 noviembre 2014

La suspensión del proceso por la solicitud de justicia gratuita.


El artículo 16 Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita ordena a modo de regla general que “La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, pero las excepciones son tan amplias que, en realidad, la norma parece imponer una suspensión de oficio hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente; tratándose de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes (art. 16, párrafo segundo Ley 1/196). 

Eso bajo la presunción que el beneficiario por el derecho tenga algún motivo para disfrutarlo proceso porque son ahora mayoría los supuestos en los que la petición solo busca alargar el proceso. Importa señalar que estas peticiones de justicia gratuita se formulaban, generalmente, en las ejecuciones de título no judicial para intentar la oposición contra el auto ejecutivo, pero desde hace un tiempo se han extendido a los monitorios (provocando un señalamiento al que luego no se acude), a los desahucios (en el acto del juicio se reconoce el impago) y a las ejecuciones hipotecarias (en las que se sigue discutiendo al peso con escritos modelos). 

Dicho esto, la simple manifestación en el Juzgado de haberse solicitado la justicia gratuita no puede suspender el curso del proceso y ello porque nada dice en tal sentido el art. 16 Ley 1/96 y, tanto en el proceso declarativo como en el de ejecución no podrá ordenarse dicha suspensión sin atender al estado del mismo y a la obligación del órgano judicial de garantizar los derechos y obligaciones de las dos partes, lo que implica: 

(i) No es admisible una comparecencia-modelo sin antes comprobar las fechas de los requerimientos de pago en las ejecuciones de título no judicial e hipotecaria y aunque sea discutible, en los casos del monitorio y del desahucio deberá intentar determinarse cuál es el motivo real de la solicitud de justicia gratuita. 

(ii) Debe asegurarse que existe un proceso y que este no ha finalizado. Y así tenemos que en posible impugnación de una tasación de costas no habrá suspensión porque el proceso ya ha finalizado Esto es, tal y como leemos en el ATS, Sala 1ª, 7 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 9905/2010): “La práctica de la tasación de costas por el Secretario Judicial no es un acto de ejecución forzosa contra el condenado que incumple, sino una liquidación conforme a la ley del quantum del importe que en concepto de costas puede repercutirse sobre la parte condenada el pago. Cuantificación que la ley ordena al Secretario Judicial y sin la que no existe una obligación dineraria susceptible de pago o cumplimiento por parte del vencido en juicio”.

(iii) Debe el órgano judicial asegurar la eficacia de las medidas ejecutivas ordenadas o practicadas, impidiendo que la suspensión haga infructuosa la ulterior realización del título ejecutivo por el excesivo tiempo que puede transcurrir desde la petición hasta el efectivo reconocimiento del derecho. Recordemos que el art. 565.2 LEC establece que la suspensión no impedirá la adopción o mantenimiento de las medidas de garantía de los embargos acordados y la práctica de los que ya hubieren sido acordados (a modo de ejemplo el embargo de cuentas corrientes y sueldos o salarios podrán garantizarse mediante el ingreso en la cuenta de consignaciones del Juzgado y, el de bienes inmuebles, mediante la anotación en el Registro de la Propiedad).

17 noviembre 2014

Precario contra “ocupas”.


Precario y distinción del comodato. 

El comodato es un contrato real que se perfecciona por la entrega de una cosa no fungible que una de las partes contratantes, el comodante, hace a la otra parte contratante, el comodatario, cediéndole gratuitamente su uso durante cierto tiempo, transcurrido el cual debe el comodatario restituir la cosa que le fue entregada (art. 1.740 CC). Una de las características esenciales del contrato de comodato, junto a la gratuidad, es la duración temporal, la cual puede encontrarse expresamente estipulada por los contratantes (fijándose un plazo de duración), y, de no ser así, es decir en ausencia de pacto de duración, la restitución habrá de hacerse cuando concluya el uso para el que se entregó la cosa, debiendo estarse al uso que las partes hubieran pactado, y, en su defecto, al que resulta determinado por la costumbre de la tierra (arts. 1.749 y 1.750 CC) (SAP MADRID, Sección 21ª, de 5 de febrero de 2013, Roj: SAP M 1622/2013). 

Dentro de la regulación jurídica del comodato, en el art. 1.750 CC, se prevé el supuesto de la entrega de una cosa no fungible con cesión gratuita de su uso cuando no se hubiere pactado la duración del contrato ni el uso a que hubiere de destinarse la cosa prestada y no resulta éste determinado por la costumbre de la tierra, en cuyo caso «puede el comodante reclamarla -la cosa entregada- a su voluntad» (en decir cuando le venga en gana). Y, esta situación jurídica, se conoce con el nombre de «precario», tratándose del concepto estricto o restringido. 

Juicio de desahucio por precario. 

La vivienda vacía «se protege» civilmente a través de los procesos «sumarios» interdictales o de protección del derecho real inscrito ( art. 250.1.4 LEC en relación con el 446 CC y 250.1.7 LEC ) o del desahucio por precario (con fuerza de cosa juzgada, y por ello con plenitud de conocimiento y medios probatorios, relativo al ámbito posesorio de cuya recuperación se trata), con fundamento en el derecho a la posesión real del titular y con las consecuentes facultades de exclusión y de recuperación posesoria, derivados del CC y de la LEC (sin que pueda oponerse la posesión clandestina y sin conocimiento del poseedor real que conforme al art. 444 CC no afectan a la posesión) (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 15 de abril de 2009, Roj: SAP B 8720/2009). 

El juicio verbal de desahucio por precario, regulado en los arts. 250.2 y 437 y ss. LEC sustituye al antiguo de desahucio por precario regulado en los arts. 1561 y ss. LEC de 1881, acción que procedía, entre otros casos, contra aquella persona que «disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana, sin pagar merced», entendiendo la jurisprudencia que la situación de precario era la caracterizada por el uso y disfrute de una cosa ajena sin pagar merced y sin que existiera ningún tipo de título que legitimara dicha situación (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 22 de noviembre de 2013, Roj: SAP B 12605/2013). 

Postura favorable a la demanda contra personas desconocidas. 

