30 diciembre 2013

Prescripción, caducidad y prueba o, de cómo el Tribunal Supremo puede dictar tres sentencias en una sola.


La STS Sala 1ª de 29 de octubre de 2013 (Roj: STS 5355/2013) analiza un asunto en el que el demandante interesó la nulidad del procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria y, en su caso, la nulidad del auto de remate y adjudicación de la finca de su propiedad con todas las consecuencias jurídicas que se derivaran de ello y que se condenara a la demandada a indemnizar por los daños y perjuicios causados, incluidos los morales, el lucro cesante y al pago de las costas causadas.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que la acción había caducado y la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la sentencia.

Y dice el Tribunal Supremo


Afirma la sentencia recurrida, en su fundamento de derecho tercero, que «no se cumple por la recurrente el plazo establecido para solicitud la nulidad(sic) el cual coincide con el plazo de caducidad que será de 20 días a contar desde la notificación de la resolución judicial o desde que se tuvo conocimiento del defecto que a juicio del recurrente le ha causado indefensión, sin que en este caso pueda realizarse transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia, y que le motiva para realizar dicha petición, toda vez que en el caso presente al solicitarse la nulidad en el año 2007, regía la LEC 1/2000, no siendo aplicable el plazo mencionado en el recurso por el recurrente del art. 132 L.H. (que se encuentra derogado y modificado por la citada Ley)...». 
Se ha dado, en consecuencia, a la demanda un tratamiento similar al del incidente de nulidad de actuaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 241) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 228), el cual está previsto para la denuncia de vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, en orden a procurar una subsanación de tal infracción en el mismo proceso, lo que determina el establecimiento de un plazo máximo de caducidad de cinco años para tal denuncia; pero, por el contrario, la acción incorporada a la demanda en el caso presente es distinta y viene amparada tanto por el texto del anterior artículo 132 de la Ley Hipotecaria-vigente en la fecha en que se siguió el proceso de ejecución- como por el artículo 698 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil que, tras señalar (artículo 695) cuáles son las únicas causas de posible oposición en el proceso de ejecución hipotecaria, dispone que «cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente Capítulo. La competencia para conocer de este proceso se determinará por las reglas ordinarias». 
Se trata por tanto de un proceso declarativo ordinario y de una acción de carácter personal que, al no tener previsto un plazo distinto de prescripción, podrá ejercitarse dentro del de quince años establecido en el artículo 1964 del Código Civil.

Dejando al margen el comentario sobre la confusión entre la caducidad y la prescripción, pues no tenemos elementos de juicio para la crítica, la estimación del recurso se produjo por


la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española al no haberse otorgado a la parte recurrente la tutela judicial efectiva a que el mismo se refiere, aplicando la sentencia recurrida normas correspondientes a un procedimiento distinto al realmente iniciado, sin entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada por considerar que se había extinguido previamente una acción cuyo ejercicio aún resultaba posible.

Y partiendo de ese hecho, la Sala se convierte en órgano de la instancia teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación, mediante el cual se solicita la íntegra estimación de la demanda, sin que hayan de tenerse en cuenta lo que puedan constituir nuevas alegaciones o motivos de nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria no denunciados en la demanda, ya que no cabe en apelación, ni ahora mediante el recurso extraordinario, el planteamiento de cuestiones nuevas.


