Depósitos para recurrir y el depósito de la DAd.15ª LOPJ como gasto recuperable en la tasación de costas.


El artículo 241.1.3º LEC considera como “costa” – gasto recuperable- los depósitos necesarios para la presentación de recursos. Recuperación que hasta la entrada en vigor del depósito de la Ley Orgánica 1/2009 no suscitaba especiales dificultades. Hasta esa reforma sólo el depósito del recurso de revisión del artículo 513 LEC podía encajar en el concepto del artículo 241 LEC y utilizo el condicional, porque la estimación de la impugnación implica la devolución del importe y además, no hay previsión expresa sobre la condena en costas, con lo que si hubiera algún gasto por el depósito, no sería repercutible. 

Nada tienen que ver con el depósito del artículo 241.1.3º LEC, los del artículo 449 LEC. En este caso se trata de pagos a cuenta, anticipos o cumplimiento de las obligaciones, como garantía de la seriedad del recurso y a resultas de éste. 

Queda, por último, el depósito para recurrir de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y que tampoco es un gasto recuperable, pero que puede plantear algún conflicto en los órganos judiciales ya que parece tener un acomodo exacto en el artículo 241.1.3º LEC. Nada más lejos de la realidad, porque el depósito previo a la interposición del recurso (no de todos) no es un requisito procesal de admisibilidad, sino algo parecido a una tasa que persigue disuadir a “quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso”. 

El entrecomillado es transcripción parcial de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2009, que no para ahí, porque el depósito se relaciona con el “uso abusivo del derecho a los recursos” vinculando los ingresos que se obtengan directamente al proceso de modernización de la justicia, a la creación y mantenimiento de una plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos presentes en la Administración de Justicia y a financiar el beneficio de justicia gratuita (Dad 15ª.10 LOPJ). 

La doctrina considera que es un depósito necesario (no voluntario) que se hace en cumplimiento de una obligación legal y cuya devolución al depositante se encuentra sujeta a la condición suspensiva de que el recurso sea estimado total o parcialmente. Si el recurso es totalmente desestimado, el depositante pierde el derecho a la devolución del importe depositado y sus efectos se asemejan entonces a los de una multa o sanción pecuniaria al modo de las previstas en el incidente de nulidad de actuaciones o en la casación para la unificación de doctrina laboral, multa que aquí no es impuesta por el Juez sino directamente por la Ley. 

No es, por tanto, una tasa derivada del uso por parte de los justiciables del mecanismo procesal del recurso, porque si así fuera no se devolvería la cantidad pagada en caso de estimación del recurso y estamos ante una especie de sanción por una conducta que se estima inapropiada (recurrir sin razón para retrasar el proceso en perjuicio del otro litigante), de modo que el depósito se convierte en una multa que se termina imponiendo a quien entabla un recurso que a la postre resulta desestimado. 

Dicho esto y sin entrar en el asunto de la naturaleza de este depósito se lee en el ATS, 13855/2010, Sala 1ª, de 2 de noviembre


“se distingue esta subsanación de la diferente a la contemplada por el artículo 449 LEC, y ello como consecuencia de la distinta naturaleza que tienen ambos depósitos, éste tiene como finalidad asegurar que el sistema de recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, asegurando los intereses de quien ha obtenido una sentencia favorable, (SSTC 104/84, 90/86, 87/92, 214/93, 344/93, 346/93, 249/94, 100/95 y 26/96, entre otras), mientras que el depósito establecido en la Disposición Adicional 15º tiene dos finalidades claras: una finalidad garantista, de carácter genérico, para evitar la dilación indebida de todo tipo de procedimientos y por otro, una finalidad de recaudar u obtener ingresos que se puedan generar por el uso abusivo del derecho a los recursos y que se vinculan directamente al proceso de modernización de la justicia” .

Y ¿qué ocurre con las costas?. El artículo 241.1 LEC incluye entre los conceptos que forman parte de las costas a los «depósitos necesarios para la presentación de recursos», pero también es obvio que, al devolverse el importe del depósito si el recurso se estima total o parcialmente y perderse sólo si el mismo es desestimado totalmente, el depositante será, normalmente, la parte condenada y no la parte acreedora de las costas con lo que nada habrá que reembolsar. 

Precisamente y siguiendo ese hilo, no creo que sea un gasto recuperable. El único supuesto que pudiera plantearnos alguna sería el de los depósitos que se pierden, por la desestimación de recursos de reposición o de revisión durante la tramitación del proceso declarativo y, siempre que haya una condena en costas a favor del perdedor. No obstante no hay posibilidad de recuperar el depósito y no la hay porque si la naturaleza del depósito se acerca a la multa o una sanción, su carácter personalista impide que pueda recobrarse de la otra parte. Carácter que recoge el ATS, 13855/2010, Sala 1ª, de 2 de noviembre – reiterado en los ATS, 2971/2011, Sala 1ª, de 22 de marzo y ATS 14894/2010, Sala 1ª, de 30 de noviembre- y que justifica que deba satisfacer el depósito quien hace uso del recurso.

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