El art. 12.1 LEC impide que no resulten directamente afectados o vinculados por la sentencia quienes no han tenido oportunidad de ser oídos y vencidos en el juicio y por ello dispone que cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Pues bien, ejercitada una acción de desahucio por precario, resulta innecesario demandar a todos y cada uno de los que habitan en la vivienda de forma más o menos estable, sino a quien se irroga la titularidad de la posesión, siendo las consecuencias de la sentencia en relación con los demás miembros de la familia un efecto reflejo (STS, Sala 1ª, de 13 de octubre de 2010, Roj: STS 5518/2010

Cuando se demanda a un colectivo integrado por personas desconocidas que, por la propia composición de los grupos ocupantes, sufren constantes modificaciones (caso de los ' ocupas» o en grupos análogos), no puede exigirse al demandante que dirija la acción contra todas las personas que hayan podido ocupar la vivienda en un momento determinado. De este modo, resultando inviable la determinación de las personas o grupos que al tiempo de presentar la demanda integraban el colectivo de integrantes de la vivienda objeto de la litis únicamente cabría exigir a la actora la precisión de la demandada por la única información de que podría disponer en aquel momento a los efectos exigidos por el art. 6 LEC (SAP MADRID, Sección 13ª, de 14 de junio de 2013, Roj: SAP M 11146/2013). 

El hecho de que durante el juicio se acredite la concurrencia de otras asociaciones y personas físicas que ocupen el inmueble en situación de precario no impide apreciar el cumplimiento de los requisitos de exhaustividad y congruencia que para las sentencias exige el antedicho art. 218 LEC. La imposibilidad material de conocer las asociaciones y personas físicas que ocupaban en la finca al tiempo de presentar la demanda y que incluso han accedido a ella a lo largo del presente procedimiento, no priva de exhaustividad a la sentencia que acoge los pedimentos de la demanda en relación con la única asociación integrante del colectivo que se conocía y que, como tal, ha comparecido juicio aceptando su legitimación pasiva (SAP MADRID, Sección 13ª, de 9 de febrero de 2012, Roj: SAP M 3556/2012

Ciertamente existen dificultades, más aparentes que reales, para la determinación de la legitimación pasiva a la que forzosamente ha de llegarse mediante una interpretación finalística y racional de las reglas de personación e intervención, pues la indeterminación de poseedores en el tiempo no puede impedir, por la propia naturaleza recuperatoria de la acción que se ejercita dirigirla no solo (y simplemente) frente a quienes aparecen como poseedores actuales, sino (máxime cuando la identidad de aquellos no se conoce ni se puede conocer, o se trata se ocupaciones temporales o de distintas personas para actividades diferentes) también frente a los «ignorados ocupantes» o expresión similar, que podrán identificarse durante el curso del procedimiento; tal posibilidad deriva del mismo art. 437 LEC , cuando al establecerse los datos a consignar en la demanda alude expresamente a «los datos y circunstancias de identificación de actor y demandado...», sin exigir sus nombres y apellidos, lo cual ya venía siendo reconocido por el TS (así las SS. de 15.11.1974 , 1.3.1991 ,....: basta cualquier circunstancia que permita su identificación, aquí, el hecho de la ocupación efectiva respecto del objeto del pleito); en todo caso, cabrían diligencias preliminares ex art. 256.1 LEC que, según lo expuesto, resultarán poco efectivas (podrán no ser los mismos ocupantes en el momento de la citación) (SAP BARCELONA, Sección 13ª, de 15 de abril de 2009, Roj: SAP B 8720/2009

Efectivamente el art. 437.1 LEC dispone que en la demanda que de principio al procedimiento se consignaran los datos y circunstancias de identificación del demandado o demandados y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados; pero tampoco puede ignorarse la gran dificultad que entraña la tarea de llegar a conocer las circunstancias personales de quienes ocupan sin título, consentimiento o habilitación de sus propietarios, las viviendas, edificios o locales ajenos y a los que, por lo común, acceden mediante el empleo de la fuerza (SAP MADRID, Sección 13ª, de 27 de noviembre de 2012, Roj: SAP M 19941/2012). 

Nos hallamos ante dos situaciones merecedoras de la tutela judicial, la de quien habiendo sido despojada de la posesión de un bien inmueble de su propiedad quiere recuperarla frente a quien, sin título y por un acto de fuerza, la ocupa ilegítimamente y la de este a obtener la posibilidad de ser oído en el procedimiento en que se va a dirimir el derecho del propietario a detentar la posesión material de la vivienda que le pertenece; sin embargo, existen disimilitudes esenciales una, que el propietario se ve forzado a tener que recuperar la posesión de la que ha sido privado sin su consentimiento, mientras que el detentador sin título se ha puesto voluntariamente en tal situación y la otra, que la posibilidad de que el demandado obtenga la referida tutela judicial solo depende de su voluntad, pues basta que se identifique correctamente en el acto de llevarse a cabo su citación o emplazamiento en la forma que se preceptúa en los arts. 155 y 158 en relación con el art. 161 LEC y reciba la copia de la resolución o la cédula, disponiendo, en todo caso y en su defecto, de la ocasión del conocer la existencia del procedimiento y defenderse en su seno a través de la citación edictal regulada en el art. 164 de la misma Ley, al fijarse copias de aquéllas no solo en la oficina judicial sino en la vivienda ocupada sin título, por así haberse solicitado en la demanda. 

Postura contraria a la demanda contra personas desconocidas. 

Es cierto que conforme al derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 CE el que la vivienda cuyo desalojo se pretende se encuentre ocupada por diversas personas, que incluso pueden cambiar repetidamente, dándose el caso, que denuncia el demandante, de que aquella frente a la que primariamente se dirija la demanda no sea la que haya de soportar la ejecución, pero la legislación vigente contempla medios procesales para resolver la cuestión manteniendo todas las garantías procesales de las partes, también de la parte demandada, en el presente caso de los ocupantes, u «ocupas», según la terminología al uso; no se trata de cerrarle todas las puertas al demandante, lo que sería contrario a la tutela judicial citada, pero sí al menos que las que se ofrecen por el legislador hayan de ser utilizadas, sin perjuicio de acudir a la vía propuesta por el actor si fracasasen, como último medio de hacer valer el derecho de acudir a los tribunales. Tal es el caso de las diligencias preliminares del art. 256 LEC, a fin de identificar y relacionar con la vivienda a quienes resulten ser moradores de la misma. No es posible, con la sola afirmación de que se desconoce quienes puedan ser los ocupantes de la vivienda, efectuar un emplazamiento y demás actos procesales de comunicación con las partes sin las mínimas garantías procesales para quien pueda ser demandado y parte en el proceso; el art. 155 LEC contiene diferentes procedimientos para los actos de comunicación, todos ellos válidos, unos en defecto de otros, pero siempre sobre la base de una previa individualización de la o las personas frente a las que se vaya a dirigir la demanda y con quienes se vayan a practicar tales actos (AAP SEVILLA, Sección 6ª, 27 de octubre de 2009, Roj: AAP SE 2864/2009)

08 noviembre 2014

La subsanación en la práctica de la tasación de costas.