Pues bien, tanto si se atiende al cuerpo de la demanda -en los siete "hechos" que contiene- como si se examina la previa solicitud de conciliación formulada por el demandante don Luis contra la entidad bancaria, se observa que se refieren a "irregularidades" en el procedimiento que no se concretan adecuadamente como resulta exigible, en tanto que la especificación de los defectos procesales causantes de indefensión que hubieran de determinar la nulidad que se solicita integran la "causa petendi" que ha de quedar perfectamente determinada en la demanda sin posibilidad de una variación posterior. 
La sentencia de primera instancia se refiere en su fundamento de derecho primero, como causa de la acción de nulidad, al hecho de que "al haber optado el hoy demandado por el procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, el requerimiento de pago tendría que haberse limitado al importe garantizado por la finca" manteniendo el demandante que, por el contrario, fue requerido notarialmente por el total adeudado y ello trae consigo la nulidad de todo lo actuado. 
Sin embargo, el requerimiento previo lo fue para evitar la iniciación del proceso de ejecución y en consecuencia procedía por el total adeudado, del cual respondía el demandante como deudor solidario, sin perjuicio de que, en el caso de haber consignado la cantidad a la que había quedado limitada la hipoteca constituida sobre su finca, la ejecución no habría podido realizarse sobre la misma. Por ello procede, en definitiva, la desestimación de la demanda.

La aplicación reiterada de estos tres párrafos -vuelvo a dejar al margen cualquier comentario sobre la postura del Tribunal Supremo resolviendo el asunto en instancia- que considero absolutamente acertados, obligarían a una especial prudencia y rigor técnico en la redacción de las demandas, en la proposición de prueba (observen que la Sala no precisa del Notario, ni del requerido, ni del director de la sucursal, ni del vecino que conocía de los hechos) y, por supuesto, en la resolución de los recursos de apelación.

26 diciembre 2013

El despacho de ejecución por intereses en el proceso monitorio.


En un Seminario realizado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2004 se formuló entre los asistentes la siguiente cuestión respecto a la reclamación de intereses en la ejecución del proceso monitorio: ¿Desde cuándo se generan en el proceso monitorio los intereses del artículo 576 LEC?. La respuesta a dicho interrogante fue como sigue: “Se entiende que desde el archivo del mismo, transcurrido el plazo para oponerse el deudor, y a la espera de que se presente demanda ejecutiva”. Para no confundir al lector, aclararé, después de esta breve introducción, que no se tratarán las reclamaciones de intereses accesorias a la principal, ni los intereses de futuro, entendiendo por tales los que se devengan tras la interposición del monitorio. Nos centraremos, exclusivamente, en los despachos ejecutivos que se postulan con inclusión de intereses, sin más precisión y haciendo el cómputo desde la fecha de interposición de la demanda de proceso monitorio. 

Sobre tales particulares nada dice el artículo 815 LEC, lo que es lógico por cuanto si la deuda generó o no intereses no debe resolverse conforme a las normas procesales, sino conforme a las normas sustantivas. Y en cuanto a los intereses del artículo 576 LEC, solo procederán en el caso de que no atendido el requerimiento de pago, se dicte auto despachando ejecución contra el deudor, conforme dispone el artículo 816 LEC (AAP 54/2011, LOGROÑO, Sección 1ª, 9 de mayo de 2011, ROJ AAP LO 176/2011). En este asunto el Juzgado requirió de pago al deudor por la suma de 6469,32 euros, correspondiente con el principal adeudado, sin hacer mención alguna a los intereses devengados y fijados por la actora en la suma de 614,59 euros, aquietándose la parte instante del procedimiento ante dicha resolución. Y atendido por la demandada el pago en la exacta suma por la que fue requerida, resulta inobjetable el archivo de las actuaciones decretado por la juez a quo al amparo de lo dispuesto en el artículo 817 LEC. La actora recurrió en apelación y solicitó la condena a la deudora al pago de la suma de 614,59€ en concepto de intereses devengados conforme a la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, y al pago de los intereses legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 576 y 816).

