26 diciembre 2013

El despacho de ejecución por intereses en el proceso monitorio.


En un Seminario realizado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2004 se formuló entre los asistentes la siguiente cuestión respecto a la reclamación de intereses en la ejecución del proceso monitorio: ¿Desde cuándo se generan en el proceso monitorio los intereses del artículo 576 LEC?. La respuesta a dicho interrogante fue como sigue: “Se entiende que desde el archivo del mismo, transcurrido el plazo para oponerse el deudor, y a la espera de que se presente demanda ejecutiva”. Para no confundir al lector, aclararé, después de esta breve introducción, que no se tratarán las reclamaciones de intereses accesorias a la principal, ni los intereses de futuro, entendiendo por tales los que se devengan tras la interposición del monitorio. Nos centraremos, exclusivamente, en los despachos ejecutivos que se postulan con inclusión de intereses, sin más precisión y haciendo el cómputo desde la fecha de interposición de la demanda de proceso monitorio. 

Sobre tales particulares nada dice el artículo 815 LEC, lo que es lógico por cuanto si la deuda generó o no intereses no debe resolverse conforme a las normas procesales, sino conforme a las normas sustantivas. Y en cuanto a los intereses del artículo 576 LEC, solo procederán en el caso de que no atendido el requerimiento de pago, se dicte auto despachando ejecución contra el deudor, conforme dispone el artículo 816 LEC (AAP 54/2011, LOGROÑO, Sección 1ª, 9 de mayo de 2011, ROJ AAP LO 176/2011). En este asunto el Juzgado requirió de pago al deudor por la suma de 6469,32 euros, correspondiente con el principal adeudado, sin hacer mención alguna a los intereses devengados y fijados por la actora en la suma de 614,59 euros, aquietándose la parte instante del procedimiento ante dicha resolución. Y atendido por la demandada el pago en la exacta suma por la que fue requerida, resulta inobjetable el archivo de las actuaciones decretado por la juez a quo al amparo de lo dispuesto en el artículo 817 LEC. La actora recurrió en apelación y solicitó la condena a la deudora al pago de la suma de 614,59€ en concepto de intereses devengados conforme a la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, y al pago de los intereses legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 576 y 816).

Dicho esto habría que distinguir, dentro del concepto de intereses dos figuras: los intereses moratorios y los intereses legales o procesales, sin que puedan confundirse los de demora del artículo 1108 CC con los de ejecución , punitivos o procesales que establece el artículo 576 LEC, ya que aquéllos exigen siempre la petición de parte, mientras que estos últimos se impondrán por el Juez cuando condene a cantidad líquida, con independencia de su petición y, además, en su cálculo habrá de partirse de la cifra concedida, no de la reclamada (vide, entre otras, SSTS de 5 de abril de 1994; 20 de junio de 1994; 6 de mayo de 1997 y de 21 de julio de 2009. En suma los intereses moratorios tienen una finalidad sancionadora del retraso o demora en la observancia de lo acordado e indemnizatoria de los perjuicios que pudieran ser imputables a la demora en el cumplimiento de una prestación obligacional consistente en una cantidad de dinero (arts. 1101 y 1108 CC). 

Por su parte, la obligación de pago de intereses que impone el artículo 576 LEC, se genera «ope legis», por propio imperativo legal y surge de forma automática desde que se concreta en la decisión judicial la cuantía líquida a pagar, sin necesidad de petición expresa e incluso aunque nada se dijera sobre dicho extremo para su exigibilidad y siempre, claro está, que no hubiera pacto expreso de las partes. 

Quedémonos ahora con lo último, porque parece claro que en la demanda de ejecución de una reclamación monitoria no habrá más intereses que los del artículo 576 LEC y desde la fecha del auto despachando ejecución. 

¿Entraría en ese “pacto” del artículo 576 LEC una demanda de ejecución en la que se reclamaran los intereses moratorios?. Recordemos que el artículo 1.100 CC establece que los deudores incurren en mora «desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación». La respuesta sigue siendo negativa en los términos en los que hemos planteado el interrogante: no podrá pretenderse la aplicación del pacto del artículo 576 LEC por falta de pronunciamiento judicial previo al efecto.

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