Presentada la solicitud de tasación de costas, las minutas y los justificantes, el Secretario Judicial puede entender que alguna de aquellas es incorrecta o aprecia, por ejemplo, la ausencia de una factura que sin embargo, se reclama por el actor. ¿Cabría una subsanación previa a la práctica de la tasación de costas? En el primer caso, la respuesta es negativa. Las normas que regulan la práctica de la tasación no permiten ninguna subsanación, porque aquí no hay un defecto en un acto procesal de la parte (art. 231 LEC), sino unas minutas que deberán atenerse a las exigencias legales (art. 243.2 LEC), sujetas a un primer control del Secretario Judicial – en lo que la ley establece- y a una posterior impugnación de la parte contraria. La subsanación persigue que el acto procesal no sea defectuoso y eso nada tiene que ver con la exclusión de partidas en una minuta, pues la tasación se habrá practicado a instancia de la parte (acto procesal valido y eficaz) y, en otro caso, no creo que deba anticiparse el momento en el que el Secretario Judicial se pronuncie sobre la minuta. 

Y esto es lo que viene a decir la SAP VALENCIA, 361/2009, Sección 6ª, 19 de junio de 2009 (Roj: SAP V 2740/2009). Aunque la práctica de la tasación no es una labor mecánica, en cuanto no debe incluir en ella sin más las minutas presentadas y por el contrario incluye una labor de estudio de la legalidad de las partidas minutadas, lo cierto es que no existe previsión legal para la práctica del requerimiento de aportación de nueva minuta. En esa labor de estudio de legalidad, el Secretario Judicial podrá conforme a lo dispuesto en el art. 243.2 LEC excluir de la tasación "los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley", como también "las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito" y también podrá aplicar la reducción del art. 394.3 LEC. Dicho esto, una vez efectuada la pertinente solicitud el Secretario Judicial debe practicar la tasación, sin perjuicio de que pueda excluir o reducir las minutas en los términos expuestos, o, en su caso, acomodar las minutas de los profesionales sujetos a arancel a lo establecido en éstos, pero en modo alguno puede con carácter previo a la práctica de la tasación requerir a los profesionales para que ajusten sus minutas a la cuantía del proceso, pues no se contempla en ningún precepto tal posibilidad. 

En definitiva, las normas procesales son las que marcan el cauce a través del cual debe desarrollarse y desenvolverse el proceso y hay que atender, por lo tanto, a lo que dispone en cada caso la ley y en relación con la tasación de costas, el art. 243 LEC es rotundo y tajante: el juez queda al margen de dichas actuaciones; y, en consecuencia, no puede intervenir en la práctica de la tasación, correspondiendo al Secretario judicial la misma función de vigilar por la legalidad de las actuaciones procesales, debiendo ejercerlas conforme a lo que resulta de los artículos que regulan la tasación (AAP BARCELONA, 161/2010, Sección 4ª, 9 de septiembre de 2010, Roj: AAP B 4240/2010). 

Hay una segunda subsanación que examinar ya apuntada antes. No veo obstáculo legal para que la parte pueda completar, mediante requerimiento del Juzgado, la documental que haya adjuntado con la petición de tasación de costas, si reclama algún concepto y no presenta la factura correspondiente. La única razón que justifica esta respuesta es la posibilidad de evitarnos una petición de aclaración posterior o incluso una impugnación de la tasación de costas y, siendo cierto que el art. 244.2 LEC establece que una vez acordado el traslado de la tasación no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda, no lo es menos que este requerimiento entra dentro de la función jurídico-contable que realiza el Secretario judicial. A pocos escapa que para reclamar el reembolso de la factura del perito o la del Registro de la Propiedad, habrá que presentarla en el Juzgado. 

Otra cosa es que la omisión de la parte – y la falta de requerimiento- impida la práctica de la tasación de costas. Presentadas o aportadas al tribunal las minutas de honorarios, notas de derechos o cuentas de gastos, resulta indiferente, a los efectos de la práctica de la tasación de costas, la presentación de los oportunos justificantes de pago; pues ello no será óbice para la realización del trámite procesal de tasación. 

Pero en cualquier caso deberá haberse incluido en la minuta el gasto realizado y se dice esto porque toda partida presupone, en principio, la existencia de un crédito y este crédito no se extingue por no haberse solicitado la inclusión en la tasación de costas, pudiendo ser reclamado como un crédito ordinario de quien y como corresponda (lo único que se pierde es la posibilidad de incluirlo en la tasación de costas y su inmediata exacción por el procedimiento de apremio) (SAP MADRID, 147/2011, Sección 21ª, 16 de marzo de 2011, Roj: SAP M 3587/2011).

20 octubre 2014

La ampliación de la ejecución en reclamaciones de propiedad horizontal


Dice el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, 15 de mayo de 2009 (Roj: AAP VA 269/2009) que la invocación del principio de economía procesal no puede servir para incluir indiscriminadamente en la ejecución de la sentencia firme, el pago de cantidades que no fueron objeto de expresa reclamación en la litis y que no encuentran acomodo en la previsión ampliatoria del art. 578.1 LEC. Del referido precepto resulta que si despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma o la obligación en su totalidad, la Ley contempla dos posibilidades: a) entender ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento; y b) si el ejecutante solicita esta ampliación en la demanda, se advertirá al ejecutado, en el momento de notificarle el auto despachando ejecución, que ésta se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieran consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes (AAP SALAMANCA, Sección 1ª, 20 de abril de 2007,Roj: AAP 4/2007). 