Dicho esto habría que distinguir, dentro del concepto de intereses dos figuras: los intereses moratorios y los intereses legales o procesales, sin que puedan confundirse los de demora del artículo 1108 CC con los de ejecución , punitivos o procesales que establece el artículo 576 LEC, ya que aquéllos exigen siempre la petición de parte, mientras que estos últimos se impondrán por el Juez cuando condene a cantidad líquida, con independencia de su petición y, además, en su cálculo habrá de partirse de la cifra concedida, no de la reclamada (vide, entre otras, SSTS de 5 de abril de 1994; 20 de junio de 1994; 6 de mayo de 1997 y de 21 de julio de 2009. En suma los intereses moratorios tienen una finalidad sancionadora del retraso o demora en la observancia de lo acordado e indemnizatoria de los perjuicios que pudieran ser imputables a la demora en el cumplimiento de una prestación obligacional consistente en una cantidad de dinero (arts. 1101 y 1108 CC). 

Por su parte, la obligación de pago de intereses que impone el artículo 576 LEC, se genera «ope legis», por propio imperativo legal y surge de forma automática desde que se concreta en la decisión judicial la cuantía líquida a pagar, sin necesidad de petición expresa e incluso aunque nada se dijera sobre dicho extremo para su exigibilidad y siempre, claro está, que no hubiera pacto expreso de las partes. 

Quedémonos ahora con lo último, porque parece claro que en la demanda de ejecución de una reclamación monitoria no habrá más intereses que los del artículo 576 LEC y desde la fecha del auto despachando ejecución. 

¿Entraría en ese “pacto” del artículo 576 LEC una demanda de ejecución en la que se reclamaran los intereses moratorios?. Recordemos que el artículo 1.100 CC establece que los deudores incurren en mora «desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación». La respuesta sigue siendo negativa en los términos en los que hemos planteado el interrogante: no podrá pretenderse la aplicación del pacto del artículo 576 LEC por falta de pronunciamiento judicial previo al efecto.

20 diciembre 2013

Una nochebuena en una carretera de Afganistán.


El golpe fue seguido de un movimiento incontrolado del volante, el intento de frenar en seco la mole de metal y un segundo volantazo que no terminó en vuelco gracias a la pericia del conductor. 

-¡Hay que joderse García, no tenías otro sitio para estrellarte!- El teniente recriminó al conductor mientras se palpaba la frente. 
-No señor, ni había mejor sitio, ni que se demonios ha pasado-García, sin perder la calma, se quitó los arneses que le sujetaban al sillón, propios de un avión y no de un cacharro como aquel, mientras los otros dos vehículos del convoy se cruzaban en la carretera y varios soldados salían para montar un perímetro de seguridad. 
-Estupenda noche para quedarse tirados en una carretera – Sansegundo, que era el gracioso del grupo, hizo una pausa y continuó- rodeados de talibanes. Sí señor, estupenda noche. 

Pero nadie gritaba, ni mostraba nerviosismo; se hablaban por la radio o se hacían señales unos a otros siguiendo un guión que habían practicado ya en muchas ocasiones. No era la primera vez que pinchaban, volcaba algún blindado o les disparaban. 

La diferencia con otras ocasiones es que al Capitán se le había metido entre ceja y ceja llevarse a una pareja de un pueblo, meterla en la base y mandarla a España. Y el problema es que la chica tenía diecisiete años y estaba embarazada y el padre, que tenía dieciocho, no era el futuro marido elegido por la familia de ella y se había negado a colaborar con los talibanes pasando información sobre los movimientos de los españoles por la zona. Así que como era cuestión de días que los ancianos del lugar decidieran condenar a muerte a la pareja por no sabía cuántos pecados, decidió que lo mejor era llevárselos, y buscarse algunos problemas con el mando. 

-¿Cómo va la pareja?- Requirió el Capitán. 
-No muy bien, Señor, hay síntomas de parto- El auxiliar médico medía como podía las contracciones, si es que aquellos ligeros movimientos eran contracciones, porque en esas condiciones y tirando de reloj casio como instrumental médico avanzado era un milagro sacar alguna conclusión. 
-¿Llegamos a la base?- Volvió a preguntar el Capitán.
-No lo creo o, quizá o, vaya usted a saber……- Peréz Castell, que seguía mirado el reloj, preguntó dónde estaba la Sargento Alcubilla. Aquella mujer imponía respeto y a falta de técnica y conocimientos, salvo el habitual “empuja y respira” de las películas, no vendría mal que ninguno perdiera los nervios en el reducido espacio que tenían y al fin y al cabo una mujer sabría algo más sobre el parto. 

