Prescripción, caducidad y prueba o, de cómo el Tribunal Supremo puede dictar tres sentencias en una sola.


La STS Sala 1ª de 29 de octubre de 2013 (Roj: STS 5355/2013) analiza un asunto en el que el demandante interesó la nulidad del procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria y, en su caso, la nulidad del auto de remate y adjudicación de la finca de su propiedad con todas las consecuencias jurídicas que se derivaran de ello y que se condenara a la demandada a indemnizar por los daños y perjuicios causados, incluidos los morales, el lucro cesante y al pago de las costas causadas.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que la acción había caducado y la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la sentencia.

Y dice el Tribunal Supremo


Afirma la sentencia recurrida, en su fundamento de derecho tercero, que «no se cumple por la recurrente el plazo establecido para solicitud la nulidad(sic) el cual coincide con el plazo de caducidad que será de 20 días a contar desde la notificación de la resolución judicial o desde que se tuvo conocimiento del defecto que a juicio del recurrente le ha causado indefensión, sin que en este caso pueda realizarse transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia, y que le motiva para realizar dicha petición, toda vez que en el caso presente al solicitarse la nulidad en el año 2007, regía la LEC 1/2000, no siendo aplicable el plazo mencionado en el recurso por el recurrente del art. 132 L.H. (que se encuentra derogado y modificado por la citada Ley)...». 
Se ha dado, en consecuencia, a la demanda un tratamiento similar al del incidente de nulidad de actuaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 241) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 228), el cual está previsto para la denuncia de vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, en orden a procurar una subsanación de tal infracción en el mismo proceso, lo que determina el establecimiento de un plazo máximo de caducidad de cinco años para tal denuncia; pero, por el contrario, la acción incorporada a la demanda en el caso presente es distinta y viene amparada tanto por el texto del anterior artículo 132 de la Ley Hipotecaria-vigente en la fecha en que se siguió el proceso de ejecución- como por el artículo 698 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil que, tras señalar (artículo 695) cuáles son las únicas causas de posible oposición en el proceso de ejecución hipotecaria, dispone que «cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente Capítulo. La competencia para conocer de este proceso se determinará por las reglas ordinarias». 
Se trata por tanto de un proceso declarativo ordinario y de una acción de carácter personal que, al no tener previsto un plazo distinto de prescripción, podrá ejercitarse dentro del de quince años establecido en el artículo 1964 del Código Civil.

Dejando al margen el comentario sobre la confusión entre la caducidad y la prescripción, pues no tenemos elementos de juicio para la crítica, la estimación del recurso se produjo por


la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española al no haberse otorgado a la parte recurrente la tutela judicial efectiva a que el mismo se refiere, aplicando la sentencia recurrida normas correspondientes a un procedimiento distinto al realmente iniciado, sin entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada por considerar que se había extinguido previamente una acción cuyo ejercicio aún resultaba posible.

Y partiendo de ese hecho, la Sala se convierte en órgano de la instancia teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación, mediante el cual se solicita la íntegra estimación de la demanda, sin que hayan de tenerse en cuenta lo que puedan constituir nuevas alegaciones o motivos de nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria no denunciados en la demanda, ya que no cabe en apelación, ni ahora mediante el recurso extraordinario, el planteamiento de cuestiones nuevas.


Pues bien, tanto si se atiende al cuerpo de la demanda -en los siete "hechos" que contiene- como si se examina la previa solicitud de conciliación formulada por el demandante don Luis contra la entidad bancaria, se observa que se refieren a "irregularidades" en el procedimiento que no se concretan adecuadamente como resulta exigible, en tanto que la especificación de los defectos procesales causantes de indefensión que hubieran de determinar la nulidad que se solicita integran la "causa petendi" que ha de quedar perfectamente determinada en la demanda sin posibilidad de una variación posterior. 
La sentencia de primera instancia se refiere en su fundamento de derecho primero, como causa de la acción de nulidad, al hecho de que "al haber optado el hoy demandado por el procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, el requerimiento de pago tendría que haberse limitado al importe garantizado por la finca" manteniendo el demandante que, por el contrario, fue requerido notarialmente por el total adeudado y ello trae consigo la nulidad de todo lo actuado. 
Sin embargo, el requerimiento previo lo fue para evitar la iniciación del proceso de ejecución y en consecuencia procedía por el total adeudado, del cual respondía el demandante como deudor solidario, sin perjuicio de que, en el caso de haber consignado la cantidad a la que había quedado limitada la hipoteca constituida sobre su finca, la ejecución no habría podido realizarse sobre la misma. Por ello procede, en definitiva, la desestimación de la demanda.

La aplicación reiterada de estos tres párrafos -vuelvo a dejar al margen cualquier comentario sobre la postura del Tribunal Supremo resolviendo el asunto en instancia- que considero absolutamente acertados, obligarían a una especial prudencia y rigor técnico en la redacción de las demandas, en la proposición de prueba (observen que la Sala no precisa del Notario, ni del requerido, ni del director de la sucursal, ni del vecino que conocía de los hechos) y, por supuesto, en la resolución de los recursos de apelación.

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