La verdad es que el precepto ha tenido escaso éxito debido a que su ámbito de aplicación es ciertamente limitado. La esencia de la denominada ampliación de la ejecución —sigo ahora lo resuelto en el AAP CIUDAD REAL, Sección 1ª, 13 de junio de 2008 (Roj: AAP CR 596/2008)—, es la absoluta identidad de los nuevos plazos que van venciendo durante el proceso ejecutivo con aquellos en que se basó la demanda inicial. Es decir, el art. 578 provee a la situación generada por las deudas de tracto sucesivo, en las que, por el requisito de la exigibilidad, sólo puede solicitarse ejecución de aquellos tramos de la deuda que estén vencidos al tiempo de la demanda, pero en las que, el inexorable paso del tiempo unido al desarrollo de la misma obligación, se sabe de antemano que la deuda exigida se irá incrementando. Por eso, el art. 578 requiere el vencimiento de un «nuevo plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede», con lo que expresa esa identidad absoluta a que se ha hecho referencia. Ello no quiere decir que, si del título ejecutivo se deduce, no tenga derecho a reclamar por otros conceptos o en base al otro miembro de la alternativa, aunque deberá presentar una nueva demanda. 

Importa destacar que esa conclusión tiene mucha trascendencia, pues «en la ampliación a la ejecución no se permite ya oposición específica, en cuanto no se retrotraen las actuaciones, y ello se explica porque la oposición se dirige a la deuda en sí misma contemplada en su unidad. Pero, si no se dan esos requisitos se tiene que garantizar al ejecutado la posibilidad de oposición, que únicamente se asegura con la nueva demanda». Por ésta razón, una vez resuelta la oposición, no caben nuevas ampliaciones de la ejecución, toda vez que queda agotado el objeto propio del proceso en curso, que no puede artificialmente ser dilatado por esta vía de la ampliación al no tener acogida en el art. 578 LEC (AAP MADRID, Sección 24ª, 23 de enero de 2008, Roj: AAP 476/2008). 

En estas circunstancias es difícil —sino imposible— encontrar ampliaciones fuera de los procesos de familia y determinados cambiarios y, por lo mismo no será posible reclamar en el juicio monitorio ni acumular en la ejecución del mismo, ex art. 578 LEC, otras deudas del copropietario moroso que no consten en la certificación aun cuando sean debidas en el momento de iniciarlo. En la actualidad, el art. 21 LPH no hace referencia a esta posibilidad (como lo hacía en la anterior redacción del núm. 11 del art. 21 LPH), lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia como una especialidad de este tipo de juicio. 

En todo caso, y si bien es cierto que es una obligación de todo propietario integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al adecuado mantenimiento y sostenimiento del inmueble, sin embargo la determinación del importe en que deba contribuir para cumplir con esta obligación deriva de los concretos acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios en cada caso, que es quien establece el importe o cuantía de las cuotas a abonar por los diferentes propietarios así como el número de aquéllas, obedeciendo la determinación de estas cuotas, en su cuantía y número, a causas diferentes con las que además cada uno de los propietarios en cuestión puede o no estar de acuerdo, siendo por ello por lo que aun cuando sea una sola la obligación del propietario de un piso o local integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al mantenimiento y sostenimiento del inmueble, no pueden considerarse como vencimientos sucesivos de esa obligación las cuotas a abonar en cada caso por aquéllos en tanto derivan de los sucesivos acuerdos adoptados en Junta por los diferentes propietarios a tal fin. No podemos olvidar, por otra parte, que el despacho de ejecución tiene su origen en un auto (hoy decreto) dictado en procedimiento monitorio, siendo precisamente la resolución dictada en tal proceso monitorio, el título que lleva aparejada la ejecución, sin que desde luego pueda considerarse como título ejecutivo, la mera certificación del Secretario de una Comunidad de Propietarios en la que constan las cuotas impagadas por uno de los propietarios integrados en tal comunidad (AAP MADRID, Sección 21ª, de 28 de marzo de 2012, Roj: AAP M 6205/2012). 

Habrá que iniciar un nuevo monitorio para reclamar las cuotas que hayan ido venciendo tras la presentación de la petición inicial, puesto que es necesario nuevo acuerdo de Junta por el que se apruebe la nueva liquidación (art. 21 LPH) (SAP de la Palmas, Sección 3ª, de 29 de febrero de 2008, LA LEY 72776/2008).

06 octubre 2014

De mayor, quiero una UPAD.


Después de un curso en el CEJ en Madrid de día y medio de duración sobre ejecución civil, que me ha permitido reconfirmar el mucho talento escondido en el Cuerpo de Secretarios Judiciales haciendo la estadística a palotes o, perdiendo el tiempo interpretando leyes hechas con partes del cuerpo propias de otras especies del Reino Animal y que no voy a citar, el aterrizaje en el Juzgado fue el habitual, porque a falta de torre de control, de coordinadores de pista y con la tutela judicial efectiva cerrando hangares con toneladas de papel, lo raro es que algo funcione como debe. 

Así que con la mesa ocupada por peticiones absurdas y previa encuadernación, por amontonamiento, de las sentencias, los autos y los decretos del trimestre en una caja de folios vacía, que remato con cinta de carrocero y una indicación en la tapa superior del año, trimestre y contenido, los años que uno va teniendo y la evidente falta de agilidad que se proyecta en una rehabilitación de rodilla que no acaba nunca, llevan a concluir en la imperiosa necesidad de buscarme un destino que responda a mis conocimientos, a mi escasa flexibilidad de espalda y a una imposibilidad facial de besar lo que no quiero; flexibilidad y besuqueo sin escrúpulos que, por si lo ignoran, le da mucho brillo y esplendor al currículo y tienen mucho que ver con los requisitos que se publican en el BOE para acceder a determinados puestos de trabajo (no hablemos ya de las designaciones directas). 