El Capitán y el Teniente cruzaron algunas palabras y decidieron sacar los vehículos de la carretera, colocarlos en una suerte de triangulo mal hecho que les permitirá defenderse y esperar a ver qué pasaba con la chica. La comunicación de su situación y posición provocó la primera reprimenda, porque nadie entendía muy bien en el centro de operaciones qué problemas tenía el pinchazo en cuestión. Además- meditó el Teniente- estaba prohibido morirse en combate. Nadie moría en combate en Afganistán defendiendo la paz. Lo decía el manual. 

Cuando la Sargento Alcubilla entró en el vehículo no pudo evitar sonreir cuando vio a Peréz Castell; sudaba y presentaba un peculiar color blanco amarillento. Este soltó la mano de la chica y se intentó levantar: 

 -Señora, toda suya- 
 -¿Y dónde se cree que va?- Peréz Castell volvió a sentarse y esperó. -Esta chica va a dar a luz y hay que sacarla de aquí- Alcubilla, que hablaba por radio para que la pudiera escuchar todo el mundo, repitió el mensaje y pidió que se montara una de las tiendas de campaña entre los tres vehículos. Hacía frio, mucho frio. 

A lo lejos se escuchaban motos y algunas voces y salvo la Sargento, que tenía permiso para hablar cuando quisiera, el Capitán había ordenado silencio por radio. No quería sorpresas y el ruido de motos no le gustaba nada porque los talibanes, quien quiera que fuesen, no se movían de noche sino tenían una buena razón y aquellos tres vehículos y veinte soldados españoles lo eran. 

Y el día 24 de diciembre de 2011 una chica de diecisiete años dio a luz en una carretera de Afganistán rodeada de soldados españoles, mientras en el cielo cruzaba un punto de luz, que dejaba una estela parecida al de una estrella. 

Y con esta historia, que nadie sabe cómo acaba y que quizá haya inventado, felicito la Navidad a Soldados, Marinos, Aviadores, Guardias Civiles y Policías Nacionales, porque después de algunos años (o de muchos) pienso que hay trabajos que nunca estarán pagados y vocaciones que no “están de moda”, aunque sean imprescindibles y nos hagan la vida más segura y, a mí, si les digo la verdad, lo de abre y cierra la muralla, la paz mundial y desearle parabienes a más de uno, siempre me pareció una gilipollez y una mentira.

15 diciembre 2013

Depósitos para recurrir y el depósito de la DAd.15ª LOPJ como gasto recuperable en la tasación de costas.


El artículo 241.1.3º LEC considera como “costa” – gasto recuperable- los depósitos necesarios para la presentación de recursos. Recuperación que hasta la entrada en vigor del depósito de la Ley Orgánica 1/2009 no suscitaba especiales dificultades. Hasta esa reforma sólo el depósito del recurso de revisión del artículo 513 LEC podía encajar en el concepto del artículo 241 LEC y utilizo el condicional, porque la estimación de la impugnación implica la devolución del importe y además, no hay previsión expresa sobre la condena en costas, con lo que si hubiera algún gasto por el depósito, no sería repercutible. 

Nada tienen que ver con el depósito del artículo 241.1.3º LEC, los del artículo 449 LEC. En este caso se trata de pagos a cuenta, anticipos o cumplimiento de las obligaciones, como garantía de la seriedad del recurso y a resultas de éste. 

Queda, por último, el depósito para recurrir de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y que tampoco es un gasto recuperable, pero que puede plantear algún conflicto en los órganos judiciales ya que parece tener un acomodo exacto en el artículo 241.1.3º LEC. Nada más lejos de la realidad, porque el depósito previo a la interposición del recurso (no de todos) no es un requisito procesal de admisibilidad, sino algo parecido a una tasa que persigue disuadir a “quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso”. 

El entrecomillado es transcripción parcial de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2009, que no para ahí, porque el depósito se relaciona con el “uso abusivo del derecho a los recursos” vinculando los ingresos que se obtengan directamente al proceso de modernización de la justicia, a la creación y mantenimiento de una plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos presentes en la Administración de Justicia y a financiar el beneficio de justicia gratuita (Dad 15ª.10 LOPJ). 

La doctrina considera que es un depósito necesario (no voluntario) que se hace en cumplimiento de una obligación legal y cuya devolución al depositante se encuentra sujeta a la condición suspensiva de que el recurso sea estimado total o parcialmente. Si el recurso es totalmente desestimado, el depositante pierde el derecho a la devolución del importe depositado y sus efectos se asemejan entonces a los de una multa o sanción pecuniaria al modo de las previstas en el incidente de nulidad de actuaciones o en la casación para la unificación de doctrina laboral, multa que aquí no es impuesta por el Juez sino directamente por la Ley. 

No es, por tanto, una tasa derivada del uso por parte de los justiciables del mecanismo procesal del recurso, porque si así fuera no se devolvería la cantidad pagada en caso de estimación del recurso y estamos ante una especie de sanción por una conducta que se estima inapropiada (recurrir sin razón para retrasar el proceso en perjuicio del otro litigante), de modo que el depósito se convierte en una multa que se termina imponiendo a quien entabla un recurso que a la postre resulta desestimado. 

Dicho esto y sin entrar en el asunto de la naturaleza de este depósito se lee en el ATS, 13855/2010, Sala 1ª, de 2 de noviembre


“se distingue esta subsanación de la diferente a la contemplada por el artículo 449 LEC, y ello como consecuencia de la distinta naturaleza que tienen ambos depósitos, éste tiene como finalidad asegurar que el sistema de recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, asegurando los intereses de quien ha obtenido una sentencia favorable, (SSTC 104/84, 90/86, 87/92, 214/93, 344/93, 346/93, 249/94, 100/95 y 26/96, entre otras), mientras que el depósito establecido en la Disposición Adicional 15º tiene dos finalidades claras: una finalidad garantista, de carácter genérico, para evitar la dilación indebida de todo tipo de procedimientos y por otro, una finalidad de recaudar u obtener ingresos que se puedan generar por el uso abusivo del derecho a los recursos y que se vinculan directamente al proceso de modernización de la justicia” .

Y ¿qué ocurre con las costas?. El artículo 241.1 LEC incluye entre los conceptos que forman parte de las costas a los «depósitos necesarios para la presentación de recursos», pero también es obvio que, al devolverse el importe del depósito si el recurso se estima total o parcialmente y perderse sólo si el mismo es desestimado totalmente, el depositante será, normalmente, la parte condenada y no la parte acreedora de las costas con lo que nada habrá que reembolsar. 

Precisamente y siguiendo ese hilo, no creo que sea un gasto recuperable. El único supuesto que pudiera plantearnos alguna sería el de los depósitos que se pierden, por la desestimación de recursos de reposición o de revisión durante la tramitación del proceso declarativo y, siempre que haya una condena en costas a favor del perdedor. No obstante no hay posibilidad de recuperar el depósito y no la hay porque si la naturaleza del depósito se acerca a la multa o una sanción, su carácter personalista impide que pueda recobrarse de la otra parte. Carácter que recoge el ATS, 13855/2010, Sala 1ª, de 2 de noviembre – reiterado en los ATS, 2971/2011, Sala 1ª, de 22 de marzo y ATS 14894/2010, Sala 1ª, de 30 de noviembre- y que justifica que deba satisfacer el depósito quien hace uso del recurso.