No confunda los términos, querido lector, que escribo en primera persona y no quiero hacerme más amigos. La genuflexión de rodilla y de espalda y el besuqueo es cuestión de gustos (o de féminas, digámoslo) y para estos colores y, con tan filosófico razonamiento concluyo que si la cosa ha ido para atrás los primeros veinte años nada hace presumir que avance algo los próximos veinte y, bajo dicha presunción creo que ya he tenido bastantes reformas de la justicias, expedientes digitales y aplicaciones informáticas que no funcionan y no quiero más

En suma los años de servicio, las cervezas mal tiradas, el sueldo de vergüenza que me pagan y con el que satisfago mis gastos y los de la famosa casta (ojo, que aquí incluyo a los de Podemos, que van de estupendos por la vida, mientras en la Complutense de Madrid han cerrado la Editorial con ocho a la calle y un intento de indemnización muy proletario de 20 días por año) y que siempre viví mejor con los Jueces, aconsejan que en cumplimiento de la Orden JUS/76/2014, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, de mayor – que ya lo soy- me quede en la famosa UPAD o sea la Unidad Procesal de Apoyo Directo o, conocida también en zona NOJ (Nueva Oficina Judicial) como el SPA, aunque falte el agua. 

Esto tampoco significa que desconfíe de las futuras reformas de las justicias, los próximos expedientes digitales y las aplicaciones informáticas que no funcionaran, sino que la amenaza de quedarme sin carpetillas para demandas, si prefería encuadernar sentencias, autos y decretos en libros que nadie consulta (no lo cuenten, pero los tenemos grabados en el sistema informático) fue un golpe del que no he podido recuperarme y sí a eso le sumamos que no tengo ni medio punto por el idioma del territorio (ni ganas), cumplo todos los requisitos legales, paralegales y mediopensionistas para atender a tres magistrados, si es que no tienen a bien modificar la estructura para cuando llegue a Valencia la NOJ (Nueva Oficina Judicial).

03 octubre 2014

La manifestación de bienes del ejecutado: requisitos y consecuencias prácticas.


La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 introdujo como novedad en el art. 589 la manifestación de bienes del ejecutado, pero la reforma posterior del año 2009 no solucionó ninguno de los problemas de la aplicación del precepto, limitándose a atribuir al Secretario Judicial la orden del requerimiento, mediante diligencia de ordenación y la imposición de la multa en el apartado 3. Así que, salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título (art. 589.1 LEC). 

La falta de designación de bienes por el ejecutante ha dejado de ser un requisito y se ha transformado en una mera de fórmula impresa en las demandas de ejecución. Han desaparecido los grises que en los primeros años de aplicación de la ley motivaron interesantes estudios sobre esta cuestión y, hoy el ejecutante designa bienes suficientes haciendo inútil cualquier medida de averiguación (en pocas ocasiones) o, no designa ninguno y postula la práctica de toda clase de medidas de investigación y ejecución. A partir de ahí el asunto se complica porque nada más dice el art. 589 LEC. 

Para empezar la Ley no prevé quién debe hacer la manifestación de bienes. No hay dificultades en el caso de personas físicas, pero en el de las personas jurídicas el art. 7 LEC, permite afirmar que responderán al requerimiento sus administradores o las personas que legalmente la representen y, cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. El responsable del incumplimiento del requerimiento será la persona jurídica. 

¿Puede hacerse el requerimiento al procurador de la ejecutada? La respuesta es negativa. El ejecutado habrá de ser requerido personalmente, incluso cuando ya esté personado y representado mediante Procurador. Estamos, por tanto, frente a uno de los supuestos excepcionales a que se refiere el art. 28.4 LEC, en que se prescinde que el acto de comunicación se lleve a efecto a través del Procurador. Por otro lado, del requerimiento pueden derivarse consecuencias penales y multas coercitivas de dudosa efectividad, si el ejecutado adujera el desconocimiento personal del requerimiento y, consiguientemente, su falta de culpabilidad. 

Cabe decir lo mismo de la forma en que debe realizarse. Si buscamos la eficacia de la orden y su cumplimiento (voluntario u obligado por la multa) deberá hacerse siempre mediante la entrega al destinatario (persona física) de copia literal del requerimiento que el Secretario judicial le dirija (art. 152.2.3ª LEC) admitiendo la respuesta que pueda dar (art. 152.4 LEC). De lo contrario entraremos en discusiones inacabables sobre la posibilidad de hacerlo por correo, la forma en que el requerido puede contestar y las consecuencias de la desatención, si ha sido otra persona la que firmó el acuse de recibo. 

El contenido del requerimiento aparece en el ya transcrito apartado 1 del art. 589 LEC y como el ejecutado suele contestar parcialmente u oculta datos esenciales de su patrimonio, no solo debe advertírsele con toda claridad de las consecuencias de las respuestas indebidas (art. 589.3 primer párrafo LEC), sino que es conveniente que el Juzgado en el momento de la practica cuente con información patrimonial del requerido, lo que simplifica notablemente la diligencia y evita esas respuestas evasivas. Con ello advertimos de dos aspectos de notable importancia: a) carece de sentido practicar el requerimiento cuando de la información patrimonial resulta la inexistencia de patrimonio o su patente insuficiencia (vg. el ejecutado solo cobra una pensión o la prestación por desempleo) y b) la diligencia deberá realizarse por el propio órgano ejecutor sin valerse del auxilio del servicio común, pues no se trata tanto de comunicar, sino de averiguar y esto solo podrá llevarse a cabo mediante la intervención directa del Secretario Judicial y de la parte ejecutante, que deberá ser citada al acto. 

Por último la manifestación de bienes no vulnera el derecho a declarar contra uno mismo ex art. 24.2 CE ya que la aplicación del mismo se circunscribe al ámbito sancionador (penal o administrativo). Esto es, la modificación introducida en la ley procesal civil para favorecer la persecución de los bienes de los deudores se hizo con la finalidad de acabar con la situación escandalosamente injusta de que los deudores pudieran impagar sus deudas impunemente. Para favorecer la ejecución, se le impone al deudor un especial deber de colaboración, que se concreta en su obligación de designar los bienes de que sea titular

25 septiembre 2014

La cuantía del asunto no se discute en la tasación de costas para impugnar honorarios.


Sorprende que pese a los años transcurridos desde la entrada en vigor de la LEC y las audiencias previas en las que se discute la cuantía del pleito, nos encontremos con que llegada la tasación de costas aparezca como autor invitado los honorarios orientativos del Colegio de Abogados, que no fue llamado al pleito y que no tiene ningún interés en su resolución por una omisión del Código Civil y que resumo: no es fuente del derecho. 