03 diciembre 2013

Entrega de bienes muebles, en ejecución de sentencia o de auto, por incumplimiento de contratos de venta a plazos


El art. 634.3 LEC recoge la posibilidad, reclamada desde hace largo tiempo, de entregar inmediatamente el bien en la ejecución de sentencia que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de con-tratos de venta a plazos de bienes muebles. La entrega se producirá tanto si se ha dictado una sentencia como si la reclamación de la empresa financiera se ha producido en el proceso monitorio. 

Y viene a cuento la aclaración porque, en ocasiones, se han denegado las peticiones de entrega de vehículos financiados por mor de una interpretación restrictiva del título ejecutivo obtenido en el proceso monitorio, dado que a diferencia de la sentencia de condena, a la que se llega después de un juicio oral, en que la actora a pesar de la posible incomparecencia del demandado, y rebeldía del mismo ha de acreditar los hechos en los que funda su pretensión; en el proceso monitorio nada de todo esto debe hacer el actor por lo que la posibilidad recogida en tal precepto deba entenderse exclusiva de la ejecución de sentencias, beneficiando de tal manera al que acude al proceso declarativo, frente al que opta por el proceso monitorio. 

Tres razones permiten rechazar esa argumentación:

a) El art. 634.3.º LEC es claro al disponer que, en la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de Contratos de Venta a Plazos de Bienes Muebles, si el ejecutante lo solicita, se hará entrega inmediata del bien mueble vendido o financiado a plazos; y el mencionado art. 634 no hace más que recoger de forma expresa una posibilidad que ya preveía el art. 16.2, apartados c) y e) de la Ley 28/1998, de 13 julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles, si bien la Ley Especial alude a una entrega voluntaria fuera del seno de un procedimiento judicial y ahora se contempla como un mecanismo de ejecución, incluso forzosa de una resolución judicial (AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 5.ª de 11 de septiembre de 2008, ROJ: AAP GC 2857/2008). 

b) Los contratos de los que traen causa estos procedimientos se hallan sujetos a la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles; están sometidos a la tutela del Banco de España, vienen obligados desde 1989, al cumplimiento de las obligaciones de la normativa de transparencia frente a la clientela (OM 12 diciembre 1999, Circular del Banco de España 8/1990), y tienen acceso al Registro de Venta a Plazos. La Disposición Adicional 7ª de la LEC, modificó el art. 16.1 la Ley de ventas a plazos y permite al acreedor acudir al proceso monitorio («1. El acreedor podrá recabar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos regulados por la presente Ley mediante el ejercicio de las acciones que correspondan en procesos de declaración ordinarios, en el proceso monitorio o en el proceso de ejecución, conforme a la LEC») (AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 5ª de 11 de septiembre de 2008, ROJ: AAP GC 2857/2008). 

Sobre este punto conviene hacer una matización. El acceso al Registro de Bienes Muebles tiene sentido por la reserva de dominio de la financiera, por lo que en ejecución no podrá embargarse el vehículo, ni cualquier otro derecho, sin otra definición, que pudiera corresponder al ejecutado (art. 588.1 LEC). No existe la traba de una “posición jurídica ideal” porque esta es inexistente y ni tan siquiera puede defenderse su consideración como expectativa de derecho. 

c) No obsta a lo dicho que en el art. 250 y en concreto en su números 10 y 11 se haga referencia a que las demandas que pretendan que se resuelva con carácter sumario sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles se tramiten por las normas del juicio verbal ya que en modo alguno excluye la posibilidad de que la disposición contenida en el mencionado art. 634.3 LEC sea aplicable a la ejecución del auto despachándola que se haya dictado tras la falta de oposición en un juicio monitorio (AAP SEVILLA, Sección 8ª de 18 de diciembre de 2006, ROJ AAP SE 2601/2006). 

Dos últimas precisiones: la entrega del vehículo se hará por el valor de las correspondientes tablas de valoración y, en cuanto al resto se seguirán las normas de la ejecución dineraria.