La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque un alto porcentaje de las impugnaciones de las tasaciones de costas se fundan en que la cuantía del asunto es esta o aquella, según la Disposición no sé cuál del Baremo orientativo o, peor aún, que sumadas las minutas de los dos letrados de las partes contrarias, aplicando la Disposición no sé cuál y dividiendo el resultado por dos, las dos minutas serían excesivas. 

Sucede, por una parte, que las normas orientativas de los Colegios de Abogados no vinculan a los órganos judiciales y en modo alguno sirven para contradecir la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (entre otros ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 15 de julio del 2011(ROJ: ATS 7386/2011) ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 12 de julio del 2011(ROJ: ATS 7824/2011) y ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 12 de julio del 2011(ROJ: ATS 7396/2011). ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 21 de junio del 2011 (ROJ: ATS 6884/2011) ATS, Sala 1ª, Sección 1ª, 7 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 10639/2010) y STS, 876/2008, Sección 1ª, 26 de septiembre del 2008 (ROJ: STS 4778/2008) y por otra, que la ley prevé un trámite de admisión en el art. 245 LEC que incluye el examen de esta clase de impugnaciones y que en modo alguno puede incluirse en el art. 246.1 LEC

El problema es que el asunto está llegando al extremo que en la impugnación se pide el examen del baremo orientativo con arreglo a la cuantía del proceso que el impugnante ha tenido a bien fijar y, ni que decir tiene, el Informe del Colegio de abogados, hábilmente sea dicho, elude el asuntillo de la cuantía y entra en el del baremo, concluyendo lo que tiene oportuno, resultado que tampoco tiene mayor valor vista la doctrina del Tribunal Supremo de los años 2013 y 2014. 

Digo esto porque en el ATS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1762/2014) se lee lo siguiente:
cita:

Como ya se ha pronunciado esta Sala en otras ocasiones (Autos de 8 de enero de 2008 , 19 de mayo y 16 de junio de 2009, entre otros) no se trata de predeterminar, fijar o decidir cuales deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios, libremente estipulada por las partes contratantes, sino de determinar la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado minutante, pues aunque la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito entre los que se incluyen los honorarios del letrado, la minuta incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de alegaciones del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados, ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales. 
Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en especial el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, el número de recursos interpuestos, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, el escrito de alegaciones, y considerando, como se ha explicado, que no se trata de fijar los honorarios derivados de los servicios del letrado minutante respecto de su cliente que libremente le eligió, sino de cuantificar un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal de vencimiento objetivo, procede desestimar la impugnación de honorarios formulada y fijar el importe de la minuta controvertida en la cantidad de 417,90 euros, con el impuesto sobre el valor añadido correspondiente.

Doctrina que también se defiende en los ATSS, Sección 1 del 25 de febrero de 2014 (ROJ: ATS 1525/2014) 18 de febrero de 2014 (ROJ: ATS 1537/2014) de 4 de febrero de 2014 (ROJ:ATS 1052/2014) y de 3 de diciembre de 2013 (ROJ:ATS 11407/2013) entre otras resoluciones. 

Pues bien, en el caso que analizamos no hay verdadera impugnación y solo cabe la inadmisión a trámite de la que se formule, que es para lo que está el art. 245 LEC, cuando se alteran los términos de la litis partiendo de una cuantía que no es la fijada en las resoluciones que se hayan dictado en el proceso y, siendo esto así no cabe luego rebatir como se aplicó el baremo respecto a ese importe ficticio. 

Entiéndase bien lo que se lee: no se discute lo que un Abogado puede o debe cobrar, lo que se rechaza es que en el trámite de la tasación de costas se pretenda discutir un particular inamovible (la cuantía del pleito) y se pretendan aplicar unas normas que no vinculan y que además no responden a la realidad. Y por cierto, el conflicto solo se plantea con los Colegios de Abogados, porque, por citar un ejemplo, el de Arquitectos me remitió hace años un informe de un párrafo en el que decía que siendo los honorarios libres, no informaba sobre los mismos.

23 septiembre 2014

Jura de cuentas: naturaleza y competencia (ATS 1-7-2014)


La única y famosa, STCJ de 28 de septiembre de 2011 (Roj: STS 6232/2011) resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de jura de cuentas contra el consistorio sosteniendo que el expediente de jura de cuentas no sólo había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, sino que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales. El concepto de jurisdicción no permitía ampliaciones periféricas a partir de un núcleo central. 

Pues bien, el reciente ATS, Sala 1ª de 1 de julio de 2014 (Roj: ATS 6173/2014) afirma sobre la naturaleza de la jura que es un procedimiento especial porque va dirigido exclusivamente a hacer efectivos de forma inmediata los créditos derivados de la actuación profesional desarrollada de manera que -aunque es posible una fase sumaria de alegaciones- lo que se pretende es conseguir de forma rápida el pago o el despacho de ejecución , según se deriva del art. 34 LEC , sin prejuzgar la decisión definitiva de la controversia que pueda suscitarse entre el procurador y su poderdante sobre la relación contractual existente entre ambos. Y cito literal:


2. En la solicitud que abre el procedimiento de jura de cuenta, en puridad, no se ejercita una acción declarativa o de condena, ni una acción cautelar, ni ejecutiva -aunque, después, el procedimiento pueda concluir con una resolución que fije la cantidad debida y con un despacho de ejecución -, sino una petición de pago de los gastos de representación del cliente devengados en un proceso precedente, que -al someterse al filtro del órgano judicial- produce una consecuencia que no tendría el requerimiento de pago efectuado de forma privada por el procurador, como es la obtención de un título de ejecución. 
3. Consecuencia de esta configuración de la jura de cuenta, semejante en lo sustancial a un juicio monitorio pero seguido en relación con un proceso precedente, es que la LEC otorga la competencia al órgano judicial en el que -según establece el artículo 34 LEC - radique el proceso en el que se ha desarrollado la actuación del procurador que da lugar a la jura de la cuenta, pues es este órgano judicial el que está en mejor disposición de resolver las incidencias que pueden suscitarse sobre la cuenta reclamada, en especial las que se susciten en la fase de oposición según contempla el artículo 34.2.II LEC.

Termina afirmando el Tribunal Supremo que esto es distinto a que fijada la cantidad que debe pagarse en la forma establecida en el art.34.2.II LEC -o porque no haya oposición -, el proceso de ejecución que siga a continuación se vea afectado por la situación de concurso del poderdante, dado que el artículo 8.3 de la Ley Concursal confiere al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente para toda ejecución frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que lo haya ordenado

19 septiembre 2014

El cómputo de los plazos en la presentación de escritos en el proceso civil (ii)


Plazos y términos, plazos civiles y procesales. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil distingue con claridad lo que es un término – concreta determinación temporal para la práctica de un acto procesal–, de lo que es un plazo – lapso de tiempo en el que dicho acto puede realizarse– y según el art. 132.1, «las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas», operando en otro caso la preclusión y perdiéndose la oportunidad de realizar el acto de que se trate (art. 136 LEC). Y ello porque los arts.134 y 136 LEC tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez (STC 202/1988, de 31 de octubre), pues los requisitos procesales no se hallan a disposición de las partes (STC 104/1989, de 8 de junio) y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción o a los recursos legalmente establecidos, no permite llegar a la consecuencia de que exista una prorrogabilidad arbitraria de los plazos ni de que estos puedan quedar a la disposición de las partes (STC 1/198), de 16 de enero). El automatismo de los plazos es una necesidad para la recta tramitación de los procesos, siendo de señalar que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción, cuyo carácter preclusivo está informado por la naturaleza propia del ordenamiento procesal, que en aras del orden público de que es fiel reflejo, ha de garantizar la seguridad jurídica (SSTS de 14 de octubre de 2004, RC 3634/1996) . 

Con el Lexnet y la Ley 41/2007 apareció un nuevo cómputo de plazos. Según el art. 6.1 Decreto 84/2007 el sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicara la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales. 

Así las cosas el asunto quedaba limitado a relacionar los arts. 135 LEC y 6 del Decreto 84/2007, pero sucedió que los protocolos de implantación del sistema han fijado plazos para la remisión de las notificaciones (entre las 09.00 horas y las 15.00 horas o, entre las 08.00 y las 20.00 horas) y esta exigencia no prevista en la ley y contradictoria con el art. 6 del Decreto parece obedecer al hecho que los Colegios de Procuradores carecen de la infraestructura que permite la realización de notificaciones fuera de estos periodos de tiempo (GUDIN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Antonio. «Problemas prácticos derivados de la implantación de Lexnet: la experiencia de la Audiencia nacional en materia de notificaciones» Revista Internauta de Práctica Jurídica, número 23, año 2009, págs. 41-65) Y aún nos queda una última variación. La práctica de una notificación por Lexnet y la entrega, en otra fecha, de un documento al Procurador mediante su remisión al Servicio Común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (mandamientos dirigidos al Registro de la Propiedad). 

Pero antes de seguir es evidente que no pueden confundirse términos procesales y sustantivos, pues mientras los procesales son improrrogables (art. 134.1 LEC) y cuando fenecen, hacen decaer la posibilidad de ejercitar el derecho produciéndose la preclusión (art. 136 LEC), los de naturaleza sustantiva no suponen la desaparición del derecho, si son de prescripción y nadie la opone; facilitándonos el art. 185.1 LOPJ un argumento más para diferenciar ambos tipos en tanto «los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil» (RODRIGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo. «¿Resulta de aplicación el art. 135.1 LEC a los escritos de demanda o debe entenderse que si se presenta al día siguiente al del vencimiento del plazo habrá caducado o prescrito la acción? ». Revista SEPIN Publicación: LEC-65. Julio de 2006. Pág. 11 Referencia: SP/DOCT/2899) 

Y en la misma línea y por último la STS, Sala 1ª, de 11 de julio de 2011 (LA LEY 111575/2011) afirma que: 

 (i) La Sala ha reiterado la diferencia existente entre plazos procesales y sustantivos al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción. 

(ii) El art. 135 LEC es una regla prevista para plazos procesales y no para los sustantivos, en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado. Esto es, en los plazos civiles el cómputo debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el art. 5 CC (para los plazos fijados por meses se computarán de fecha a fecha, sin excluir en ningún caso los inhábiles), mientras que solo en los procesales, resulta aplicable la especialidad prevista en los arts. 185 LOPJ y 135.1 LEC. (STS, Sala 1ª, de 22 de enero de 2009, LA LEY 98/2009). 

(iii) La acción judicial que pone en movimiento el derecho se materializa a través de la presentación de una demanda, que es un acto procesal sujeto a normativa procesal. El problema no es tanto de plazos, pues su computación no se ve alterada, ni se prolongan los días de los que dispone el interesado sino de permitir al titular de un derecho, cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad, disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 CC que, aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así. 

El cómputo de plazos. 

Dice el art. 133 que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas. Explica MAGRO SERVET que el día del acto procesal inicial de comunicación es irrelevante y no se cuenta, sino a partir del siguiente día, con lo que el día de la comunicación por el órgano judicial a la parte, no directamente sino por Lexnet no tiene ningún efecto procesal concreto en cuanto a que no abre plazo alguno, sino hasta el día siguiente hábil en el que se va a tener por realizado el acto de comunicación a la parte. (MAGRO SERVET, Vicente. «Cómputo de los plazos para presentar escritos o interponer un recurso ante un órgano judicial tras la notificación vía Lexnet». Revista Práctica de Tribunales, Nº 107, Sección Tribuna Libre, Marzo-Abril 2014, Editorial LA LEY) No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste. 

Por su parte el art. 151 LEC establece que los actos de comunicación que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art. 162 LEC. Y como dice la reciente STS, Sala 3ª, Sección 3ª de 9 de junio de 2014 (Roj: STS 2272/2014) el «resguardo acreditativo de la recepción» por medios telemáticos e informáticos, al que se refiere el apartado 2 del art. 151, por remisión al art. 162.1 de la misma Ley, es precisamente el que acredita que la comunicación procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al buzón del Colegio de Procuradores (así, el art. 7.4 del Real Decreto 84/2007), sin que sea necesario un nuevo «reenvío» o «remisión» particularizada desde dicho Colegio a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y libre acceso a aquél. 

Nos aparecen aquí dos nuevas singularidades. La ya vista del art. 278 LEC aplicable a aquellos casos en que haya mediado el previo traslado de copias entre procuradores (art. 276 LEC) en que «el plazo comenzará su curso sin intervención del tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho constar en las copias entregadas». Y la del art. 151.2 LEC que dispone que los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción, cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art. 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Téngase en cuenta que la previsión del traslado sin intervención del órgano judicial ha tenido escaso éxito porque parece lógico esperar a una primera resolución para luego adoptar la postura que la parte entienda oportuno y, en cuanto al inexplicable «día siguiente» del art.151.2 LEC, no solo mejora a determinados «notificados», sino que es inaplicable cuando el acto de comunicación se haya practicado por medios distintos (acuse de recibo, entrega personal al interesado, fax, etc.). 

Entenderá mejor el lector con un ejemplo lo que la ley dice. Si la notificación se hace un viernes el acto se entiende notificado, no el mismo viernes en el que en teoría llega y se recibe en el servicio del Colegio de procuradores vía Lexnet, sino el lunes, al ser inhábiles el sábado y el domingo comenzando a correr el plazo al día siguiente, es decir, el martes; si se trata de un plazo de tres días y realizándose el computo de martes a jueves, el uso de la prórroga del art. 135.1 LEC permitiría la presentación del escrito hasta el viernes a las 15 horas, con lo que se estarían «ganando» dos días hábiles y siete reales desde que el viernes anterior se notificara la resolución inicial. 

Llama la atención que una simple operación aritmética y no otra cosa es el cómputo de un plazo, se complique de forma tan inexplicable cuando hubiera bastado arbitrar alguna clase de prórroga en el caso que fuera necesario. Al contrario, en nuestro ordenamiento rigen la improrrogabilidad, la preclusión y toda clase de moratorias en las fechas inicial y final y, según la clase de interviniente o notificado. Sorprendente manifestación que nos impide la formulación de ninguna regla general porque el cómputo se adaptará a la acción ejercitada en cada proceso y no al revés, siendo así que en la realidad la única dificultad, de escasísima importancia, aparece cuando el cómputo incluye resoluciones de aclaración o complemento de otras anteriores. 

 Y afirmo que es escasa la importancia porque el Tribunal Supremo ha resuelto este asunto en ATS, Sala 1ª, de 8 de octubre de 2013 (Roj: ATS 8832/2013) en el sentido de entender que el plazo debe empezar a computar de nuevo desde la notificación del auto o decreto que acuerde o deniegue la aclaración o rectificación, de conformidad con la doctrina mantenida por la STC 90/2010, de 15 de noviembre, al tenerse en cuenta que las resoluciones aclarada y aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que pudieran interponerse contra la resolución aclarada, por lo que «se ha entendido tradicionalmente que en la determinación del "dies a quo" para el cómputo del plazo de un recurso contra una resolución que ha sido objeto de aclaración se debe tomar necesariamente en consideración la fecha de la notificación aclaratoria», lo que se compadece con el tenor literal de los arts. 448.2 LEC y 267.9 LOPJ, habiendo sido éste último objeto de reforma mediante Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en la que se mantiene el criterio de iniciar el cómputo del plazo para el recurso desde la notificación del auto o decreto que acuerde o deniegue la aclaración, rectificación o complemento y de ahí que el plazo de veinte días haya de computarse desde el día siguiente a la notificación del auto denegando el complemento solicitado, pudiendo hacerse uso de la prerrogativa del art. 135 .1 LEC. 

Para terminar, supuesto distinto es de la posibilidad de presentar la demanda o el escrito en el primer día siguiente hábil al del vencimiento cuando, en un cómputo de fecha a fecha, el último concluya en día inhábil. Dice el art.133.3 LEC que los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha y cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.El art. 133 LEC distingue entre los plazos señalados por días, en los que los días inhábiles deben quedar excluidos del cómputo y serán prorrogados al siguiente día hábil en el caso de que el del vencimiento sea inhábil, de los señalados por meses o años, en los que no quedan excluidos, de tal forma que la única incidencia que se conserva es la prórroga al día siguiente hábil en el caso de que no lo sea el último. Esta precisión tiene especial incidencia en el supuesto de que el cómputo de algún plazo señalado por meses o años incluya algún día del mes de agosto. En tal caso, los plazos se computarán de fecha a fecha (art. 5 CC), de tal modo que la inhabilidad del mes de agosto tan sólo tendrá incidencia en el cómputo, en el caso de que el día final correspondiente al del inicio caiga dentro del mes de agosto, de forma que el plazo quedará prorrogado al primer día hábil siguiente del mes de agosto. (Vide SEOANE PRADO, Javier. «Comentario artículo 133. Cómputo de los plazos. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Revista SEPIN. Marzo de 2010. Referencia: SP/DOCT/13175) 

En estos casos y en base al art. 133.4 LEC aquél se entiende prorrogado hasta el lunes, «siguiente hábil» e incluso vencido el plazo en esa fecha y de conformidad con el art. 135.1 LEC la presentación podría efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, sin que exista incompatibilidad en aplicar simultáneamente los arts. 133.4 y 135.1 LEC, pues se refieren a cuestiones diferentes: el primero, bajo la rúbrica «cómputo de los plazos», regula la duración misma del plazo y el segundo, extinguido el plazo, otorga una facilidad extraordinaria a la parte para cumplir un trámite perentorio (AAP BARCELONA, Sección 11ª, 19 de julio de 2011, Roj AAP B 4328/2011). 

Esto es, para el cómputo de los plazos se ha de tener en cuenta que el art. 182 LOPJ fue modificado por LO 19/2003 que declaró inhábiles los sábados y, aunque el cambio legislativo no se proyectó a la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta la reforma por Ley 13/2009, ya desde 2004 era aplicable a todos los procesos. Consecuentemente, si el día en el que terminaba el plazo, –pues se había de computar de fecha a fecha como dispone el art. 133 LEC– era inhábil, podía presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente y ello por mor de lo dispuesto en el art. 135 LEC (ex. AAP MADRID, Sección 25ª, 20 de julio de 2012, Roj: AAP M 11774/2012).